La hija de uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo quedó en el centro de un escándalo que amenaza con convertirse en un serio problema judicial, informó este jueves la agencia RT. Phoebe Gates, hija de Bill Gates, enfrenta cuestionamientos por el funcionamiento de Phia, la startup de compras digitales que cofundó y que habría utilizado mecanismos para atribuirse ventas que, según las acusaciones, no había generado.

El caso cobró una nueva dimensión después de que una investigación de Bloomberg señalara que Gates y su socia, Sophia Kianni, aparentemente conocían desde hacía varios meses determinadas funciones del software que permitían colocar automáticamente cookies de seguimiento y reclamar comisiones por operaciones realizadas en internet.

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Phia funciona como un asistente digital de compras y dispone de una extensión para navegadores que ayuda a los usuarios a encontrar descuentos y cupones. Su modelo de negocios contempla recibir una comisión cuando una compra es atribuida a la plataforma. El problema surge cuando esa atribución se produce aunque Phia no haya generado realmente la venta.

La práctica cuestionada es conocida como “cookie stuffing”, una técnica mediante la cual se introducen cookies de afiliación en el navegador para hacer aparecer a una determinada plataforma como responsable de una compra. De esta manera, puede terminar cobrando una comisión correspondiente a una venta que en realidad fue impulsada por otro canal.

Lo que inicialmente fue presentado por la empresa como un problema detectado recientemente tomó otro cariz con las nuevas revelaciones. De acuerdo con los reportes citados, comunicaciones internas y elementos del código de Phia indicarían que determinadas funciones destinadas a colocar automáticamente esas cookies estaban en discusión desde diciembre de 2025.

El escándalo también golpeó las cifras del negocio. Tras desactivar las funciones cuestionadas en julio, los ingresos diarios promedio de Phia habrían caído desde aproximadamente USD 80.000 hasta un rango de entre USD 10.000 y USD 28.000, aunque la compañía sostiene que la caída también obedeció a la suspensión de otras herramientas de monetización y cuestiona parte de las conclusiones sobre el impacto del mecanismo.

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La dimensión legal es la que ahora genera mayor preocupación. El abogado Ariel Givner advirtió que una conducta de este tipo puede ser considerada en Estados Unidos como fraude electrónico federal, delito cuya legislación contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión, además de posibles multas y restituciones.

La doctora Cintia Cardoso, directora de Apoyos y Servicios del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), dijo que se aguarda que concluya la revisión de los lotes de medicamentos que eran vendidos en albergues de la previsional para obtener la trazabilidad de las farmacias y de los funcionarios implicados en esta irregularidad. Alertó que gran parte de las medicinas estaban vencidas y que se reforzarán los controles de estos espacios.

“La denuncia fue de un familiar de paciente y las intervenciones fueron en los albergues de las terapias intensivas de adultos y pediátricos. En ambos albergues había medicamentos”, relató la funcionaria médica, este jueves, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “La denuncia empezó con un paciente al se le dio una receta manual. Entonces, al familiar le comentan que en uno de los albergues podía comprar ese medicamento”.

“Nos envían la foto de la receta y de la puerta del albergue, de manera que nosotros podamos ubicar. Y nos vamos inmediatamente ahí a intervenir y encontramos la misma receta que habíamos recibido por WhatsApp ya en la mesa de la señora, que fue demorada. Cuando le preguntamos qué función estaba cumpliendo, nos dijo que ella era la encargada de los medicamentos de ese lugar. No es funcionaria de la institución. Ella es una persona que trabaja como una cuidadora particular, que normalmente le contratan los familiares de los pacientes”, describió sobre el descubrimiento de esta situación.

“Esos lugares se les asigna una vez que quedan internados y Servicio Social es el que les asigna los lugares, controlan que sea cierto que el familiar sigue internado. Se hacen visitas para controlar la limpieza del lugar, de que sigue internado el paciente”, explicó Cardoso sobre el trámite formal para la habilitación y control de los albergues de IPS.

También mencionó que en otra oportunidad ya se descubrió la venta de medicamentos a cargo de otra persona. “Se había encontrado también, pero no en esta cantidad ni esta organización, porque la señora tenía todo tipo de medicamentos. Tenía medicamentos vía oral, vía endovenosa. Lo, lo más peligroso es que ya había productos vencidos, había productos controlados, productos anestésicos, había insumos también de terapia intensiva y aparte de eso tenía venta de ropa, de alimentos enlatados, envasados”, refirió.

