La Fiscalía detuvo a un hombre vinculado al hallazgo del cuerpo sin vida de la ciudadana uruguaya Karina Ximena Arismendi, cuyo cadáver fue encontrado en un avanzado estado de descomposición en un edificio abandonado del microcentro capitalino. El sitio es conocido por los vecinos como la cueva de los chespis.

El cuerpo presentaba signos de violencia, incluida una herida cortante en el cuello y signos de defensa, lo que generó inmediato impulso a tratar el caso como presunto feminicidio.

La identificación preliminar se logró mediante un tatuaje característico y la cooperación con la Municipalidad de Asunción, que cuenta con un registro fotográfico de cuidacoches. Aun así, el sistema policial AFIS no arrojó coincidencias, por lo que la fiscala Daysi Sánchez solicitó asistencia a Interpol para confirmar la identidad de la víctima.

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El primer detenido de este caso fue un hombre de nacionalidad uruguaya, pareja de la víctima, de 44 años, detenido ese mismo día por un hurto bagatelario en el Mercado 4. Aunque inicialmente fue imputado por robo, la fiscalía solicitó su prisión preventiva ante el riesgo de fuga y porque su relato presentó contradicciones significativas.

Una vecina, al reconocer al sospechoso en una fotografía, afirmó sin dudas que se trataba de la pareja de la víctima. En su declaración, el hombre negó conocerla, pero tras ver imágenes del lugar del hallazgo, la identificó refiriéndose a ella como “la patrona” y “la uruguaya”, lo que profundizó las sospechas.

Además, se investiga el paradero de un bebé de aproximadamente un año, que solía estar acompañado de la pareja y la víctima. Hasta el momento, no se sabe su ubicación ni estado.

El Departamento de Homicidios de la Policía Nacional se encuentra analizando grabaciones de circuitos cerrados de los últimos tres días en los alrededores del hallazgo, con la expectativa de reunir más pruebas que permitan esclarecer lo sucedido y confirmar responsabilidades.

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Este 27 de agosto se cumplen 9 años del atentado atribuido al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en el que fallecieron ocho militares de la Fuerza de Tareas Conjunta (FTC) en el departamento de Concepción. Autoridades inauguraron un monolito en conmemoración a los héroes caídos.

En la localidad de Arroyito del departamento de Concepción autoridades castrenses, departamentales, familiares y allegados de los fallecidos participaron de la solemne ceremonia para honrar la memoria de los militares que perecieron aquel 27 de agosto del 2016, a manos del grupo criminal EPP.

Al finalizar, la ceremonia en la base del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), las autoridades inauguraron un monolito en conmemoración a los héroes caídos.

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Han pasado 9 años, de aquel atentado en el Núcleo 6 de Arroyito, donde se cuenta con un Memorial en honor a los uniformados, sitio en el que se reunieron sus familiares para recordarlos.

Los militares habían sido emboscados cuando iban en un camión de la Base Nº 2 de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), quienes estaban haciendo su recorrido de rutina entre los núcleos 6 y 7. Esto fue aprovechado por los atacantes que detonaron explosivos, provocando la caída de la patrulla, que posteriormente fue ejecutada.

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Un nuevo caso de presunto feminicidio fue denunciado en el barrio San Antonio de la ciudad de Concepción, teniendo como víctima a una joven de 25 años que fue degollada. Surge como principal sospechoso su pareja sentimental.

La víctima fatal fue identificada como Liz Antonia Salinas, de 25 años, quien fue encontrada sin signos de vida en su vivienda. Los datos preliminares refieren que esta mujer fue atacada con un machetillo y posteriormente degollada, sufriendo una importante pérdida de sangre.

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El principal sospechoso del nuevo caso de feminicidio es su pareja sentimental, Diego Borja Ramírez, de 35 años, quien se dio a la fuga a bordo de una motocicleta luego de cometer el hecho. A pocos metros del cuerpo de la víctima hallaron el arma blanca utilizada para este brutal asesinato.

Ya tomaron intervención agentes de la comisaría local, junto a personal de Criminalística de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público, quienes deberán ordenar la detención del presunto autor del suceso.

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Se cumplió un año más del terrible feminicidio ocurrido en el departamento de Amambay, en que el autor dijo a las autoridades que realizó el terrible crimen “guiado por una orden divina y de Jesús”. Pablino Giménez, de 57 años, mató a su esposa Patrocinia Romero, de 48 años, y a su hija Noelia Giménez Romero, de 20 años, el 22 de agosto de 2021.

“Por orden de Jesús sacrifiqué a mi hija quien tenía muchos espíritus malignos y de esa manera reprendí al demonio y le tapé la boca”, expresó Pablino a los medios de comunicación. El homicidio fue perpetrado con la ayuda de su propio hijo, José Giménez, quien fue el encargado de sostener a su madre para que su padre la asfixiara.

El hecho sucedió el 22 de agosto de 2021, pero la denuncia de la desaparición de madre e hija recién se hizo el 25 de octubre, en la Subcomisaría 2.ª de Pedro Juan Caballero, dos meses después del hecho.

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Ante la desaparición de ambas mujeres, los vecinos preguntaban a Pablino por su paradero, quien respondía que estaban de viaje. Fue justamente este argumento el que utilizó para plantear la denuncia, aduciendo que las mujeres fueron con un conocido de la esposa.

Debido a la contradicción en la declaración del autor del crimen, la fiscala Reinalda Palacios solicitó una orden de allanamiento y llegó sorpresivamente a la casa buscando elementos que puedan llevar al paradero de las mujeres. Al ingresar a la casa, la comitiva fiscal encontró los cuerpos en estado de descomposición. Lo que quedaba de las dos mujeres desaparecidas, más que nada piel y huesos, estaba tapado con unas frazadas en el fondo de una habitación que se usaba como taller.

Ante la evidencia y sin poder dar mayor explicación, el hombre admitió que cometió el feminicidio y dijo a las autoridades que su “hija estaba poseída” y que él “recibió una orden divina” para matarlas.

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El Tribunal de Sentencia, integrado por las magistradas Ana Aguirre, Mirna Soto y Marcelina Quintana, condenó a 29 años de cárcel a Pablino Giménez Ledesma. Su hijo fue condenado a 10 años de prisión por haber ayudado a su padre a cometer el atroz doble feminicidio. Ambos condenados están cumpliendo su condena en la penitenciaría regional de Amambay.