En mayo de 2026, se registró el nivel más alto en cantidad de trabajadores asalariados del sector privado registrados en el régimen general del Instituto de Previsión Social (IPS), que llegó a 842.023. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, destacó el número que se está dando a casi tres años del inicio de este gobierno.

“Histórico. El empleo formal en nuestro país alcanza un récord con 842.023 cotizantes en IPS. Un logro que demuestra la solidez de nuestra economía y el gran esfuerzo del sector privado en alianza con el Gobierno del Paraguay”, expuso Alliana a través de sus redes sociales.

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El vicepresidente sostuvo que el crecimiento económico también viene de la mano con la generación de empleo en el país, con inversiones e instalaciones de industrias, un atractivo que Paraguay está experimentando en la actualidad.

“Cuando nuestra macroeconomía crece con pronósticos aún más auspiciosos, las empresas tienen la previsibilidad necesaria para proyectar contrataciones a largo plazo en lugar de recurrir al empleo informal o temporal. Confianza”, manifestó el segundo del Ejecutivo.

De acuerdo con los datos publicados, son 842.023 trabajadores cotizantes en el Instituto de Previsión Social (IPS) a mayo del 2026. En lo que respecta al crecimiento acumulado, más de 134.385 nuevos empleados formales acumulados entre junio del 2023 y mayo del 2026, y se registra una variación interanual más de 48.809 incorporaciones entre mayo del 2025 y mayo del 2026, más del 6,2 % de crecimiento interanual, por encima de la meta del 6 % de la Estrategia de Formalización del Empleo.

Esta semana, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó con estos resultados que el empleo formal en Paraguay continúa mostrando señales de crecimiento sostenido. Según un informe elaborado por el Observatorio Laboral del MTESS, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Social y con datos del IPS, entre julio de 2023 y mayo de 2026 la cantidad de cotizantes del régimen general pasó de 707.638 a 842.023 trabajadores.

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En la curva de notificaciones de casos sospechosos de dengue se observa una tendencia al descenso, pero la positividad de afectados en las últimas semanas registró un leve aumento con relación a la semana anterior, reportó ayer el Ministerio de Salud. El promedio actual de notificaciones de cuadros sospechosos es de 129 por semana.

El reporte actualizado de Vigilancia de la Salud muestra que, en los últimos 21 días, desde la semana (SE) 22 a la (SE) 24 (24 de mayo a 20 de junio), se contabilizaron 18 casos con diagnóstico de dengue, en tres regiones del país: Asunción (11), Central (6) y Paraguarí (1), donde se identificó el serotipo DENV-1.

Se registraron 5 personas hospitalizadas por dengue, procedentes de Asunción (4) y Central (1). No se confirmaron casos fallecidos en las últimas semanas. El brote de dengue que afecta al municipio de Limpio presenta un leve descenso de notificaciones, con 3 casos reportados en las últimas semanas.

Las regiones del país que han presentado aumento de notificaciones en las últimas semanas son: San Pedro, Paraguarí, Caaguazú y Canindeyú. A la fecha, el acumulado oficial asciende a 274 los casos con diagnóstico de dengue en Paraguay, en lo que va del 2026.

En tanto, se reportó un caso de chikungunya en el departamento Central, en San Antonio, en la (SE) 22. En lo que va del 2026, son 17 los casos confirmados de chikungunya en el territorio nacional, tres de ellos, importados de Bolivia. La prevención de los criaderos de mosquitos es primordial para disminuir la propagación de casos de dengue, chikungunya y otras arbovirosis.

El presidente centroderechista de Bolivia Rodrigo Paz anunció que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, bastión político del exmandatario Evo Morales, donde los seguidores del líder izquierdista impiden la ejecución de una orden de captura en su contra. Paz acaba de superar la crisis política más grave de su corta gestión iniciada en noviembre pasado. Durante siete semanas, indígenas, obreros y cocaleros manifestaron y bloquearon carreteras para exigir su renuncia por la crisis económica.

“Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece”, declaró ayer miércoles Paz, durante un aniversario de la policía. “Algunos creen que no es territorio boliviano que es territorio de algunas organizaciones”, añadió en referencia a la región cocalera del Chapare, según aclaró posteriormente la Presidencia. Aseguró además que “todo volverá a la patria”. “Aquí no hay dueños, ni de territorios, ni de sectores”, sostuvo.

La autoridad decretó el sábado un estado de excepción que permitió el levantamiento de los bloqueos. Su gobierno ha señalado al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas y financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin dar pruebas. El exjefe de Estado se encuentra en el poblado cocalero de Lauca Eñe, en el centro del país, desde fines de 2024, cuando la justicia emitió una orden de captura en su contra por un caso de trata de menor que él niega.

Evo Morales anticipó el martes, en una entrevista con la AFP, que, si el gobierno intervenía la región, “aquí va a haber problemas, estamos bien organizados”. Aseguró además que sus partidarios “se van a defender”.

El expresidente sostiene que el actual gobierno, “con toda esta política neoliberal y estado colonial, está forzando que haya una guerra civil”. El Ejecutivo no adelantó fecha para una eventual intervención en el Chapare.

Fuente: AFP.

El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se une a una iniciativa estadounidense sobre la declaración conjunta de respaldo al Gobierno democrático de Bolivia, difundida el 23 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está respaldada por un total de 16 países, en que se manifiesta la preocupación por los últimos bloqueos en la nación andina, dentro de un intento de debilitar su democracia.

El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de Paraguay, los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”, señala el documento.

Continúa: “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad. Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.

“Asimismo, se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Por otra parte, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, agrega.

Puntualiza también el respaldo “al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”.

“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”, concluye.

En una entrevista con la agencia AFP, ayer martes, el expresidente Evo Morales insinuó sobre la posibilidad de “una guerra civil” al acusar al gobierno de Rodrigo paz por su “política neoliberal”, que en noviembre pasado puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda. El exmandatario, en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo, ordenó que se levanten los bloqueos tras decretarse el estado de excepción, el sábado pasado, para emplear las fuerzas armadas para despejar los cortes que generaban un desabastecimiento de alimentos y medicinas.

“No me voy a rendir”, dijo Morales, días después de que el gobierno amenazara con intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba (centro), para capturarlo. “El que negocia su sobrevivencia no es digno”, agregó. La entrevista tuvo lugar en el poblado de Lauca Eñe, tras atravesar varios puestos de control para llegar hasta Morales.

Decenas de seguidores del dirigente cocalero permanecían en los alrededores de su refugio, algunos provistos de armas rústicas. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por un supuesto caso de trata de menor, que él niega y denuncia como “persecución” política.

Pregunta: ¿Cuál es su balance de las últimas semanas de protestas?

Respuesta: Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el estado colonial. Y el resultado es un gobierno sin autoridad. Para mí, esto va a continuar. Esta “mentirocracia” causa mucha reacción del pueblo boliviano.

P: ¿El fin de los bloqueos es un triunfo del gobierno?

R: El gobierno se salvó por prebendas (a sectores) que negociaron a puertas cerradas. Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos.

P: ¿Cree que el gobierno va a intervenir en el Chapare?

R: No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos.

P: ¿Qué hará si intenta hacerlo?

R: Con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno. Yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo. La guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir.

P: ¿Qué responde a la acusación de supuesta trata de menor?

R: Proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto, ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de ‘pedófilo’. A la gente le causa risa.

P: ¿Qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia?

R: Si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión.

P: ¿Apoya el pedido de renuncia del presidente Paz?

R: Se ha generalizado ese pedido. Yo dije que tal vez una salida política constitucional sea convocar a elecciones. Pero nunca hemos pedido la renuncia. Aquí es evitar que se privatice la luz, el agua, la telecomunicación, los recursos naturales, la salud, la educación. Ese es el pedido.

Con información de AFP.