En los últimos días, los robos millonarios a entidades financieras casi se han convertido en una rutina y encienden las alarmas en el mundo bancario. A los golpes informáticos de dimensiones históricas se suman ahora nuevos ataques que ponen en evidencia la vulnerabilidad de las plataformas financieras.

El 29 de octubre se conoció el histórico robo de USD 6.300 millones a Binance, uno de los mayores episodios de sustracción de activos vinculados al mundo de las criptomonedas. Ayer, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank y, este miércoles 4 de noviembre, otro golpe sacudió al sector financiero internacional: hackers se apoderaron de más de USD 133 millones de un banco francés.

Se trata del Crédit Mutuel Arkéa, un grupo cooperativo que opera en los sectores bancario y asegurador. De acuerdo con el medio francés Le Télégramme, los atacantes consiguieron sustraer unos 118 millones de euros, equivalentes a más de USD 133 millones.

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Según las primeras informaciones, el dinero habría salido de cuentas propias de la entidad mediante operaciones fraudulentas y posteriormente habría sido distribuido entre distintas cuentas bancarias. Desde allí, los fondos habrían sido trasladados a plataformas de intercambio para convertirlos en criptomonedas, dificultando su rastreo.

Sin embargo, la entidad francesa no confirmó oficialmente que el monto sustraído haya alcanzado los 118 millones de euros, aunque reconoció que el perjuicio económico se encuentra dentro de ese orden de magnitud. También aclaró que sus clientes no sufrirán pérdidas económicas como consecuencia del ataque.

El banco aseguró que detectó movimientos sospechosos, activó sus mecanismos de seguridad y suspendió temporalmente algunas operaciones para impedir nuevas transferencias fraudulentas. El caso ya fue comunicado a las autoridades competentes y se encuentra bajo investigación.

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Este martes, un funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) fue atacado físicamente mientras realizaba reparaciones del tendido eléctrico que fue derribado tras el último temporal en Katueté, departamento de Canindeyú. El trabajador fue trasladado hasta un centro asistencial.

El hecho se registró en la zona de Corpus Christi donde una cuadrilla de la administración reparaba columnas de alta tensión que habían sido derribadas durante la última tormenta que se registró en el citado departamento. Sin embargo, productores se molestaron porque dañaron los cultivos que rodeaban las columnas.

El incidente ocurrió mientras Osmar Benítez, jefe de la Ande en Katueté, coordinaba la reposición de columnas de alta tensión que cayeron junto con su cuadrilla de trabajo, pero el productor Celso Miotto lo agredió física y verbalmente, porque se dañó una pequeña fracción de sus cultivos.

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La situación generó el repudio generalizado de la comunidad que se encuentra afectada por la falta de energía eléctrica tras el fuerte temporal con intensas ráfagas de viento que golpeó severamente el distrito durante la tarde de ayer lunes, que dejó como saldo decenas de columnas derribadas a lo largo de la ruta PY03.

El hecho fue reportado ante la comisaría jurisdiccional, cuyos agentes labraron acta sobre lo ocurrido y el funcionario fue auxiliado y trasladado hasta un centro de salud, pero no presentaba heridas graves. La asesoría de la estatal eléctrica presentará una denuncia formal por agresión y por perturbar el desarrollo de un servicio.

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A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.

El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

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“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.

Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.

Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.

“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.

Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.

Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.

De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.

Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.

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Por Juan Alcaraz. Corresponsalía Canindeyú.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, cumplió esta mañana una visita oficial al departamento de Canindeyú, donde procedió a dar la palada inicial a las obras de construcción del local propio del Ministerio Público en esta ciudad. El predio fue donado por la Municipalidad de Katueté y está valuado en 200 mil dólares americanos, según remarcó el intendente Julio Brítez.

De igual forma, el Fiscal General visitó el predio del Ministerio Público en Salto del Guairá, también donado por la municipalidad y que está en proceso de buscar los recursos para construir la sede propia. En ambas ciudades, como también en la sede de Curuguaty, los locales del Ministerio Público son alquilados y es la primera obra de infraestructura que será totalmente propia en Katueté.

Emiliano Rolón remarcó que, ante la falta de un presupuesto suficiente, se debe recurrir a acuerdos de cooperación con otras instituciones nacionales como también internacionales, a fin de gerenciar de la mejor forma posible un buen servicio a la ciudadanía.

La visita culminó con una firma de convenio entre la Municipalidad de Katueté y el Ministerio Público, donde el municipio, a través del intendente entrante, licenciado César Alvarenga, se compromete a seguir pagando el alquiler del local del Ministerio Público por espacio de dos años hasta tanto culmine la obra iniciada hoy.