Este lunes, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) anunció que quedó suspendido el proceso selectivo para la conformación del Banco de Datos de Educadores Elegibles, tras la serie de irregularidades detectadas en el segundo operativo del Concurso Público de Oposición (CPO). Esta medida afecta al operativo uno desarrollado en julio y atrasa al tres, que debía hacerse en setiembre.
El ministro Luis Ramírez indicó que ha tomado la decisión de suspender el concurso público de oposición porque recibieron varias denuncias por presunto fraude. Las denuncias fueron realizadas bajo actas e indicios estadísticos, que deja entrever la existencia de anomalías.
“He tomado la decisión de suspender el concurso público de oposición que se realizó la semana pasada. Hemos hecho un análisis estadístico que ha arrojado indicios que señalan que pudo haber existido irregularidades”, manifestó Ramírez, en los canales oficiales del ministerio.
Operativo 1 y 3 también suspendidos
El MEC resaltó que esta medida, hace que se vea aplazada la divulgación de resultados de ese segundo operativo y suspendido el tercero, que debía llevarse a cabo el próximo miércoles 17 de setiembre. También quedan en pausa los resultados alcanzados en el primer operativo que tuvo lugar el pasado miércoles 23 de julio.
Ramírez reafirmó que necesitan tomarse tiempo para investigar, averiguar, encontrar responsables y cumplir con las sanciones estipuladas para estos casos. “Se suspende este concurso hasta tanto y en cuanto tengamos respuesta y resultado de esta auditoria interna que hoy estamos abriendo en el MEC”, apuntó.
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Denuncian intento de desalojo a docente jubilada de 76 años por un error catastral en San Pedro
Este viernes, una docente jubilada de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú denunció que enfrenta una demanda por un error catastral que atribuyó su terreno a otra persona y esta busca apropiarse de ella. Junto a su abogada, denuncia mala fe y pide justicia para conservar su casa.
Según la abogada Elva Yegros, representante legal de la mujer, su clienta Amelia Blanco de Yegros enfrenta una demanda judicial que busca despojarla del terreno y la vivienda donde ha residido de forma pacífica, pública e ininterrumpida por más de 29 años. La disputa se originó tras detectarse un aparente error material en el Servicio Nacional de Catastro.
“En el 2009 ella compró por resolución municipal este terreno y cuando ella decide titular su terreno va a la escribanía y ahí se entera que hubo un error, su terreno estaba inscripto a nombre de su vecina. El escribano le dijo que no se preocupe, que es fácil de enmendar, que suele pasar eso”, expresó Yegros, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Los antecedentes indican que el inmueble perteneció históricamente a la familia de Amelia, siendo inicialmente ocupado por una tía suya. En el año 2009, la municipalidad regularizó la situación expidiendo una resolución oficial de venta a favor de la docente.
Cómo ocurrió el error
Tras el error que ocurrió al titular el terreno, la señora Amelia tuvo que recurrir junto a la mujer en cuyo nombre se inscribió la propiedad. En un principio llegaron a buenos términos y pensaron que todo iba trascurrir como pensaron, pero grande fue la sorpresa cuando la mujer decidió tomar procesión de la vivienda.
“Ella se acercó a la señora Maura Andresa Valiente, le comenta del error, que habló con el escribano, que es fácil de enmendar. La señora en ese momento dijo que iba a hablar con sus abogados y que le iba a avisar en unos días, pero grande y desagradable fue la sorpresa que se llevó Amelia, porque ahí se entera y le llega la notificación de la demanda”, expresó la abogada.
Aclaró que creen que el error fue en registro de Catastro y que el número de la cuenta catastral del inmueble donde vive la docente se transcribió en el documento de la demandante. Todo se ocurrió porque las viviendas de ambas mujeres en su momento habrían pertenecido a la misma persona.
Mala fe
“Esta mujer con toda la mala fe del mundo junto a sus abogados está queriendo adueñarse de un inmueble que nunca compró, que ni siquiera fue inquilina en su momento, ni siquiera jamás pisó. Ahora se está queriendo aprovechar de ese error para despojarle a la señora Amelia de su casa”, manifestó Yegros.
Afirmó que ya realizaron los procedimiento correspondientes, pero que desean realizar la denuncia pública para que la docente pueda recuperar su propiedad. La comunidad y los familiares exigen que las autoridades judiciales y el Servicio Nacional de Catastro actúen para subsanar el error registral y devuelvan la propiedad a su legitima dueña.
“No pedimos nada fuera del lugar, no pedimos nada extraordinario, solo que la señora y la Justicia haga lo suyo que le devuelvan la tranquilidad a mi cliente. Soñamos con que antes de que ella muera vea la Justicia. Esperamos, queremos que la Justicia actúe”, puntualizó.
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Fiscalía ratifica a fiscales que investigan a Wiens por el caso metrobús
El fiscal adjunto Augusto Salas Coronel, firmó la resolución 329 por la cual rechaza la recusación planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens y ratificó la intervención de los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle para investigar el proceso penal caratulado “Ramón Jiménez Gaona y otros sobre lesión de confianza y otros”, más conocido como caso Metrobús.
La defensa técnica del exministro, abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, presentaron ayer jueves ante la Fiscalía Adjunta Área I de Asunción, un petitorio para que sean apartados del caso los citados investigadores fiscales, por considerar comprometida la objetividad de los mismos.
