La Dirección de Policía de Itapúa comunicó este jueves sobre el descubrimiento de un cadáver con presunción de homicidio. El cuerpo sin vida fue hallado en el asentamiento San Miguel de la localidad de Alto Verá.
La víctima fatal identificada como Darío Ramón Zaracho (39), domiciliado en la compañía San Luis, quien no poseía antecedentes penales.
Según las autoridades, el hombre fue encontrado tendido al costado de una vivienda con lesiones severas en la cabeza. Presentaba un disparo de arma de fuego en la cabeza y rastros de golpe.
Fue sindicado como supuesto autor del hecho Ramón Martínez Cubas (25), domiciliado en el asentamiento San Miguel, sin antecedentes. El mismo fue denunciado por su tía, Irmina Martínez. El sospechoso se encuentra con paradero desconocido.
Según expresiones de un lugareño, el supuesto autor del crimen constantemente compartía con el fallecido. Agentes de Investigaciones de Hechos Punibles y efectivos policiales de la comisaría Taruma’i llegaron al sitio para los trámites de rigor.
Los intervinientes tuvieron conocimiento del hecho el miércoles al mediodía a través de una llamada telefónica. Inmediatamente, acudieron al lugar, encontrando a la persona tendida al costado de una vivienda boca abajo, sin signos vitales.
El fiscal Reinaldo Castillo y el médico forense, Omar Cuellar, determinaron como probable causa de muerte, “traumatismo penetrante de cráneo por proyectil de arma de fuego”, con 14 a 18 horas de fallecimiento.
En el lugar, dialogaron con Wildo Bogado Acosta (40), vecino del asentamiento, quien manifestó que la señora Irmina Martínez había dicho que el supuesto autor del hecho sería su sobrino, Ramón Martínez Cubas.
Se desconoce las causas del crimen. No obstante, agentes de Investigaciones realizan las tareas correspondientes a fin de dilucidar el hecho.
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Pindó sostiene que el arraigo de familias no otorga derechos de propiedad sobre las tierras
Desde la Agroganadera Pindó S.A. niegan haber promovido un amparo judicial y aclaran que el arraigo de las familias asentadas en el inmueble no constituye un título de propiedad.
La empresa pidió respetar los derechos de los propietarios y señaló que continúan las acciones judiciales iniciadas hace más de 14 años, en medio de investigaciones por actividades vinculadas al cultivo y procesamiento de marihuana en sectores del establecimiento.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la abogada Margarita Colmán, representante legal de la Agroganadera Pindó S.A, explicó la situación jurídica del inmueble y los procedimientos judiciales actualmente en curso.
Teniendo en cuenta las recientes declaraciones públicas de representantes del asentamiento Primero de Marzo, quienes solicitaron al Gobierno la legalización de las tierras ocupadas en Estancia Pindó invocando el arraigo de más de 450 familias.
En ese sentido, mencionó que la empresa desmiente categóricamente haber promovido una acción de amparo ante el Juzgado de Katueté o cualquier otro órgano jurisdiccional, contrariamente a lo manifestado por uno de los abogados entrevistados.
“Las acciones civiles y penales impulsadas por los propietarios se iniciaron a raíz de la ocupación de sus inmuebles, hace aproximadamente catorce años, y continúan sustanciándose ante los órganos jurisdiccionales competentes, junto con las investigaciones que permanecen abiertas”, remarcó Colmán.
Arraigo no implica propiedad
De acuerdo a las declaraciones de los ocupantes y sus representantes, ellos fundamentan su pedido de legalización del asentamiento, en la permanencia de las familias durante casi quince años, así como en la existencia de escuelas, capillas, servicios básicos y actividades agrícolas y ganaderas en el lugar.
Sin embargo, la abogada Colman explicó que para la empresa se ratifica que estas condiciones no otorgan automáticamente derechos de propiedad sobre tierras de terceros y recuerda que el artículo 109 de la Constitución Nacional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada.
“Cualquier iniciativa estatal destinada a regularizar la situación territorial debe respetar los derechos de los propietarios y los procedimientos constitucionales y legales aplicables. La ocupación prolongada, la construcción de infraestructura y el desarrollo de actividades productivas no confieren automáticamente derechos de dominio sobre tierras pertenecientes a terceros”, remarcó.
Causa se elevó a juicio oral
Por otra parte, la abogada Colmán recordó que el Juzgado Penal de Garantías de Curuguaty dispuso elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, señalado por la Fiscalía como uno de los principales dirigentes de la ocupación. La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, del 14 de octubre de 2026.
El magistrado rechazó los cinco incidentes presentados por la defensa y admitió las acusaciones por presunta invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y detentación ilegal de arma de fuego.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el juicio, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Hallazgos de la Senad
La representante legal de la Agroganadera Pindó S.A. recordó además, los procedimientos realizados por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con cooperación de organismos de seguridad nacionales e internacionales. Indicó que en varios procedimientos, detectaron actividades vinculadas con la producción y el procesamiento de marihuana en sectores de Estancia Pindó, en medio de la prolongada controversia por la ocupación de los inmuebles.
Señaló que durante las intervenciones oficiales hallaron plantaciones ilícitas, campamentos presuntamente utilizados para actividades de narcotráfico y un laboratorio de procesamiento de marihuana de alta concentración. Sostuvo que estos antecedentes requieren investigaciones rigurosas para identificar a los responsables y esclarecer posibles conexiones con la comercialización internacional de drogas.
“La existencia de actividades ilícitas detectadas en sectores del establecimiento no permite atribuir responsabilidad penal colectiva a las familias residentes, pero exige que las autoridades identifiquen a las personas y organizaciones efectivamente involucradas”.
