Desde el pasado 20 de setiembre, dos paraguayos que viajaron al distrito de Popayán, en Colombia, estaban desaparecidos y posteriormente se supo que fueron secuestrados. Este jueves se confirmó que ambos ya se encuentran bajo custodia de la policía colombiana sanos y salvos.
Según los informes presentados por las autoridades nacionales e internacionales, se trata de Bruno Rodrigo Denis Rodas y Jorge Antonio Pedrozo Amarilla, quienes viajaron en setiembre hasta Bogotá, Colombia y posteriormente se trasladaron hasta la zona de Popayán, al suroeste del mencionado país, con la intención de realizar negocios.
Desde su llegada, los compatriotas habrían sido secuestrados y desde la semana pasada sus familiares empezaron a recibir mensajes y llamadas extorsivas solicitándoles el pago de 50.000 dólares.
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Los familiares en Paraguay informaron a las autoridades correspondientes y las mismas se contactaron con sus pares en Colombia para informar de lo que estaba ocurriendo, abriendo así una línea de comunicación para coordinar y rastrear el movimiento de los paraguayos y las transferencias de dinero realizadas por la familia de los mismos.
El comisario Mario Vallejos, subjefe del Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, explicó que la familia habría transferido una suma menor a la solicitada por los supuestos secuestradores hasta que acudieron a las autoridades por temor a que ambos hombres sean dañados.
Vallejos destacó en conversación con la 1080 AM que fue enviado hasta Colombia un equipo de Antisecuestros para trabajar con sus pares colombianos de manera a dar con los presuntos responsables y esclarecer los hechos.
Remarcó que hasta el momento no se cuenta con un informe final, y no se puede descartar que se trate de un grupo criminal dedicado a efectuar secuestros u otro tipo de grupo delincuencial. En la misma tesitura, indicó que ambos compatriotas se encuentran bajo resguardo policial, siguiendo con el procedimiento indagatorio.
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Dos candidatos al Congreso de Colombia desaparecen en una campaña electoral violenta
Dos candidatos al Congreso de Colombia desaparecieron el miércoles a pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, marcadas por la violencia política, informó este jueves el ministro de Defensa.
El país vive su mayor crisis de seguridad en una década de cara a los comicios, en los que los colombianos también elegirán el sucesor del presidente Gustavo Petro el 31 de mayo.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció la “desaparición” de dos aspirantes a escaños legislativos: Andrés Vásquez, miembro de un partido de derecha que aspira al Senado, y Anita Guetío, una indígena que busca llegar a la Cámara baja.
Vásquez desapareció la mañana del miércoles cuando salía de la casa de su padre en Pelaya, un pueblo del departamento de Cesar (norte), según su esposa. Familiares encontraron su automóvil abandonado.
Por su parte, Guetío perdió contacto cuando se trasladaba el miércoles por una carretera del departamento de Cauca (suroeste), donde operan grupos guerrilleros.
Sánchez no precisó las razones de sus desapariciones. “Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares”, escribió en la red X.
Estos hechos se suman a varios ataques contra políticos en Colombia, donde continúan operando múltiples grupos criminales tras el acuerdo de paz con la guerrilla FARC de 2016.
El 10 de febrero, la senadora indígena Aida Quilcué, que pertenece al partido de Petro, fue secuestrada durante algunas horas en Cauca.
En agosto pasado murió el senador de derecha Miguel Uribe, quien aspiraba a ser candidato presidencial en estas elecciones.
El dirigente opositor fue baleado durante un acto público en Bogotá y las investigaciones apuntan que los autores intelectuales son guerrilleros de una disidencia de las FARC.
Los grupos armados que se financian con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal intentan imponer su control territorial mediante la violencia.
- Fuente: AFP
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Ecuador aumenta aranceles a Colombia al 50 % por no hacer lo suficiente en lucha antinarco
Ecuador elevará del 30 % al 50 % el arancel a las importaciones provenientes de Colombia por considerar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera común, informó el jueves el Ministerio de Producción y Comercio Exterior.
Ambas naciones se aplicaron mutuamente aranceles del 30 % a decenas de productos, en una guerra comercial que inició el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, férreo crítico del gobierno colombiano y aliado de Washington.
La nueva tasa se aplicará a partir del 1 de marzo en Ecuador. “Esta decisión responde a criterios de seguridad nacional, para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”, señaló la cartera en un comunicado.
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Las cancilleres y ministros de la rama de seguridad se reunieron en Quito a inicios de febrero sin lograr un acuerdo concreto para frenar esta disputa arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo.
Tras la imposición del impuesto por parte de Noboa, Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900 % la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.
Ambos países establecieron condiciones para continuar los acercamientos. Entre ellas, Quito pidió a Bogotá erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica.
Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles. En la frontera de unos 600 km operan guerrillas colombianas y organizaciones de los dos países dedicadas al tráfico de drogas, de armas y a la minería ilegal.
- Fuente: AFP
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LN PM: edición del 25 de febrero
Ampliar la operatividad de la FTC no es una militarización, aclara titular de Codena
El contraalmirante Cíbar Benítez, ministro del Consejo de Defensa Nacional (Codena), puntualizó que la intención de ampliar la operatividad de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), fuera de su área de cobertura, no se trata de una militarización, sino de una estrategia de seguridad nacional para contribuir al combate de estructuras criminales.
“Es importante aclarar muchas cosas, se habla de una militarización, de tomar roles policiales y eso no es así. Se trata de un trabajo en conjunto con todas las instituciones del Estado que tengan que ver con la seguridad y defensa”, expresó este miércoles al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Fiscalía deberá contestar hoy los incidentes planteados por Giuzzio al retomar juicio
Este miércoles a las 10:00 se prevé el seguimiento del juicio oral y público al exministro abdista Arnaldo Giuzzio, quien se encuentra acusado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado a raíz de sus presuntos vínculos con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
El proceso comenzó hace ocho días, luego de varias chicanas por parte del extitular del Ministerio del Interior y, en la fecha, se aguarda que la agente fiscal Verónica Valdez conteste los incidentes planteados por la defensa ejercida por la abogada Gilvi Quiñónez.
Mujeres lideran estadísticas de nuevos empleos en Paraguay, reportan
En el marco del Día de la Mujer Paraguaya, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) destaca el crecimiento de las mujeres en el mercado laboral nacional. Actualmente, 1.419.378 mujeres están ocupadas.
De acuerdo con los datos del Observatorio Laboral del MTESS, de un total de 3.297.188 personas ocupadas en el país, 1.419.378 son mujeres, lo que refleja su participación activa y determinante en la economía nacional.
Arroceros piden precisión tras suspensión de riego por bajante del río
Ante la suspensión de extracción de agua del río Tebicuary para la producción de arroz por la bajante del nivel del río hasta nuevo aviso, desde la Federación de Productores de Arroz (Feparroz) mencionaron que la medida debería precisarse, ya que no es justo que se hable solamente de los arroceros, cuando el uso del recurso hídrico involucra a diversos actores y actividades productivas.
Ignacio Heisecke, presidente del gremio, mencionó que cada año se produce el efecto de sequía que coincide con la producción arrocera. Además, en los últimos años la gran mayoría de los productores ha realizado importantes inversiones para adecuarse a las regulaciones vigentes.
Investigan asalto y toma de rehén en casa de cambios en Ciudad del Este
La Policía Nacional investiga el violento asalto con toma de rehén a un local de casa de cambios de Ciudad del Este, Alto Paraná, donde delincuentes se llevaron una fuerte suma de dinero. Afirman que existieron una serie de situaciones que facilitaron el robo, como que no sonó la alarma y el dinero estaba a la vista.
Según el comisario Francisco Rolón, el hecho se reportó durante la tarde de ayer y fue tomado de rehén el gerente del local que estaba por llegar a su vivienda. Así también, se pudo constatar que el dinero no estaba en la caja fuerte como debía.
Familia de Almir de Brum pide prueba de vida
En la mañana de este miércoles, la esposa y la madre de Almir de Brum, productor sojero secuestrado el fin de semana en el departamento de Canindeyú, pidieron a los captores una prueba de vida del hombre. La esposa, Dolly Rocío Giménez, leyó un comunicado y afirmó que están dispuestos a dialogar.
“Con mucho dolor y desesperación les pedimos una vez más que nos envíen una prueba de vida de Almir, sus hijos todas las noches preguntan ¿cuándo va a volver nuestro papá? La ausencia de un hijo, esposo y padre ha dejado un vacío inmenso en los corazones de nuestra familia. La angustia y el dolor es demasiado”, expresa el comunicado de la familia.
Presentan plan maestro de modernización del Mercado 4
Este miércoles, se llevó a cabo una presentación ante los medios del plan maestro que apunta a la modernización del Mercado n.° 4 de Asunción e incluye a las calles cercanas.
La ingeniera Vanessa Sandoval dijo que es necesario crear y fomentar las calles peatonales en la zona, esto debido a la cantidad de vehículos que se estacionan en las inmediaciones del centro de compras.
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La campaña electoral bajo fuego de un líder indígena en Colombia
Un todoterreno blindado recorre a toda velocidad un camino montañoso vigilado por guerrilleros con fusiles. Cada minuto es peligroso para Esneyder Gómez, candidato indígena al Congreso de Colombia en una campaña electoral bajo fuego. Escoltas desarmados lo acompañan en una caravana en esta carretera de su natal departamento del Cauca, región bajo dominio rebelde en el suroeste del país. En un día de campaña en el que lo acompañó la AFP, serpentea por caminos repletos de lodo junto a otros indígenas nasa que portan bastones tradicionales.
