La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez pre­sentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presi­dente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad ban­caria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confe­deración Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Asimismo, los agentes fisca­les solicitaron el comiso espe­cial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú.

Por su parte, el abogado Clau­dio Lovera, representante legal de la Conmebol, tam­bién presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.

El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nico­lás Leoz Almirón, y el fiducia­rio, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.

Según la investigación, estos fondos provenían de activi­dades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener infor­mación adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.

Además, la entidad debió rea­lizar una verificación in situ para corroborar la existen­cia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la insti­tución estaba obligada a jus­tificar por escrito los moti­vos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monito­rear constantemente la rela­ción comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida dili­gencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la exis­tencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.

Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas esta­blecía que, ante el lanza­miento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los direc­tivos acusados habrían reci­bido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebra­ción de los contratos de fidei­comiso el 4 de febrero de 2016.

“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.

“Acá se trata de la Confede­ración Sudamericana de Fút­bol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público con­tra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una acti­vidad de investigación larga, realmente es un buen ejem­plo de lo que implica recopi­lar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy rele­vante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.

El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Fran­cisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fis­calía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.

El abogado dijo que Zaldí­var y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan cir­cunstancias especialmente graves durante el juicio oral.

La rufianería consiste en la explotación económica de una persona que ejerce la prostitución, un delito que se sancionado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años, según el Código Penal Paraguayo (Ley 1.160/97), según el artículo 129, inciso a, de la ley modificatoria 3440/08. La Fiscalía realizó la caracterización de este hecho punible basándose en 35 denuncias ingresadas entre 2021 y 2025.

Un informe elaborado por el departamento de Estadísticas del Ministerio Público, orientado a analizar el perfil del hecho punible de rufianería, evidencia que una proporción significativa del vínculo entre víctima y victimario es de carácter familiar, lo que implica la participación de personas del entorno cercano de las afectadas en el ilícito.

El reporte aclara que la prostitución en sí, no constituye un hecho punible en Paraguay. No obstante, cuando una persona obliga a otra a ejercerla, se configura un delito, el cual se agrava si el autor es un familiar de la víctima. La ley 5777/16 establece en su artículo 6, inciso d, que la violencia sexual comprende toda acción que vulnere el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su vida sexual, mediante cualquier forma de amenaza, coacción o intimidación.

Asimismo, se identifica la participación de propietarios o responsables de establecimientos que, bajo la promesa de empleo digno, captan a las víctimas para posteriormente someterlas a situaciones de explotación. Este grupo representa el 29 % de las personas denunciadas. Por su parte, los conocidos, vecinos, amigos, allegados y personas desconocidas concentran en conjunto el 16 %, según datos del Observatorio del Ministerio Público.

En relación con las condiciones de vulnerabilidad, el informe señala que el 40 % de las víctimas fue sometida a maltrato. Asimismo, el 30 % presenta adicción a sustancias y otro 30 % se encuentra en situación de pobreza. En cuanto al contexto de ocurrencia, se observa que los hechos se registran principalmente en residencias o viviendas particulares, las cuales son utilizadas como espacios de explotación.

Esta situación agrava el estado de vulnerabilidad, considerando que el entorno familiar se configura como un espacio de riesgo y no como un espacio de seguridad y protección como lo es el seno familiar. Otros ámbitos identificados incluyen: casas de citas; ofertas laborales engañosas; bares, cabarets y clubes; y situaciones de criadazgo.

El 93 % de las víctimas corresponde al sexo femenino. El análisis revela además una alta incidencia en menores de edad, quienes deberían contar con protección en el ámbito familiar, pero se encuentran expuestos a contextos de riesgo bajo el control de sus victimarios. En cuanto a la edad, el 50 % de las víctimas tiene entre 0 y 17 años, el 40 % se ubica en el rango de 18 a 29 años y el 6 % corresponde a personas de 30 años o más, señala el informe de estadística de la Fiscalía.

La totalidad de las personas sindicadas como responsables supera los 30 años de edad. En cuanto al sexo, el 68 % corresponde a mujeres, mientras que el 32 % restante a hombres. El informe identifica además la concurrencia de otros hechos punibles vinculados, entre los que se destacan la trata de personas, que representa el 54 % y la coacción sexual y violación el 46 %, según el Observatorio del Ministerio Público.

La mayor cantidad de denuncias se registra en horas de la mañana, particularmente los días lunes y jueves, lo que sugiere que los hechos se producen con mayor frecuencia durante los fines de semana. En relación con la distribución temporal, se identifican como meses de mayor incidencia febrero, abril, octubre y noviembre.

El comportamiento de este hecho punible presenta características cíclicas, con incrementos asociados a periodos de mayor interacción social y consumo. Asimismo, factores climáticos inciden en la dinámica delictiva, dado que durante las épocas cálidas se intensifican las actividades nocturnas y los desplazamientos vinculados a las vacaciones. Finalmente, Asunción y los departamentos de Caaguazú, Itapúa, Central y Canindeyú son las áreas con mayor incidencia.

