El lunes se realizó una sorpresiva intervención en la Penitenciaría de Emboscada que derivó en el hallazgo de lujosas “celdas VIP”. Sobre el tema, la jueza penal de ejecución Rossana Bogarín, quien encabezó la visita el pasado viernes, relató que el procedimiento tenía como objetivo verificar las condiciones de los internos y garantizar el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad.

Sin embargo, la inspección reveló una realidad distinta: celdas con comodidades y privilegios a las que no accedían todos los reclusos. De acuerdo con el testimonio de la magistrada, incluso se intentó ocultar la existencia de estas habitaciones especiales por parte de las propias autoridades penitenciarias.

Durante el recorrido, los magistrados lograron conversar a puertas cerradas con un interno, quien confesó que pagaba alrededor de 300 mil guaraníes mensuales a otro recluso que actuaba como “regente” para poder habitar en una de estas celdas mejor acondicionadas. El detenido no precisó a quién llegaba finalmente ese dinero, según comentó a la 680 AM.

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Tras el escándalo, el Ministerio de Justicia ordenó el traslado de 42 internos a otro penal, como una medida para desligarse de las críticas y dar señales de control. No obstante, el hallazgo contradice el discurso oficial que insiste en que la situación de los establecimientos penitenciarios están bajo control.

En cuatro celdas del pabellón habrían comodidades, tales como jacuzzi, PlayStation, chef privado, comunicación satelital, entre otros lujos. Estos espacios estaban ocupados por personas procesadas por el operativo “A Ultranza” y que guardaban reclusión en el lugar. El director alegó que esas celdas ya estaban al momento en que él asumió el cargo, hace aproximadamente tres meses.

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