La jueza de la Niñez y la Adolescencia de Fernando de la Mora, Shirley Vanessa Arévalos, resolvió rechazar la medida cautelar solicitada por la familia de un estudiante que buscaba asistir a clases con uniforme femenino, en el marco de un conflicto suscitado en un colegio fernandino.

La resolución judicial, que generó repercusión en redes y en distintos ámbitos sociales, establece que no se acreditó la existencia de una vulneración concreta de derechos del adolescente, quien se identifica como trans y deseaba utilizar el jumper escolar durante la exposición de su trabajo final.

Antecedentes del caso

El conflicto se originó luego de que la dirección del colegio negara el pedido del alumno para vestir el uniforme femenino durante la actividad académica. La madre del menor denunció la situación y presentó un recurso judicial alegando discriminación, argumentando que su hija debía poder vestir conforme a su identidad de género.

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En respuesta, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la institución educativa sostuvieron que el reglamento escolar establece normas uniformes que deben ser cumplidas por todos los estudiantes, sin distinción de género registral.

El caso generó un amplio debate público, con posturas encontradas dentro de la comunidad educativa y en redes sociales. Algunos sectores defendieron el derecho del alumno a expresarse según su identidad autopercibida, mientras que otros respaldaron la autoridad institucional para mantener el cumplimiento de las normas internas.

Fundamentos de la decisión

En su resolución, la magistrada Arévalos concluyó que no se configuró un acto de discriminación ni una lesión a los derechos fundamentales del menor, y que las medidas adoptadas por la institución educativa se ajustan al marco normativo vigente.

La jueza sostuvo que, si bien debe prevalecer el interés superior del niño, este principio no implica desconocer la autoridad institucional ni el derecho de los centros educativos a regular su disciplina interna, siempre que las disposiciones sean generales y no se apliquen con arbitrariedad o trato degradante.

Marca precedente

El caso reabre el debate sobre los límites entre las normas escolares, la identidad de género y los derechos individuales de los estudiantes.

Diversas organizaciones y actores del sector seguirán de cerca la evolución del caso, que podría eventualmente escalar a instancias superiores si la familia decide apelar la decisión.

Mientras tanto, la jueza Arévalos recibió el respaldo de distintos sectores ciudadanos que destacaron su apego a la ley y su equilibrio en una causa de alta sensibilidad social, donde el derecho, la educación y la identidad se cruzan en un terreno que desafía los marcos tradicionales de interpretación jurídica.

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