Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

Un joven agente policial perdió la vida en la tarde ayer domingo en zona del arroyo Pirapó-mi del distrito de Gral. Higinio Morínigo, departamento de Caazapá, en circunstancias que están siendo investigadas. Se trata del suboficial Edgar Escurra, quien prestaba servicio en la comisaría de la ciudad.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre, que se encontraba de día libre, acusó disparos de arma de fuego y tras resultar herido fue auxiliado hasta el Hospital Distrital de San Juan Nepomuceno donde se confirmó su deceso, pese a los esfuerzos del personal de blanco por tratar de salvar su vida, según publicó 98.1 FM radio Caazapá.

Los investigadores informaron que tras el hecho fue detenido un menor de edad, sindicado como el principal sospechoso del caso. El mismo fue puesto a disposición del Ministerio Público, pero horas después fue liberado.

Leé más: San Juan del Paraná: colisión entre dos ómnibus y una camioneta deja un fallecido

El caso continúa en proceso de investigación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía, que siguen recabando datos, evidencias y testimonios que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el trágico suceso.

El hecho generó una fuerte conmoción entre los habitantes de la comunidad de Gral Higinio Morínigo. En tanto, las autoridades reiteran que el proceso sigue abierto y que cualquier información adicional proporcionada por testigos o personas que puedan aportar datos relevantes será fundamental para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Te puede interesar: Hernandarias: tras dos horas de haberse formulado la denuncia, hallaron vehículo robado en Foz

Un proyecto de investigación presenta aprendizajes sobre cómo las comunidades educativas respondieron a la crisis sanitaria y qué estrategias pueden fortalecer la resiliencia del sistema educativo frente a futuros riesgos.

El estudio, denominado “Educación y participación ciudadana en la gestión y reducción de riesgos de desastres en el Área Metropolitana de Asunción y Bajo Chaco: el caso de los Comités Educativos Institucionales para la Gestión del Riesgo (CEIGR) en la pandemia de la covid-19”, analizó el funcionamiento de estos comités en 25 instituciones educativas, con el objetivo de comprender cómo se tomaron decisiones y qué mecanismos permitieron sostener la continuidad educativa en un contexto de emergencia.

Entre los principales hallazgos se destaca el papel de la coordinación interinstitucional durante la pandemia. En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) brindó acompañamiento a las instituciones a través de guías prácticas y capacitaciones orientadas a la gestión del riesgo en las escuelas.

En este proceso, los supervisores educativos cumplieron un rol fundamental como vínculo entre las autoridades educativas y las comunidades escolares.

Los resultados muestran que las decisiones tomadas durante la pandemia fueron mayoritariamente colectivas y participativas, lo que contribuyó a fortalecer la autonomía de las comunidades educativas. El proyecto propone recomendaciones estratégicas orientadas a fortalecer el sistema educativo

La organizadora de eventos, detenida tras fingir su desaparición, negó que sea responsable de una estafa masiva y aseguró estar dispuesta a resarcir a los clientes afectados tras su detención.

Patricia Jara Meza, organizadora con cinco años de trayectoria, afirmó que su desaparición supuestamente se debió a un cuadro de psicosis y miedo, asumiendo el error de haber huido en un momento de crisis.

“Estaba pasando por unos días muy difíciles, con psicosis, con miedo. Cometí el error, yo asumo, de querer huir, por la psicosis que tenía por todo. Pero también tuve la valentía de volver”, manifestó en declaraciones a la 1080.

En ese sentido, mencionó que ella tomó la iniciativa de llamar a las autoridades para responder con los afectados. “Yo fui la que llamó y di la ubicación de donde estaba para que me vayan a buscar, porque quiero enfrentar, dar la cara”, expresó.

Al respecto, dijo que se comunicó con los clientes para buscar una solución y descartó que sea responsable de estafas masivas. “No son 70, 80 estafas, como se está diciendo. Son eventos de agosto, de diciembre, de distintas fechas”, indicó.

Te puede interesar: Caso de forense detenido por extorsión: auditarán todos los documentos firmados por el médico

Y aseguró que hará frente a las respectivas denuncias. “Yo estoy al pie del cañón para enfrentar todo, mi casa está disponible, está mi abogado. Pueden llegar los clientes para llegar a una solución”, insistió.

Atribuyó su actitud a una debilidad humana. “Cuando no sabía más que hacer, me fui. Pero, volví”, acotó.

Finalmente, pidió disculpas a las víctimas. “Pido públicamente disculpas a toda la gente afectada. Yo no estoy ajena a llegar a una solución con los clientes”, apuntó.

Mientras el proceso legal continúa, sus familiares y su abogado se encuentran disponibles para dialogar con los damnificados y gestionar las soluciones correspondientes, expresó.

Leé más: Investigan la muerte de una mujer abandonada en el hospital