La familia de una adolescente identificada como Jessica Nicole González Ortega apela a la colaboración de la ciudadanía para localizar a la menor, quien se encuentra desaparecida desde el día de ayer, jueves. El caso fue reportado a la Policía y al Ministerio Público, que ya activaron el protocolo e iniciaron el operativo de búsqueda.
Fabiana Ortega, madre de la estudiante de 14 años, comentó que la misma salió de su vivienda, ubicada en el barrio Pa’i Ñú de Ñemby, con destino al Colegio Nacional Pablo Patricio Bogarín, pero ya no regresó. Fue vista por última vez al mediodía cuando se alistaba para ir a la citada institución educativa.
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Según manifestó, su hija vestía su uniforme estudiantil cuando abandonó el hogar con dirección al colegio. Describió que llevaba puesto un buzo de color bordó con rayas blancas y una remera blanca que lleva inscripta la insignia del centro educativo.
La denuncia de desaparición fue formulada a la Comisaría Séptima de Ñemby y este viernes tomó intervención en el caso la fiscal Gladys González, comentó la mamá de la joven.
“Ahora me encuentro justamente en la oficina de la Fiscalía de Ñemby para presentar la denuncia y me dicen que va a intervenir la fiscal González. La Comisaría Séptima es la encargada de la investigación”, comentó Fabiana.
Cualquier información que permita ubicar a Jessica puede ser reportada al teléfono 0972 999 584 o a la comisaría más cercana.
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Fiscal define esta semana si imputa a periodista por manejar bajo los efectos del alcohol
El fiscal Benjamín Beltrán definirá esta semana si presenta una imputación contra el periodista de radio Monumental, Roberto Coronel, quien bajo los efectos del alcohol ocasionó un accidente de tránsito con graves daños materiales. El comunicador es investigado por el hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre. En casos similares, el Ministerio Público suele presentar la imputación contra las personas que dan positivo a la prueba de alcotest.
Al respecto, Beltrán señaló: “El comunicador Coronel se presentó en la sede del Ministerio Público en compañía de su representante legal y acercó un acuerdo con la víctima del accidente”. Agregó que “Coronel solicitó ser beneficiado con el criterio de oportunidad luego de llegar a un acuerdo con la víctima del percance”.
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De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, se observa al comunicador del Grupo Vierci un poco desorientado, presumiblemente por el estado de ebriedad en que se encontraba. El percance vial ocurrió alrededor de las 4:50 de la madrugada de este sábado e involucró a Gustavo Raúl Sánchez Fleitas, quien conducía un Toyota Vitz, y al periodista Roberto Hugo Coronel López, de 43 años, quien estaba al mando de un Kia Sonet.
Tras la intervención de los agentes de la Comisaría 14.ª y de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Coronel fue sometido a la prueba de alcotest, la cual arrojó un resultado positivo de 1,10 mg/L (miligramos por litro). Esta graduación alcohólica faculta la intervención inmediata del Ministerio Público, tras la comunicación formal correspondiente por parte de la sede policial.
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Aneaes remite al Ministerio Público informe sobre títulos sin acreditación vigente
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) detectó que más de la mitad de los 138.256 títulos de grado registrados entre 2023 y octubre de 2026 correspondían a carreras sin acreditación vigente. Ante esta situación, su presidente, el Dr. José Fernando Duarte Penayo, firmó la Nota N.º 871/2026, remitida al Ministerio Público, para solicitar que se analice la pertinencia de iniciar una investigación, con prioridad en las ofertas del área de la salud.
Basado en el informe técnico de la Aneaes que analiza 138.256 títulos de grado registrados entre enero de 2023 y octubre de 2026, el documento identifica titulaciones vinculadas a carreras sin acreditación vigente, con especial atención a las ofertas de acreditación obligatoria por ley y del área de la salud.
En el mismo documento se solicita al Ministerio Público analizar la pertinencia de iniciar una investigación sobre las titulaciones vinculadas a carreras sin acreditación vigente, priorizando las ofertas del área de la salud y aquellas cuya acreditación es obligatoria conforme a la Ley N.º 2072/2003.
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De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un conjunto de instituciones: carreras de acreditación obligatoria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titulando con acreditación vencida o denegada, o que titulan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).
Principales datos
De acuerdo al análisis de la Aneaes, comprende 138.256 títulos de grado registrados ante el MEC durante el período estudiado. De ese total, 71.093 títulos (51,4 %) corresponden a carreras que no contaban con acreditación vigente a la fecha de su registro. Asimismo, 48.059 títulos (34,8 % del total) provienen de carreras que nunca se presentaron a un proceso de evaluación ante la Agencia.
Otro dato relevante es que 28.321 títulos (20,5 % del total) corresponden a carreras sin acreditación vigente que tampoco se inscribieron a las convocatorias de evaluación de 2025 y 2026.
En cuanto a las carreras cuya acreditación es taxativamente obligatoria por ley —entre ellas Medicina, Derecho, Odontología, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y las ingenierías—, se registraron 17.647 títulos sin acreditación vigente. De estos, 6.175 corresponden a carreras que nunca se presentaron a evaluación, mientras que 7.858 provienen de carreras que tampoco se inscribieron a las convocatorias 2025 y 2026.
En el área de la salud, el informe contabiliza 14.901 títulos sin acreditación vigente, de los cuales 5.075 corresponden a carreras que nunca se sometieron a evaluación ante la Aneaes.
El documento también examina la situación de Medicina. Entre 2023 y octubre de 2026 se registraron 21.689 títulos de esta carrera, de los cuales 5.314 estaban vinculados a ofertas sin acreditación vigente a la fecha del título.
