El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá estudiar si corresponde iniciar un enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones contra los jueces de Sentencia de Central, Dina Marchuk, Julio Granada y Letizia de Gásperi. La acusación fue presentada por Graciela Beatriz Pintos Orué y Óscar López, padres de Axel Fabián López Orué, un joven que había sido condenado a 12 años de cárcel en un caso de supuesta coacción sexual y otros delitos, cuya sentencia fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación.

La acusación, que ya fue admitida por el órgano juzgador de magistrados, refiere que los citados magistrados desconocieron la ley y demostraron una clara ignorancia en la aplicación de la Constitución Nacional. Según los denunciantes, esto quedó en evidencia durante el juicio oral, en el que se dictó la condena de 12 años sin contar con elementos de prueba suficientes, incurriendo en una abierta violación de las garantías constitucionales y procesales que tutelan el debido proceso.

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Del mismo modo, la acusación señala que los jueces admitieron de forma irregular pruebas que ya habían sido rechazadas previamente, vulnerando el desarrollo legal del juicio. Ahora, los integrantes del JEM deberán evaluar si corresponde iniciar el enjuiciamiento formal contra los tres magistrados. De ser así, también tendrán que definir si el proceso se realizará con la suspensión de sus funciones o si, por el contrario, se rechaza la acusación presentada.

Igualmente otro hecho irregular que habría cometido el Tribunal de Sentencia es que el joven Axel López estuvo con arresto domiciliario 8 años 4 meses y fue privado de libertad 4 meses 11 días a hasta que se anuló la condena y volvió a recuperar su libertad.

Por pedido de la abogada Noelia Núñez, querellante en el presente proceso penal, se pospuso el nuevo juicio oral y público que debe enfrentar el joven Axel López. La citada profesional del derecho presentó un certificado médico justificando su pedido de posponer la audiencia oral.

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Este lunes 7 de setiembre, a las 7:00, continúa el juicio oral contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en una etapa clave del proceso por cohecho pasivo agravado. La audiencia se reanudará bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego del incidente protagonizado por el exfuncionario en que habría amenazado a los fiscales que sostienen la acusación en su contra.

Esta medida de seguridad se viene aplicando desde la última sesión del juicio oral, luego de que el Tribunal de Sentencia tomara conocimiento de las presuntas amenazas efectuadas por Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, en los pasillos del Poder Judicial. Por disposición de los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete se estableció que los agentes fiscales estén acompañados de fuerte custodia policial.

El exministro Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, luego de la presentación que hicieron los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia y Jorge Arce, el 16 de agosto del 2023.

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Los fiscales sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo pleno conocimiento de las intenciones del presunto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua (actualmente detenido en Brasil) de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.

Durante el juicio oral, la Fiscalía tuvo oportunidad de exponer su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.

La reacción y amenaza de Giuzzio a los fiscales sucedió al concluir una audiencia del juicio público y oral en que el exviceministro de Seguridad Interna, Pablo Ríos, prestara nuevamente declaración y complicara aún más al acusado sobre su presunto vínculo narco.

De acuerdo a las declaraciones de la fiscal Valdez, el testigo declaró durante 4 horas aproximadamente. Entre lo que resaltó como relevante es que se exhibieron comunicaciones (mensajes de textos) en que el exviceministro Ríos tuvo con el señor Marcus Vinicius.

“Él reconoció estas comunicaciones y entre la información que se exhibió estuvieron fotografías de vehículos, que él reconoció que eran de la Policía Nacional y que esos vehículos fueron reparados efectivamente por el señor Marcus Vinicius a través de su empresa y que él dijo que uno de los vehículos iba a ser apadrinado (o patrocinado). Aparte de eso, también reconoció otras comunicaciones que tuvo con él, que estos vehículos estuvieron en su empresa. Reconoció una filmación donde estaba uno de estos vehículos”, relató la fiscal.

Remarcó que estos datos son brindados por el testigo, son relevantes porque se sostiene efectivamente que se recibieron beneficios de Marcus Vinicius a cambio de futuras licitaciones. En diciembre de 2021, el exministro abdista organizó en sede de la Fope una muestra de equipos del empresario brasileño para la Policía Nacional.

