En el marco de la lucha contra el microtráfico, la agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, María Irene Álvarez, realizó un allanamiento en una vivienda del barrio San Pablo de la ciudad de Asunción, procedimiento que culminó con la imputación de dos personas por presunta tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes.

El operativo fue llevado a cabo con apoyo de agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas, Departamento de Investigación Zona 1, y personal de Fuerzas Especiales.

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Durante la intervención fueron incautados aproximadamente 10 gramos de supuesto clorhidrato de cocaína, distribuidos en 15 dosis, además de 29,9 gramos de supuesta pasta base de cocaína, fraccionados en distintas porciones y dosis listas para su presunta comercialización.

Igualmente, los intervinientes hallaron e incautaron dos aparatos celulares, dinero en efectivo de diferentes denominaciones y un plato con restos de sustancias amarillentas, elementos que serán sometidos a los análisis correspondientes en el marco de la investigación.

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El agente fiscal de Narcotráfico de Pedro Juan Caballero, Celso René Morales Fernández, procedió a allanar una casa ubicada en la colonia Manta Potrero del distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay, en el marco de una causa penal.

La diligencia se llevó a cabo con acompañamiento de efectivos policiales y en cumplimiento de una orden judicial. En el lugar encontraron 2.115 kilos de marihuana picada tipo skunk, 96 kilos de marihuana tipo hachís marroquí y 620 kilos de marihuana en polvo, entre otros.

Durante el operativo, la comitiva destruyó una vivienda en construcción que funcionaba como laboratorio para el procesamiento de marihuana.

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Ahora, el Ministerio Público buscará a los dueños del cargamento de la droga y cuando sean identificados deberán ser imputados por narcotráfico debido a la gravedad del hecho.

En caso de ser imputados los dueños de la vivienda, los mismos tendrán que comparecer ante un juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si son remitidos a una penitenciaria.

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Por unanimidad de los 36 senadores presentes en sala, el pleno de la Cámara Alta otorgó media sanción al proyecto de Ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por Ley N° 7.609, Ministerio Público”. Se trata de una reprogramación presupuestaria destinada al pago de salarios de agentes fiscales y fiscales adjuntos, cuyo monto asciende a aproximadamente 7.400 millones de guaraníes.

La iniciativa promovida por los senadores Natalicio Chase, Pedro Díaz Verón, Juan Carlos Galaverna Ortega, Javier Zacarías Irún y Lizarella Valiente de Rodríguez plantea la equiparación salarial para los agentes fiscales.

Tras el correspondiente análisis, se procedió a la votación electrónica donde se registró que la totalidad de los presentes acompañaron la aprobación con modificaciones planteadas por las comisiones asesoras. El documento se remite a la Cámara de Diputados.

El presidente del Congreso, Basilio Núñez, destacó que la aprobación de esta ampliación presupuestaria para el Ministerio Público se está concretando a 4 días de que se conmemore el Día del Agente Fiscal paraguayo, fecha que se constituyó en memoria del agente fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia durante su luna de miel hace 4 años.

“Es un momento oportuno que estamos tratando este tema, y solo para reseñar algunos números, que con esta equiparación salarial los 449 agentes fiscales, van a pasar a ganar de 14 millones de guaraníes, a G. 16 millones; y se equiparan a los jueces de primera instancia. Después tenemos 27 fiscales adjuntos que pasarán a ganar de 16 a 19 millones de guaraníes, que en este caso se equipara con los miembros de la Cámara de Apelaciones”, precisó.

El legislador agregó que espera que con estas equiparaciones salariales sirvan para motivar a los agentes fiscales para que lleven adelante sus trabajos, y no permitan que ninguna causa llegue a su prescripción, como ya se dio en ocasiones anteriores.

El líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, explicó que se trata de una ampliación presupuestaria, que inicialmente tenía previsto un mayor alcance incluyendo a los asistentes fiscales, además de los agentes fiscales y fiscales adjuntos. Pero en estudio de comisión se resolvió modificar la propuesta y dejando solamente la ampliación presupuestaria para los dos últimos grupos.

Indicó que esta reprogramación presupuestaria para el Ministerio Público de G. 7400 millones, se dará desde el mes de julio del presente año en adelante; mediante la transferencia de créditos monetarios del Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio Público, que saldrá del rubro destinado a construcciones para el pago de salarios de los agentes fiscales y fiscales adjuntos.

El titular de la Comisión de Cuentas y Control Dionisio Amarilla señaló que se otorga esta ampliación salarial acorde a la gran responsabilidad que tienen los fiscales sobre sus hombros. “También tenemos una aspiramos colectiva que vayan mejorando en materia de gestión, responsabilidad y robustezcan la musculatura de la institución; por ello nuestro voto como bloque es a favor de la propuesta”, acotó.

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El Ministerio Público informó sobre un procedimiento realizado en el marco de una investigación por presuntos hechos de extorsión y cohecho pasivo agravado. El operativo derivó en la detención de una mujer, tras una entrega vigilada de dinero en el estacionamiento de un conocido shopping en la ciudad de San Lorenzo, seguido de un allanamiento en el juzgado penal de Garantías de dicha ciudad.

La intervención estuvo a cargo de la agente fiscal Yeimi Adle, de la Unidad Especializada Anticorrupción, con el acompañamiento de personal de la Policía Nacional. La causa se originó a partir de una denuncia que señalaba la supuesta solicitud de dinero por parte de una funcionaria judicial, quien habría ofrecido intermediar para la obtención de medidas sustitutivas a la prisión a favor de una persona procesada en una causa penal.

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De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento incluyó la coordinación de una entrega vigilada de dinero, diligencia que permitió la detención de la sospechosa. En prosecución de las averiguaciones, se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la sección Estadística y de la secretaría del juzgado penal de Garantías n.º 1 de la jurisdicción de San Lorenzo, en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado penal de Garantías especializado en delitos económicos del primer turno.

Durante el operativo se incautaron documentos originales, copias certificadas y dispositivos de almacenamiento con información relevante para el esclarecimiento del hecho. Asimismo, se autorizó la extracción de datos de equipos informáticos para profundizar el análisis de los elementos colectados. El Ministerio Público prosigue con las diligencias para determinar la participación de otras personas y esclarecer plenamente las circunstancias del caso.

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