El subcomandante de la Policía Nacional, César Silguero, aseguró que los investigadores están por capturar a los presuntos autores del crimen del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el jueves 2 de octubre en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Adelantó que hay avances importantes en las pesquisas que conducirán a la aprehensión de los jóvenes de 18 y 16 años sospechosos del asesinato del militar.
“Nosotros estamos avanzando realmente, tuvimos avances muy importantes en las primeras horas. Están identificados los responsables en principio de acuerdo al informe preliminar presentado ya por una de las unidades a cargo. La búsqueda de estas dos personas es intensa, hay un grupo especial justamente para eso, bajo la dirección del Ministerio Público se está llevando algunas diligencias a fin de poder llegar a los responsables. Y no solamente eso, también estamos trabajando en la conexión con responsables intelectuales de este caso ”, señaló Silguero a los medios de prensa.
Con respecto a la hipótesis que se baraja sobre los autores morales, el nuevo subcomandante de la Policía Nacional se excusó de ahondar sobre el punto, alegando que se está investigando el hecho.
“Se está trabajando, hay varios elementos incautados que están siendo analizados, hay una tarea multidisciplinaria de las unidades especializadas. Fiscales también, varios coadyuvantes están analizando todo lo que tiene que ver con la vinculación que podrían tener estos responsables materiales en principio con la orden recibida por los mismos para llevar adelante este hecho. Eso está en análisis, a mí no me gustaría en este momento ahondar sobre las hipótesis, porque quisiera dejar que se desarrolle la investigación”, puntualizó.
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Identificaciones no atenderá este sábado ni el feriado del lunes por actualización de sistema
El Departamento de Identificaciones permanecerá cerrado este sábado, 28 de febrero, y el próximo lunes 2 de marzo, anunció la Policía Nacional, de manera que la ciudadanía esté informada y no acuda en vano a la institución en estos días.
La sede central, ubicada sobre Boggiani de Asunción, suspenderá temporalmente sus actividades, debido a que se realizará una actualización en el Sistema de Identificación Automática por Huellas Dactilares (AFIS), refirió la Dirección de Relaciones Públicas.
El sistema AFIS constituye una herramienta tecnológica que busca fortalecer los procesos de identificación y seguridad en la emisión de documentos. Se utiliza para identificar e investigar a individuos a través de sus impresiones dactilares.
Todo el fin de semana se llevarán a cabo trabajos técnicos de actualización, incluso puede abarcar el día lunes, según explicaciones del comisario principal León Almirón, asesor jurídico de Identificaciones. “Se va a estar trabajando en la adecuación del sistema”, precisó.
La intención sería migrarlos al nuevo sistema denominado Cadi 7, debido a que el sistema AFIS está llegando a su tope, según palabras del comisario principal Flaminio Mendoza.
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Las personas que necesiten retirar, cambiar o solicitar cédula de identidad, pasaportes, antecedentes policiales, o realizar otros trámites, podrán hacerlo el martes, 3 de marzo, fecha en que se regularizarán las actividades en horario continuado de 6:00 a 21:00.
El lunes, la institución tampoco abrirá sus puertas, a raíz del feriado del Día de los Héroes que se trasladó por decreto presidencial.
Actualmente, la demanda es baja, registrándose la mayor afluencia de usuarios a las 9:00 y a las 13:00, refirió el jefe policial.
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“Las funciones constitucionales de la Policía Nacional siguen intactas”, dice Carlos Benítez
“Las funciones constitucionales de la Policía Nacional siguen intactas”, dijo el Carlos Benítez, comandante de la institución policial, al referirse sobre los alcances del decreto 5.554, el cual dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas en operaciones de defensa interna en el ámbito territorial definido de la región Oriental, incluyendo los ríos nacionales, fronterizos e internos, con la finalidad de garantizar la seguridad interna.
“Acá no se habla de que la Policía Nacional haya sido sobrepasada. Esto viene a ser una tarea conjunta en el ámbito específico de lo que es combatir el crimen organizado, que constituyen elementos armados que puedan representar un riesgo o amenaza directa a la democracia o instituciones legalmente constituidas", indicó en el programa “El Péndulo” de Unicanal.
