- Ciudad del Este. Agencia regional
Una funcionaria de la Municipalidad de Los Cedrales que se desempeñaba como cajera, desviaba supuestamente millonarios montos de los recursos comunales, según la imputación presentada por la fiscal Viviana Sánchez, titular de la Unidad Penal Nº 2 de Presidente Franco.
La mujer, de 41 años, está procesada por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, exacción, producción de documentos no auténticos y apropiación. La investigación se inició con la denuncia de las autoridades municipales después de que se detectara que la cajera habría cobrado impuestos a varios contribuyentes entre marzo de 2023 y noviembre de 2024.
El modo de operación consistió en generar facturas por montos mayores, sellándolas como pagadas y luego anulando los documentos en el sistema informático, sin tener los duplicados.
Inmediatamente, la imputada volvía a emitir nuevas facturas por el mismo concepto, pero por montos menores, que sí ingresaban a la caja municipal, según refiere el acta de imputación fiscal. Asimismo, la cajera elaboraba supuestamente duplicados de facturas anuladas sin numeración válida, para apropiarse de la diferencia.
La estimación de los montos no ingresados es de 50.927.958 de guaraníes. El Ministerio Público también documentó inconsistencias en comprobantes de ingresos de contribuyentes, constatando que varias facturas originales fueron sustituidas por otras de menor cuantía. Algunos pagos quedaban registrados como anulados, pese a haber sido abonados.
La contadora y otras funcionarias aportaron informes que fundamentan la presunta irregularidad en el manejo de fondos públicos, según el escrito fiscal.
En el marco de la investigación, también declararon como testigos funcionarios municipales y contribuyentes, verificando la existencia de pagos realizados y facturas anuladas sin duplicado. La imputada fue convocada para su declaración indagatoria, pero se abstuvo.
La Fiscalía consideró que no existen indicios de peligro de fuga ni de obstrucción al proceso, por lo cual solicitó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, estableciendo medidas de control como la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y otras exigencias, de conformidad con la Ley N° 6350/19.
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