La ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, confirmó que pidió el veto total a la recientemente sancionada ley de devolución de pagarés. La alta funcionaria manifestó que ya se había emitido un dictamen desfavorable, por la redacción de la normativa.

La pasada semana, el pleno de la Cámara de Senadores aceptó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que establece la restitución de los pagarés una vez extinguida la obligación y dispone un régimen sancionador. En ese marco, se contempla un régimen punitivo cuya aplicación estará a cargo de la Sedeco con una multa equivalente al 20 % del valor del pagaré en caso de incumplimiento de la obligación de restitución.

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Sobre el punto, Irún confirmó en diálogo con la 1080 AM que a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), vínculo con el Poder Ejecutivo, solicitó un veto total a la ley sancionada, por diversos motivos. Entre estos, mencionó que de hecho la institución a su cargo ya implementa sanciones a quienes no cumplen con la devolución de los papeles cancelados. Detalló que el decreto reglamentario del ente establece los rangos de multa de entre 50 hasta 10.000 jornales, dependiendo de ciertos factores.

De acuerdo con lo señalado por la ministra, la ley en cuestión amplía las facultades de la Sedeco, incluso pudiendo entrar a dirimir cuestiones entre particulares. “Somos una institución administrativa cuando hay una relación de consumo”, aclaró.

Apuntó también a la esfera judicial, afirmando que el ente “no se puede superponer a la esfera judicial”. Dejó en claro que, si bien la iniciativa fue pensada por el escándalo de la “mafia de los pagarés”, no se puede avalar una ley mal redactada.

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El defensor general, Javier Dejesús Esquivel González, junto a un equipo de defensores públicos, acompañó a un grupo de víctimas al Juzgado de Paz de La Encarnación para conocer el estado de sus expedientes y promover una tramitación más ágil y oportuna.

Durante la jornada, la magistrada recibió a las personas afectadas, quienes estuvieron acompañadas por la coordinadora de su grupo. La jueza escuchó sus inquietudes y manifestó su compromiso de impulsar una gestión orientada a brindar respuestas rápidas.

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Posteriormente, el coordinador de la Defensa Pública Civil de Capital, defensor público Pablo Constantini, y la vicecoordinadora, defensora pública Leyla Centurión, asistieron a las víctimas en las gestiones realizadas ante la sede judicial, brindándoles orientación durante el seguimiento de sus casos.

En ese contexto, también se expuso la necesidad de fortalecer los recursos materiales del juzgado, considerando que las carencias actuales inciden directamente en la celeridad de los procesos.

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En el marco del debate sobre la reforma de la Caja Fiscal, impul­sada por el gobierno del man­datario Santiago Peña, el titular de la Comisión Per­manente del Congreso Nacional, Colym Soroka, instó a los gremios que rechazan el pro­yecto a presentar propues­tas alternativas ante un emi­nente colapso.

“Tienen que entender que debemos buscar una solu­ción al problema, las cajas fiscales ya no aguantan más, tiene un agujero muy grande y rechazar el proyecto no nos ayudará a solucionarlo, eso sería demasiado senci­llo”, sostuvo a los medios de comunicación.

El senador acotó: “Todas las propuestas que hagan serán remitidas a la Cámara de Dipu­tados en donde será tratada previamente. Les decimos a los gremios que hagan sus pro­puestas porque algunos solo vienen agresivos diciendo que no comenzarán por ejemplo las clases, este es un momento de debates, no de discusiones, donde las propuestas deben prevalecer ante las amenazas”.

Las afirmaciones de Soroka surgen ante el rechazo al pro­yecto ejecutivo por parte de algunos sectores, como el de los docentes, donde uno de sus principales representan­tes, el sindicalista Silvio Piris, amenazó con la aplicación del voto castigo en las elec­ciones municipales del pre­sente año, en caso de pros­perar la reforma.

Entre los puntos destacados del proyecto figuran la jubi­lación gradual que irá desde los 57 hasta los 62 años, con incentivos para quienes deci­dan trabajar más tiempo, aumentando la tasa de sus­titución. El aporte subirá del 16 al 19 %. Asimismo, en el proyecto se menciona que el Estado comenzará a aportar de forma proporcional, ini­cialmente con un 3 %.

En la propuesta se cita que se promediarán los aportes de los últimos 5 años para la jubilación. Se establece que no se modifican las edades de jubilación para los médicos y funcionarios administra­tivos del servicio civil. Deta­lla que tampoco se incluye la jubilación parlamentaria.

Desde el Ministerio de Econo­mía y Finanzas, encabezado por Carlos Fernández Valdo­vinos, se informó que en los últimos cinco años, la Caja Fiscal acumuló un déficit de aproximadamente USD 1.380 millones. Mientras que, al cierre de 2025, el balance anual de la Caja Fiscal alcanzó los USD 380 millones. “El minis­tro de Economía se mues­tra muy abierto a escuchar las propuestas de los secto­res, entonces por qué entrar antes de tiempo a los araña­zos, debemos debatir con pro­fundidad esta cuestión porque no hay forma de sostener este modelo”, dijo Soroka.

