Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.
Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.
El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.
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La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.
De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.
Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.
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A cuatro años del crimen de Pecci, investigación internacional avanza con resultados positivos
Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.
El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.
Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.
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Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.
Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.
Captura y condena de autores materiales
En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.
La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:
- Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
- Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
- Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
- Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
- Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
- Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.
Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.
Eslabón perdido
A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.
En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.
Cooperación Internacional
Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.
A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.
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Isaías Fretes realiza un recorrido sorpresa en sedes de IPS en Itapúa
- HOY.COM.PY
El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Isaías Fretes, llegó de manera sorpresiva al hospital en Encarnación para constatar en persona la situación de los asegurados y profesionales. Señaló algunos detalles que se deben mejorar.
Fretes busca conocer de cerca la realidad de cada servicio de la previsional y realizar un diagnóstico integral de la situación institucional.
En esta oportunidad, la visita se realizó en el departamento de Itapúa, iniciando en el Hospital Regional del IPS en Encarnación, donde mantuvo reuniones con directivos, funcionarios y pacientes para interiorizarse sobre las principales necesidades y desafíos de cada establecimiento. Fretes llegó acompañado de especialistas en cada área para verificar adecuadamente todo el hospital.
MEDICAMENTOS SE REGULARIZARÁN
Según expresó, verificó completamente las instalaciones y observó algunos detalles que se deben corregir para mejorar la atención a los asegurados.
Entre esos, una precaria ventana en la sala de quirófano, cuando en realidad, los procedimientos quirúrgicos deben realizarse en ambientes cerrados, es decir, no debería estar colocada ninguna abertura por donde podría ingresar viento y contaminación.
Informó, además, que se estará trabajando para contratar más profesionales pediátricos para el IPS de Encarnación, y sobre la posibilidad de reinstalar la planta de oxígeno. Con respecto a los medicamentos, mencionó que en unas 4 semanas, aproximadamente, volverán a contar con el 80 % de los medicamentos que actualmente están en stock, y que serán distribuidos en todo el país.
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Hospital Central de IPS, sin cobertura de seguros
- Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
Desde hace 15 días el IPS tiene un nuevo presidente del Consejo de Administración. Una de las primeras medidas adoptadas para dar mayor transparencia a la gestión ha sido reiniciar las sesiones en vivo del Consejo, después de 2 años.
En este pequeño lapso de tiempo ya han saltado varias desprolijidades, provenientes de la desidia de administraciones anteriores, lo que haría suponer que queda todavía basura acumulada debajo de la alfombra.
Uno de los casos más relevantes que salió al descubierto se refiere a que el Hospital Central no cuenta con cobertura de seguros contra incendio vigente.
Resulta increíble que algo tan elemental y necesario dentro de un hospital de esa envergadura, donde tienen internados a cientos de pacientes y equipos con costos millonarios para diversos estudios, además del flujo diario de personas que pasan por allí todos los días, carezca de cobertura de seguros.
Conforme lo ha revelado la gerencia de abastecimiento y logística del IPS, no se cuenta con seguro del edificio ni para todos los millonarios equipamientos, lo que de por sí significa una situación de vulnerabilidad que no es “moco de pavo”. Según lo señalado por una de las consejeras, nunca el edificio del hospital central tuvo cobertura de seguros por falta de presupuesto.
Si el mismo, que es el principal hospital de la institución carece de seguro, ¿qué podríamos pensar de los demás hospitales distribuidos dentro del Gran Asunción como en ciudades del interior de nuestro país?
El Dr. Fretes, nuevo presidente del IPS dijo: “Dios nos guarde y libre”, pues si algo llegare a ocurrir de hecho podría ser una catástrofe para la institución, lo cual en cierto modo no debería de sorprendernos pues desde hace cuántos meses que los pacientes deambulan día y noche por los hospitales en busca de medicamentos y no existe en stock tan siquiera una aspirina.
Sería difícil creer que esta situación anómala haya pasado desapercibida a las anteriores autoridades, quienes dentro de su estructura organizacional cuentan con auditorias internas “de todos los colores”.
La falta de recursos presupuestarios para hacer frente a su cobertura no resulta aceptable, pues dentro de las erogaciones globales del IPS están incluidos pagos de sueldos y bonificaciones a miles de funcionarios, por sumas multimillonarias en forma mensual, lo cual con una buena administración se pudo haber racionalizado y redireccionado a otros rubros primarios.
Amén de todo ello ha saltado en los últimos días otro escándalo, donde el IPS pagó G. 9.000 millones por un sistema contra incendio que llegado el momento en que tuvieron que funcionar las alertas NO LO HICIERON, en un siniestro ocurrido a principios de este año. El Dr. Fretes ha advertido acerca de esta dudosa licitación, en donde los responsables del control de la buena marcha de estos equipos tuvieron que haberse asegurado en tiempo y forma al recepcionar la obra de que todo funcionaba correctamente.
