La medida obedece a la afectación directa de los fondos que la entidad mantenía depositados en ueno bank SA, así como a la exposición patrimonial de los recursos transferidos a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (FPTI-PY) para la ejecución de proyectos específicos.

La representación legal de la binacional está ejercida por el abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón, bajo el patrocinio de la directora jurídica ejecutiva, Abg. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda.

En el escrito se fundamenta la legitimación activa de Itaipú tanto por la titularidad de los depósitos directos como por su condición de instituyente del origen de los fondos transferidos a la FPTI-PY, cuya indisponibilidad o pérdida impacta directamente sobre sus intereses patrimoniales y la continuidad de las obras convenidas.

La acción penal se fundamenta en la presunta comisión de los hechos punibles de estafa (artículo 187 del Código Penal), lesión de confianza (artículo 192), conducta indebida en situaciones de crisis (artículo 179) y violación del deber de llevar libros de comercio (artículo 181).

Itaipú solicitó formalmente la incorporación del pedido a la causa conexa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, con el fin de evitar la duplicación de actuaciones y preservar sus derechos dentro del proceso.

Asimismo, la entidad hizo expresa reserva de promover querella adhesiva, ejercer la acción civil resarcitoria y ampliar la denuncia a medida que se acceda a los resultados de las pericias contables y la documentación bancaria.

Este sábado, el Ministerio de Justicia confirmó que se reportó un principio de incendio en el Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, pero la situación está 100 % controlada. Se presume que se originó por un cortocircuito y se activó el protocolo de evacuación preventiva.

Según el reporte de la cartera estatal, el fuego se inició pasada las 2:00 de esta madrugada y requirió la intervención de los Bomberos Voluntarios de Emboscada, quienes lograron controlar el principio de incendio cerca de las 5:00 de hoy. Además, informaron que no se reportaron heridos ni víctimas que lamentar.

El interventor del establecimiento y el jefe de seguridad coordinaron la activación inmediata del protocolo de emergencia que obligó a la evacuación del área. Así también, convocaron al cuerpo de bomberos de la ciudad, cuyos equipos acudieron al lugar para realizar las tareas de extinción y enfriamiento.

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“Como medida preventiva, se dispuso la evacuación temporal de los sectores de Sanidad, Admisión y Monitoreo, a fin de resguardar la integridad física de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario. El incidente dejó únicamente daños materiales”, expresaron en un comunicado.

El Ministerio de Justicia continuará con los procedimientos institucionales e investiga las causas del hecho y evalúan los daños en la infraestructura del penal. De manera preliminar, no se descarta que el hecho haya sido ocasionado por un cortocircuito en el sistema eléctrico.

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La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.

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El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.

Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.

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La Fiscalía de Encarnación, departamento de Itapúa, exigió a la Policía Nacional un informe detallado sobre la desaparición una joven de 24 años que fue vista por última vez el pasado 24 de octubre. Emplazó a los intervinientes a remitir las actuaciones en un plazo de 24 horas y activó los protocolos de localización.

Tras la denuncia formulada por los familiares de Jéssica Paola Cáceres González, de 24 años, la agente fiscal Raquel Bordón de la Unidad Penal n.° 7, intimó a la comisaría a reportar las diligencias investigativas bajo los artículos del Código Procesal Penal.

Solicitó que se le informe de inmediato si ya se dispuso de manera formal el ordenamiento de búsqueda y localización de la víctima en el sistema policial. De no ser así, instruyó a que se proceda a su inmediata ejecución en cumplimiento estricto de los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas.

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Fijó un término de 24 horas para la remisión del cuadernillo de actuaciones desde la recepción legal del pedido. La causa penal permanece abierta con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero de la joven, que se encuentra desaparecida desde el pasado 24 de octubre en el barrio Itá Paso, en el departamento de Itapúa.

Al momento de su desaparición, Jéssica vestía una remera y un pantalón, ambos de color negro. Instan a la ciudadanía en general que ante cualquier dato, sospecha o información que pueda conducir al paradero de la joven sea reportado de manera urgente al (0986) 760 083, al sistema 911 o acudir a la comisaría más cercana.

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