El ministro del Interior, Enrique Riera, recordó que hace 11 años el senador Rafael Filizzola, está chicaneando ante la Jusicia y a la fecha, “nunca se sentó frente a un juez”, en el marco del procesado por supuesta lesión de confianza durante su gestión al frente del Ministerio del Interior por la compra de helicopteros para la Policía Nacional.

Filizzola estuvo procesado por la compra de cuatro helicópteros Robinson R44 usados para la Policía Nacional, en 2010, operación cuestionada por presuntas irregularidades administrativas y un supuesto perjuicio patrimonial al Estado. Dos de esas aeronaves fueron denunciadas posteriormente como inservibles.

Al respecto, el ministro Riera, en comunicación con el Programa “Arriba Hoy” que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, recordó que su colega, senador Filizzola, de quien señaló que se había molestado cuando le dijo en su momento que sus helicopteros no volaban porque no servía. Pero, por esta causa ya lleva 11 años chicaneando.

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“Hace 11 años que chicanea y hasta ahora no se pudo hacer la audiencia preliminar. Es decir, que nunca, hasta hoy en día se sentó ante un juez. Lleva 11 años chicaneando en una causa que ya está ante la Corte”, precisó.

El ministro Riera señaló además que el primer caso vinculado a los helicopteros de la Policia Nacional ya prescribió, mientras que el segundo caso está a poco tiempo de prescribir. “Pero hasta ahora él nunca se presentó ante la Justicia”, remarcó.

Cabe señalar que el Ministerio Público había imputado al exministro del Interior, Rafael Filizzola, por supuesta lesión de confianza. La Fiscalía argumentó en su momento que la adquisición, realizada a la empresa Proibérica, se hizo de forma irregular y causó un perjuicio patrimonial estimado al Estado de 50.000 millones de guaraníes.

A la fecha, esta causa penal prácticamente está cerrada, luego de que en marzo del año pasado, Filizzola lograra obtener una resolución a medida, atendiendo a que la jueza Penal de Garantía, Alicia Pedrozo, dio lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo del exministro, lo que en el ámbito político se calificó como un “blanqueamiento” por plazos vencidos.

La salida procesal no se dio porque Filizzola demostró su inocencia en un juicio, sino debido a un fallo previo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que anuló la acusación de la Fiscalía de aquel entonces por vicios procesales y plazos vencidos. Al quedarse sin acusación válida por el paso del tiempo, el fiscal anticorrupción Francisco Cabrera no tuvo otra opción técnica que solicitar el sobreseimiento definitivo.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, explicó que la decisión de no admitir en el periodo 2027 para el ingreso a las filas policiales se da en el marco de una visión estratégica de optimización de recursos. La Policía Nacional cuenta con dos instituciones, el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), que forma a los suboficiales y que por tres años seguidos incorporó a 5.000 efectivos; y el Colegio de Policía que forma a los oficiales cuyo cupo normalmente es de 150 agentes, con una formación de cuatro años.

“Lo que no vamos a hacer este año es la convocatoria para los suboficiales, por dos motivos básicamente, por un lado, seguíamos cargando gente a las comisarías y subcomisarías, y puestos policiales que están en pésimo estado, aumentan los inquilinos, pero no arreglamos la casa. Como hay una austeridad fiscal, es natural que la Policía, el Ministerio del Interior haga lo suyo”, detalló el ministro, este miércoles, a la 780 AM.

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Riera indicó que el objetivo es que los uniformados sean preparados y estén a disposición otras áreas de la Policía Nacional. “Pausamos un año, si todo sale bien, el año que viene continuaremos y esas instalaciones que tenemos, los 10 colegios regionales y el de Luque, se van a utilizar para especialización porque antes había solo tres ramas de la Policía de alcance nacional, uno era investigaciones, el área de prevención y seguridad, que es el policía de calle, y el tercero era la parte administrativa”, refirió.

Agregó que el diciembre de este año será la última camada de los 5.000 suboficiales y con esto se llegará a casi 40.000 policías a nivel país. “Son 39.000 policías que hay que meter en la infraestructura que estaba prevista para 24.000 y que ya estaba afectada. Vamos a invertir en la infraestructura y vamos a invertir en la especialización, de esos 15.000 policías van a empezar a fortalecerse en las otras áreas, automotores, antinarcóticos, homicidio, crimen organizado, porque esas áreas no están en todo el país”, explicó Riera.

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La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.

La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.

Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.

Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.

La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.

De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.

Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.

Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.

Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.

“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.

Fuente: AFP.

• Ciudad del Este. Agencia regional

Concluyó la construcción del edificio para la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas (Grupo Lince) de la Policía Nacional en Alto Paraná y está en etapa de equipamiento que culminará en breve para ser inaugurada. La obra demandó una inversión de casi 2 mil millones de guaraníes (G, 1.967.417.747) de la Gobernación.

Se trata de un edificio de una planta baja y dos pisos superiores con capacidad para albergar a cien agentes policiales, con áreas diferenciadas para 60 hombres y 40 mujeres; sala para cubículos de guardados, cocina, comedor, recepción administrativa, sanitarios en todas las plantas, taller de las motos, estacionamiento y otras dependencias.

Según el gobernador de Alto Paraná, ingeniero César Landy Torres, el hecho que por primera vez en Alto Paraná, la Policía cuente con un edificio propio para una de sus dependencias, es algo relevante para la seguridad del departamento, porque dará mejores condiciones operativas a los agentes que diariamente salen a las calles.

En cuanto a la capacidad, el proyecto es doblar la cantidad actual de 24 agentes y 12 motos, para cuando sea inaugurado el local, según refirió el titular del ejecutivo departamental. Mencionó además que se trata de más inversión, más capacidad operativa y más seguridad para Alto Paraná.

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Con respecto al nuevo edificio dijo que solamente falta que termine el equipamiento para que en un acto oficial sea entregado al Ministerio del Interior.

La Gobernación también ya tiene concluido en su predio el edificio para el futuro albergue para mujeres en situación de violencia y la nueva sede para el Centro Regional de Mujeres, con una inversión de casi 2.500 millones de guaraníes. El equipamiento será mediante una inversión de una cooperación española.

Otra construcción a cargo de la Gobernación que está culminando es para el Centro de Atención Integral del Adolescente en el predio del Hospital Distrital de Presidente Franco.

El equipamiento también será de una cooperación del gobierno español y los recursos humanos con el funcionamiento quedarán a cargo del Ministerio de Salud Pública.

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