El Juzgado de Paz de San Roque Capital fue intervenido nuevamente este lunes y será sometido a una auditoría por el caso de estafas masivas, más conocido como mafia de los pagarés.
El juez interino Roberth Chaparro Cabañas, quien fue derivado de la ciudad de Horqueta, afirmó que no se sintió sorprendido porque se dará un seguimiento permanente a los casos.
“Hoy a las 7 de la mañana recibimos esa visita y ahora mismo están haciendo su trabajo y es para dar seguimiento en forma permanente ya, en los juicios ejecutivos”, dijo a la 1000 AM.
El magistrado detalló que vino de un juzgado del interior que tenía 300 causas al año y ahora se enfrenta con un cúmulo de expedientes que superan ampliamente los casos que venía analizando.
“Yo vengo de un juzgado donde era con expediente electrónico, como saben, nosotros tenemos garantías constitucionales de la inamovilidad en cuanto a nuestra sede. A mí mis superiores me han solicitado venir a este juzgado que estaba acéfalo prácticamente. Yo di mi consentimiento y asumo las consecuencias de mi actuar, dentro del marco de las leyes y la Constitución”, refirió.
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El abogado ponderó “la inmensa cantidad de expedientes” que imposibilita a veces cumplir con los plazos procesales. Dijo que siguen ingresando los juicios ejecutivos aludiendo a las víctimas de la mafia de los pagarés. “Se siguen generando nuevos documentos”, expresó.
El juez manifestó que ni bien asumió el cargo interino dio la orden a los ujieres de capital de derivar los casos del interior a los juzgados respectivos, para que las notificaciones lleguen en forma y tiempo oportuno.
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En escándalo de títulos falsos, el MEC interviene tres instituciones y cierra dos facultades
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) dispuso la intervención de tres instituciones de educación superior y el cierre de dos facultas, por presuntas irregularidades en la emisión de títulos.
El ministro Luis Ramírez confirmó la medida, aunque evitó dar a conocer los nombres de estas instituciones y facultades, durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Investigación sobre títulos falsos.
Esta comisión especial pertenece al Senado y fue instalada en junio de 2026 para investigar un esquema de emisión, comercialización y uso de diplomas y certificados universitarios presuntamente irregulares.
Esta dos facultades fueron cerradas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) debido a una red de falsificación de títulos, considerando que la Fiscalía ya investiga más de 250 diplomas fraudulentos detectados en el sistema educativo.
La causa penal por los títulos falsos del MEC está a cargo de un equipo de fiscales conformado por Teresa Sosa (de la Unidad Penal N° 20) y Juan Leonardi Guerrero (de la Unidad Penal N° 17), bajo la dirección de la fiscala Sosa y la supervisión del fiscal adjunto Augusto Salas.
Tras destaparse el esquema de corrupción incluyen las acciones principales incluyeron allanamientos, cierres y auditorías.
Dentro de estas instituciones de educación superior se encuentra un instituto ubicado en la ciudad de Horqueta (Concepción) vinculado a la verificación de unos 1.800 documentos irregulares.
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De acuerdo a las investigaciones preliminares, las pesquisas apuntan a que los títulos fraudulentos se habrían comercializado por montos que oscilaban entre los G. 6.000.000 y G. 25.000.000, dependiendo de la carrera.
En cuanto a imputaciones, hasta la fecha, más de una docena de docentes y funcionarios públicos han sido imputados por el Ministerio Público por uso de documentos no auténticos y producción de contenido falso.
Modus operandi y casos
El esquema incluía desde diplomas completamente falsificados hasta cartones auténticos de universidades cuyos supuestos egresados jamás cursaron la carrera, según las investigaciones.
Igualmente, los antecedentes muestran firmas irregulares, validación de carreras que no estaban habilitadas al momento del supuesto egreso y la presunta complicidad de funcionarios para inscribir los títulos en el Viceministerio de Educación Superior.