“Y ella, digamos que se aprovechaba de que tenía el contacto con los familiares, en el sentido de que por más que a lo mejor su paciente se iba de alta o fallecía, ella ya era contratada otra vez por otro familiar y continuaba ella ahí, prácticamente todos los días, encadenaba un cuidado a otro”, especificó.

Consultada si la mujer demorada habría estado hace tiempo con este “negocio” en el albergue, la funcionaria respondió: “Obviamente que no es muy corto el tiempo, porque estaba ella con un somier ahí en el box que tenía asignado y en otro box, fue que nos llamó la atención una persona, nos hizo unos gestos para que revisemos el lugar. Y entonces ya se hizo una revisión completa por eso y se encontró que había otro lugar donde ella escondía cosas”.

Agregó que “si uno levantaba la cortina, aparecía una persona descansando, pero en realidad eran medicamentos escondidos bajo la cama, tapado con frazada, tenía un roperito, todo. Así que tiene que haber sido ya un tiempo importante y que probablemente los controles hayan sido muy superficiales, porque esos son lugares donde ellos descansan y muchas veces uno no puede entrar a revisar todo porque supuestamente son insumos, o sea, elementos personales”.

“Encontramos también del Ministerio de Salud, del Hospital de Clínicas. Y ayer, con el inventario que se estaba haciendo en la Fiscalía, como ya fue una revisión más tranquila y uno a uno, se encontró también medicamentos con leyenda del Hospital Policial Rigoberto Caballero”, comentó Cardoso.

“Vamos a tener que ver un poco una reorganización de funcionarios también, porque obviamente va a tener que ser mucho más estricto el control”, manifestó la responsable de Apoyo y Servicios ante esta grave irregularidad en los albergues del IPS. “Vamos a tener que ver si ponemos controles ya también nocturnos. Vamos a tener que ver cámaras que antes no habíamos puesto en esos lugares porque uno respetaba más o menos la intimidad de ellos, pero vamos a tener que poner ciertas cosas porque yo creo que abusaron de la confianza y del respeto que se les tenía como familiares y también pusieron en riesgo la vida de los propios pacientes, porque esos medicamentos, casi la mayor parte estaban vencidos y también la forma en que estaban ahí guardados y mantenidos, no respetaban las condiciones mínimas de cuidado que se deben tener con un medicamento. Algunos requieren refrigeración y nada de eso se cumplía”.

Respecto a lo que sigue con esta investigación, aseguró que “gracias a la incautación de los medicamentos, ahora cuando tengamos todos los lotes, vamos a poder individualizar en qué farmacia fue el movimiento y también con la trazabilidad se puede ver dónde entró, dónde salió, inclusive identificar los funcionarios implicados, porque obviamente tendría que haber complicidad o contacto con funcionarios de las diferentes instituciones”.

“Ayer ya se empezó. Yo creo que esta semana vamos a poder ir viendo todo, porque con la informática es mucho más fácil ya después el trabajo. Ahora se están sacando todos los datos. Hoy continúa el equipo de farmacia, auditoría interna. También van a seguir trabajando en Fiscalía, porque los medicamentos incautados están todos en Fiscalía. Ayer prácticamente la mitad de las cajas, porque más o menos como 23, 24 cajas se cargaron de medicamentos encontrados. Ayer habían revisado ya 11 cajas y era menos del 20 % era de IPS de lo encontrado. Pero sí es preocupante de que en todos los hospitales existe la sustracción de estos medicamentos”, concluyó.

La Fiscalía y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) iniciaron con la investigación de lo que sería el presunto robo y luego venta ilegal de medicamentos del Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de los albergues de la previsional. Esto, a raíz de las denuncias recibidas por algunos pacientes, que derivó en la intervención de los sitios en cuestión.

Según el reporte de la fiscal Hermenegilda Cubilla, se realizó el allanamiento de dos albergues de IPS, donde se incautaron de varias cajas llenas de medicamentos que serían ofrecidos a la venta y que son entregados de forma gratuita en la previsional, Ministerio de Salud y el Hospital de Clínicas.

El primer sitio intervenido fue el albergue 1 de UTI, donde familiares encontraron más de 20 cajas de medicamentos. En el lugar fue detenida una mujer identificada como Dolores Angélica Burgos de García, de 42 años, quien se hace decir cuidadora y que indicó que todos los fármacos fueron donados. En su poder se hallaron dinero, y en un dormitorio encontraron más cajas de medicamentos.

