Este jueves, en redes sociales se hizo viral una fotografía en la que aparecen dos agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tomando cerveza en un surtidor mientras estaban de servicio en el departamento de Canindeyú. Estos estaban acompañados de otras dos personas vestidas de civiles.
El hecho se reportó en una estación de servicio de la citada localidad, donde estos agentes fueron con sus uniformes y portando sus armas reglamentarias. Tras comer algún aperitivo junto a sus amigos, pidieron unas chopp para cerrar el encuentro y esto fue captado por un ciudadano.
La situación fue reportada ante el ministro de Defensa, Óscar González, quien dispuso la suspensión del comisionamiento de los involucrados. Además, solicitó la presentación de ambos militares ante el Comando de las Fuerzas Militares para la apertura de un sumario administrativo.
“Cuando se cometen faltas fuera de la unidad se duplica en cuanto a su gravedad, porque manchan la imagen de la fuerza armada. El reglamento militar indica una expectativa de pena de hasta 90 días de arresto disciplinario”, dijo en ministro, en “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Desde el Ministerio de Defensa comunicaron que estos efectivos ya fueron identificados como el Cap. Com. Juan Rejala y la Tte. C. Karen Giménez. González indicó que se impondrán sanciones severas al personal que incurra en este tipo de faltas contra la disciplina militar.
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Tres procesados en causa penal de Prieto admiten los hechos y se solicitó salida alternativa
El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para tres integrantes del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto. Con estas salidas procesales se desmitifica la persecución judicial o política alegada por el exjefe comunal de CDE.
Los procesados reconocieron los hechos atribuidos y brindaron una colaboración efectiva con la investigación fiscal, circunstancia que fue valorada positivamente por la Fiscalía al requerir la aplicación de esta salida procesal alternativa. La solicitud se enmarca en la causa abierta por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Prieto.
Con este requerimiento, suman cuatro los integrantes del Consejo Local de Salud que accedieron o fueron propuestos para salidas alternativas al proceso tras colaborar con el Ministerio Público. Anteriormente, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, ya había sido beneficiado con una medida similar.
El pedido del Ministerio Público comprende a Hugo Benítez Vázquez, entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud; Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, quien se desempeñaba como secretaria; y Karen Elizabeth González Vergara, miembro suplente de la comisión directiva del mismo organismo.
De acuerdo con la investigación fiscal, el perjuicio patrimonial asciende a G. 757.166.276, monto que corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M. Los trabajos fueron realizados en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Cámara de Apelación ratificó suspensión de fusión entre bancos Atlas y Familiar
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de Asunción, integrada por Linneo Ynsfrán, Esteban Kriskovich y Antonia López, ratificó la medida cautelar que mantiene suspendida la fusión entre los bancos Atlas S.A. y Familiar S.A.E.C.A.
La resolución también ratifica la orden dirigida al Banco Central del Paraguay (BCP) para que se abstenga de aprobar la puesta en producción de la fusión hasta que se descarte la existencia de probables violaciones a los derechos de propiedad intelectual de ITTI sobre el software ITGF, utilizado por Banco Atlas.
El colegiado sostuvo que la medida cautelar tiene un alcance material, funcional y temporal definido, ya que busca proteger exclusivamente la eventual utilización no autorizada del software.
Agregó que permanecerá vigente mientras subsista el riesgo que motivó su dictado y cesará una vez que se compruebe técnicamente que dicho riesgo ya no existe.
“La verosimilitud del derecho no se sustenta solamente en la titularidad del software, sino también en los límites de la licencia, la intervención de un tercero no licenciatario, la fusión y la migración tecnológica reconocida; el peligro en la demora deriva de la posibilidad de consolidación de una utilización no autorizada antes de la comprobación técnica; y la contracautela aceptada resulta, en el estado actual de las actuaciones, suficiente dentro del margen prudencial conferido al juzgador”, señala el voto de los camaristas.
Fallo de primera instancia
En el mes de octubre de 2025, el juez en lo civil y comercial de Asunción, Juan Francisco Blanco, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la firma ITTI SAECA e ITTI USA, LLC y ordenó la paralización de la fusión entre los bancos Atlas y Familiar hasta que se determine, mediante pericias, que no se afectan los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de licenciante del software ITGF.
Al hacer lugar la Justicia a la medida cautelar, se ordenó al Banco Central del Paraguay (BCP) que “se abstenga de pronunciarse respecto del proceso de fusión por consolidación entre Banco Atlas S.A. y Banco Familiar, que involucra la puesta en producción del nuevo core bancario de las entidades fusionadas, hasta tanto se determine, a través de pericias técnicas, que este no afecta los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de autor y licenciante”.
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Chase plantea fortalecer presupuesto de organismos de seguridad ante el crimen organizado
El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.
