Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Fidel Godoy, de la Unidad Penal Nº 1 de Minga Porã, emitió un informe aclaratorio sobre las medidas que adoptó en la causa abierta por el intento de robo a la empresa Prosegur, que tiene a 13 imputados. Esto, debido a cuestionamientos por el arresto domiciliario otorgado a tres de los procesados.
La investigación se originó tras la aprehensión de trece personas en una intervención policial realizada el 18 de septiembre de 2025, en el kilómetro 140 de la Ruta PY07, distrito de Minga Porã. Según el informe policial preliminar, los detenidos pretendían interceptar un camión transportador de caudales y trasladar las mercaderías a otro rodado.
La Fiscalía formuló imputación por robo agravado en grado de tentativa inacabada, asociación criminal, detentación y exposición a peligro en el tránsito terrestre, y solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, como medida cautelar para asegurar su sometimiento al proceso.
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La aclaración refiere que, en las audiencias de revisión de medidas cautelares, “el Ministerio Público adoptó una postura firme de rechazo en relación a la mayoría de los procesados, especialmente en los casos donde se presentaron ofrecimientos colectivos de bienes sin tasación o cuando existían antecedentes en hechos similares, incluso con órdenes de detención vigentes”.
Tres de los imputados obtuvieron arresto domiciliario y “dos de ellos brindaron una versión de los hechos y aportaron videos y testimonios que acreditaban ciertos extremos, lo que constituyó un elemento novedoso, considerado en la evaluación de las medidas”.
Ninguno de los tres con medidas menos gravosas registra antecedentes policiales ni judiciales; tampoco se les incautó arma de fuego ni ningún otro elemento, y la defensa técnica realizó el ofrecimiento de una garantía real que el órgano judicial consideró suficiente, conforme a los principios que rigen la aplicación de medidas cautelares, según la explicación del fiscal Godoy.
El informe aclaratorio concluye que “el Ministerio Público se ajustó estrictamente a la Constitución Nacional y a las normas procesales vigentes, y al principio de objetividad que el agente fiscal está obligado a respetar en toda investigación”.