El frentero costero de la capital espera contar con nuevo rostro gracias a los trabajos de desmontaje de las torres de alta tensión en la zona de la Costanera de la capital. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dio a conocer detalles sobre las labores que se llevan realizadas.

Las obras de soterramiento de los cables del tendido eléctrico ingresan a su tramo final en la Costanera de Asunción con el desmontaje de la primera de las siete estructuras de tendido. La iniciativa forma parte del Proyecto de Resiliencia Urbana en la Franja Costera de Asunción y representa un paso importante en la recuperación de la fachada costera. La remoción progresiva de estas instalaciones permitirá despejar el entorno y acompañar la revitalización de áreas estratégicas de la ciudad.

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Las mejoras incluyen el retiro de conductores aéreos e hilos guarda, la eliminación de las torres de alta tensión y la remoción de las estructuras de transición ubicadas en el Parque Caballero. Las labores se realizan en coordinación con la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la Municipalidad de Asunción, bajo responsabilidad del Consorcio Tocsa-Tecnoedil y con financiamiento del Banco Mundial por G. 67.091 millones.

Las tareas se desarrollarán de manera gradual y bajo protocolos de seguridad para minimizar riesgos y garantizar el normal funcionamiento de los sectores intervenidos. Además, no generarán afectaciones al tránsito vehicular en la avenida Costanera, siempre de acuerdo al informe de la cartera de Estado.

Según el cronograma, la conclusión de esta etapa está prevista para finales de julio. Posteriormente, se efectuarán los procesos administrativos de cierre, completando una obra que contribuirá a mejorar el entorno urbano y la calidad de los espacios públicos en una de las zonas más emblemáticas de Asunción.

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El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), reportó un avance del 95 % en la ejecución de 73 viviendas para la comunidad indígena Lhavoj’ocfi, en el departamento de Boquerón. Estas viviendas son construidas con el financiamiento del Parque Tecnológico Itaipú, respetando las costumbres e identidad cultural de los pueblos originarios, señala la cartera que encabeza el ministro Juan Carlos Baruja.

También conocida como Pablo Stahl o San José Esteros, Lhavoj’ocfi es una comunidad indígena de la parcialidad nivaclé, ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, en el corazón del Chaco paraguayo. “Seguimos avanzando con el compromiso del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, construyendo un Paraguay donde nuestras comunidades indígenas puedan acceder a viviendas que respeten su cultura e identidad”, señala la publicación del MUVH en redes sociales.

Días pasados, el ente estatal también informó sobre el avance de otra obra del del programa Viviendas Económicas en Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú. La primera fase, que contempla la construcción de 25 unidades habitacionales de un total de 82 viviendas, alcanzó el 50 % de construcción.

Cada unidad de 50 metros cuadrados contará con dos habitaciones, sala, cocina y comedor integrados, además de estacionamiento, bajo estándares técnicos que incluyen verificaciones y controles de calidad en cada etapa de la obra, garantizando su correcta ejecución.

A través de políticas habitacionales que ya alcanzan 44.446 soluciones habitacionales gestionadas y 31.890 viviendas entregadas en todo el país, detalla el MUVH, que ayer martes inauguró 62 viviendas sociales en el distrito de Caapucú, en el departamento de Paraguarí, con un acto encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña.

Las viviendas entregadas corresponden al proyecto “Caapucú Nos Une” y cuentan con una superficie de 42 metros cuadrados, distribuidos en dos habitaciones, sala, cocina y comedor integrados, además de un lavadero en la parte posterior. El proyecto fue ejecutado a través del programa Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis) y tuvo una inversión de G. 6.448.812.045, construidas con materiales y mano de obra paraguaya.

Sostuvo que requiere mantener una rentabilidad de entre el 8 % y el 10 % para continuar ejecutando las obras previstas en su plan maestro.

La Administración Nacional de Electri­cidad (Ande) sostuvo que requiere mantener una rentabilidad de entre el 8 % y el 10 % para continuar ejecu­tando las obras previstas en su plan maestro, además de pre­pararse para la incorporación de nuevas fuentes de genera­ción, que tendrán tarifas más elevadas.