No obstante, advirtió que se trata de una lucha permanente que demanda recursos y un esfuerzo sostenido por parte del Estado.
Respecto a la recuperación de fuerzas del grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), indicó que sigue activo y pidió dejar que concluyan las investigaciones antes de convocar a autoridades del Ejecutivo al Congreso.
En conversación con varios medios de prensa, Chase afirmó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío vigente en toda Sudamérica.
En ese contexto, recordó que el mayor gasto destinado a combatir a estas organizaciones en la historia se registró en Colombia, con el respaldo de la principal potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.
Pero que, hasta ahora, no está corregido este flagelo en ese país. Remarcó que es una lucha permanente, es una contención permanente y espera que en Paraguay se pueda disminuir la fuerza de estos grupos criminales.
“Claro que se le tiene que dar a las fuerzas de seguridad todos los recursos que sean necesarios, para que nosotros acá estemos tranquilos. El Paraguay es un país en crecimiento y tiene recursos finitos. No podemos nosotros en muy corto tiempo volvernos la primera potencia mundial en fuerza de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, se ha mejorado y hay condiciones ya de hacer frente al crimen organizado”, remarcó.
Reactivación del EPP
El senador Chase indicó que aparentemente estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir; teniendo en cuenta que de acuerdo a las informaciones que se manejan, son los parientes de aquellos que en su momento ya han sido abatidos.
“Por lo visto siguen en el mismo camino delincuencial, y bueno, esperemos que la fuerza de seguridad puedan hacer esa conclusión. Hasta que termine la evaluación no tiene sentido convocarle a ninguna autoridad porque vamos a adelantarnos al análisis profesional que están haciendo las instituciones de seguridad”, expresó.
Señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ni el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), son instituciones omnipresentes. Explicó que cuando se realizan atentados de este tipo en ninguna parte del mundo pueden las instituciones tener una cobertura del 100 %.
“Ahora vendrán las medidas de contención y de acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior en su última declaración, esto no va a quedar así y va a tener sus consecuencias y el esfuerzo del Estado para corregir esta situación”, remarcó.
Finalizó señalando que Paraguay es un país que tiene muchas ventajas, muchos privilegios debido a la calidad de la gente misma.
“Por eso, creo que no han crecido estos grupos a niveles extraordinarios; y bueno, que la Fuerza de Seguridad haga su trabajo y contengan este nuevo surgimiento de este grupo delictivo”, acotó.
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CODI no descarta al crimen organizado y grupos invasores detrás del ataque en Naranjito
El comandante del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), Alberto Gaona, no descarta que el ataque contra el puesto policial n.° 4 de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, departamento de Canindeyú, haya sido cometido por el crimen organizado o campesinos armados, además de la hipótesis de que podría tratarse de una nueva generación del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que refirió el ministro Enrique Riera basado en un informe de balística.
“Nosotros respetamos la opinión del ministro del Interior, Enrique Riera, pero estamos todavía manejando algunos datos de inteligencia para confirmar o desestimar eso. Son varias las hipótesis que manejamos, hay informaciones que nos llevan a pensar que este acto fue realizado por personas que están dentro del crimen organizado, también que podrían ser parte de grupos campesinos invasores de la zona, en base a los antecedentes de la zona que tiene estas características”, indicó el jefe militar, este jueves, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Riera sostuvo este jueves que el ataque registrado en la noche del pasado 21 julio fue perpetrado por el EPP, atendiendo a que el peritaje de los casquillos que dejó el ataque serían de las mismas armas utilizadas en el ataque a la Subcomisaría 10.ª de Ybyrarobaná, el 3 de mayo de 2025, sin víctimas fatales.
El hecho del martes 21 de julio dejó como saldo el fallecimiento de dos efectivos policiales, el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios y el suboficial inspector Herminio Ojeda González, así como del funcionario civil Josemar Escobar Piris, y un sobreviviente herido, suboficial mayor Víctor Raúl Gavilán.
“Si esto fuese una acción realizada por el grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo, ellos sí o sí dejarán un mensaje y darán la confirmación de que fueron ellos los actores de este hecho criminal. Hasta el momento no existen esos instrumentos”, refirió el comandante del CODI.
Gaona dijo también que “seamos conscientes de que el Ejército del Pueblo Paraguayo tiene el entrenamiento para realizar este tipo de actos, pero yo considero que se tiene que seguir evaluando, lo que sucedió no es parte de su modus operandi, el hecho de que actúen entre 20 o 30 personas”.
Añadió que “ahora mismo el personal del CODI está cubriendo las vías de acceso y estableciendo puntos de control en zonas estratégicas dentro de los que son las redes viales del departamento de Canindeyú, específicamente en las zonas de influencia de la comunidad Naranjito. Esto se concreta en base al pedido de apoyo que recibimos por parte de la Policía Nacional".