Este sábado serán llevados hasta la Fiscalía los campesinos que fueron demorados por la Policía Nacional en San Pedro, ayer tras romper el cordón de seguridad e ingresar a la estancia Toro Vevé, que sirve de acceso al establecimiento Lusipar, incautada del narcotraficante Luis Carlos Da Rocha alias “Cabeza Branca”.
Según reportes actualizados del incidente, en total 52 personas fueron retenidas en principio. De ellas 23 mujeres fueron liberadas y 29 siguen detenidos, 27 están en la comisaría de San Estanislao, una en Santa Rosa y un campesino está hospitalizado.
Los que continúan en sede policial serán llevados hoy a la sede del Ministerio Público para prestar declaración. La violenta irrupción de los labriegos se dio ayer en horas de la tarde, en un intento por ocupar el extenso predio incautado del narcotraficante brasileño y que actualmente se encuentra bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
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A pesar del cordón policial montado en el portón de ingreso a la propiedad, los campesinos atropellaron, logrando ingresar al inmueble.
La Policía desplegó una fuerza operativa voluminosa con más de 2000 agentes, pero aún así los labriegos arremetieron. Se dio un enfrentamiento, al ser repelidos con disparos de fusiles con balines de goma.
Se desató un escenario de confrontación, aunque finalmente se pudo controlar y por fortuna se restituyó el orden, evitándose así una eventual tragedia como la ocurrida en Curuguaty el 15 de junio del año 2012, que derivó en la destitución por la vía del juicio político del exobispo de San Pedro y entonces presidente de la República, Fernando Lugo.
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Gobernador niega fractura en la ANR: “Las municipales deben ser nuestro norte”
“Las elecciones municipales deben ser nuestro objetivo, nuestro norte”, dijo el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, quien exhortó a los máximos líderes nacionales, partidarios y la dirigencia de base de la Asociación Nacional Republicana (ANR) a no distraerse en discusiones estériles y falsas versiones que apuntan a generar una división en la nucleación tradicional y en especial dentro del oficialismo.
“No hay ningún peñismo y ni otros ismos, más todavía en este momento histórico donde tendremos que defender a la ANR en las elecciones del 4 de octubre, no podemos distraernos”, afirmó el jefe comunal a la 1020 AM.
D’Ecclesiis manifestó también que “en nuestro caso todos los gobernadores estamos unidos y nos hemos reunido esta semana con el presidente Santiago Peña para darle nuestro apoyo y acompañamiento, somos sus representantes directos en las gobernaciones. La gente hoy no quiere discusiones o que la ANR esté dividido”.
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El gobernador de San Pedro fue contundente en puntualizar que sin la consolidación de la ANR en las municipales, se tornará complicado mantener el poder en el siguiente periodo presidencial teniendo en cuenta que la mayor conquista de intendencias permite consolidar una base territorial rumbo a las elecciones generales del 2028.
“A los grandes líderes de nuestro partido y sectores le insto con mucho respeto y absoluta firmeza a no abrir nuevas discusiones. Acá hay una realidad que nadie puede desconocer, que sin el 2026 no habrá el 2028″, refirió.
Consejo de Gobernadores
Las afirmaciones de D’Ecclesiis surgieron tras el comunicado emitido ayer jueves por los 15 gobernadores colorados quienes mediante un comunicado conjunto llamaron a los dirigentes a mantener la unidad partidaria alcanzada a nivel nacional.
“Hacemos un llamado patriótico y fraternal a la pacificación de los ánimos dentro de nuestras filas, recordando que este 11 de septiembre conmemoramos el 139 aniversario de la gloriosa Asociación Nacional Republicana, fecha para celebrar la mística y el sentimiento que despierta pertenecer a sus filas y ser protagonistas de su grandeza. Conminamos a deponer toda actitud, postura o acción contraria a los intereses inmediatos de nuestro partido. Hoy, la prioridad absoluta de la gran familia colorada es una sola: recuperar y ganar la mayor cantidad de municipalidades en todo el territorio nacional”, indica el documento.
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Fiscalía pidió ratificar juicio oral contra hermano de una agente fiscal
La fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al Tribunal de Apelación de San Lorenzo —integrado por Ana Orrego, Dionicio Nicolás Frutos y Gustavo Bóbeda— que ratifique íntegramente la resolución que elevó a juicio oral y público el proceso penal por abuso sexual en niños, cuyo presunto autor es el hermano de una representante del Ministerio Público.
Ríos Dos Santos contestó la apelación presentada por la defensa del acusado, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya fue confirmada por la Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace dos meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para intentar favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones planteadas por las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo sobre un hecho determinado, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
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Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar concretamente qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar.
Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral.
La Fiscalía sostiene que “la hipótesis fáctica se sostiene con todos los elementos colectados a lo largo de la investigación, los cuales se encuentran agregados al cuaderno de investigación fiscal”.
Entre estas pruebas se destacan declaraciones testificales, un diagnóstico médico, contención psicológica con relato del hecho, informes psicológicos, la Cámara Gesell, un informe fonoaudiológico, un informe psicopedagógico inicial y un perfil neurocognitivo.
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Caso Hugo Javier: Fiscalía revisará cámaras del baño tras grave episodio
La Fiscalía revisará las cámaras de vigilancia para llegar a la verdad sobre lo acontecido en la cárcel donde se encuentra privado de libertad el exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien habría sufrido una supuesta agresión física. El agente asignado a la investigación es el fiscal Luis Chamorro, quien informó que Hugo Javier fue encontrado ayer domingo en el baño alrededor de las 23:00.
