Este sábado serán llevados hasta la Fiscalía los campesinos que fueron demorados por la Policía Nacional en San Pedro, ayer tras romper el cordón de seguridad e ingresar a la estancia Toro Vevé, que sirve de acceso al establecimiento Lusipar, incautada del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha alias “Cabeza Branca”.
Según reportes actualizados del incidente, en total 52 personas fueron retenidas en principio. De ellas 23 mujeres fueron liberadas y 29 siguen detenidos, 27 están en la comisaría de San Estanislao, una en Santa Rosa y un campesino está hospitalizado.
Los que continúan en sede policial serán llevados hoy a la sede del Ministerio Público para prestar declaración. La violenta irrupción de los labriegos se dio ayer en horas de la tarde, en un intento por ocupar el extenso predio incautado del narcotraficante brasileño y que actualmente se encuentra bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
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A pesar del cordón policial montado en el portón de ingreso a la propiedad, los campesinos atropellaron, logrando ingresar al inmueble.
La Policía desplegó una fuerza operativa voluminosa con más de 2000 agentes, pero aún así los labriegos arremetieron. Se dio un enfrentamiento, al ser repelidos con disparos de fusiles con balines de goma.
Se desató un escenario de confrontación, aunque finalmente se pudo controlar y por fortuna se restituyó el orden, evitándose así una eventual tragedia como la ocurrida en Curuguaty el 15 de junio del año 2012, que derivó en la destitución por la vía del juicio político del exobispo de San Pedro y entonces presidente de la República, Fernando Lugo.
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Productores piden incursión de la FTC contra “campesinos armados”
Productores del distrito de Yasy Cañy piden que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) realice incursiones en la zona, en busca de campesinos armados que se habrían asociado con el EPP para perpetrar el atentado contra un puesto policial en Canindeyú. Propietarios de tres establecimientos agroganaderos de la zona emitieron un comunicado el fin de semana expresando su preocupación, a raíz de la situación que afecta al departamento.
Pidieron de manera puntual que la FTC pueda impulsar incursiones en la zona, a fin de dar con el paradero de los responsables del atentado al Puesto Policial n.º 4 de Ybyrarobana, ocurrido hace una semana. Cuestionan además las limitaciones en la legislación actual, razón por la que solicitan que la FTC pueda contar con todas las atribuciones legales para incursionar en sectores que también son ocupados por campesinos armados.
Asimismo, que se pueda catalogar a estos campesinos radicalizados como “criminales”, a fin de proceder a su captura lo antes posible, informó este lunes Juan Alcaraz, periodista de SdG Noticias, en diálogo con el programa Arriba Hoy de canal GEN y Radio Universo 970AM.
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“Refieren que hoy día la ley es un poco limitante en las tareas de la FTC, teniendo en cuenta que los campesinos armados no son considerados terroristas y que esa modificación de la ley les podría permitir operar en la zona con tranquilidad para poder detener y poder poner a disposición de la justicia a estos hombres”, explicó el corresponsal.
En tal sentido, instan a que se efectúen los cambios necesarios a la ley para otorgar la autorización necesaria a la FTC, de modo a poder detener a estas personas que tienen en zozobra a los productores de Canindeyú.
“Tras los hechos acaecidos en la Colonia Naranjito, resurgió la preocupación de estos productores, quienes, por un lado, refieren que sí hay una presencia del CODI en la zona y que ha permitido de una u otra manera replegar a estos grupos. Sin embargo, siguen en la zona. Y lo que solicitan es que la FTC tenga la herramienta legal jurídica para poder ingresar a estos lugares en busca de los criminales”, puntualizó Alcaraz.
Mencionó que existen aproximadamente 30 integrantes de grupos armados campesinos que han sido identificados y tienen orden de captura.
En conclusión, “solicitan que la presencia militar sea más fuerte que la presencia policial, porque recae mayor confianza en los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)“.
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Reportan presunto feminicidio en Guarambaré: niña de 8 años halló los cuerpos de sus padres
Un presunto caso de feminicidio se reportó a primeras horas de este sábado en la ciudad de Guarambaré. Una pareja fue hallada muerta en una vivienda de la compañía Yvysunu-Curusú Legua. La mujer fue encontrada con heridas de arma blanca y, a pocos metros, su pareja con signos de haberse autoeliminado.
La víctima fue identificada como Liz Andrea Ortellado, de 30 años, mientras que el presunto autor del homicidio sería Walter Fabián Acosta Duarte, de 34 años, quien habría decidido quitarse la vida tras el crimen.
El hecho fue descubierto alrededor de las 06:20 de este sábado en el interior de la vivienda donde ambos residían. Una menor de 8 años, hija de la pareja, encontró los cuerpos sin vida de sus padres y dio aviso a los familiares, según manifestaciones de la abuela.
Ante el lamentable hecho, convocaron a las autoridades policiales. Agentes de la Comisaría 22ª de Guarambaré dieron aviso al Ministerio Público, que ya interviene en el caso para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
El hombre utilizó una tijera para acabar con la vida de la mujer, según expresiones del comisario Santacruz a NPY. Mencionó además que ya hubo denuncias anteriores por violencia familiar por parte de la mujer.
De acuerdo con los primeros datos manejados por los investigadores, el caso es analizado de manera preliminar como un presunto hecho de feminicidio seguido de la muerte del hombre.
No obstante, las circunstancias serán determinadas mediante las diligencias investigativas y las pericias correspondientes. Se aguarda la llegada de médicos forenses para el levantamiento de los cuerpos.
Personal de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público continúan trabajando en el lugar para el levantamiento de evidencias y el esclarecimiento de lo ocurrido.
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Juicio a Tania Irún: ratifican acusación por presunta violación a ley de seguridad fronteriza
Se inició el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial de Asunción, Tania Irún, quien está sentada en el banquillo de los acusados por el hecho punible de prevaricato.
Se la acusa de presuntamente violar la ley de seguridad fronteriza al dictar un fallo que otorgó a supuestas empresas de maletín, unas 310.000 hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a la exmagistrada está integrado por los jueces penales Lourdes Garcete, Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado.
Ellos tendrán que analizar los elementos probatorios que sostienen la acusación formulada por el Ministerio Público y la querella adhesiva.
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Al presentar sus alegatos iniciales, el fiscal Cristian Benítez fue tajante y contundente en señalar que, durante el debate del juicio oral, se demostrará que la acusada abusó de su cargo de jueza al dictar una resolución manifiestamente injusta y contraria al derecho. Según la acusación, este acto vulneró la seguridad nacional y la integridad territorial de la República del Paraguay.
Asimismo, el representante del Ministerio Público sostuvo que llamó la atención que la hoy exjueza Tania Irún interrumpió su permiso de maternidad para regresar a su despacho y firmar la resolución haciendo lugar a una demanda. Tal situación podría hacerlo el interino de la hoy acusada, indico el fiscal.
Acusación
La acusación contra Irún menciona que, cuando ella se desempeñaba como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15.º Turno de la Capital, dictó de forma irregular la Sentencia Definitiva N.º 494 del 23 de noviembre de 2018.
Mediante esta resolución, ordenó transferir a favor de cuatro empresas extranjeras unas 310.000 hectáreas de inmuebles ubicados en Alto Paraguay, una zona de seguridad fronteriza protegida por ley.
La fiscalía sostiene que la entonces magistrada no verificó la identidad ni la nacionalidad de los representantes de las empresas demandantes, ni comprobó la naturaleza de sus acciones o títulos, incumpliendo las exigencias previstas en la Ley N.º 2532/05 de Zona de Seguridad Fronteriza.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py