En sesión plenaria de este miércoles, el pleno de la Corte Suprema de Justicia presentó un informe sobre las medidas adoptadas desde abril ante denuncias por presuntas irregularidades en juicios ejecutivos de Juzgados de Paz. Se destacaron auditorías, sumarios administrativos, movimientos de personal, remisiones al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento, así como la promulgación de una ley para la creación de nuevos juzgados.

El presidente de la Corte, César Diesel, recordó que las decisiones se enmarcan en la normativa vigente, mientras que la vicepresidenta primera, Carolina Llanes, expuso que hasta la fecha fueron auditados 11.836 expedientes, lo que derivó en sumarios a 9 magistrados, 17 secretarios, 23 ujieres, 3 funcionarios, 25 abogados y 139 oficiales de justicia, varios de ellos actualmente suspendidos.

En paralelo, se dispusieron medidas administrativas que incluyeron reubicaciones, finalización de interinatos, desvinculaciones, 27 comisionamientos y 33 nuevas contrataciones de apoyo. Además, fueron aceptadas las renuncias de los jueces de La Catedral, La Recoleta y Lambaré, y no fue confirmado en el cargo el juez de Santísima Trinidad – Segundo Turno.

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La Corte Suprema informó también la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, así como la designación de los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón para acompañar los trabajos de la Comisión Especial de Investigación del Senado. En el ámbito legislativo, se destacó la promulgación de la Ley N.º 7526, que crea nuevos Juzgados de Paz en distintas circunscripciones del país con el fin de descongestionar los procesos.

La ministra Llanes señaló que algunos actores ya fueron imputados en el marco de las investigaciones judiciales. Finalmente, el ministro Martínez Simón dio lectura al comunicado emitido el pasado 9 de abril, en el que la Corte reafirmó que no es jurídicamente posible suspender medidas cautelares ni anular juicios ejecutivos de manera generalizada por vía administrativa o externa al Poder Judicial.

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El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes. La propuesta fue elaborada por el Ministerio de la Defensa Pública, en colaboración con la Comisión Especial de Investigación, como respuesta al esquema conocido como la “mafia de los pagarés”.

El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, explicó que la iniciativa busca atender con urgencia un problema que ha generado miles de juicios ejecutivos irregulares en Paraguay, expuso ante el pleno de la Cámara.

“Particularmente personas en situación de vulnerabilidad han sido víctimas de procesos sin la debida notificación, con expedientes judiciales que desaparecen y con embargos injustos, en abierta violación a los derechos fundamentales”, señaló.

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Entre las medidas más relevantes se establecen el saneamiento de expedientes no localizados, es decir, las secretarías judiciales tendrán un plazo de 10 días para informar si un expediente no se encuentra; en caso de extravío, el juez deberá ordenar de oficio su reconstitución.

También contempla la suspensión y levantamiento de medidas cautelares en juicios con expedientes extraviados, la declaración de nulidad de oficio cuando se verifiquen graves irregularidades en el proceso.

La protección a personas vulnerables, con asistencia del Ministerio de la Defensa Pública, la modernización de notificaciones, incorporando el correo electrónico y la mensajería instantánea para que los demandados puedan acceder a información sobre sus juicios. El proyecto fue aprobado con modificaciones y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su estudio.

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La Cámara de Diputados aprobó en sesión ordinaria, con modificaciones, el proyecto de ley “que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos”, iniciativa derivada de la trama delictiva conocida como “mafia de los pagarés”, que busca evitar nuevos casos en el futuro.

El texto aprobado establece que los descuentos compulsivos derivados de créditos o embargos no podrán superar el 50 % del ingreso mensual del servidor público, siempre que se trate de conceptos autorizados por el trabajador y canalizados por asociaciones, cooperativas, sindicatos o mutuales legalmente reconocidos.

La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, defendió el dictamen que recomendó la aprobación con modificaciones. Entre los cambios introducidos, se sustituyen los términos “empleado público” y “funcionario público” por “servidor público”, en concordancia con la ley de la Función Pública y del Servicio Civil.

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Otro ajuste relevante es la designación de las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas de cada entidad estatal como responsables de recibir denuncias y velar por la aplicación de la ley. Además, se incorpora un artículo que establece el orden de aplicación de los descuentos y sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento, consideradas como faltas graves.

La diputada Rocío Abed, presidenta de la Comisión de Equidad Social, respaldó el dictamen y subrayó que la regulación “garantiza que los descuentos no superen el 50 % del ingreso mensual”, con mayores requisitos de autorización y transparencia. En el mismo sentido, el diputado Jorge Ávalos Mariño señaló que la normativa introduce “herramientas claras para prevenir abusos y garantizar la transparencia”.

Por su parte, la legisladora Rocío Vallejo destacó que las modificaciones mejoran sustancialmente la media sanción del Senado, especialmente con la incorporación del artículo sobre prelación de cobros, que ordena los múltiples descuentos que afectan a los trabajadores.

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Tras su aprobación en Diputados, el documento será remitido nuevamente a la Cámara de Senadores para su estudio. Parlamentarios coincidieron en que la iniciativa constituye un paso hacia la justicia social y el respeto a los derechos fundamentales de los servidores públicos.

En el marco del mes de la industria paraguaya, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, destacó el papel central del sector en la economía nacional, además de señalar los desafíos estructurales que deben ser encarados para sostener un crecimiento inclusivo y sostenible.

Durante su mensaje, Duarte subrayó que esta conmemoración no sólo representa un homenaje al esfuerzo de empresarios, trabajadores y empresas que impulsan el desarrollo productivo, sino también una oportunidad para reflexionar sobre las transformaciones necesarias en un contexto global de alta volatilidad política y económica.

“Vivimos un mundo convulsionado por disputas políticas, económicas y militares. La geopolítica vuelve a marcar el rumbo, pero la globalización sigue siendo la geografía económica donde se definen las grandes oportunidades”, expresó el titular del gremio.

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En ese sentido, advirtió que los periodos de turbulencia imponen condiciones difíciles, aunque también generan nuevas oportunidades para quienes logren adaptarse.

Duarte resaltó que la industria paraguaya ha demostrado capacidad de diversificación y expansión incluso en tiempos adversos, pero insistió en que el país debe incorporar más innovación, digitalización y visión global para competir en un escenario cada vez más exigente.

Para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía mundial, señaló que es indispensable contar con reglas claras y un marco institucional estable. “Hoy es el turno de la dirigencia política. La política no puede rezagarse, debe adaptarse a las circunstancias y entender que la industria necesita un marco estable y equilibrado”, puntualizó.

En su discurso, respaldó la agenda de reformas económicas planteadas por el Poder Ejecutivo, y remarcó la necesidad de avanzar en otros frentes críticos: sostenibilidad fiscal, calidad del gasto público, modernización del transporte, un sistema previsional con futuro, y una seguridad jurídica garantizada por el Poder Judicial.

El sector energético también fue señalado como una de las prioridades. Duarte recordó que en las últimas cuatro décadas no se han instalado nuevas fuentes de generación, lo que plantea una urgencia para acompañar el crecimiento productivo y la demanda futura.

Finalmente, dijo que la industria no se limita a la producción, sino que representa empleo de calidad, inclusión social y compromiso con las comunidades. “Este mes es también un homenaje a quienes, con valentía, apuestan por el país, generan empleo y sostienen el bienestar de miles de familias paraguayas”, expresó.

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