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Realizan requisa preventiva en el penal de Minga Guazú por presencia de drones sospechosos
El Ministerio de Justicia dispuso que se realice una requisa preventiva en el penal de Minga Guazú, atendiendo que fueron vistos drones sobrevolando en el sector del pabellón 7, donde se encuentran recluidos presos de alta peligrosidad, según informaron desde la institución.
La intervención se realizó anoche de manera específica en la planta alta y baja del módulo 7 del centro penitenciario, con acompañamiento de agentes de la Policía Nacional y personal penitenciario.
En dicho sector se encuentran más de 100 personas privadas de libertad, muchos considerados delincuentes de alto perfil por las autoridades de seguridad.
El operativo estuvo a cargo del comisario principal Jorge Cardozo y contó con participación de la subjefa de la Comisaría 8ª, Deolinda Galeano. Participaron agentes de varias comisarías, efectivos del GEO, grupo Lince y Agrupación Motorizada.
El procedimiento se realizó tras el avistamiento de drones no autorizados en inmediaciones del área correspondiente al módulo 7. El sobrevuelo duró aproximadamente 25 minutos de acuerdo con datos oficiales.
Ante la situación irregular detectada por el personal de guardia, se comunicó el hecho y se procedió a intervenir preventivamente el sector conforme a los protocolos de seguridad establecidos. De momento, no se tienen pistas ni datos acerca de los propietarios de los drones ni del motivo de la presencia de los aparatos en los alrededores, pero las autoridades investigan el caso.
La requisa se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y durante el procedimiento no se hallaron objetos irregulares ni elementos prohibidos. Una vez finalizada la inspección, una patrullera policial quedó apostada en el lugar como medida de seguridad.
De esta manera, el Ministerio de Justicia continúa fortaleciendo los sistemas de control y prevención dentro del establecimiento penitenciario de Minga Guazú.
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Presentan informe parcial sobre intervención en la sección de Estadística Civil
Durante la sesión plenaria, el secretario de la Sala Constitucional y designado como interventor coadyuvante del Departamento de Consolidación de Datos Estadísticos de la Dirección de Estadísticas Judiciales, Julio Pavón, presentó un informe parcial de resultados sobre las medidas adoptadas en la Sección de Estadística Civil, a través del “Informe de Gestión de la Dirección de Estadísticas Judiciales - Sección de Estadística Civil - Circunscripción Judicial de Capital”.
En el documento, se registra un avance aproximado del 70 % en los trabajos de implementación de las mejoras propuestas, en atención a las observaciones formuladas por la Dirección General de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, el interventor explicó que “vengo a presentar un informe parcial referente a la intervención solicitada por la Corte Suprema de Justicia desde el 11 de marzo, sobre los puntos que en su momento detectara la Dirección General de Auditoría Interna, en la que hemos adoptado diversas medidas durante estos dos primeros meses”.
Entre las acciones implementadas mencionó la incorporación de un nuevo formulario de autorización para la entrega y retiro de actuaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 187 del Código de Organización Judicial, que dispone que los secretarios deberán presentar personalmente las resoluciones ante esta unidad de estadística.
Indicó que esta nueva proforma permite identificar correctamente a los funcionarios autorizados por los actuarios de los juzgados que remiten las resoluciones a la Sección de Estadística Civil y exige, además, el detalle concreto de las actuaciones remitidas, a fin de preservar la custodia de las actuaciones procesales durante esa etapa de traslado y brindar mayor seguridad en su recepción, procesamiento y devolución.
Informó sobre la puesta en marcha de un nuevo formulario de constancia provisoria de entrada de las actuaciones recibidas y de salida definitiva. Explicó que este instrumento permite contar con mayor precisión respecto a los detalles de la recepción y dejar asentadas las observaciones que pudieran detectarse al momento del procesamiento, con la consiguiente devolución.
Destacó que el proceso simplificado al que se encuentra sometida la sección intervenida comprende etapas bien definidas: recepción, verificación, registro y archivo. En ese sentido, una vez recibida la actuación, esta pasa a la etapa de verificación, que implica el control de sus formalidades externas, tales como número, sellos, firmas y fechas. Solo una vez superada dicha instancia sin observaciones se procede al registro y archivo definitivo.