En octubre pasado, el automóvil de Gómez fue impactado por una bala mientras retornaba de un acto proselitista por uno de los escaños reservados para las comunidades indígenas en las legislativas 8 de marzo. Aunque no tenía amenazas recientes, guerrilleros lo declararon un objetivo hace una década por su trabajo como defensor de derechos humanos.
Unas semanas antes del ataque había muerto en Bogotá víctima de un atentado el senador de derecha Miguel Uribe, en un hecho de violencia política que no ocurría desde hacía casi tres décadas. Uribe aspiraba a ser candidato en las elecciones del 31 de mayo para suceder al presidente izquierdista Gustavo Petro.
La multiplicación de ataques ha convertido a este proceso electoral en uno de los más violentos después del desarme de la guerrilla FARC, que firmó un acuerdo de paz en 2016.
Los disidentes del pacto y otros grupos dedicados al narcotráfico continúan operando.
El riesgo “está latente”, confiesa Gómez. “El posconflicto está siendo mucho más fuerte que el mismo conflicto”, añade este dirigente de 46 años.
En 2025, cuando arrancaron las campañas, al menos 61 líderes políticos fueron asesinados, según la Misión de Observación Electoral (MOE), que no distingue cuántos eran candidatos.
Para estas elecciones, casi un tercio del territorio del país está bajo amenaza por la violencia, según esa agrupación civil.
“La sangre hierve”
Al magnicidio de Uribe le siguieron ataques contra otros políticos, como el secuestro durante algunas horas la semana pasada de la legisladora Aida Quilcué, también indígena del Cauca.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un despliegue de uniformados para garantizar unas elecciones “seguras”. Petro enfrenta críticas por su fallido intento de negociar la paz con los grupos armados, que se fortalecieron durante su gobierno.
La violencia política evoca las peores épocas del conflicto, entre las décadas de 1980 y 1990, cuando cinco candidatos presidenciales fueron asesinados a tiros en medio del terror ejercido por narcotraficantes como Pablo Escobar.
Las montañas cubiertas de neblina en el Alto Naya se pintan de verde con los cultivos de hoja de coca, sustento económico de esta región del Cauca donde hasta hace poco, según Gómez, podían “andar más tranquilos” tras la firma del acuerdo.
Pero hoy disidentes de las FARC, financiados por la producción de cocaína, imponen allí un “control territorial”, agrega. Ha visto “caer muchos, muchos compañeros” a manos de hombres armados. “Da impotencia, da rabia (…) la sangre hierve”, lamenta.
Los disidentes alardean de su dominio en la zona. “61 años de lucha”, dice un afiche con la fotografía de un líder histórico de las FARC. Más adelante, rebeldes armados resguardan un puesto de control donde los transeúntes deben identificarse. Las cámaras no son bienvenidas.
“Sistemático”
Los escoltas de Gómez, hijo de un policía afrodescendiente y una guerrillera nasa, van desarmados para evitar una confrontación. Priorizan el diálogo. El dirigente “corre riesgo” por ser líder social “y más en este caso como candidato”, dice José Yatacué, que coordina este grupo de guardianes nasa.
Los habitantes del Alto Naya aprecian a Gómez por su trabajo en esta región con poca presencia del Estado.
“Hemos sido un territorio olvidado”, dice Luz Dary Muñoz, líder de un caserío cercano. “Lo que hemos construido (…) ha sido todo comunitario”.
Este será el último periodo legislativo que garantiza escaños para víctimas del conflicto, según quedó estipulado en el acuerdo de paz que buscaba garantizar su representación política.
Pero 130 municipios donde sus habitantes deberán escogerlos están en riesgo ante la violencia, asegura la MOE.
“Estamos preocupados”, dice el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča, que considera vital “preservar” estos escaños para “los y las representantes” de las comunidades históricamente vulneradas.
El Cauca es un punto crítico. En el departamento imperan las disidencias de Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, investigado por la fiscalía por genocidio contra el pueblo Nasa.
El gobierno de Petro impulsa una denuncia contra el líder rebelde ante la Corte Penal Internacional por los asesinatos de líderes y el reclutamiento forzado de niños de esa etnia. “Ha sido sistemático”, asegura Gómez. “Se han ensañado con el pueblo Nasa (…) Eso debe parar”. En este contexto de extrema tensión, la votación en esta región servirá de prueba para saber si Colombia puede tener elecciones libres, equitativas y seguras en todo su territorio.
Fuente: AFP.