El exviceministro de Educación, Raúl Aguilera, destacó la transparencia en el manejo de los fondos destinados al programa Hambre Cero implementado por el Gobierno nacional.
“El programa Hambre Cero es una planificación del Estado para llegar con alimentos a los chicos, especialmente almuerzos. Esto cuando nació tenía una cobertura extremadamente pequeña y muy dispersa, también”, señaló a la 1020 AM.
Recordó que durante la primera etapa de su implementación, la ejecución estaba a cargo de los municipios y de las gobernaciones.
“Mi experiencia en el Ministerio de Educación, las veces que la Contraloría entraba, dejaba lecciones aprendidas de que habría que programar mejor esto. Y esto fue avanzando. Hay que recordar que anteriormente Educación manejaba exclusivamente capital y los gobiernos municipales y departamentales manejaban los demás distritos”, refirió.
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A su criterio, con la centralización de la gestión se garantizó el buen uso de los recursos financieros que antes estaban dispersos.
“Ahora tiene una cobertura limitada en el sentido de que el nivel central se encarga solamente de capital y Central. Y esto tiende a mejorarse, las instituciones van aprendiendo de sus errores. Yo creo que hay montones de lecciones aprendidas”, expresó.
El doctor Aguilera manifestó que siempre hay fuerzas externas que buscan influir y obtener beneficios del programa, por lo que consideró que “se tiene que tener cintura” para no ser arrastrados por las presiones.
“Los paquetes licitatorios a nivel de Educación son paquetes extremadamente grandes y hay muchos intereses de por medio. Pero en la medida en que la gestión sea transparente, participativa y la gente pueda entender, acceder a los datos públicos, las cosas van cambiando gradualmente”, resaltó.
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Senado pide frenar licitaciones del IPS por casi G. 190.000 millones
Por mayoría, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de declaración que insta al Instituto de Previsión Social (IPS) a cancelar dos millonarias licitaciones para servicios de limpieza e higienización, cuyos montos globales rondan los G. 190.000 millones.
La propuesta legislativa fue promovida por el senador Dionisio Amarilla, vicepresidente de la Cámara Alta, quien logró el acompañamiento de sus colegas para la aprobación.
El parlamentario explicó que impulsó el pedido ante los cuestionamientos surgidos en torno a las condiciones de los procesos de contratación y la necesidad de garantizar una mayor transparencia y competencia en el uso de los recursos del IPS.
El senador liberal explicó que se trata de las licitaciones N.º 27/2026 y N.º 28/2026, destinadas a la contratación de servicios de limpieza e higienización para dependencias del IPS en el Área Central y el interior del país. En conjunto, ambas convocatorias representan aproximadamente G. 189.230 millones.
Garantizar la libre participación
Amarilla sostuvo que, ante las dudas y cuestionamientos existentes, corresponde detener los procesos antes de avanzar hacia una eventual adjudicación y revisar las condiciones establecidas en los pliegos.
“Considero que es necesario garantizar la libre participación de oferentes y evitar cualquier situación que pueda generar sospechas de privilegio o favorecimiento en una contratación de semejante magnitud”, expresó.
Con la aprobación de la declaración, el Senado respalda el planteamiento de Amarilla y pide al IPS cancelar los actuales procesos y realizar una revisión integral antes de convocar nuevamente a una licitación, bajo criterios que aseguren transparencia, igualdad de oportunidades y competencia efectiva.
Para Amarilla, la prioridad debe ser resguardar los recursos del IPS y evitar que una contratación cercana a los G. 190.000 millones avance mientras persisten cuestionamientos que requieren ser esclarecidos.
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Policía Nacional proyecta superar los 42.000 efectivos para diciembre y refuerza controles internos
El Ministerio del Interior difundió este viernes información oficial y datos actualizados sobre la situación de la Policía Nacional, con el objetivo de brindar mayor claridad y transparencia sobre la composición, formación, distribución y fortalecimiento de la fuerza policial.
“Se presentan las principales cifras relacionadas con la cantidad de efectivos actuales y proyectados, los procesos de formación y capacitación, la distribución del personal, los exámenes de integridad, los ascensos, así como las investigaciones, sumarios y bajas registradas en los últimos años”, señala el informe.
Además, la cartera estatal explica que estos datos permiten conocer, de manera clara y objetiva, las acciones que se vienen implementando para fortalecer la institución, mejorar la preparación de sus integrantes, reforzar los mecanismos de control interno y garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
“La información forma parte del compromiso institucional de poner a disposición de la ciudadanía datos concretos sobre la gestión, promoviendo la transparencia, la responsabilidad y el fortalecimiento permanente de la Policía Nacional al servicio de todos”, puntualizaron las autoridades de seguridad.