Igualmente, informó sobre la liberación de la función relativa al registro inicial de las nuevas acciones planteadas en el sistema Judisoft. Al respecto, explicó que se dispuso la exoneración de la carga y registro inicial de las nuevas acciones promovidas ante los distintos juzgados de Paz en la plataforma Judisoft, trasladándose dicha responsabilidad a los actuarios encargados de las secretarías afectadas por la resolución mencionada.
Precisó que esta tarea incidía significativamente en el cumplimiento de las demás funciones asignadas a la Sección de Estadística Civil, sin una justificación actual suficiente, considerando que anualmente ingresaban aproximadamente 35.000 expedientes con ese único fin. Añadió que esta medida permitirá descongestionar el flujo de trabajo y concentrar mayores esfuerzos en las labores propias de la sección.
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Arranca plan vial de intervención en 400 cuadras clave de Asunción
“ASU 400 cuadras” se denomina la iniciativa de la comuna que apunta a mejorar la circulación vehicular.
El intendente de Asunción, Luis Bello, oficializó el plan vial denominado “ASU 400 cuadras” que implica la intervención de cuatrocientas cuadras de calles y avenidas en la capital del país. El jefe comunal destacó que este proyecto forma parte de uno de los ejes prioritarios de su administración que prevé la recuperación vial de la ciudad.
Precisamente uno de los más fluidos cruces se tomó para presentar el plan. Se trata de la intersección de las avenidas Eusebio Ayala y De la Victoria. Allí arrancó la obra vial que transformará la imagen de Asunción. Se prevé la intervención sobre 230 cuadras de asfalto y 160 cuadras de empedrado, priorizando avenidas principales y calles estratégicas.
Con ello se apunta a mejorar la circulación, reducir riesgos y recuperar tramos que hoy afectan la movilidad diaria de los vecinos.
Según datos de la Municipalidad de Asunción, el plan beneficiará principalmente a los barrios San Pablo, Hipódromo, Loma Pytã, Zeballos Cue, además de Sajonia, Tablada, San Vicente, Santa María y Herrera.
Asunción cuenta con una red de 1.459 km lineales de calles, distribuidos en 700 km de asfalto, 600 km de empedrado y 164 km de otros pavimentos.
PRIMERA ETAPA
El intendente Bello señaló que este plan constituye un punto central de su gestión, orientado a dar respuesta directa a los puntos críticos de la infraestructura vial en la capital. Detalló que en esta primera etapa se intervendrán avenidas como De la Victoria (Fernando de la Mora-Eusebio Ayala), Azara (Colón-Tacuarí) y Denis Roa (Lilio-Santa Teresa). Asimismo se mejorarán algunas calles tales como Tte. 2.° Óscar Bottana, Pacurí, Lorenzo Cáceres, Ybapobó, Toba y Mbya. También se ejecutarán trabajos en calles empedradas como José Miguel Morel, Idoyaga y Gral. Francisco Roa.
REVITALIZACIÓN DE LA PLAZA O’LEARY
Ya están en marcha los trabajos de revitalización de la emblemática plaza Juan E. O’leary, en el centro de Asunción.
Días atrás se llevó a cabo una reunión interinstitucional con el objetivo de coordinar acciones en el marco del proyecto de revitalización y ejecución de obras en el microcentro capitalino, específicamente en el área de la Plaza O’Leary y sus alrededores.
Se abordaron también acciones vinculadas al reordenamiento de vendedores apostados en la zona y la instalación de un vallado perimetral como parte del proceso de ejecución de las obras. Esta reubicación de vendedores tiene carácter circunstancial, en tanto se extiendan los trabajos en la zona.
En relación al proyecto, se enfatizó que la intervención contempla el respeto y la preservación de la vegetación existente, en el marco de una reestructuración integral del espacio público, con miras a mejorar las condiciones urbanas y fortalecer el entorno de uno de los puntos emblemáticos del centro histórico de la capital.