El gremio de jueces participó de una reunión con técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta es la primera convocatoria para debatir sobre el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, según manifestó el magistrado Carlos Hermosilla, coordinador de Jueces de Sentencia de la Capital.

Durante la reunión, representantes de los gremios judiciales expusieron a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas los principales puntos que consideran relevantes respecto a la propuesta de modificación normativa del sistema jubilatorio administrado por la Caja Fiscal, con el objetivo de resguardar los intereses del sector.

En ese contexto, el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), doctor Delio Vera Navarro, explicó que el diálogo se centró principalmente en el capítulo de la propuesta que involucra al ámbito judicial. Señaló además que, según la postura del gremio, el régimen correspondiente ha registrado superávit, por lo que se plantea mantener el aporte del 16 % y la gradualidad actualmente vigente.

Asimismo, indicó que las propuestas elaboradas por los gremios fueron remitidas a senadores nacionales y al Ministerio de Economía y Finanzas para su consideración en el proceso de análisis del proyecto.

En el encuentro participaron también el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP), Ángel Cohene; el juez del Tribunal de Apelación en lo Laboral, Jorge Barboza; el juez de Sentencia, Carlos Hermosilla; el presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (ADEPPY), Adrián Arévalos Ayala; y Ángel Benavente, de la Dirección General de Abogacía del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros representantes.

El gremio de jueces participará de una reunión con técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta es la primera convocatoria para debatir sobre el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, según manifestó el magistrado Carlos Hermosilla, coordinador de Jueces de Sentencia de la Capital.

“Nosotros somos muy respetuosos, siempre estamos elevando nuestra voz en forma muy educada y nada prepotente. Y por lo visto no está surtiendo el efecto correspondiente en la manera en que venimos manifestándonos”, señaló a la 650 AM.

En este punto, el juez valoró la apertura del Ministerio de Economía que los convocó a la primera reunión para analizar la propuesta legislativa con media sanción en la Cámara de Diputados.

“Hoy sin embargo debo ser sincero y decir que nos encontramos con la grata sorpresa de que fuimos convocados los gremios del poder Judicial para participar en el Palacio de Justicia de una reunión con los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas”, añadió.

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El juez Hermosilla lamentó que hasta el momento no fueron llamados por el Senado para analizar el tema, por lo que consideró como “un ninguneo inexplicable e irrazonable para la familia judicial”.

“Es de público conocimiento que los senadores están en vigilia permanente por los docentes. Yo estoy tentado inclusive a recurrir al señor Piris a conseguir audiencia con el Senado, porque él consigue lo que quiere”, afirmó.

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Los fiscales Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González presentaron acusación contra el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otras once personas por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa en el marco de la causa conocida como ollas populares. Los agentes requirieron al Juzgado Penal de Garantías n.° 2 de Ciudad del Este elevar la causa a juicio oral y público.

En su pedido conclusivo, la Fiscalía afirma que existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este.

De acuerdo a las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a Voluntarios de Ollas Populares” y “Apoyo a Voluntarios Organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí. A pesar de esta situación, ambas fueron reconocidas mediante una resolución firmada por el líder del Partido Yo Creo el 10 de junio del año 2020.

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La Fiscalía refiere también que en ese contexto se gestionaron y obtuvieron aportes por G. 155.000.000 y G. 156.580.000 sin que existiera una contraprestación real. Para justificar los desembolsos, se habrían utilizado facturas emitidas por empresas que presuntamente no realizaron las operaciones comerciales declaradas. Asimismo, se verificó que los pagos se efectuaron en la misma fecha, registrándose coincidencias temporales entre las solicitudes, las autorizaciones, la emisión de facturas y el cobro de los cheques.

De acuerdo a la información proveída desde el Ministerio Público esta situación evidenciaría la existencia de un esquema organizado para el desvío de los recursos económicos de la municipalidad esteña.

A la vez, el órgano extrapoder calificó al esquema montado por funcionarios municipales y particulares como un “mecanismo estructurado, sistemático y organizado" con el fin de canalizar fondos públicos hacia entidades sin fines de lucro ficticias o instrumentalizadas.

Además de Prieto fueron imputados Sebastián Martínez Ins­frán, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; Francisco Arrúa, director de Admi­nistración y Finanzas; Nel­son Alexis Segovia Acevedo, tesorero; Jorge Rivas Rivas Aponte, funcionario; Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la Subcomi­sión de Apoyo a voluntarios de ollas populares; Marcos David Galeano Fernández, secretaria de la Subcomisión de ollas populares.

La lista de imputados sigue con Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la Subcomisión de la olla popular; Luana Magda­lena Silva, José Augusto Car­denas, Aníbal Pérez y Adriana Paola Martínez.

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El agente fiscal de Coronel Bogado, Rodolfo Colmán, junto a los agentes fiscales coadyuvantes Ever Williams, Giovanna Vera, Lorena Castelvi, Angelina Arriola, Zulma Britos, Francisco Martínez, Griselda González, Rocío Valdez y Enrique Fornerón, encabezó este sábado una serie de allanamientos simultáneos en el marco de la investigación por el asalto a la empresa Algisa.

Las diligencias se realizaron en las localidades de San Pedro del Paraná, Alto Verá, Carlos A. López, Encarnación y Yuty (departamento de Caazapá), y derivaron en la detención de dos personas, además de la incautación de armas de fuego y otras evidencias de interés para la causa.

Entre los objetos incautados estan; armas de fuego: una escopeta calibre 12 mm; dos pistolas calibre 9 mm; un revólver calibre .38. Cartuchos vivos sin percutir de diferentes calibres. Once teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

Prendas de vestir varias (tácticas, camufladas, quepis, sombreros y guantes). Accesorios para armas de fuego.Seis pistoleras. Tres maletines con accesorios para pistola.Dos DVR. Dos radios walkie-talkie.Una motocicleta.

Los procedimientos se llevaron a cabo con el acompañamiento de personal del Departamento de Investigación de Delitos y el apoyo de las agrupaciones FOPE, GEO y LINCE, quienes brindaron resguardo y protección a las comitivas fiscales durante el desarrollo de los operativos.

Las evidencias incautadas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para su análisis, en tanto continúan las diligencias investigativas para el esclarecimiento total de los hechos.