Finalmente, indicó que para la Agroganadera Pindó S.A., la ocupación prolongada no puede sustituir los mecanismos legales ni desconocer los títulos de propiedad. Sostiene que el Estado debe atender las necesidades sociales de las familias, garantizar la seguridad pública, investigar los hechos punibles y proteger los derechos constitucionales de los propietarios.
“La asistencia social es una obligación pública; la legalización de tierras privadas, en cambio, requiere un fundamento jurídico válido y el respeto de las garantías constitucionales. Desde Pindó reafirmamos la confianza en la administración de justicia y su decisión de continuar ejerciendo las acciones legales que correspondan para obtener la protección efectiva de sus derechos y el esclarecimiento de los hechos investigados”, concluyó.
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Reserva Mbaracayú: hallan el cuerpo de un hombre con signos de una muerte violenta
Este miércoles, agentes del departamento de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional intervinieron ante el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 40 años en la Reserva Natural Mbaracayú, departamento de Canindeyú. Se presume que habría sido ejecutado y se investiga un hecho de homicidio.
Según el reporte policial, el cuerpo de esta persona fue hallado dentro de la reserva natural ubicada a unos 15 kilómetros del casco urbano de Ypejhú.
La víctima fatal fue identificada como Osvaldo Zárate Noguera, de 40 años, quien presentaba signos de haber sido asesinado. Ante la gravedad del hecho y los indicios preliminares que apuntan a una muerte violenta, el procedimiento fue comunicado de inmediato al Ministerio Público.
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El agente fiscal de turno dispuso el levantamiento del cadáver y ordenó su traslado inmediato a la morgue del Hospital Distrital de Curuguaty para que el médico forense realice la inspección médica y la autopsia que permitan determinar la causa del fallecimiento.
Efectivos policiales y peritos trabajaron en el lugar del hallazgo levantando evidencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias del suceso e identificar a los presuntos responsables del crimen. Todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades a fin de proseguir con los procedimientos de rigor y las diligencias investigativas.
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Feminicidio en Lambaré: joven de 22 años es acribillada y buscan a su expareja
Un nuevo caso de feminicidio vuelve a conmocionar este viernes tras el asesinato de Daysi Paola Giménez, de 22 años, quien fue atacada a balazos en la vía pública mientras se dirigía a su puesto de trabajo en un minimarket de Lambaré. El principal sospechoso del crimen es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien se encuentra con paradero desconocido y ya contaba con denuncias previas por violencia intrafamiliar.
El cobarde ataque ocurrió cerca de las 22:40 de anoche en la intersección de las calles Ybyra Pyta y Diego García. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto en que un automóvil blanco le cerró el paso a la joven. Un hombre descendió del rodado y comenzó a perseguirla a los tiros mientras ella intentaba desesperadamente huir y pedía auxilio a gritos.
La víctima cayó al pavimento malherida y el agresor la remató a quemarropa tras percatarse de que aún presentaba signos de vida. Según el reporte de los peritos de Criminalística, el cuerpo de la joven presentó dos impactos de bala en la cabeza y un proyectil adicional a la altura del brazo.
Investigaciones policiales confirmaron que la víctima ya había formalizado una denuncia contra Duarte por hechos de agresión. Ambos habían mantenido una relación de convivencia en la ciudad de Capiatá, pero tras la separación, el hombre comenzó a hostigarla y amenazarla sistemáticamente al no aceptar el fin del vínculo, desenlace que trágicamente derivó en este mortal atentado.
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Balística confirma: arma usada en Eusebio Ayala es del asalto en San Pedro del Paraná
El arma de fuego utilizada para ocasionar la muerte de Rebeca Martínez y el intento de asesinato de Carolina Raquel Aguilar, tras una jineteada el pasado 28 de setiembre en Eusebio Ayala, fue robada durante un asalto en perjuicio de un comerciante en un motel en San Pedro del Paraná.
La víctima resultó ser el propietario del motel Siete Lunas, de nombre Facundo Ramos Sanabria (75), tío de Alcides Ramos, alias “Ka´i", uno de los cinco implicados en el crimen ocurrido en la localidad de Eusebio Ayala.
Para la Policía, el caso del crimen está prácticamente cerrado, más aún con este último procedimiento en que se comprobó que el arma usada (revólver) fue sustraída durante un asalto en el departamento de Itapúa, ocurrido en la madrugada del martes 22 de setiembre pasado, en donde la banda de Júnior Delvalle además robó dinero.
El comisario Luis López, jefe del departamento Contra el Crimen Organizado, confirmó que las investigaciones están casi cerradas, más con la comprobación del uso del arma en el crimen contra las dos mujeres en la ciudad cordillerana.
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El trasfondo del atentado sería una “venganza”, según se dijo ayer martes durante una conferencia de prensa convocada por autoridades de diversas unidades policiales, para dar a conocer los avances en la investigación por el atentado a tiros ocurrido en la ciudad cordillerana.
Por el caso, están detenidas cinco personas: Édgar Clodomiro Rodríguez, alias “Chule” (28); Alcides Ramos Osorio, alias “Ka’i”, (39); Braian Matías Funes Galeano, alias “Mati”, (26), José Quintín Velázquez Martínez, (44), y Júnior Delvalle (30), capturado en el transcurso de las últimas horas.
Asimismo, ayer encontraron en la cima del cerro Piribebuy dos camionetas que pertenecerían a Junior Delvalle, líder de la banda criminal que en su haber tendría nada menos que diez asaltos, según la Policía.