En el marco de la lucha contra el microtráfico, la agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, María Irene Álvarez, realizó un allanamiento en una vivienda del barrio San Pablo de la ciudad de Asunción, procedimiento que culminó con la imputación de dos personas por presunta tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes.

El operativo fue llevado a cabo con apoyo de agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas, Departamento de Investigación Zona 1, y personal de Fuerzas Especiales.

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Durante la intervención fueron incautados aproximadamente 10 gramos de supuesto clorhidrato de cocaína, distribuidos en 15 dosis, además de 29,9 gramos de supuesta pasta base de cocaína, fraccionados en distintas porciones y dosis listas para su presunta comercialización.

Igualmente, los intervinientes hallaron e incautaron dos aparatos celulares, dinero en efectivo de diferentes denominaciones y un plato con restos de sustancias amarillentas, elementos que serán sometidos a los análisis correspondientes en el marco de la investigación.

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La derechista Laura Fernández asumió ayer viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros de América. En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un periodo de cuatro tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.

Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico. “Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (...). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado”, dijo, al señalar como inaceptable que “el narcotráfico encuentre grietas” en el sistema democrático costarricense.

Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador. “Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos”, manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la crisis de inseguridad. Anunció además reformas para endurecer las penas y que el año carcelario sea de 12 meses y no de ocho, como ocurre actualmente. “Ya no más alcahueterías”, subrayó.

Fernández gobernará a la sombra de su mentor, quien ejercerá como una suerte de primer ministro que controlará la agenda política y económica del llamado “gobierno de la continuidad”. Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial.

“La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar”, dijo la presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves.

Opositores y analistas consideran que su proyecto apunta a una hegemonía similar a la de Bukele, quien acumuló poder absoluto e instauró la reelección indefinida sobre el éxito de su guerra antipandillas, criticada por grupos de derechos humanos.

“Vamos a revisar nuestra institucionalidad (...) eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría”, aseguró Fernández, quien también dijo que su gobierno respetará los derechos humanos.

Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, habrá “una diarquía (gobierno compartido)” y riesgo de una “concentración de poder” en un expresidente “con tentaciones autoritarias”.

Constantino Urcuyo, doctor en sociología política de La Sorbona, cree que el “modelo Bukele no tiene cabida en Costa Rica”, pese al giro a la derecha y rasgos de “autoritarismo” en el gobierno saliente.

Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.

Al ser nombrado ministro de la Presidencia y de Hacienda, mantendrá inmunidad frente a investigaciones que lo señalan de corrupción y de hacer campaña a favor de Fernández, lo cual tenía prohibido por ley.

Aliada, como Chaves, de Donald Trump, la segunda mujer en gobernar Costa Rica afianza a la derecha en Latinoamérica, tras recientes triunfos en Chile, Bolivia y Honduras. En su giro a la derecha, Costa Rica cerró su embajada en La Habana y expulsó a los diplomáticos cubanos, acepta 100 deportados mensuales desde Estados Unidos y se adhirió al Escudo de las Américas, una alianza antidrogas continental liderada por Kristi Noem.

A la investidura asistieron el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, Noem, el rey Felipe VI y los presidentes de Israel, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala y Dominicana. Bukele se ausentó.

Washington ha retirado visas a críticos al gobierno y hace poco a los directivos del principal periódico costarricense, La Nación, al que Chaves llama “prensa canalla”.

Costa Rica retrocedió en libertad de prensa y derechos sexuales, según oenegés humanitarias.

Hija de agricultores, católica y madre de una niña pequeña, Fernández se considera “liberal en lo económico y conservadora en lo social”. Eligió llamarse presidente, sin “a”. Aunque la pobreza bajó del 23% al 15% en cuatro años, Costa Rica es el sexto país latinoamericano más desigual y el segundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que trabaja más -tras México-, pero cuyos empleados ganan menos.

Fuente: AFP.

El gobierno de Colombia dispuso la suspensión de las órdenes de captura de “Chiquito Malo”, jefe del mayor cartel del narcotráfico y 28 miembros más de la organización, pese a que se había comprometido con Estados Unidos a redoblar su persecución, según un documento oficial divulgado el viernes.

“Chiquito Malo” lidera el poderoso Clan del Golfo, considerado terrorista por Washington, que negocia su desarme en Catar a cambio de beneficios penales desde septiembre del año pasado. Los diálogos forman parte de la agonizante política de paz del izquierdista Gustavo Petro, quien intenta alcanzar algún acuerdo con los principales grupos armados del país, antes de dejar la presidencia en agosto.

En un documento fechado el 29 de abril, el consejero presidencial de paz Otty Patiño pide a la fiscalía la suspensión de las órdenes de captura a favor Jobanis de Jesús Ávila, nombre real de Chiquito Malo, y otros miembros del Clan.

La intención es que puedan ingresar a una zona del noroeste del país designada por el gobierno para seguir con las negociaciones de paz, según un comunicado en X de la oficina del Alto Comisionado de Paz.

El abogado del grupo criminal dijo a finales de abril que veía “imposible” lograr un acuerdo de paz antes del fin del mandato de Petro el 7 de agosto.

En febrero, Petro acordó con su homólogo estadounidense, Donald Trump, redoblar la persecución de los principales capos narco colombianos, entre ellos Chiquito Malo, durante una visita a la Casa Blanca que puso fin a meses de tensión diplomática entre los aliados históricos.