El IPS dentro de su organigrama tiene una estructura “monstruo” en donde supuestamente están contempladas todas las direcciones y gerencias responsables de las diversas áreas. ¿Y después?
A través de una exhaustiva auditoria ordenada por su presidente, quedan por conocer las verdaderas causas. Menudo trabajo le queda por delante, pues si en 15 días de haberse hecho cargo ya han saltado estas dos desprolijidades, uno no quisiera imaginarse qué otras cosas podrían ir surgiendo por el camino.
Es por todo ello que solemos decir que los que integran el Consejo de Administración no deberían circunscribirse solo a cuestiones deliberativas en las dos reuniones semanales que tienen, sino que entre los cinco integrantes su presidente debería establecer una asignación de funciones y responsabilidades anexas de tal forma a que cada uno tenga a su cargo el control, seguimiento y monitoreo de las áreas especificas que se les pueda encomendar, considerando la envergadura institucional.
Los casi 1.700.000 de asegurados del IPS merecen respeto y consideración, pues “religiosamente” aportan cada mes de sus salarios para poder recibir un servicio digno que hasta ahora “brilla por su ausencia”.
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Caso Pecci: Doldán destaca avances estratégicos del ECI bajo estricta confidencialidad
Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales y coordinador del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), confirmó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Remarcó que esta investigación, que continúa abierta, no solo es una prioridad para la Fiscalía paraguaya, sino que para toda la comunidad jurídica internacional penal.
Brindó estas declaraciones durante el acto de homenaje que se llevó a cabo este sábado frente al busto del fiscal Pecci en el Ministerio Público de Asunción, en el marco del cuarto aniversario de su asesinato en Colombia, con la presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, así como Maricel Albertini, madre de Pecci, y los fiscales Francisco Cabrera, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo, que integran el ECI.
“Este equipo está en permanente contacto con sus pares de Colombia, y toda información que surja respecto al caso debe ser compartido por los dos equipos de la fiscalía paraguaya y colombiana”, manifestó Rolón ante la prensa, puntualizando que la carpeta fiscal que aún sigue vigente y que su contenido es “altamente confidencial”.
Avances del caso
A su turno, el fiscal adjunto Manuel Doldán explicó que, a partir de las declaraciones del fallecido sicario colombiano Francisco Correa Galeano, se formó una carpeta fiscal el 9 de octubre del 2023, en la cual se han registrado muchísimas actividades de cooperación internacional que ya fueron divulgadas.
Recordó que el 21 de octubre del 2024 se constituyó el Equipo Conjunto de Investigación como una herramienta de vanguardia en materia de cooperación internacional que permite desplegar investigaciones conjuntas, coordinadas y estratégicas con las autoridades competentes de la investigación penal en Colombia.
Reunión en territorio neutral
Como novedad, el fiscal Doldán informó que este mismo equipo conjunto mantuvo una reunión presencial en Panamá, como territorio neutral, en marzo pasado, que no se dio a conocer mediáticamente, sobre la base de guardar sigilo de las diligencias investigativas.
“Los equipos conjuntos de Paraguay y Colombia nos reunimos en la ciudad de Panamá, una ciudad neutral bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de Naciones Unidas, y hemos estado trabajando en ese lugar donde se afianzaron las capacidades investigativas de ambos países, se concentraron las diligencias investigativas y se exploraron aspectos que fueron dejados de lado a lo largo de la investigación, principalmente en territorio colombiano”, precisó.
“Desde luego, por cuestiones de sigilo y confidencialidad judicial sobre todo en la necesidad de preservar los actos investigativos y diligencias sensibles no podemos contar las particularidades y especificaciones muy claras”, expresó.
Compromiso absoluto
Remarcó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales responsables de la muerte del fiscal Marcelo Pecci. “Sí, podemos decir que bajo la necesidad del sigilo que nos impone el instrumento de cooperación técnica, así como la investigación de la envergadura como esta, que es transnacional, vinculada sin lugar a dudas al crimen organizado, esto nos exige celo absoluto de parte de los fiscales y una prudencia investigativa en la que estamos comprometidos en mantenerla hasta el final”, aseguró.
“Este caso va a terminar cuando todas las personas, todos los participantes del hecho tengan una condena ejemplar”, remarcó. En cuanto a la hipótesis de que la orden de asesinar al fiscal Pecci habría salido de Paraguay, Doldán señaló que es una variable positiva, lógica y que está siendo manejada desde el Ministerio Público.
Mencionó que se ha formalizado una cooperación con los Estados Unidos, también es de carácter reservado. Doldán señaló que está en permanente contacto con el Departamento de Justicia y aguardando que se levante el recelo judicial en Virginia para comenzar a compartir información en el marco de la detención de Sebastián Marset. Precisó que el ECI está llevando adelante el trabajo de rastreo de fuentes financieras.
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