Este jueves, en redes sociales se hizo viral una fotografía en la que aparecen dos agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tomando cerveza en un surtidor mientras estaban de servicio en el departamento de Canindeyú. Estos estaban acompañados de otras dos personas vestidas de civiles.
El hecho se reportó en una estación de servicio de la citada localidad, donde estos agentes fueron con sus uniformes y portando sus armas reglamentarias. Tras comer algún aperitivo junto a sus amigos, pidieron unas chopp para cerrar el encuentro y esto fue captado por un ciudadano.
La situación fue reportada ante el ministro de Defensa, Óscar González, quien dispuso la suspensión del comisionamiento de los involucrados. Además, solicitó la presentación de ambos militares ante el Comando de las Fuerzas Militares para la apertura de un sumario administrativo.
“Cuando se cometen faltas fuera de la unidad se duplica en cuanto a su gravedad, porque manchan la imagen de la fuerza armada. El reglamento militar indica una expectativa de pena de hasta 90 días de arresto disciplinario”, dijo en ministro, en “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Desde el Ministerio de Defensa comunicaron que estos efectivos ya fueron identificados como el Cap. Com. Juan Rejala y la Tte. C. Karen Giménez. González indicó que se impondrán sanciones severas al personal que incurra en este tipo de faltas contra la disciplina militar.
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Justicia ordena suspensión total de la causa penal que afectaba a Ana Kim y directivos
La jueza Cinthia María Garcete Urunaga hizo lugar a la cuestión prejudicial y ordenó la suspensión total del proceso penal contra Elizabeth Kim Jang, Ana Kim Jang, Namjun Kwon, Alexis Florentín Gauto y Antonio Ramón Galeano Vega.
El caso tiene que ver con una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, aunque este pago se encuentra en pleno juicio civil de cobro de guaraníes, según expediente n.º 135/2026)
En efecto, el juzgado de garantías n.º 5 de Ciudad del Este frenó el avance del proceso penal hasta que se resuelvan las controversias civiles y comerciales que sustentan las acusaciones y cuyos antecedentes la Fiscalía utilizó como elementos de convicción sin siquiera realizar diligencias previas, con total desconocimiento de los afectados.
Para la defensa, el fallo deja al descubierto una actuación arbitraria por parte de la Fiscalía, que imputó apresuradamente delitos graves por un conflicto entre socios que ya se estaba tramitando en el fuero civil y comercial.
En vez de esperar a que la justicia civil defina si las deudas existen o si las asambleas son válidas, el Ministerio Público se apuró a armar una causa penal sobre hechos que todavía estaban en plena discusión comercial.
A esto se sumó la postura de la querella, que, según cuestionó la defensa, abusó de sus derechos procesales al pretender usar la vía criminal como un método de presión para doblarles el brazo a los imputados y cobrar por la fuerza lo que debe resolverse en el ámbito mercantil.
La resolución dejó en claro tres puntos clave:
Apropiación y deuda pendiente de definición: se acusaba una supuesta retención de dinero por el rescate de acciones, pero ese pago está en pleno juicio civil de cobro de guaraníes (Expte. N.º 135/2026). Si un juez civil todavía no determinó si existe la deuda o cuánto se debe, esa definición resulta necesaria para evaluar la acusación penal por apropiación.
Estafa y lesión de confianza sujetas a la decisión civil: todo el reclamo por las asambleas y la distribución de acciones se está juzgando en la demanda de nulidad civil (Expte. N.º 150/2026). Si la justicia civil confirma que los actos de la empresa fueron legales, esa decisión incidirá directamente en el sustento de las acusaciones penales.
Protección a los imputados: la resolución bloqueó cualquier intento de citar a los imputados para imponerles medidas cautelares o restricciones a su libertad mientras la causa penal siga suspendida. Para la defensa, resultaba absurdo querer aplicar medidas coercitivas sobre hechos cuya validez ni siquiera está definida en el fuero correspondiente.
Al final, hasta la propia Fiscalía terminó aceptando la suspensión ante los argumentos presentados por la defensa. Para el equipo jurídico de los afectados, esta resolución no solo frena un manoseo penal injustificado, sino que rectifica un procedimiento torcido y recuerda que la justicia penal no está para resolver peleas comerciales ni para prestarse al juego de querellas abusivas.
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Golpe al narcotráfico: primera semana de Nueva Alianza 59 deja pérdidas por USD 17 millones
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) dio detalles de los resultados de la primera semana de la operación Nueva Alianza 59 que está en marcha en los departamentos de Canindeyú y Amambay. Se trata de una iniciativa de cooperación entre Paraguay y Brasil impulsada para combatir el narcotráfico.
Las incursiones realizadas en la primera semana permitieron sacar de circulación alrededor de 113 toneladas de marihuana, arrojando una pérdida estimada en más de USD 17 millones para las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico, según el reporte de la institución.
Durante las incursiones fueron destruidas 36 hectáreas de marihuana y desmantelados 11 campamentos. También incautaron 5 toneladas de la droga que estaban en etapa de procesamiento.
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La operación se realiza con miembros de las fuerzas especiales y agentes Antidrogas que llevan a cabo las tareas con apoyo de la Policía Federal de Brasil, personal del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y el Ministerio Público.
La misma se lleva adelante con incursiones aéreas, así como terrestres sobre los centros de producción de marihuana que operan en Canindeyú y Amambay. “La operación continúa. La ofensiva no se detiene. Menos producción, menos ganancias para el crimen organizado”, destaca la Senad en su posteo realizado en Instagram.
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Por paro docente, no habrá servicio de alimentación escolar este lunes
El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) informa a la ciudadanía que este lunes, 9 de noviembre, no habrá servicio de alimentación escolar en los departamentos de Central y Presidente Hayes, además de capital (Asunción) ante la movilización anunciada por gremios docentes.
Las instituciones educativas y los proveedores adjudicados en el marco del llamado a Contratación de Alimentación Escolar fueron alertados de la situación en atención a los comunicados emitidos por los sindicatos del sector educativo del Paraguay que convoca para mañana a una manifestación y a la paralización total de las actividades escolares.
Docentes asociados de la UNE-SN, FECI, FEP y OTEP- A se movilizarán para exigir al Gobierno garantías para la protección de los fondos públicos y jubilatorios; la devolución total de los 60 millones de dólares de la Caja Fiscal, los 350 millones de dólares del IPS y de los demás fondos afectados. Y el cumplimiento del Presupuesto General de Gastos de la Nación correspondiente al 2027, entre otros reclamos del sector.
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Asimismo, se tuvieron en cuenta las comunicaciones recibidas de las instituciones educativas a través de correos electrónicos y las consultas realizadas mediante los grupos de WhatsApp, de las que se desprende que una amplia mayoría se adherirá a la medida de fuerza.
“Ante la incertidumbre respecto al normal desarrollo de las actividades académicas en esta fecha, se dispone la suspensión de la provisión de los servicios de alimentación escolar para esta jornada”, señala el comunicado del MDS.
Desde la institución explicaron que la medida se adopta con el propósito de “resguardar los recursos públicos destinados al programa Hambre Cero y evitar el desperdicio de alimentos” que pudiera generarse como consecuencia de la suspensión o disminución de las actividades escolares.
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Caso Ronaldinho: Dalia López es condenada a dos años de prisión con suspensión de la pena
La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.
López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.
Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impuso millonarias donaciones a instituciones de salud.
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Se dispuso el cumplimiento de:
- Entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
- Prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
- El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.
Antecedentes
El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados. En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos.
López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026. Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.