Desde la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés consideran un avance la nueva ley promulgada por el Poder Ejecutivo que establece límites de embargos a funcionarios públicos. Los afectados por el esquema de estafas insisten en el pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Nosotros hemos recibido la noticia de la promulgación de la ley que protege los salarios. Por lo menos eso es lo que manejamos, vemos los alcances y consideramos que es un avance, por un lado. Dentro de este proceso de lucha es un avance y el resultado de las movilizaciones que hemos realizado”, declaró Pedro Coronel, vocero del grupo, en diálogo con la 1000 AM.

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A su criterio, la normativa es insuficiente para dar una salida a la problemática que afecta a 17.000 personas a nivel nacional, en su mayoría docentes.

“Los relatos de los compañeros demostraron la realidad de cómo se está viviendo en el país. En ese marco, esa protección permitiría sobrevivir a los compañeros. No dignificar la vida ni garantizar sus derechos. No es de largo alcance, es solamente un pequeño calmante para nosotros”, manifestó.

Sobre el punto, mencionó que las movilizaciones continuarán, para seguir reclamando la sustitución de los nueve miembros de la máxima instancia judicial.

“Ese proyecto no puede el Gobierno ni las instancias correspondientes utilizar para decir que la mafia se termina porque es absolutamente incierto eso. Porque solamente permite cobrar más, pero no habla en ningún momento de estrategias ni de leyes que puedan enfrentar a la mafia. Quiere decir que con esto se pueden alargar los descuentos, pero no terminar. Y los juicios irregulares seguirían. Por lo tanto, que es absolutamente insuficiente esto”, finalizó.

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