La agente fiscal Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimiy Adle, realizó un procedimiento en la sede del Ministerio Público, Zonal de Emboscada, específicamente de la Unidad N° 1.
El allanamiento se llevó a cabo en cumplimiento al mandamiento judicial con relación a la causa caratulada personas innominada s/ cohecho pasivo agravado, firmado por el juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazu, para la búsqueda e incautación de aparatos celulares pertenecientes a una funcionaria fiscal y de un agente fiscal.
El juez autorizó que se realice copia de los equipos informáticos que pudieran contener información relacionada en la causa mencionada, además de la incautación de celulares, CPU y dinero en efectivo. Todo lo decomisado quedará a cargo del Ministerio Público.
La oficina que corresponde al agente fiscal en cuestión quedó bajo llave. La funcionaria que estaría implicada fue citada para la declaración correspondiente. Cabe señalar que se labró acta de la diligencia y se realizaron tomas fotográficas.
La fiscala del presente caso deberá estudiar si corresponde presentar la imputación contra la funcionaria así como contra el agente del Ministerio Público. En caso de que se presente la imputación se deberá admitir y un juez tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Crimen de Roselín: las pistas apuntan a una posible emboscada planificada
La investigación por el asesinato de Roselín Florentín Gómez, de 14 años, empieza a reconstruir una secuencia de hechos que de acuerdo a la investigación de la Policía y el Ministerio Público, podría ser determinante para establecer si la adolescente fue víctima de un ataque previamente organizado.
El análisis de imágenes de cámaras de seguridad realizado por la división de prensa del canal Telefuturo permitió identificar movimientos realizados antes de la desaparición de Roselín, ocurrida el pasado 31 de julio en Caazapá. En una de las grabaciones aparece Danilo Germán Rodríguez, de 21 años, junto con un adolescente de 16 años, trasladando varias cajas de cartón en una motocicleta.
El desplazamiento se produjo minutos antes de que Roselín abandonara su vivienda, cerca de las 13:30. Posteriormente, ambos se dirigieron hacia un tajamar, lugar al que la adolescente llegaría poco después acompañada por una amiga y compañera de colegio, de 16 años, que también está sospechada de haber participado del crimen.
La coincidencia temporal y la preparación previa del lugar se convierten en uno de los principales elementos que llevan a los investigadores a considerar que el desenlace no habría sido una improvisación. El uso de las cajas, además, adquiere especial relevancia debido a que posteriormente fueron utilizadas para ocultar partes del cuerpo de la víctima.
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Los restos de Roselín fueron encontrados desmembrados y enterrados en una fosa dentro de la propiedad de la abuela de Rodríguez.
La Fiscalía y la Policía buscan determinar ahora qué papel cumplió cada uno de los involucrados y, principalmente, si existió una coordinación previa para atraer a la adolescente hasta el sitio donde finalmente murió.
El informe forense también aporta elementos a la reconstrucción. El médico Pablo Lemir estableció que la causa de muerte fue asfixia por inmersión, luego de que la adolescente fuera sumergida en agua poco profunda. Los signos de violencia y el desmembramiento se produjeron posteriormente, según explicó el especialista. Este es otro elemento que refuerza la hipótesis de una planificación.
Para los investigadores, la forma en que fueron tratados y ocultados los restos podría ser otro indicio para determinar si quienes participaron ya habían contemplado de antemano cómo deshacerse del cuerpo. La principal hipótesis sobre el trasfondo del crimen apunta a los celos que habría tenido el adolescente de 16 años hacia Roselín.
Imputación de tres personas
A raíz de este atroz crimen que conmociona no solo a la comunidad de Caazapá sino a todo el país, dos adolescentes y un joven de 21 años fueron imputados por homicidio doloso según dispusieron los fiscales Carlos Ramírez y Laury Vázquez, que llevan adelante la investigación.
