Policías argentinos acabaron con la vida de un hombre identificado como José Augusto Galeano Mendoza (47), de nacionalidad paraguaya, quien hace 20 años reside en la zona de Neuquén. El compatriota sufre de síndrome de pánico y ansiedad que le produce ataques repentinos desde hace 20 años aproximadamente, según referencia de familiares.
El hombre falleció tras ser reducido violentamente por policías en la ciudad de Neuquén, Argentina. El hecho ocurrió frente al Hospital Heller, adonde había acudido por un episodio de pánico.
Según testigos, fue esposado, arrastrado hasta el exterior, y uno de los agentes le apretó el tórax con la rodilla mientras era inmovilizado, causándole una asfixia.
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De acuerdo al relato de lugareños, el 18 de noviembre pasado la víctima estaba con su pareja, cenando en su casa, cuando empieza a sentir ataque de pánico. Pierde el control y desesperado termina llevando un cuchillo de la mesa en la mano.
Sale corriendo en medio del episodio y busca ayuda en el hospital, al cual él solía ir para tratarse de esta condición. Pero llega con el cuchillo y eso genera pavor entre la gente del hospital y llaman a la policía. Sin embargo, los intervinientes actuaron con extrema violencia. Lo redujeron, lo esposaron, lo sacaron cargándolo hasta la vía pública.
Luego, le dieron una patada en el pecho y cuando estaba en el piso supuestamente para intentar calmarlo, uno de los agente se arrodilla sobre el pecho del compatriota y le termina asfixiando. El connacional termina falleciendo. Se calificó el hecho como aparente xenofobia.
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Sacerdote paraguayo participó de maratón en Roma
El padre Hugo Sosa, de nacionalidad paraguaya, formó parte de la maratón de Roma, que se llevó a cabo ayer domingo 22 de marzo, con la participación de 60.000 competidores.
Oriundo de la ciudad de Yuty, el sacerdote paraguayo actualmente se desempeña como rector de la iglesia San Silvestre Al Quirinale y cursa su doctorado en Biblia. Roma no solo es el lugar de estudio, también su pista de entrenamiento. Es su cuarta vez enfrentando los 42 kilómetros.
“Cada maratón es muy especial. La última maratón que hice fue justamente en Roma y el kilómetro 32 es ya la parte del centro histórico donde están los famosos sampietrini, que serían como nuestros empedrados. Ya no corré sobre asfalto, sino sobre semiempedrado”, explicó en declaraciones a Mónica Fabiola Ayala, periodista compatriota radicada en Roma.
Añadió que a partir de ese tramo, la travesía se vuelve más difícil por la estructura del pavimento. “Ya tenés las piernas cansadas, los pies te duelen y quedan 10, 12 kilómetros, entonces, duele muchísimo. Y ahí uno piensa en todo lo que uno invirtió entrenando”, manifestó el religioso.
Reveló que desde pequeño le gustó correr y esa pasión lo lleva a recorrer esta ciudad histórica portando dos banderas, la de Paraguay y la de Athletica Vaticana, el equipo del papa.
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“La maratón es una carrera de resistencia. Y la vida sacerdotal podría ser como esa carrera de resistencia por la vida de comunidad, de oración y cuidar el cuerpo para ser un instrumento útil para los que buscan a Dios y también lo que yo puedo ofrecer a Dios”, expresó haciendo un paralelismo entre su vocación religiosa y su amor por el atletismo.
La maratón de Roma es uno de los eventos de running más emblemáticos de Italia. La carrera de 42, 195 kilómetros se destaca por su recorrido histórico que comienza y termina cerca del Coliseo, pasando por el Vaticano y Piazza Navona.
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Militares y policías se acoplarán el miércoles a la movilización docente en Asunción
El presidente de la Asociación de Suboficiales Retirados, Carlos Silvero, indicó que se sumarán este miércoles 111 de marzo a la movilización de los docentes en Asunción, en el marco del tratamiento de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Senadores, para custodiar los derechos adquiridos del sector.
“El 99 % de los líderes de las fuerzas públicas, militares y policías decidimos acompañar la manifestación pacífica, el día de mañana, en Asunción y también en otros puntos del país. Vamos a marcar presencia. Nos plantamos en el hecho de mantener nuestros derechos adquiridos”, refirió el representante gremial, este martes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El pasado 25 de febrero, las fuerzas públicas presentaron a la mesa técnica del Senado, impulsada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto a cargo de Silvio Ovelar, cuatro peticiones específicas para su estudio. En la contrapropuesta peticionaron modificar la edad mínima, la tasa de sustitución, entre otros puntos que fueron aprobados por Díputados.
Los uniformados solicitan a los senadores la incorporación de una cláusula de protección que establezca un período de 10 años para el personal de la Policía Nacional y de 15 años para las Fuerzas Armadas, como base para el reconocimiento de los derechos adquiridos por el personal activo.
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En la contrapropuesta también plantearon que no sean derogados los artículos de la Ley 7280/2024, referente a la reforma de la Policía Nacional, con el objetivo de proteger los beneficios para pensionados y herederos en casos de fallecimiento en actos de servicio, enfrentamientos, incapacidad o accidentes derivados del cumplimiento del deber.
Requieren revertir la versión aprobada por Diputados, que limita a 3 años el beneficio para las pensionadas. Asimismo, propusieron ajustes técnicos en lo relativo a la devolución de aportes con la finalidad de garantizar un sistema más equitativo.