Así lo explicó el presidente de la institución, Félix Sosa, en entrevista con “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, en medio de la controversia generada por la negociación tarifaria con la firma Atome.

Sosa indicó que la rentabili­dad es necesaria para finan­ciar las inversiones en infraes­tructura eléctrica, al tiempo de garantizar la seguridad energética del país. Añadió que, si bien el impacto de las nuevas fuentes de energía será inicialmente marginal, sus costos irán aumentando con el tiempo, por lo que la Ande debe prever ese escenario.

El titular de la Ande explicó que el contrato con Atome fue firmado en el año 2022 y que la empresa solicitó un suministro en 220 kilovol­tios (kV), correspondiente al nivel de tensión de las líneas de transmisión. Precisó que los clientes que operan en ese nivel construyen sus propias subestaciones y deben abonar una tarifa de USD 44,33 por megavatio hora. Sin embargo, señaló que Atome plantea una tarifa de USD 30 por megava­tio hora, diferencia que dio ori­gen al conflicto entre ambas partes. Consultado sobre el estado de las conversaciones, Sosa indicó que las negocia­ciones con la firma siguen en curso y evitó adelantar deta­lles sobre un eventual acuerdo.

El presidente de la Ande recordó además que ya existe una tarifa específica para consumidores electrointensivos, denominada Grupo de Consumo Intensivo Especial. Explicó que en esta categoría se encuentran actual­mente los proyectos vinculados a criptominería y que también podrán acceder emprendi­mientos relacionados con inte­ligencia artificial.

Según detalló, esta categoría contempla una tarifa de USD 44,33 por megavatio hora para suministros en 220 kV, un contrato inicial de 15 años y un reajuste anual conforme al Índice de Precios al Consumi­dor (IPC) de Estados Unidos.

Respecto al pedido de Atome de aplicar una tarifa de USD 30 por megavatio hora, Sosa sostuvo que una reducción de ese tipo podría generar diferencias. Explicó que la disparidad entre la tarifa téc­nica y la solicitada debe ser cubierta de alguna manera y mencionó que, en otros paí­ses, ese costo suele ser asu­mido por otros grupos de consumidores. Añadió que la Ande continúa evaluando alternativas para resolver la situación.

El consumo de energía eléctrica en Paraguay registró un crecimiento acumulado del 19,4 % durante los primeros cinco meses del 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Entre enero y mayo, la demanda pasó de 12.217,6 GWh en 2025 a 14.587,1 GWh este año, un comportamiento que la institución atribuye al dinamismo de la actividad económica del país.

Solo en mayo, el consumo de energía alcanzó los 2.382,8 GWh, lo que representa un incremento del 11,9 % frente a los 2.129,7 GWh registrados en el mismo mes de 2025. Para atender esta demanda, el sistema eléctrico nacional fue abastecido principalmente por Itaipú Binacional, que suministró 2.262,2 GWh. A su vez, la Entidad Binacional Yacyretá aportó 81,1 GWh y la Central Acaray generó 39,5 GWh.

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A las fuentes tradicionales de generación se sumó la contribución de la planta fotovoltaica de Puerto Esperanza, en el Chaco, que inyectó más de 27,56 MWh a la red eléctrica nacional. De acuerdo con la Ande, este aporte constituye un hito dentro del proceso de diversificación de la matriz energética paraguaya, al incorporar generación proveniente de una fuente renovable no convencional al sistema interconectado.

Ante el incremento de la demanda, la Ande señaló que continúa ejecutando una planificación técnica estratégica y obras de infraestructura consideradas prioritarias para garantizar un suministro confiable, eficiente y de calidad. La institución afirmó que estas acciones buscan asegurar el abastecimiento de energía eléctrica requerido para acompañar el desarrollo sostenible del país y responder al crecimiento de la demanda de los distintos sectores económicos y de la ciudadanía.

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