Giuzzio fue destituido el 22 de febrero de 2022 como ministro del Interior por el escándalo de usufructuar un vehículo particular de la esposa del capo brasileño, luego de que el suyo tuviera fallos durante un viaje de vacaciones a Brasil. La investigación encontró una serie de chats entre ambos, desde julio de 2021 a febrero de 2022, que acabó cuando Marcus Vinicius fue detenido en un operativo antidrogas desplegado por Brasil y Paraguay.

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Los abogados paraguayos volverán a las urnas el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 para elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM), en unos comicios que definirán a dos miembros titulares y dos suplentes del gremio para el periodo 2026-2029.

Según informaron desde la Corte Suprema de justicia este jueves, la convocatoria electoral cobró forma definitiva luego de que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aprobara, mediante la Resolución N.º 196/2026, el cronograma que regirá el proceso. La jornada de votación se extenderá de 07:00 a 17:00, en los locales que serán habilitados por la Corte en las distintas circunscripciones electorales del país.

El calendario contempla como uno de sus primeros hitos el 9 de octubre, fecha establecida para la presentación de las listas de candidatos, proponentes y apoderados generales ante la Secretaría Judicial del TSJE. Las candidaturas deberán contar con el respaldo de los proponentes y cada lista tendrá que designar dos apoderados titulares y dos suplentes.

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Para la elección se prevé la utilización de 200 mesas receptoras de votos, con máquinas de votación distribuidas tanto en Asunción como en los diferentes departamentos. Los abogados que figuren en el padrón y estén habilitados podrán sufragar en cualquiera de las circunscripciones electorales habilitadas, pero solo una vez y en un único local.

La Corte Suprema ya había convocado en marzo pasado a los profesionales de la matrícula para escoger a dos representantes titulares y dos suplentes, en cumplimiento de la Ley N.º 296/1994. La organización del proceso hasta el día de los comicios corresponde a la máxima instancia judicial, mientras que la realización de las elecciones y su juzgamiento están a cargo del TSJE.

El Consejo de la Magistratura está compuesto por ocho miembros, provenientes de distintos sectores del Estado, del ámbito jurídico y académico. La integración vigente incluye a:

• Gerardo Bobadilla Frizzola, representante de los abogados y actual presidente del CM.
• Enrique Berni Brítez, representante de los abogados.
• Luis María Benítez Riera, ministro de la Corte Suprema de Justicia y representante de la máxima instancia judicial.
• Alicia Pucheta, representante del Poder Ejecutivo.
• Édgar López Ruiz, representante de la Cámara de Senadores.
• Édgar Olmedo Silva, representante de la Cámara de Diputados.
• Gustavo Miranda Villamayor, representante de la Universidad Nacional y vicepresidente del Consejo.
• César Ruffinelli Buongermini, representante de una universidad privada.

La actual composición experimentó un cambio importante este año con el reemplazo del ministro Eugenio Jiménez Rolón por Luis María Benítez Riera como representante de la Corte Suprema.

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Ante las presuntas amenazas efectuadas por Arnaldo Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, el juicio oral y público contra el exministro del Interior se reanudó este martes 1 de setiembre bajo una fuerte custodia policial. Acusado por cohecho pasivo agravado, el exfuncionario fue captado durante un cruce contra los agentes de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Este tipo de situaciones solo se observa cuando son juzgados peligrosos delincuentes vinculados con las mafias, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

La fiscal Valdez, desde el ingreso a la sede judicial, fue custodiada por varios uniformados para evitar cualquier tipo de roces o agresión física que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado que es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil.

En la ocasión, la agente puso a conocimiento del Tribunal de Sentencia, que integran los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete; la situación de amedrentamiento protagonizada por Giuzzio, al término de la audiencia anterior, alegando que “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desafiante y desmedida como se puede apreciar a través de filmaciones de medios de comunicación que registraron la situación, esto sucedió al culminar la audiencia. Atendiendo que ya se presentaron situaciones similares solicitamos al tribunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”.

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La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes 24 de agosto el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vinculado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros testigos claves que se desempeñaron como funcionarios de la empresa Ombú S.A. del capo narco.

El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abranlena chamigo una causa, tenganna huevos. Yo estoy súper concentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse después”, dijo el acusado al reclamar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.

“Este tribunal ha tomado conocimiento, se le ha informado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido hemos tomado como medidas mantener la seguridad tanto dentro como fuera de la sala y ya están previstas todas las situaciones para que en adelante contemos con la debida seguridad. Le recuerdo a todas las partes que debemos comportarnos, mantener el respeto entre todos y no se permitirá falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Planás.

La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.

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