Verificación del Ministerio Público
A partir de los datos recopilados y de los antecedentes documentados, la Aneaes solicitó al Ministerio Público analizar el inicio de una investigación y verificar la autenticidad y consistencia de los títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a ofertas que presenten situaciones que requieran esclarecimiento.
Asimismo, planteó la necesidad de requerir información al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), particularmente sobre habilitaciones, registros de títulos y eventuales medidas adoptadas respecto de las ofertas involucradas.
Alcance del informe
La Aneaes aclara que los datos presentados describen la situación de las carreras y no implican, por sí solos, que todos los títulos vinculados a ofertas sin acreditación vigente sean irregulares ni atribuyen responsabilidad a personas o instituciones.
La acreditación constituye un mecanismo de evaluación de la calidad de la educación superior y se otorga por carrera y por sede o filial. La verificación de la autenticidad documental, del cumplimiento de las prácticas formativas y de la regularidad del registro de títulos corresponde a las instancias competentes, en el marco de sus respectivas atribuciones.
Con esta presentación, la Agencia pone a disposición del Ministerio Público su equipo técnico y sus bases de datos para colaborar en el análisis de la información y en las verificaciones que se consideren pertinentes, en el marco de la cooperación interinstitucional y del fortalecimiento de los mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Paraguay.
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Ñemby: hallan en lavadero 16 barriles con acetona, químico ilegal usado en la elaboración de cocaína
La Fiscalía y la Policía allanaron anoche un lavadero, donde encontraron 16 tambores de acetona, químico utilizado en el procesamiento de cocaína. Cada barril contenía 200 litros de la sustancia de uso ilegal en el país.
La investigación apunta a que se trata de un presunto punto de acopio y analiza una posible conexión con otro operativo realizado en Mariano Roque Alonso. El procedimiento se inició con un operativo en horas de la tarde y duró prácticamente toda la noche del lunes en la ciudad de Ñemby.
Ayer, alrededor de las 16:00 fue interceptada una camioneta sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero en la ciudad de Ñemby, y dentro del vehículo había tres barriles que luego de la inspección se confirmó que contenían acetona.
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La camioneta había salido del lavadero y la Policía manejaba la información de que en dicho predio había más barriles del químico. Detuvieron al conductor, quien afirmó a los intervinientes que fue contratado solamente para trasladar los bidones, pero que desconocía lo que los envases contenían en su interior.
No obstante, quedó aprehendido. Luego de varias horas de espera, con autorización firmada del juez, se procedió al allanamiento del terreno y hallaron otros 13 barriles más de acetona, en total, 16 barriles con 200 litros de acetona cada uno por lo que se habla de 3.200 litros del químico que estaban ocultos en varios vehículos.
La Policía y la Fiscalía pidieron la colaboración de la Digemabel y de la Secretaría y de la Senad. Según declaraciones del fiscal, tendría relación con los allanamientos realizados en Mariano Roque Alonso, se encontraron 50 barriles de acetato.
“De acá salió el vehículo que fue interceptado en la vía pública y fue lo que nos motivó a realizar este procedimiento”, dijo a los medios el fiscal Rodrigo Espínola.
El representante del Ministerio Público confirmó que se trataba de un cargamento de acetona. “Es una sustancia que se utiliza para purificar la cocaína en el proceso de elaboración”, explicó.
Añadió que se sospecha que el sitio puede guardar relación con el material hallado en Roque Alonso. “Aparentemente sí tienen relación”, afirmó. Los tambores fueron incautados y trasladados hasta Digemabel.
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Fiscalía acumula un déficit de G. 1,3 billones y solicita mayor presupuesto para 2027
El Ministerio Público presentó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional su requerimiento de G. 1,286 billones para el ejercicio fiscal 2027. La solicitud institucional apunta a fortalecer la investigación penal, ampliar la presencia territorial de las sedes fiscales y modernizar los servicios técnicos brindados a la ciudadanía en todo el país.
Durante la audiencia, la representación fiscal expuso el histórico descalce financiero que arrastra la institución. Entre los años 2023 y 2026, la Fiscalía solicitó recursos por un total de G. 4,211 billones, pero el Poder Legislativo asignó únicamente G. 2,867 billones, dejando una diferencia acumulada de G. 1,344 billones en contra del órgano investigador.
En el periodo actual de 2026, la institución requirió G. 1,056 billones y recibió tan solo G. 763.000 millones, lo que representó un receso presupuestario de G. 293.000 millones. Estos antecedentes fundamentaron la urgencia de reajustar las partidas económicas para responder a las crecientes demandas de la justicia penal.
Cobertura e infraestructura
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en el déficit de recursos humanos para cubrir todo el territorio paraguayo. Las autoridades advirtieron que el país necesita al menos 700 unidades fiscales, pero actualmente la institución funciona con aproximadamente 350 agentes fiscales titulares, operando a la mitad de la capacidad requerida.
Asimismo, la Fiscalía urgió inversiones en laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias, además de equipamiento tecnológico para el procesamiento de escenas del crimen. Entre las obras prioritarias figura la conclusión de la sede en Encarnación, cuya finalización requerirá cerca de USD 5 millones, contrarrestada por la donación de más de 30 inmuebles gestionados desde 2023.
El Ministerio Público apeló a su autonomía funcional y administrativa, amparada por la Constitución Nacional, para solicitar el respaldo de los legisladores. La asignación presupuestaria pretendida resulta clave para consolidar investigaciones sustentadas en evidencia científica y garantizar una atención adecuada a las víctimas de delitos.