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“En el albergue de UTI 2 encontramos más medicamentos, de ahí se extrajeron dos cajas, pero familiares no permitieron que se pudieran sacar más cajas que tenían las inscripciones del Ministerio de Salud, IPS y Hospital de Clínicas. Había algunos productos vencidos y otros de administración controlada, todos almacenados sin refrigeración” dijo la fiscal en contacto con la 730 AM.

Afirmó que hasta ahora, solo se tiene a una persona detenida, pero que esperan que caigan más dentro del esquema. Agregó que el hecho punible es de comercialización no autorizada de medicamentos y los involucrados se exponen a una expectativa de pena de hasta tres años o multa.

El gerente de Salud del IPS, doctor Derlis León, refirió que existe complicidad desde adentro. En este caso, indicó que colaboraron para que estos caigan, por lo que instó a los pacientes a denunciar este tipo de casos. “No es una generación espontánea, hay cómplices desde adentro, lastimosamente son compañeros nuestros y tomaron la decisión equivocada”, puntualizó.

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Seis de los once excolaboradores del exintendente esteño Miguel Prieto, que están imputados por un presunto desvío de G. 757 millones a través del Consejo Local de Salud durante su gestión comunal, reconocieron los hechos que el Ministerio Público les atribuyen y brindaron una colaboración con la investigación. En otra causa que involucra al líder del partido YoCreo, también tres de sus exfuncionarios aceptaron las denuncias del caso Tajy.

El Ministerio Público solicitó la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento para los procesados: Salem Esgaib Zugaib (extesorero), Hugo Benítez Vázquez (exvicepresidente), Lucía Elizabeth Lisboa de Torales (exsecretaria) y Karen Elizabeth González Vergara (exmiembro suplente), quienes formaron parte de la comisión directiva del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.

El exmandatario Nicanor Duarte Frutos desestimó la existencia de un descontento social que se pretende instalar desde la oposición como estrategia de campaña para desgastar al gobierno de Santiago Peña y a la Asociación Nacional Republicana (ANR), con miras a los comicios presidenciales del 2028.

“Dónde está la sintomatología de que estamos en una sociedad alarmada, con un malestar profundo, si no hay estremecimiento del cuerpo social, no hay una convulsión social, no existe un estado de agitación, que son los elementos sintomáticos de una sociedad políticamente en situación de gran malestar”, refirió el expresidente, este miércoles, en una visita al estudio de Nación Media, durante el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.

Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), se presentó por la mañana de este miércoles ante el Ministerio Público, que ordenó su imputación y pidió la prisión preventiva, pero se abstuvo de declarar. Está imputado al igual que otro extitular de la previsional, Jorge Brítez, y otros siete exfuncionarios por lesión de confianza.

Bataglia se encontraba de viaje en Italia al momento de librarse la imputación, el 4 de agosto pasado, en la causa que investiga un perjuicio patrimonial de 61.000 millones de guaraníes por un presunto desvío de fondos en el que se habría beneficiado a la empresa Neighpart, a través de un contrato con adendas irregulares para instalar quirófanos en el Hospital Central.

Agentes del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional detuvieron a Sergio Francia Bernal (25), alias Bada, presumiblemente miembro del Primer Comando Capital (PCC), en un allanamiento llevado a cabo en la madrugada de este miércoles.

El procedimiento se registró en Mariano Roque Alonso, hasta donde llegó una comitiva fiscal-policial y allanó un domicilio ubicado sobre la calle Mariscal Estigarribia entre Jejuí y Lomas Valentinas de dicha ciudad, según reporte de la Policía Nacional.

Cerro Porteño está listo para volver al ruedo en el plano internacional. El “Ciclón”, que si bien arrancó a los tumbos el segundo semestre, ya está enfocado en hacer una nueva historia en Brasil.

El conjunto azulgrana enfrentará este miércoles al Palmeiras, desde las 19:00 en el Nubank Parque, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Las estadísticas están para romperse y Cerro Porteño intentará eliminar por primera vez en el historial a un equipo brasileño en la fase de Octavos de Final de la Copa Libertadores.

El presidente de la República, Santiago Peña, a través del Decreto 6568/26 designó a Javier Eduardo Ramírez Valdez como ministro interino de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en reemplazo de Jacinto Santa María Ammatuna, quien ayer martes presentó su renuncia al cargo por “motivos particulares y de dignidad personal”.

Funcionario de la Senatur desde el 2007, Ramírez Valdez venía desempeñándose como director general de Gestión Turística de la misma institución. Anteriormente estuvo al frente de la Dirección General de Productos Turísticos y de la Dirección de Prestaciones Turísticas.

“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.