El Ministerio Público dio a conocer cifras alarmantes de hechos de feminicidio en Paraguay. En lo que va del año 2025, se reportaron 28 casos y suman 51 los huérfanos como consecuencia de la violencia contra la mujer.
De acuerdo con el informe del Programa de Datos Abiertos de la Fiscalía, desde enero hasta el 18 de setiembre también se reportaron 41 víctimas de tentativas de este delito. Un dato revelador es que una de las 28 mujeres víctimas pertenecía a una comunidad indígena, y 21 víctimas eran madres.
De estas mujeres, 20 perdieron la vida en manos de sus parejas, aunque también figuran entre los acusados un padrastro, un yerno, un hombre conocido, un padre y cuatro exparejas. Así también, en once casos, los agresores usaron armas blancas para cometer el crimen. Y en ocho casos, apelaron a un arma de fuego.
En cuanto a los resultados arrojados por los casos que fueron sometidos a autopsia, cinco mujeres fallecieron por asfixia, dos por traumatismos o golpes y dos por “quemaduras graves”, conforme a la estadística de la Fiscalía. Aumentan los casos de ensañamiento contra las víctimas, entre ellos resalta que una fue descuartizada y decapitada, otra sufrió golpes y fue quemada por el victimario.
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Rolón destaca voluntad de regularizar deuda con IPS y aguarda informes sobre títulos falsos
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.
Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.
Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.
No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.
A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.
Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.
Títulos falsos
Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.
Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.
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Gobierno promete impulsar orden y transparencia en educación superior
El ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades.
Tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la calidad académica y ordenar el sistema de educación superior.
En conferencia de prensa, el ministro Ramírez señaló que el MEC remitió al Ministerio Público antecedentes relacionados con más de 500 títulos con irregularidades, tras detectarse inconsistencias durante los procesos de verificación. Indicó que la Fiscalía comunicó que aproximadamente la mitad de esos documentos presentan una procedencia desconocida, por lo que continúan las investigaciones correspondientes.
AUDITORÍAS E INVESTIGACIONES EN CURSO
El ministro informó que el MEC inició una auditoría integral en el ámbito de la educación superior con el objetivo de identificar posibles falencias administrativas, fortalecer los procesos internos y determinar eventuales responsabilidades en los casos investigados.
Señaló que los primeros resultados preliminares estarán disponibles en los próximos días y reiteró que todas las acciones impulsadas buscan consolidar un sistema educativo más transparente, confiable y alineado con los estándares de calidad requeridos para el desarrollo del país. “Estamos en una actitud dialoguista, pero también firme para poner orden al sistema de educación superior, establecer reglas claras y garantizar que los estudiantes reciban una formación de calidad”, afirmó.
ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Luis Ramírez resaltó que las nuevas exigencias implementadas permitieron avanzar en la depuración del sistema universitario y fortalecer los procesos de acreditación.
Como resultado, 1.080 carreras fueron cerradas al no reunir las condiciones necesarias para continuar funcionando o no cumplir con los requisitos establecidos para su habilitación y acreditación. Asimismo, señaló que actualmente se registra uno de los niveles más altos de acreditación de carreras, impulsado por la aplicación de controles más rigurosos para la habilitación y funcionamiento de programas académicos.
MAYOR TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA
El titular del MEC destacó además la implementación del Registro Único del Estudiante de Educación Superior, una herramienta que permite contar con información detallada sobre toda la trayectoria académica de los estudiantes desde el año 2024.
Explicó que este sistema registra datos sobre matrículas, asignaturas cursadas, docentes y evaluaciones, fortaleciendo los mecanismos de trazabilidad y control dentro del sistema universitario. Según indicó, esta herramienta permitirá prevenir irregularidades, mejorar los procesos de verificación y generar información más detallada para la toma de decisiones.
Asimismo, explicó que las medidas adoptadas forman parte de un amplio proceso orientado a consolidar un sistema universitario con reglas claras, mecanismos de supervisión efectivos y mayores garantías para estudiantes y profesionales.