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Fuerza policial
La Policía Nacional proyecta cerrar el 2026 con 42.611 efectivos, unos 5.000 más que los que actualmente integran la fuerza, según las cifras oficiales difundidas por la institución.
El crecimiento representa un incremento significativo respecto a agosto de 2023, cuando la Policía contaba con 26.793 efectivos. Actualmente son 37.611 los integrantes de la fuerza, mientras que la proyección para diciembre contempla la incorporación de 5.000 nuevos egresados.
Con la cifra proyectada, Paraguay se acercaría al promedio mínimo de referencia de tres policías por cada 1.000 habitantes. Actualmente, la relación es de aproximadamente 2,8 policías por cada 1.000 habitantes.
De los efectivos actuales, 28.916 están destinados a tareas de prevención, seguridad y otras dependencias, mientras que 3.300 cumplen funciones de investigación criminal. Otros 5.395 integran unidades como la FOPE, GEO, agrupaciones de seguridad y otras áreas especializadas.
La institución advierte además que aproximadamente 800 policías se jubilan cada año, lo que constituye un factor a considerar en la planificación de la dotación.
Más formación
El aumento de efectivos está acompañado de cambios en los procesos de formación. Los egresados de 2024 y 2025 fueron seleccionados entre más de 18.000 aspirantes, mediante exámenes realizados por la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
La formación de suboficiales se concentra en un año académico, con 1.610 horas de formación y 500 horas de pasantía profesional. En el caso de los oficiales, la preparación contempla cuatro años de formación y más de 3.200 horas cátedra, por encima de las 2.700 horas exigidas por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Además, se prevé el ingreso de aproximadamente 150 oficiales por año.
Otro de los ejes señalados por la Policía es el fortalecimiento de los mecanismos de control de integridad. Durante los últimos tres años de gestión se prevé realizar aproximadamente 450 exámenes de integridad, que incluyen pruebas de polígrafo para integrantes de distintas promociones y niveles jerárquicos.
La aprobación del polígrafo constituye un requisito para acceder a un ascenso. Los resultados son remitidos al Tribunal de Calificaciones, encargado de seleccionar a los candidatos para las vacancias disponibles.
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Policías investigados
Uno de los datos más relevantes del informe corresponde a los mecanismos de depuración interna. Entre 2023 y 2026 se registran 2.110 policías investigados por Asuntos Internos y 947 sumariados por indicios serios.
De acuerdo con el documento, el 5% de los sumariados corresponde a casos de corrupción. En el mismo período se registraron 189 bajas por corrupción u otros motivos, mientras que en los cinco años anteriores se habían registrado 109 bajas.
Experiencia en territorio
La estrategia para los nuevos integrantes también contempla una mayor permanencia en territorio. Los nuevos suboficiales deberán cumplir dos años de pasantía mínima en comisarías de Asunción y Central, realizando patrullaje urbano y formación continua.
La medida busca fortalecer la experiencia práctica, mejorar la prevención y la seguridad, promover la especialización y reforzar el vínculo entre la Policía y las comunidades.
Con estas medidas, la Policía plantea una estrategia basada en tres ejes: más efectivos, mayor formación y más controles internos, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la institución y mejorar su servicio a la ciudadanía.
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Indert digitaliza 7.000 expedientes y crea cartografía de tierras del Chaco
Después de dos años de trabajo, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) culminó un proceso histórico de digitalización y georreferenciación de aproximadamente 7.000 expedientes correspondientes a trámites de tierras en el Chaco paraguayo. De este modo se permite construir por primera vez una cartografía digital con dichos expedientes, logrando fortalecer la seguridad jurídica y transparentar los trámites de tierras.
El presidente del ente agrario, Francisco Ruíz Díaz, destacó la importancia de haber logrado culminar este trabajo, que permitirá integrar esos 7.000 expedientes a la cartografía digital de tierras del Chaco.
Explicó que el proceso permitió ordenar la documentación acumulada durante aproximadamente cuatro décadas y vincular la información contenida en los expedientes con su correspondiente ubicación geográfica. Señaló que para ello, se trabajó con la información alfanumérica y cartográfica disponible, construyendo un sistema que permite visualizar los antecedentes de cada lote.
Ruiz Díaz explicó que el trabajo surgió ante la necesidad de poner orden en una situación caracterizada por la superposición de solicitudes y antecedentes. En algunos casos, incluso, se encontraron más de 30 solicitudes que correspondían a un mismo lote.
Con la nueva cartografía digital, el Indert puede determinar con mayor precisión si un inmueble registra solicitudes o pretensiones anteriores cuando se presenta un nuevo trámite. “Cuando se solicita un lote en tal distrito, sabemos ya si ese lote tiene o no pretensiones anteriores”, explicó el titular de la institución.