La propuesta consensuada con las organizaciones de la Policía Nacional, los círculos y clubes de las Fuerzas Armadas y suboficiales fija la jubilación en el 100 % para el personal activo que cumpla con 35 años de servicio y 55 años de edad. Para la jubilación extraordinaria plantean que sea a partir de 20 años de aporte, con el 50 % de la jubilación. Aclararon que no se oponen al incremento de los porcentajes de aporte, siempre que se preserve la integridad de los beneficios establecidos.
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El Gobierno moviliza a militares y policías para frenar la delincuencia extremista
El Ejecutivo decidió utilizar las fuerzas públicas de manera conjunta y coordinada para hacer frente a algunos casos de secuestro y otros tipos de violencia que se dieron en sitios ubicados entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. La intervención unificada de las fuerzas militares y policiales ayudará a dar más fuerza al operativo y aumentará la seguridad pública en las zonas con problemas.
El propósito es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y eliminar cualquier tipo de delincuencia que intente romper el bienestar de la gente que trabaja y quiere progresar mediante su esfuerzo cotidiano.
Se habló de que el que secuestró al ciudadano Almir de Brun da Silva sería el grupo armado que en años pasados realizó varios secuestros y crímenes con el fin de amedrentar al Gobierno y proponer otra conducción política. Luego de más de un lustro vuelve a aparecer con la misma siniestra intención de secuestrar, matar y hacer daño a la ciudadanía sin importarles nada más que sus tétricos propósitos criminales con supuesta intención política.
Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) decidió que intervengan las fuerzas públicas para eliminar los problemas de seguridad existentes a fin de que vuelva todo a la normalidad.
El titular del Codena, Cibar Benítez, explicó que es necesario que los elementos de las fuerzas militares actúen en forma coordinada con sectores de otras instituciones estatales en las zonas geográficas que están fuera de los departamentos en que se estableció anteriormente la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Porque la intención es que las Fuerzas Armadas hagan su tarea de seguridad donde exista la amenaza. “No podríamos quedarnos como institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria. Ahí donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas por supuesto y por algo específico”, anunció el directivo de Codena.
El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que se trata de hacer una flexibilización del poder de fuego del Estado ante la amenaza que puede existir en el territorio nacional. Explicó que la determinación que se ha tomado obedece a una orden del presidente de la República, Santiago Peña, que decidió hacerlo para concretar mayores medidas de seguridad. Por ello se decidió establecer lugares de control de documentos de vehículos y de personas, los retenes, para que se pueda sentir la presencia del Estado.
Que el Gobierno se ocupe de poner el máximo de cuidado militar y policial para combatir a los delincuentes que pretenden socavar la tranquilidad de la gente con secuestros y otros delitos es una buena señal. Y una decisión muy oportuna, porque como país en plena tarea por el crecimiento económico y el bienestar de su gente no debe tolerar a la locura criminal de los que con el secuestro y otros comportamientos de gran violencia quieren ir contra el derecho a la vida, la tranquilidad de la ciudadanía y la seguridad de las personas.
Nadie, ninguna agrupación, partido político o nucleación cívica puede utilizar la violencia para imponer sus puntos de vista o hacer valer sus intenciones. Son actitudes criminales que solo adoptan los delincuentes que, usando algunas ideas poco razonables, quieren imponer posiciones cuestionables y posturas políticas que ya no funcionan ni para engañar a los más ingenuos.
El Paraguay, en toda su historia, ya ha sufrido bastante por la incursión de criminales disfrazados de gente pacífica que han querido imponer posiciones políticas que solo sirvieron para el fracaso. No se puede soportar el secuestro, el robo, la agresión de cualquier tipo, o la muerte de seres humanos para aceptar ciertas posiciones ideológicas o políticas.
El que mata, aunque use la ropa o la bandera que se le ocurra, es un asesino. Como el que roba, con el pretexto o la explicación que fuere, es un simple ladrón. Ambos merecen el rechazo y el castigo que les corresponde de acuerdo con las disposiciones legales. Lo que está mal no se puede aceptar y debe ser rechazado y combatido con energía.
Por ello la ciudadanía tiene que acompañar la postura asumida por el Gobierno nacional contra la delincuencia y la criminalidad. Lo importante es que se persiga a los que quieren hacer daño y se apoye a quienes procuran el bienestar de las personas.
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Caso Almir Brum: FTC y policías se retiran de la zona a pedido de la familia
Este martes, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la Policía Nacional decidieron retirarse de la zona donde se registró el secuestro de Almir Brum, a pedido de la familia de la víctima. El departamento de Investigaciones aclaró que los captores aún no se comunicaron con la familia y no hicieron pedido de rescate.
El jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, informó que decidieron retirarse de la zona por pedido de familiares para que ellos puedan seguir con las negociaciones o para que los captores puedan contactar.
“La familia pidió que nos retiremos y nosotros respetamos el pedido, en este momento tan crítico por la que están pasando, pero vamos a seguir trabajando”, manifestó Cardozo, en entrevista con el programa “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Afirmó que como autoridades seguirán de cerca el caso y están realizando las investigaciones para poder dar con el paradero del joven, como de los captores. “Puedo confirmar que no hay ningún pedido de rescate. No hay llamadas, cartas o pendrive que hayan dejado para poder seguir con las negociaciones”, refirió.
Ante la consulta sobre la posible autoría de este caso, acotó que todos los elementos reunidos hasta el momento conducen a que habría sido cometido por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). “Hasta ahora todas las sospechas y elementos no hacen conducir a que serían ellos”, puntualizó.
Almir fue secuestrado durante la tarde del sábado 21 de febrero, la denuncia fue realizada por su padre Vladimir Brum, quien llamó por teléfono a su hijo y tras varios intentos fallidos, acudió al lugar donde estaba trabajando y solo encontró una máquina cosechadora y un panfleto que se presume fue escrito por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
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