Destacó el trabajo coordinado entre el MEC, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y el Ministerio Público.
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Diputados sancionó reprogramación presupuestaria para mejorar salario de fiscales
La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley “Que amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por Ley N° 7609, Ministerio Público”, durante la sesión ordinaria de este martes.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba, explicó que se trata de una reprogramación presupuestaria destinada a regularizar el salario de los agentes y asistentes fiscales, por un monto total de G. 15.676.250.207.
Según la explicación de motivos, la adecuación implica regularizar las asignaciones correspondientes a 449 cargos de agentes fiscales, 28 de fiscales adjuntos y 1.772 de asistentes fiscales.
El diputado Néstor Castellano argumentó a favor de la aprobación del millonario monto que será destinado a mejorar el salario de los fiscales y asistentes fiscales. Dijo que servirá para reivindicar el trabajo que realizan los agentes de la Fiscalía.
El legislador colorado manifestó que se debe reconocer “la precariedad en la que se desenvuelven los aproximadamente 400 agentes fiscales en cada departamento de la República del Paraguay”.
“Hablando con muchos compañeros, amigos, compueblanos, centralinos, agentes fiscales que realizan una gran labor dentro de la precariedad en la que se manejan. Realmente estoy convencido que este es un justo reconocimiento a esa tarea”, subrayó.
Así también destacó que será “una reinvidicación ya por tiempo postergada”.
Dijo que los agentes se han hecho acreedores de esa “reivindicación justa”. Afirmó que desde la Cámara de Diputados se quiere enviar una “señal de confianza y de apoyo” para los agentes fiscales “que día a día se esmeran para hacer un buen trabajo”, añadió.
Por su parte, el diputado Rodrigo Blanco señaló que la medida busca adecuar el salario de los agentes y asistentes fiscales al de los jueces de primera instancia, en consonancia con el reajuste salarial que estos últimos recibieron a través del Presupuesto General de la Nación 2025.
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Honduras aumenta penas por femicidio hasta 60 años de cárcel
El Congreso de Honduras reformó el lunes el Código Penal y aumentó hasta 60 años de cárcel las penas por femicidio en este país que cuenta con la tasa más alta de muertes violentas de mujeres en América Latina. Honduras reporta la tasa más elevada de femicidios en 17 países latinoamericanos evaluados, con 4,3 casos por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Cepal publicado a finales del año pasado.
El país centroamericano registró 262 femicidios en 2025, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Organizaciones feministas señalan que en lo que va del año, 116 mujeres han sido asesinadas. En la reforma aprobada por el Congreso, controlado por el oficialismo de derecha, la condena seguirá siendo de 25 a 30 años de prisión, pero “cuando existan circunstancias agravantes”, la “pena podrá oscilar entre 30 y 40 años”, señaló el Parlamento en una nota de prensa.
Además, en “contextos de violencia de género o secuestros que culminen con la muerte de la víctima”, la sentencia “podrá alcanzar hasta 60 años de prisión”, agregó. “El delincuente que ejerce violencia contra la mujer tiene que estar claro que si le quita la vida le va a caer todo el peso de la ley (...). Este es un instrumento para que se haga justicia”, dijo durante la sesión plenaria el presidente del Congreso, el oficialista Tomás Zambrano.
La ley también ordena crear órganos judiciales especializados en prevenir el femicidio que estarán compuestos solo por mujeres. Sin embargo, la directora del Centro de Derechos de Mujeres, Regina Fonseca, dijo a la AFP que “el problema no se resuelve cuando se aumentan las penas”, sino cuando “se evita que sucedan los femicidios”. “No nos sirve una ley que aumenta los años de cárcel a los casos que rara vez van a tener acceso a la justicia”, lamentó la activista, al denunciar que un 90 % de los femicidios quedan en la impunidad.
Fuente: AFP.