Sin embargo, los investigadores buscan establecer si ese supuesto móvil derivó en una decisión espontánea o si existió una preparación previa que involucró a los tres sospechosos.
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Las investigaciones del Ministerio Público reunieron hasta ahora indicios que relacionarían a los tres sospechosos con el crimen. El joven de 21 años fue procesado bajo la figura de coautoría.
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Fiscalía pide 10, 4 y 3 años a acusados en caso María Fernanda
Se dictaron las penas para personas involucradas directamente al crimen de la joven.
En una decisiva jornada judicial dentro del juicio oral y público que se realiza por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez, el fiscal de la causa, Fermín Segovia, presentó de manera formal los alegatos finales de la representación fiscal. Durante su exposición, el agente del Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 10 años para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, a quien sindica como una pieza clave en la ejecución del crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo.
De acuerdo con los argumentos esgrimidos por el fiscal Segovia, el rol de Rolón Melgarejo no fue secundario, sino que tuvo una participación fundamental en calidad de instigadora. Las investigaciones y los elementos probatorios producidos en el debate oral indicarían que la acusada ejerció una fuerte y directa influencia psicológica sobre el adolescente de iniciales B. S., determinándolo y alentándolo a avanzar con las acciones materiales que finalmente terminaron de forma violenta con la vida de María Fernanda.
Por otra parte, la Fiscalía extendió el pedido de reprochabilidad hacia los demás procesados en la causa, quienes habrían colaborado activamente en la impunidad del hecho. En ese sentido, se requirió la pena de 4 años de cárcel para Franco Antonio Acosta, bajo los cargos de frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.
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Fiscalía imputa y pide prisión preventiva para expresidentes del IPS
El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas.
Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.
Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.
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El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.
Vicente Bataglia fue expresidente del IPS, cuya gestión entre 2022 y 2023 afronta procesos judiciales por supuestos daños patrimoniales e irregularidades administrativas, con un daño patrimonial cercano a los 1,5 billones de guaraníes, según informe de la Contraloría.
Brítez estuvo al frente del IPS entre agosto de 2023 y abril de 2026.
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Juicio a exjueza: Fiscalía podría presentar alegatos finales y pedir los años de cárcel para la acusada
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, acusada de prevaricato por entregar presuntamente más de 310 mil hectáreas de tierras a empresas que serían “de maletín” en la zona de Alto Paraguay. En la fecha, el Ministerio Público podría presentar los alegatos finales y solicitar los años de cárcel para la exmagistrada. En la jornada de este viernes se podría generar la sentencia de primera instancia.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo evaluar los elementos probatorios en el presente juicio oral está integrado por Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz. El fiscal del caso es Cristian Benítez, quien sostuvo la acusación del Ministerio Público y aportó los elementos de prueba.
Por su parte, el abogado Francisco de Vargas, querellante en la causa, señaló: “La exjueza Tania Irún cedió tierras protegidas por la ley de seguridad fronteriza a sociedades offshore sin tener a la vista estatutos que definan el tipo de acciones, lo cual es grave”. Durante la audiencia oral se dio lectura a la traducción de los estatutos de dos firmas extranjeras.
Asimismo, De Vargas sostuvo que de la lectura del texto traducido surge con claridad que las sociedades poseen acciones de carácter endosable, circunstancia que se encuentra expresamente restringida por la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza. Indicó que, con base en el fallo dictado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2021 —resolución mediante la cual Irún fue destituida de su cargo—, queda acreditado que la exjueza no contó con los estatutos de ninguna de las cuatro empresas al momento de resolver el juicio civil.
Igualmente, se destacaron los votos de los ministros de la Corte y exmiembros del JEM, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes concluyeron que Irún cometió mal desempeño en sus funciones al violar la ley de seguridad fronteriza, motivo por el cual fue destituida.
Por su parte la defensa sostiene que no se probó el delito de prevaricato por lo que no puede haber sentencia.
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