La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), informó sobre la instrucción de un sumario disciplinario a la empresa Retail S.A., propiedad del Grupo Vierci. El procedimiento se lleva adelante con relación a la compra del Supermercado Nuevo Súper, de la ciudad de Caacupé, que fue concretada años atrás. Se presume que la firma incurrió en prácticas anticompetitivas, relacionadas a precios de productos, entre otras cosas.

De acuerdo a lo informado por el ente contralor de la competencia, su Directorio emitió la “Resolución D/AL N° 67/2026, por la cual se dispone el inicio de un sumario disciplinario en contra de la firma Retail S.A., ante el supuesto incumplimiento de los condicionamientos impuestos en el marco de la operación de concentración ‘Grupo Vierci y Supermercado Nuevo Súper (Caacupé)’”. La firma mencionada opera a nivel local bajo las marcas comerciales Stock, Superseis y Delimarket.

Seguidamente se indica que “la Dirección de Investigación formuló la acusación contra Retail S.A. por la presunta infracción a los artículos 13 y 14 de la Ley N° 4956/2013 ‘Defensa de la Competencia’, en concordancia con el artículo 62 de la misma ley y el artículo 34 de su Decreto Reglamentario”. La publicación de la Conacom aclara que el sumario “no supone un prejuzgamiento sobre la conducta mencionada, manteniéndose la presunción de inocencia de la parte acusada”.

El plazo para elevar el informe técnico al Directorio de la Conacom es de 90 días, solicitando la desestimación de la denuncia o la formulación de la acusación respectiva.

Leé más: Productos frutihortícolas: DNIT ratifica contrabando y Grupo Vierci tendrá que defenderse

Entre los aspectos más sustanciosos se sospecha que la firma incurrió en prácticas anticompetitivas. Con base en información remitida por los proveedores de la cadena “se han identificado patrones consistentes de conducta por parte de Retail, materializados en la exigencia de información de precios de competidores como condición previa para la aprobación de ajustes de precios”. Justamente, entre otros condicionamientos se hallaba la prohibición de establecer cláusulas de “mejor precio” a los componentes de su suministro de productos.

La operación de compra del comercio conocido como Nuevo Súper data del año 2021; en aquel momento comprendía la adquisición de tres locales, cuestión que fue analizada por la Conacom, por lo que se aprobó la transacción, pero bajo ciertas condiciones, las cuales aparentemente no fueron cumplidas, por lo que se dio inicio al procedimiento.

Entre las condiciones estructurales de aquel momento se cita que la empresa no debía habilitar otros establecimientos dentro del distrito de Caacupé, en el periodo de cinco años; además tampoco podía ampliar más del 20 % la superficie de los salones comerciales de los tres locales adquiridos, entre otras cosas. También se impuso la obligación de informar aspectos estructurales de los locales adquiridos, hasta 2027.

También te puede interesar: Asoban pide aclaración a medios del Grupo Vierci por fallida nota sobre el sistema financiero

El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.

Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.

Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.

No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.

A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.

Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.

Lea también: Ejecutivo insta a la unidad para el desarrollo de Paraguay al celebrar 34 años de la jura de la CN

Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.

Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.

Te puede interesar: Tres inscriptos para ocupar el cargo de contralor general de la República

El ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades.

Tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educa­ción y Ciencias, Luis Ramírez, informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la calidad académica y ordenar el sis­tema de educación superior.

En conferencia de prensa, el ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Minis­terio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades, tras detectarse inconsisten­cias durante los procesos de verificación. Indicó que la Fiscalía comunicó que apro­ximadamente la mitad de esos documentos presen­tan una procedencia desco­nocida, por lo que continúan las investigaciones corres­pondientes.

El ministro informó que el MEC inició una auditoría integral en el ámbito de la educación superior con el objetivo de identificar posi­bles falencias administrati­vas, fortalecer los procesos internos y determinar even­tuales responsabilidades en los casos investigados.