“Esto tampoco se trata de una militarización, en ningún momento se verá a los efectivos militares trabajando en áreas como la Interpol, en el Comando Tripartito o haciendo tareas de relevamiento, inteligencia u operacionales en casos como el lavado de dinero, la trata de personas. Esta medida apunta a las agrupaciones criminales u organizaciones armadas partiendo del grupo Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y lo que pueda representar su desplazamiento a nivel territorial“, refirió.
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Benítez comentó que el trabajo conjunto también apunta a combatir a otros grupos terroristas internacionales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, ambas de origen brasileño. Antes de la citada resolución presidencial, la capacidad operacional se centraba exclusivamente en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Ñeembucú, Misiones e Itapúa.
“Cuando hablamos de expansión nos referimos a la función territorial de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) o el Centro de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y coadyuvado siempre por el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional”, comentó.
Sospechas de nuevo grupo
Detalló que, de acuerdo a los trabajos de inteligencia, habría sospechas sobre la existencia de un nuevo grupo que desciende del EPP. “Varios de sus miembros fueron dados de baja, cumpliendo penas, pero se investiga y sospecha que habría una nueva generación que también estaría queriendo seguir la misma línea”, dijo el comandante de la Policía Nacional.
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Condenan a 76 años de cárcel a políticos que ordenaron asesinato de Marielle Franco en Brasil
La corte suprema de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión cada uno a dos exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un homicidio que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Rio de Janeiro.
Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.
El exdiputado Chiquinho Brazao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.
Los Brazao, “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este caso que conmocionó a Brasil.
Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.
Según la corte, la mujer fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca.
Familiares suyos reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazao, al terminar este juicio abierto el martes en Brasilia, constató la AFP.
Política, racismo y misoginia
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
El martes la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
“Quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao. La corte, de su lado, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados.
Marielle Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, relató Moraes.
Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.
La investigación se basó en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó una ametralladora contra Franco y que fue condenado a 78 años de prisión por el crimen en 2024.
Error de cálculo
“Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente”, expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la corte suprema.
“¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, enfatizó la jueza. Según la corte, los hermanos Brazao “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.
El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que “los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados”.
- Fuente: AFP
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Sin duda, políticos son culpables de crimen de Marielle Franco, señala Fiscalía de Brasil
La fiscalía de Brasil afirmó que “no hay duda” de la culpabilidad de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, durante el inicio el martes de un juicio, ocho años después de este crimen que conmocionó al país.
Ícono de la causa negra y LGTB y ferviente opositora a las milicias que operan en Rio, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Rio de Janeiro, la ciudad de la que era concejala.
Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes. El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.
La fiscalía acusa al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Rio, de haber ordenado este homicidio.
Con las pruebas presentadas “no hay duda” de la “autoría delictiva” de los hermanos en los homicidios, dijo a los jueces de la corte suprema en Brasilia el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand.
Según la acusación, Franco se oponía en el concejo municipal a propuestas defendidas por los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de Rio.
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Ella misma procedente de una favela, esta referente izquierdista defendía los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.
“Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao”, apuntó el vicefiscal.
Pasar la página de la impunidad
Cuatro magistrados votarán por la condena o absolución en este juicio que se realiza en la sede del máximo tribunal, con la presencia de legisladores y periodistas, constató la AFP.
Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al juicio, al igual que otros miembros de su familia.
Hay que “investigar y castigar”, dijo a periodistas Anielle Franco, antes de entrar en la sala. Debe dejar de ser “admisible que una concejala sea asesinada”, agregó.
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
Beneficiadas por apoyos políticos de alto nivel, se han apropiado además de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales.
“Personas que se consideraban intocables están hoy en el banco de los acusados”, observó Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil. El país, dijo, “tiene una oportunidad de pasar la página de la impunidad”.
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La corte también juzga a otros tres acusados por su presunta implicación en el asesinato: el excomisario Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Rio.
Barbosa está acusado de haber “trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales”.
Acuerdo de colaboración
En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora.
Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de reclusión.
Durante el juicio, Lessa dijo haberse “vuelto loco” con la suma de varios millones de dólares que le ofrecieron para cometer el crimen.
Los hermanos Brazao niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia para confesar.
El juez Alexandre De Moraes será el primero en votar en este juicio, para el que aún está prevista una eventual última sesión el miércoles.
Este magistrado, tan poderoso como divisivo, ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.
- Fuente: AFP
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