Según explicó, el exgobernador habría ingresado al lugar con un compañero de celda y posteriormente fue hallado tendido en el piso. El representante del Ministerio Público señaló que analizarán las imágenes de seguridad para determinar qué ocurrió.
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También mencionó que la luz del recinto estaba apagada. Del mismo modo, el fiscal indicó que convocará a los guardias de turno para que presten declaración sobre lo sucedido y añadió que aguarda un informe médico completo sobre el estado de salud del condenado.
En principio, el director del Hospital de Barrio Obrero, Adán Godoy, había dicho que Hugo Javier sufrió un accidente cerebrovascular (ACV); sin embargo, esa posibilidad fue desmentida por el médico forense.
Posteriormente, el juez de ejecución Carlos Mendoza ordenó una inspección médica en la unidad de terapia del Hospital Nacional de Itauguá, donde el exgobernador fue intervenido de urgencia debido a un traumatismo craneoencefálico.
De acuerdo con los reportes, la cirugía resultó exitosa, pero el condenado permanecerá en cuidados intensivos.
Igualmente, el doctor Miguel Ferreira del Hospital Nacional de Itaugua señaló que están queriendo precisar el origen del trauma, aunque no se descarta que haya sufrido un ACV, según dijo.
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“Tía Chela”: Prieto afronta juicio este lunes mientras avanza otro proceso en su contra
El Tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dará continuidad este lunes 7 de septiembre al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Mañana se deberán definir los planteamientos de las partes antes de avanzar con la producción de pruebas en el caso conocido como Tía Chela. La Fiscalía contestará los incidentes de las defensas, en una jornada que podría marcar el rumbo del juicio contra Prieto.
El exjefe comunal esteño enfrenta juicio oral y público por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales. Este proceso representa un paso crucial para el Ministerio Público, que busca una sentencia condenatoria ejemplar ante la gravedad de un hecho que golpeó directamente los recursos de los ciudadanos del Este.
La semana pasada, se había retomado el juicio oral luego de incidentes presentados por la Fiscalía y la defensa. Ahora el Ministerio Público tendrá que contestar los incidentes presentados por la defensa de Prieto y los demás acusados. Una vez contestados, el Tribunal de Sentencia deberá resolver los pedidos de la defensa, por lo que el juicio continuará mañana desde las 08:00.
La semana pasada, el fiscal Silvio Corbeta planteó cuatro incidentes probatorios al inicio del juicio; el primero tiene que ver con la incorporación de información sobre el cambio de marcas de los productos que habían sido licitados para los kits de alimentos. También solicitó incorporar como testigo al director de la DNCP, Agustín Encina, para que explique la nota presentada por la empresa Tía Chela y las cuestiones relacionadas con el procedimiento de contratación.
Por otra parte, solicitó un informe a la Contraloría General de la República para determinar si la nota recibida por Prieto fue presentada y analizada cuando se elaboró el dictamen técnico sobre la contratación. Así como solicitó un informe a la DNIT sobre la trazabilidad de las facturas y mercaderías y si la empresa comunicó el cambio de marcas de los productos.
En tanto que, por parte de la defensa, el abogado Martín Prieto, representante del acusado Julián Benítez Gamarra, uno de los 10 imputados en esta causa, pidió la suspensión del juicio al alegar que no había tenido acceso a la investigación. En este caso, el tribunal ya rechazó el planteamiento y dispuso además una sanción disciplinaria contra el abogado.
Caso Tajy
El proceso judicial en el caso Tía Chela no es el único juicio oral que deberá enfrentar el exintendente Miguel Prieto, teniendo en cuenta que el pasado 3 de agosto la Fiscalía ratificó la acusación en su contra por el denominado caso Tajy junto a otros presuntos cómplices. Al día siguiente, juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó la causa a juicio oral y público.
En este caso, la Fiscalía acusó al exintendente por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por el daño patrimonial que supera los G. 306 millones.
El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio del 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306.188.500 a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que no fueron entregadas, constituyéndose en un hecho de corrupción y perjuicio a las arcas del municipio.
También se encuentran acusados en esta causa: Sebastián Martínez Insfrán, Robert Osmar Florentín Silvero, Alex Yamal Samhat González, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Emili Vanessa Florentín Páez, Higinio Ramón Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Buena Ventura Morínigo, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez. A la vez, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo de Richard Ayala y provisional para Sabino Peralta.
Consejo de Salud
A la par que se desarrolla el juicio oral y público, del caso Tía Chela, la Fiscalía presentó una nueva acusación contra el exintendente Prieto, y otras tres personas por el hecho punible de lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 757 millones a la comuna esteña. El daño se habría ocasionado a través del pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná.
La acusación formal fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdéz ante el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos 1° turno, cuya investigación reveló que Prieto habría ordenenado transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia dentro del mencionado centro médico.
Los otros dos imputados en la misma causa son Sebastián Martínez Insfrán y Valeria Romero, ambos por participar en la comisión de un hecho punible de lesión de confianza en calidad de cómplices. En este tercer proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción presuntamente cometidos por Prieto y su entorno.
Ahora se aguarda la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, en la que se definirá si Prieto enfrentará su tercer juicio oral y público, atendiendo a que el primer juicio ya se inició, el segundo debe comenzar en los próximos meses y, en la tercera causa, ya se acusó y se pidió que el proceso se eleve a juicio.