Washington retiró el año pasado a Colombia la certificación de aliada antidrogas al considerar insuficiente su lucha contra el narco.

El Clan del Golfo trafica la mayor parte de la cocaína que se produce en Colombia, el mayor proveedor mundial de esa droga y sus lucrativas rentas, que están en el foco de la ola violencia en el país.

Chiquito Malo, un criminal hermético de baja estatura, dirige desde 2021 la banda criminal que opera bajo un modelo de franquicias en reemplazo de Otoniel, capturado ese año y extraditado a Estados Unidos. El grupo ha aumentado sus filas bajo su mando, según cifras de las autoridades.

Un joven reportero fue asesinado por guerrilleros en una conflictiva región del noroeste de Colombia afectada por la explotación ilegal de oro, informó el presidente Gustavo Petro. El comunicador Mateo Pérez, de 25 años, desapareció el martes mientras realizaba un reportaje sobre la violencia previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en una zona rural del departamento de Antioquia (noroeste).

En el área operan disidentes de la extinta guerrilla FARC que no firmaron la paz en 2016 y narcos del Clan del Golfo. Petro aseguró en X que el responsable del crimen es un líder guerrillero llamado Jhon Edison Chalá Torrejano.

“La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, dijo el mandatario. La ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) destacó que Pérez era “una voz fundamental para la comunidad local”.

“Enfrentó presiones legales (...) por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados”, según la organización que defiende al periodista en Colombia.

Pérez era director del medio digital El Confidente de Yarumal, donde reportaba sobre el crimen, orden público, la política y la corrupción.

La región donde fue asesinado es una “zona de disputa” entre el mayor cartel del narcotráfico conocido como el Clan del Golfo y una disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz del 2016, indicó la FLIP.

Petro frenó el 21 de abril las negociaciones de paz con este grupo rebelde por incumplimientos a los acuerdos.

Desde septiembre el gobierno negocia la paz en Catar con el Clan, considerado un grupo terrorista por Washington.

A cuatro meses de dejar el poder, el presidente enfrenta una crisis de seguridad con atentados, masacres de civiles y ataques a la fuerza pública, en medio de frustradas negociaciones de paz.

Los periodistas en Colombia enfrentan constantes amenazas por parte de grupos armados que imponen terror en varios territorios en los que fabrican cocaína, explotan minas ilegalmente y extorsionan.

La Defensoría del Pueblo, entidad estatal encarga de proteger los derechos humanos, había informado el jueves que Pérez viajó “para realizar cubrimiento periodístico sobre los recientes hechos de confrontación armada”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó un operativo militar para ubicarlo. Por lo menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, según la FLIP.

Fuente: AFP.

El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), está promoviendo el desarrollo rural mediante obras ejecutadas en escuelas de colonias del ente rural. Este trabajo se lleva adelante mediante alianzas estratégicas que encaran algunas instituciones públicas en favor de la educación.

Al respecto, el presidente del ente rural, Francisco Ruiz Díaz, encabezó la inauguración de modernas aulas en la Escuela Básica N° 7.529, del asentamiento Virgen del Carmen, Finca 13, de la colonia “Mariscal López”, distrito de Yhú, Caaguazú, junto a otras autoridades nacionales y departamentales.

“Los días en que los niños daban clases de forma precaria han quedado atrás”, expresó Ruiz Díaz, quien acompañó la celebración de alumnos, padres, docentes y la comunidad educativa de la mencionada institución rural.

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El titular del Indert destacó que fue toda una fiesta de la comunidad educativa la habilitación de las obras de infraestructura, gracias a las inversiones hechas por el gobierno del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

Mencionó que la obra culminada consistió en un pabellón con tres modernas aulas y baños sexados. La escuela cuenta con 80 alumnos, desde el preescolar hasta el sexto grado. Dicha obra fue financiada con fondos del Indert y fue adjudicada a la firma Servicio de Ingeniería Integral S.A.

Cabe señalar que durante el acto de inauguración participaron el ministro, Héctor Cárdenas, director ejecutivo de la Unidad Técnica de Gestión del Gabinete Social (UTGS); el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto; el senador Silvio Ovelar; el diputado David Jara; el intendente local, Arturo Jara; la concejala departamental Natalia Benítez; y el concejal Francisco Hustin.

Asimismo, el presidente del Indert destacó que toda la colonia, como parte de la exFinap, será regularizada próximamente, con la entrega de los títulos de propiedad de los lotes. Recordó que es la decisión adoptada por el presidente de la República, Santiago Peña, en el marco de la regularización jurídica de las tierras de la exFinap, que abarcan distritos de tres departamentos.

La directora de la Escuela Virgen del Carmen, profesora María Elvira Rojas, agradeció el aporte del Indert, destacando que el ente está en favor de la educación de los niños. “Esto constituye el camino para superar la pobreza rural y caminar hacia el desarrollo”, acotó.

En ese marco y siendo Yhú uno de los distritos priorizados por el Gabinete Social de la Presidencia de la República, Ruiz Díaz y el intendente local, Arturo Jara, anunciaron que, gracias a la alianza público-privada, se proyecta la construcción de dos centros de acopio y fábrica de alimentos secos para la exportación que serán instalados en la zona y brindarán un mercado seguro para los productores y fuentes de trabajo para los lugareños.

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