Herramienta para prevenir conflictos
Ruíz Díaz destacó que la construcción de esta base cartográfica constituye una herramienta fundamental para prevenir nuevas superposiciones, reducir conflictos y brindar mayor seguridad jurídica a los trámites de tierras.
“El sistema también permitirá contar con información territorial ordenada y verificable para el análisis de los expedientes, facilitando la toma de decisiones y contribuyendo a una gestión más transparente”, comentó.
El presidente del Indert señaló que este proceso representa una de las primeras medidas adoptadas para transparentar los procedimientos relacionados con la tierra en el Chaco, donde durante décadas se fueron acumulando expedientes y solicitudes sin una integración completa de la información documental y cartográfica.
“Este trabajo que hemos desarrollado durante dos años permite al Indert contar por primera vez con una cartografía digital de aproximadamente 7.000 expedientes del Chaco, integrando la información histórica de los trámites con su ubicación territorial”, remarcó Ruíz Díaz.
Finalmente, remarcó que la digitalización y georreferenciación de estos expedientes marca un antes y un después en la gestión de tierras del Chaco, al proporcionar una herramienta tecnológica destinada a ordenar los antecedentes, prevenir superposiciones y fortalecer la seguridad jurídica.
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Indert destaca gestión para resolver conflictos de tierra
En un balance de gestión del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), destacó que el actual Gobierno logró destrabar de forma ágil históricos conflictivos por la tierra en el campo, que fueron postergados por décadas en épocas anteriores. Resaltó además la transparencia institucional, la lucha contra la corrupción y saneamiento institucional, que permitieron adoptar disposiciones pertinentes en el marco de la ley y la Constitución Nacional.
En un informe presentado por el ente rural, destacaron los casos más emblemáticos de conflictos por la tenencia de la tierra que llevaron décadas de lucha que incluso llegaron a enfrentamientos armados y pérdidas de vidas, debido a que desde el Estado no se lograba llegar a una solución pacífica.
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- Barbero Cue (San Pedro): luego de 70 años de lucha, se procedió a la entrega de títulos de propiedad cumpliendo con el acuerdo internacional entre Paraguay e Italia de unas 17 mil hectáreas, que fueron donadas al Estado paraguayo para entregar a sus habitantes.
- Marina Cue (Canindeyú): luego de 13 años del trágico suceso que enlutó a familias de Marina Cué, el actual Gobierno logró regularizar a favor de las familias del lugar, entregando la primera tanda de 69 títulos de propiedad, y actualmente está por llegarse al ciento por ciento.
- Villa Constitución (Caaguazú): más de 2000 títulos de propiedad fueron entregados hasta la fecha.
- Nueva Mestre (Chaco): avanza favorablemente el proceso de finiquito de 1400 títulos de propiedad para los colonos. De esta forma, se considera que el Programa de Titulación Masiva llegó con la primera tanda de entrega de titulaciones en las referidas tierras chaqueñas.
- Santa Teresa (Caazapá): después de 32 años de espera, se llevó a cabo la histórica firma de 102 títulos de propiedad por parte de beneficiarios de Manduarã, Aba´i, Caazapá, adheridos al Movimiento Campesino Paraguayo MCP. Igualmente, se entregaron un total de 320 adjudicaciones de tierras a los beneficiarios.
- San Nicolas (Itapúa): en diciembre de 2025 se realizó la entrega de títulos de propiedad con el Barrido Predial Masivo.
- En San Fernando (Misiones): por primera vez este Gobierno se ocupó del departamento con la firma y entrega de títulos. Se prevé la entrega de unos 800 títulos en el marco del programa de titulación masiva.
- Primavera (Alto Paraná): a casi 20 años de la colonia, se ultiman detalles para la regularización de la tenencia de sus tierras.
- Puerto Casado (Chaco): acuerdo público privado entre el Indert y Atenil, para la regularización integral de tierras en el Chaco, de 30.000 hectáreas donadas por Atenil. Un hito fundamental para brindar seguridad jurídica y fortalecer el desarrollo territorial.
Control interno
Desde el ente rural destacaron además la transparencia institucional, la lucha contra la corrupción y el saneamiento institucional, permitiendo adoptar las disposiciones pertinentes en el marco de la ley y la Constitución Nacional.
Mencionan que, dentro de la política de transparencia dispuesta por el presidente de la República, Santiago Peña, el titular del Indert, Francisco Ruíz Díaz, dispuso por primera vez la transmisión simultánea vía online, de las sesiones de la Junta Asesora y de Control de Gestión del ente agrario. Asimismo, derivar casos irregulares que así lo requieran al Ministerio Público para la investigación correspondiente.