La policía de Estambul dispersó este viernes a una multitud con gas pimienta y detuvo a centenas de personas durante manifestaciones por el 1º de Mayo. Miles de personas participaron en las manifestaciones en Ankara, la capital, y en Estambul, donde hubo al menos 575 detenidos, según la oficina del gobernador de la región.

Al promediar la tarde, la Asociación de Abogados CHD había mencionado que "el número de personas bajo custodia, o cuyos familiares sospechan que están bajo custodia porque no se sabe nada de ellos, es de al menos 550" en Estambul. El objetivo, según la entidad, habría sido impedir que llegaran a la emblemática plaza Taksim, cerrada a las concentraciones desde la ola de manifestaciones antigubernamentales de 2013.

Un responsable sindical, Basaran Aksu, fue detenido tras denunciar el bloqueo. “No se puede cerrar una plaza a los trabajadores de Turquía. Todo el mundo utiliza Taksim para ceremonias oficiales o celebraciones. Solo a los obreros, a los trabajadores, a los pobres se les cierra la plaza”, dijo.

En imágenes difundidas por el canal de la oposición HALK TV se ve al presidente del Partido de los Trabajadores de Turquía, Erkan Bas, bajo una lluvia de gas pimienta. “El poder ya habla los 365 días del año, así que dejen que los trabajadores hablen de las dificultades que viven al menos un día al año”, denunció.

Los sindicatos y las asociaciones convocaron manifestaciones bajo el lema “Pan, paz, libertad”. La inflación oficial supera 30% o incluso 40% en Estambul, según la Cámara de Comercio, y las autoridades llevan a cabo regularmente oleadas de detenciones entre opositores y periodistas. Esta semana decenas de personas fueron detenidas.

En Ankara, el centenar de mineros que estuvieron nueve días en huelga de hambre para reclamar el pago de sus salarios atrasados fueron aclamados al unirse a la marcha, constató una periodista de la AFP. En Estambul una manifestación autorizada en la orilla asiática del Bósforo, convocada por las confederaciones sindicales, reunió pacíficamente a miles de personas, según un periodista de la AFP. El año pasado, las manifestaciones por el 1º de mayo, centradas en la región de Kadikoy (en el distrito de Estambul) terminó con más de 400 detenidos.

Cuba organizó este viernes un desfile masivo del Primero de Mayo frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana para “defender la patria” y denunciar las amenazas de agresión militar de su vecino, en un clima de fuerte tensión con Washington.

En primera fila se encontraba el dirigente revolucionario Raúl Castro, de 94 años, junto al presidente Miguel Díaz-Canel, quien había llamado en X a los cubanos a movilizarse “contra el bloqueo genocida y las groseras amenazas” de Estados Unidos contra la isla comunista.

Además del embargo estadounidense vigente desde 1962, Washington —que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana— impone desde enero a Cuba un bloqueo petrolero. Desde entonces solo ha autorizado la llegada de un único petrolero ruso.

Ambos países, sin embargo, mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebraron discusiones en La Habana a alto nivel diplomático. En esa ocasión, un responsable estadounidense también se reunió con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien igualmente estuvo presente en el desfile del Primero de Mayo.

Bajo la consigna “la patria se defiende”, el gobierno convocó a trabajadores de empresas estatales, funcionarios y miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC, único) a concentrarse desde el amanecer en una explanada denominada “tribuna antiimperialista”, situada en el malecón, frente a la embajada estadounidens. El gobierno aseguró que participaron varios cientos de miles de personas.

Ya sacudida por una profunda crisis económica debido a la combinación del endurecimiento de las sanciones estadounidenses durante el primer mandato de Donald Trump (2017‑2021), las debilidades estructurales de su economía centralizada y una fallida reforma monetaria, la isla de 9,6 millones de habitantes ha visto su actividad prácticamente paralizada desde finales de enero.

“Frente a tantísimas limitaciones que buscan ahogar y rendirnos ante amenazas irracionales de guerra y muerte, este primero de mayo confirma que (...) resistimos” y “vencemos”, declaró el dirigente de la central sindical de trabajadores de Cuba, Osnay Miguel Colina. Durante la concentración, el gobierno afirmó haber recolectado en las últimas semanas más de seis millones de firmas de cubanos “por la patria y por la paz”, cuya compilación simbólica fue entregada a Raúl Castro y al presidente Díaz‑Canel.

No obstante, opositores cuestionan las condiciones en que se recogieron algunas de estas firmas. “La respuesta del pueblo ha sido contundente justo frente a la embajada de Estados Unidos”, comentó a la AFP Lídice Guridis, una trabajadora de 42 años que asistió a la movilización. Miles de cubanos también se concentraron en las principales ciudades del país, según imágenes difundidas por la televisión estatal.

Fuente: AFP.

La fiscalía federal de Nueva York inculpó este miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese estado violento desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del Cártel del mismo nombre.

Según un comunicado, la fiscalía dijo que Rocha Moya y otros “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el Cártel de Sinaloa “para distribuir cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos”.

Entre los funcionarios señalados están el senador por Morena Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

La fiscalía dijo que la facción de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán del cártel de Sinaloa, conocida como “Los Chapitos”, ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación.

“A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los ‘Chapitos’, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice el documento.

El Cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente estadounidense Donald Trump.

• Fuente: AFP

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