Señaló que los primeros resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días y reiteró que todas las acciones impulsa­das buscan consolidar un sis­tema educativo más transpa­rente, confiable y alineado con los estándares de cali­dad requeridos para el desa­rrollo del país. “Estamos en una actitud dialoguista, pero también firme para poner orden al sistema de educa­ción superior, establecer reglas claras y garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad”, afirmó.

Luis Ramírez resaltó que las nuevas exigencias imple­mentadas permitieron avan­zar en la depuración del sistema universitario y for­talecer los procesos de acre­ditación.

Como resultado, 1.080 carre­ras fueron cerradas al no reunir las condiciones nece­sarias para continuar fun­cionando o no cumplir con los requisitos establecidos para su habilitación y acre­ditación. Asimismo, señaló que actualmente se registra uno de los niveles más altos de acreditación de carreras, impulsado por la aplicación de controles más rigurosos para la habilitación y fun­cionamiento de programas académicos.

El titular del MEC destacó además la implementación del Registro Único del Estu­diante de Educación Superior, una herramienta que permite contar con información deta­llada sobre toda la trayectoria académica de los estudiantes desde el año 2024.

Explicó que este sistema registra datos sobre matrí­culas, asignaturas cursadas, docentes y evaluaciones, for­taleciendo los mecanismos de trazabilidad y control dentro del sistema univer­sitario. Según indicó, esta herramienta permitirá pre­venir irregularidades, mejo­rar los procesos de verifica­ción y generar información más detallada para la toma de decisiones.

Asimismo, explicó que las medidas adoptadas forman parte de un amplio proceso orientado a consolidar un sis­tema universitario con reglas claras, mecanismos de super­visión efectivos y mayores garantías para estudiantes y profesionales.

Destacó el trabajo coordi­nado entre el MEC, el Con­sejo Nacional de Educación Superior (Cones), la Agen­cia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Minis­terio Público.

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por Ley N° 7609, Ministerio Público”, durante la sesión ordinaria de este martes.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba, explicó que se trata de una reprogramación presupuestaria destinada a regularizar el salario de los agentes y asistentes fiscales, por un monto total de G. 15.676.250.207.

Según la explicación de motivos, la adecuación implica regularizar las asignaciones correspondientes a 449 cargos de agentes fiscales, 28 de fiscales adjuntos y 1.772 de asistentes fiscales.

El diputado Néstor Castellano argumentó a favor de la aprobación del millonario monto que será destinado a mejorar el salario de los fiscales y asistentes fiscales. Dijo que servirá para reivindicar el trabajo que realizan los agentes de la Fiscalía.

El legislador colorado manifestó que se debe reconocer “la precariedad en la que se desenvuelven los aproximadamente 400 agentes fiscales en cada departamento de la República del Paraguay”.

“Hablando con muchos compañeros, amigos, compueblanos, centralinos, agentes fiscales que realizan una gran labor dentro de la precariedad en la que se manejan. Realmente estoy convencido que este es un justo reconocimiento a esa tarea”, subrayó.

Así también destacó que será “una reinvidicación ya por tiempo postergada”.

Te puede interesar: Intendencia de Asunción: TEP oficializa candidatura de Camilo Pérez con 81.446 votos

Dijo que los agentes se han hecho acreedores de esa “reivindicación justa”. Afirmó que desde la Cámara de Diputados se quiere enviar una “señal de confianza y de apoyo” para los agentes fiscales “que día a día se esmeran para hacer un buen trabajo”, añadió.

Por su parte, el diputado Rodrigo Blanco señaló que la medida busca adecuar el salario de los agentes y asistentes fiscales al de los jueces de primera instancia, en consonancia con el reajuste salarial que estos últimos recibieron a través del Presupuesto General de la Nación 2025.

Leé también: Diputados aprueba ley para instituir el 14 de junio como “Día nacional del donante de sangre”