El presidente de la República, Santiago Peña, sostuvo la firme postura de su gobierno contra las organizaciones criminales que buscan operar dentro del sistema penitenciario, al ser consultado anoche sobre el caso de las “celdas VIP” encontradas en la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua, que ya fueron intervenidas y desmanteladas por el Ministerio de Justicia.

“Estamos trabajando, nosotros tenemos una política muy fuerte sobre estas organizaciones y todo lo que es el manejo de todas las penitenciarías. El operativo Veneratio es un claro ejemplo de eso, el operativo Umbral también fue un claro ejemplo”, expresó el mandatario a la prensa durante una visita en el Karting Club Paraguayo, con el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayen, en el marco del Congreso Americano de FIA, que organiza el WRC ueno Rally del Paraguay 2025.

Así también, Peña sostuvo que el Gobierno, además de las políticas dentro de las penitenciarias, está trabajando en la preparación de guardiacárceles. “Estamos haciendo todo lo que es posible en entrenamiento, de la formación, por supuesto, Cuando hay datos, nosotros hacemos la investigación y tomamos las medidas como corresponde”, aseveró el mandatario.

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Además, el jefe de Estado fue consultado si este hecho trascendido desde ayer lunes representa un retroceso para el trabajo que viene realizando el Gobierno en el sistema penitenciario, y respondió que no, de manera contundente.

De acuerdo con las informaciones, los beneficiarios de estos tratos preferenciales serían los presos vinculados al caso A Ultranza PY. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aclaró que dichas estructuras no son nuevas, sino parte de la antigua infraestructura del penal, pero que serán desmanteladas, y las personas privadas de libertad reubicadas en otros centros penitenciarios sin privilegios.

El actual director del penal, quien asumió hace tres meses y medio, venía colaborando con las tareas de inteligencia y fue relevado temporalmente de su cargo para facilitar la intervención. La cartera de Justicia desmintió versiones sensacionalistas sobre la existencia de un jacuzzi, aclarando que se trata de una pila bautismal utilizada por la iglesia del penal, actualmente convertida en escritorio.

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El lunes se realizó una sorpresiva intervención en la Penitenciaría de Emboscada que derivó en el hallazgo de lujosas “celdas VIP”. Sobre el tema, la jueza penal de ejecución Rossana Bogarín, quien encabezó la visita el pasado viernes, relató que el procedimiento tenía como objetivo verificar las condiciones de los internos y garantizar el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad.

Sin embargo, la inspección reveló una realidad distinta: celdas con comodidades y privilegios a las que no accedían todos los reclusos. De acuerdo con el testimonio de la magistrada, incluso se intentó ocultar la existencia de estas habitaciones especiales por parte de las propias autoridades penitenciarias.

Durante el recorrido, los magistrados lograron conversar a puertas cerradas con un interno, quien confesó que pagaba alrededor de 300 mil guaraníes mensuales a otro recluso que actuaba como “regente” para poder habitar en una de estas celdas mejor acondicionadas. El detenido no precisó a quién llegaba finalmente ese dinero, según comentó a la 680 AM.

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Tras el escándalo, el Ministerio de Justicia ordenó el traslado de 42 internos a otro penal, como una medida para desligarse de las críticas y dar señales de control. No obstante, el hallazgo contradice el discurso oficial que insiste en que la situación de los establecimientos penitenciarios están bajo control.

En cuatro celdas del pabellón habrían comodidades, tales como jacuzzi, PlayStation, chef privado, comunicación satelital, entre otros lujos. Estos espacios estaban ocupados por personas procesadas por el operativo “A Ultranza” y que guardaban reclusión en el lugar. El director alegó que esas celdas ya estaban al momento en que él asumió el cargo, hace aproximadamente tres meses.

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Un pabellón del anti­guo penal albergaba a reos con privilegios que gozaban de celdas con TV, camas somier y heladeras; la Justicia separó al director.

El director del penal, Hum­berto López Gómez, fue separado del cargo y la ins­titución penitenciaria fue intervenida según lo dis­puso el Ministerio de Jus­ticia. Como interventor fue nombrado Víctor Wilfrido Aliente Guillén, quien en el pasado había sido desafec­tado de la cárcel de Tacumbú por sospechas de corrupción.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, oficializó la intervención de la peniten­ciaría regional de Embos­cada Antigua.

Se tomó dicha determina­ción tras conocerse la exis­tencia de tratos privilegiados a favor de presos procesados en el marco del operativo A Ultranza, quienes cuentan con jacuzzi, chefs privados, acceso a líneas telefónicas satelitales y otros lujos, que fueron comprobados por magistrados que estuvie­ron por el reclusorio y ele­varon un informe sobre sus actuaciones.

Según se supo los beneficia­rios de estos lujos pagaban unos USD 15.000 por mes para tener de todo y sin ser molestados. Pero se filtró el hecho y se hizo la denuncia ante el juzgado y luego se movilizaron las autorida­des para poder llegar a con­firmar el hecho.

“El Ministerio de Justicia reafirma su compromiso con la transparencia, la legali­dad y el fortalecimiento del sistema penitenciario nacio­nal, garantizando que se tomarán todas las medidas necesarias para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse”, añade el manifiesto institucional.

Luego de eso se realizó la ins­pección del reclusorio y tras el informe al ministro Nicora el penal quedó intervenido, para identificar a los respon­sables de haber dejado que se monten estos espacios vip.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora oficializó la intervención de la penitenciaría regional de Emboscada Antigua, tras el descubrimiento de un pabellón con cuatro celdas VIP por una comitiva judicial que el viernes pasado realizó una visita al reclusorio.

“En el transcurso de esta mañana una comitiva oficial del Ministerio de Justicia, encabezada por el viceministro de Política Criminal junto a la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción, Dirección de Obras, Dirección de Inspectoría General y otras dependencias, se constituirá en el establecimiento penitenciario para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer los hechos detectados”, confirma un comunicado de la institución publicado en redes sociales.

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Las autoridades del Ministerio de Justicia tomaron dicha determinación tras conocerse la existencia de tratos privilegiados a favor de presos procesados en el marco del operativo A Ultranza, quienes cuentan con jacuzzi, chefs privados, acceso a líneas telefónicas satelitales y otros lujos, que fueron comprobados por magistrados que estuvieron por el reclusorio y elevaron un informe sobre sus actuaciones.

“El Ministerio de Justicia reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional, garantizando que se tomarán todas las medidas necesarias para determinar las responsabilidades que pudieran derivarse”, añade el manifiesto institucional.

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