Tanto policías como militares jubilados plantearon la necesidad de un aporte estatal del 14 %, mientras que el proyecto de reforma contempla únicamente un 3 %.

Los representantes de gre­mios de militares y policías manifestaron su rechazo a la iniciativa, considerando que propone establecer una edad mínima de 57 años para la jubilación de los agentes de las fuerzas públicas. Asimismo, plantean elevar de 15 a 20 años el aporte mínimo requerido para la jubilación del sector militar, y de 10 a 20 años para los agentes policiales.

Tanto policías como militares jubilados plantearon la nece­sidad de un aporte estatal del 14 %, mientras que el proyecto de reforma contempla única­mente un 3 %. En esencia, la propuesta establece una tasa de aporte total del 22 % sobre la remuneración imponible: 19 % a cargo del trabajador y 3 % a cargo del Estado como empleador, figura que hasta ahora no estaba contemplada.

Tras la reunión, el diputado colorado Néstor Castellano señaló que esta propuesta genera preocupación en los sectores afectados, pero que la Comisión Permanente mantendrá sus puertas abier­tas para escuchar sus plan­teamientos. El legislador indicó que buscarán contri­buir al análisis del proyecto, recordando que ya recibieron al sector docente y al de poli­cías y militares.

“Corresponde tomar nota y analizar con los senadores y diputados la pertinencia de las sugerencias realizadas por los sectores afectados con esta reforma de la Caja Fiscal”, manifestó.

Por su parte, la diputada Bet­tina Aguilera expresó que mediante un diálogo respe­tuoso se podrá llegar a un acuerdo con los gremios invo­lucrados, evitando así medi­das de fuerza como el atraso del inicio de clases.

“Es natural que tengan este temor. Lo que queremos garantizar desde la Comi­sión Permanente es que habrá tiempo para seguir anali­zando esta propuesta”, indicó.

Hoy, a partir de las 9:30, está prevista la primera sesión ordinaria de la Comisión Per­manente del Congreso en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores.

Participará como invitado especial el ministro de Eco­nomía y Finanzas, Dr. Car­los Fernández Valdovinos, quien continuará el proceso de socialización del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

Durante la jornada, el titu­lar de la cartera realizará una exposición técnica sobre la iniciativa legislativa, brin­dando detalles sobre sus alcances, fundamentos y objetivos.

También fue invitado el sena­dor Rafael Filizzola, en su carácter de presidente de la Comisión Especial de Inves­tigación de carácter transito­rio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”.

La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, acusó y pidió juicio oral para los ujieres Edgar Fabián Ayala Melo y Alfredo Samudio Benítez, acusados en el caso conocido como la Mafia de los pagarés. Los mismos trabajan en el juzgado a cargo de la exjuez Nathalia Garcete. En su momento el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, había dado trámite de oposición al requerimiento del Ministerio Público que se allanó a una suspensión condicional del procedimiento los dos ujieres.

Ayala y Samudio se desempeñaban como ujieres del Juzgado de Paz de “La Catedral”, Segundo Turno, de la capital, a cargo de la exjuez Nathalia Garcete. Los mismos fueron acusados ya que, en el marco de expedientes tramitados, elaboraron informes a través de los cuales manifestaron que se constituyeron en los domicilios de las personas demandadas y que las notificaron de las demandas, sin embargo, tales notificaciones no fueron efectuadas.

La acusación señala que varios documentos que fueron ingresados por funcionarios judiciales a diversos juzgados habrían sido incorporados a expedientes sin cumplir con los protocolos administrativos, sin firma responsable o con características que levantaban sospechas de alteración. Entre las pruebas detalladas en el requerimiento, se mencionan cédulas, notas y anexos que ingresaron en sobres cerrados, sin constancia de recepción y sin respaldo que permitiera establecer con claridad su origen.

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La representante fiscal sostiene en su acusación que la falta de trazabilidad y la ausencia total de registro en el sistema electrónico del Poder Judicial permitieron que los documentos cuestionados circularan sin control. Esta situación, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, vulnera directamente la integridad de los expedientes y podría configurar la comisión de hechos punibles con un impacto directo en el correcto funcionamiento de la administración de justicia.

Asimismo, la acusación describe que varios documentos presentaban sellos borrosos, inconsistencias en la numeración y ausencia de firmas funcionales, elementos que, según el análisis preliminar, serían indicativos de posible fabricación posterior o incorporación irregular. La Fiscalía fundamentó su requerimiento citando informes técnicos, declaraciones testimoniales, constancias administrativas y la estructura de ingreso oficial de documentos, cuyo incumplimiento quedó acreditado en el expediente.

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