Cuestionaron que los fiscales Grisetti, Silva y Adle convocaron nuevamente a Wiens a declaración indagatoria por dos hechos: lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Según la defensa, el juzgado penal de Garantías había admitido la imputación únicamente por lesión de confianza, y esa delimitación ya está firme por no haber sido recurrida.
Cabe recordar que Wiens fue imputado en febrero de este año por presunto perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones relacionado con el proyecto metrobús. Según el Ministerio Público, el exministro tendría responsabilidad penal por las decisiones adoptadas durante la ejecución de la obra.
La imputación sostiene que Wiens no cumplió con la recomendación de la Procuraduría General de la República de realizar un informe técnico antes de la demolición de obras que habían costado al Estado G. 6.924.624.006. Además, señala que autorizó el pago de G. 8.030.693.029 para rehabilitar el tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto en el proyecto original.
El presente caso está paralizado desde marzo de este año, cuando el juez Otazú decidió admitir la imputación pero debido a las chicanas presentadas por la defensa del imputado hasta el momento no se pudo desarrollar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Presumen que muerte de embarazada en Curuguaty no se habría dado por un rayo
Este miércoles, familiares de una mujer que habría fallecido tras la caída de un rayo en Curuguaty, departamento de Canindeyú, denunciaron que no creen que esta fuera la causa de muerte. Piden a las autoridades que investiguen el caso porque presumen que tuvo una discusión con su pareja y que a raíz de esto falleció.
El fin de semana pasado falleció Jorgelina Ruiz Díaz, de 37 años, quien estaba embarazada de siete meses y que tenía cuatro hijos pequeños. El reporte del médico forense del Hospital de Curuguaty determinó como causa de muerte una arritmia cardiaca severa por causa de un golpe o descarga eléctrica.
“Sus familiares llegaron hasta la casa ubicada en la colonia San Óscar Romero, donde revisaron el sitio y tienen ciertas dudas de que la mujer hubiera muerto por una descarga eléctrica, porque en la casa no hay ninguna secuela de algún choque eléctrico o que haya saturado las instalaciones”, expresó Juan Alcaraz, corresponsal de “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Apuntó que la hermana de la mujer resaltó que las instalaciones están intactas y que en ese momento estaba teniendo una acalorada discusión con su expareja, que la abandonó tras dos embarazos. “No lo acusan de que la haya matado, pero que esa discusión puedo ser lo que haya provocado alguna crisis y hubiera caído muerta”, resaltó.
La familia adelantó que van a solicitar la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió realmente. “Aseguran de que no hay rastro de que el rayo que cayó haya causado la muerte de su hermana. Además, que los niños estaban durmiendo en la otra pieza y no escucharon ninguna explosión mientras ocurrió el hecho”, resaltó.
Piden a las autoridades que visiten la casa de Jorgelina para levantar evidencias y pueda corroborar que todo el cableado así como también el celular de la víctima que estaba conectado funcionan correctamente y que en el caso de la caída de un rayo estarían quemados.
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Policía de Brasil investiga plan de atentados contra poderes públicos en las elecciones
La Policía de Brasil informó el martes que realizó una operación contra ocho hombres sospechosos de planear en Telegram atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante las elecciones de octubre, en las que el presidente Lula busca un cuarto obligatorio.
Autoridades informaron que se incautaron celulares y computadoras de los investigados en cinco estados, pero no se hallaron armas ni explosivos ni hubo detenciones.
Los sospechosos integraban “dos grupos públicos en la plataforma Telegram que compartían información sobre planificación de atentados en Brasilia” en el período electoral, detalló en una rueda de prensa el secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes.
“Lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino (...) a la planificación de actos graves de violencia”, precisó.
Los sospechosos, de entre 19 y 31 años, no se conocen personalmente ni tienen antecedentes delictivos. Trabajan en empleos diversos. Uno de ellos es seminarista de un monasterio de Pernambuco (noreste).
Según un comunicado de la Policía Civil, en Telegram compartieron “manuales para la fabricación de artefactos explosivos” y discutieron la “invasión de edificios, selección de objetivos, formación táctica, reclutamiento interestatal, análisis de mapas y (...) modelos tridimensionales de edificios”.
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La investigación busca “aclarar el grado de organización y el nivel de desarrollo de las acciones” bajo la hipótesis de asociación criminal y apología del crimen, entre otros posibles delitos, sin que los hechos se encuadren “por ahora” como terrorismo, agregó el texto.
Fernandes indicó que se solicitó a la Agencia Nacional de Protección de Datos, un órgano público independiente, que investigue si Telegram incumplió su deber de “impedir la circulación masiva de contenidos delictivos”.
Brasil aprobó en abril una ley que endureció las reglas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y redes sociales sobre los contenidos divulgados por sus usuarios.
Los investigados conspiraban contra “el sistema político en su conjunto, sin determinar izquierda o derecha” y sin barajar nombres de autoridades, dijo el jefe de inteligencia de la Policía Civil de Brasilia, Maurílio Coelho.
En sus conversaciones mencionaron como posibles objetivos “todos los ministerios, el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (...) y la planta baja de Planalto”, el palacio presidencial.
El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentará en octubre al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
El exmandatario está condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.
El 8 de enero de 2023, días después de la asunción de Lula, simpatizantes bolsonaristas invadieron y destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, un episodio considerado por la corte suprema como parte de la misma trama golpista que llevó a Bolsonaro a la cárcel.
- Fuente: AFP
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