El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), Carlos Romero, se refirió a la situación actual de la cooperativa Poravoty Ltda., que días atrás fue allanada por una investigación de lesión de confianza. Por ahora, esta cooperativa no puede continuar funcionando con normalidad, debido a la millonaria pérdida de su patrimonio que es muy superior a su activo. Solo puede gestionar cobros de préstamos otorgados.

En conversación con el programa “Dos en la Ciudad”, que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó que con esta cooperativa existen dos procesos, por un lado, se llevó a cabo una fiscalización luego de una intervención a partir del mes de enero.

Indicó que se derivó al Ministerio Público unas denuncias que surgieron tras la fiscalización por parte del Incoop, sobre el manejo y algunas irregularidades que han detectado y consideraron llamativos por lo que solicitaron la investigación fiscal.

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Indicó que posteriormente la cooperativa llevó adelante su Asamblea de intervención, en la cual también se informó sobre el retiro de la personería jurídica para operar como cooperativa en ahorros y créditos.

“Esto no quiere decir que se cerró la cooperativa, sino que está vedada la cuestión de ahorro está vedada la emisión de actos cooperativos para la concesión de nuevos créditos. No así para las cobranzas y la devolución correspondiente de los préstamos”, explicó.

Señaló que sigue el proceso del corte administrativo de la intervención a cargo de los socios electos en la asamblea acompañados de dos funcionarios del Incoop, que tendrán voz, pero no voto, que estarán acompañando el proceso de liquidación de activos para la devolución de los fondos, conforme a lo que establece la Ley.

“La cooperativa con la intervención cerrada al 30 de junio, con una pérdida de 295.000 millones de guaraníes, muy superior al activo, con relación a muchas previsiones porque no hubo buen manejo administrativo. Por lo que está vedado por el momento para las actuales autoridades es recibir ahorros y otorgar créditos. Desde el Incoop consideramos que no puede seguir operando con normalidad por ese motivo”, comentó.

No obstante, señaló que la Cooperativa Poravoty, sí puede seguir operando para el cobro de los préstamos otorgados anteriormente. Indicó que la nueva administración ahora debe realizar un plan de acción con acompañamiento de los funcionarios del Incoop y aprobado por el consejo directivo del Incoop.

Este plan operativo incluye la gestión de los créditos otorgados, ya que cuenta con una cartera sana de alrededor de 40.000 millones de guaraníes, y luego tiene otra cartera cerca de 200 mil millones de guaraníes que está afectada y que está llevando a pérdida hoy y que tienen que gestionar para la cobranza hoy durante todo este proceso.

Una vez cobrados esos montos, se podrá comenzar a pagar las cuentas y a distribuir el dinero que le corresponde a los ahorristas. Señaló que hoy la pérdida es muy alta y la cooperativa necesita de una capitalización muy grande para salir a flote nuevamente.

“Lo que le falta es una buena gestión por un periodo de tiempo de buenas cobranzas y cancelación de deudas financieras y la cancelación hoy de las deudas judiciales. Hoy la cooperativa tiene totalmente embargadas las cuentas. Por todo esto es que la fiscalía intervino el viernes a fin de verificar todas las denuncias técnicas que hizo el Incoop, y que probablemente existan algunas cuestiones legales que puedan ser responsables las autoridades de los últimos consejos directivos”, acotó.

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La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por Ramón Ramírez, permitió visibilizar las irregularidades en la gestión del destituido intendente Miguel Prieto, afirmó el concejal Ernesto Guerín en comunicación con La Nación/Nación Media.

El edil valoró el trabajo del interventor y sostuvo que la investigación permitió “sacar a la luz cómo se manejaban los recursos y las decisiones dentro de la municipalidad, pese a la filtración de algunos audios”. Según Guerin, la intervención sirvió para que la ciudadanía pueda formarse una opinión clara sobre la gestión de Prieto y su equipo, puesto que reveló su verdadero rostro.

Si bien existen denuncias documentadas por la Contraloría General de la República (CGR) y confirmadas por el equipo interventor, Guerín cuestionó el hecho de que las investigaciones del Ministerio Público aún no se han concretado y lamentó su lentitud, en medio de una seguidilla de chicanas que la defensa de Prieto interpone desde hace un año en las dos causas en que está imputado.

“Yo estoy preocupado porque el Ministerio Público aún no se ha pronunciado ante tantos robos, tantas denuncias, hasta hoy no han venido a la municipalidad, esta gente está libre, hay muchos hechos de corrupción. Estoy seguro que si del que se trataba era alguien del Partido Colorado ya íbamos a estar en cadena nacional, y vemos que también un sector de la prensa le defiende a un corrupto”, aseveró.

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La designación del intendente interino, que asumirá el cargo en tanto se elija a un intendente en las elecciones de noviembre, fue definida y, tras un acuerdo entre los concejales del movimiento prietista Yo Creo y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se permitió que la liberal María Portillo asuma el cargo.

La hermana del exdiputado Carlos Portillo estará interinando la administración municipal hasta que asuma el candidato electo para completar el mandato. Las internas se realizarán el próximo domingo 5 de octubre y la votación final el siguiente domingo 9 de noviembre. En tanto, las elecciones municipales ordinarias están confirmadas para el domingo 4 de octubre de 2026, con internas programas el domingo 7 de junio de 2026.

La Justicia Electoral ya ha iniciado el proceso que suponen el desarrollo de estas elecciones, que se realizarán con la utilización de papeletas teniendo en cuenta que para la fecha estimada aún no se disponibilizará de las máquinas de votación, que todavía están en etapa de licitación.

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Cumpliendo el plazo establecido para la intervención de la Municipalidad de Asunción, el economista Carlos Pereira entregó este viernes su informe final de la fiscalización a la administración del intendente suspendido Óscar Rodríguez, que se había iniciado el pasado 24 de junio.

El documento fue presentado en las oficinas del Ministerio del Interior, cumpliendo así el mandato que recibió del Poder Ejecutivo, y tras su chequeo de conformidad a las normativas, será remitido a la Cámara de Diputados para su consideración.

En la mañana de este viernes 22 de agosto, Pereira había adelantado que su dictamen desarrollado en 700 páginas abarca tres puntos centrales, respondiendo en primer lugar a las seis observaciones cuestionadas por la Contraloría General de la República (CGR), que fue lo que motivó el pedido de intervención.

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También contempla un análisis de la gestión administrativa, aspectos de control interno, hallazgos de inconsistencias contables, operativas, administrativas y observaciones de gastos. Por último, contempla cinco denuncias que fueron presentadas ante el Ministerio Público, entre ellas, sobre falsificación de planos y alteración de software.

Al respecto de las observaciones de la Contraloría, Pereira explicó que el resultado de la intervención ha coincidido con las 6 observaciones; haciendo la salvedad que en el punto 1 y 6 cuentan con mayor profundidad de estudio. Teniendo en cuenta que la CGR tuvo limitaciones en el acceso a la información. En cambio, él con su equipo tuvieron mayor acceso y pudieron analizar en profundidad.

“A pesar del tiempo hemos podido reunir toda esa información para poder hacer la trazabilidad desde la emisión de los bonos, hasta la percepción de los mismos, en cada una de las cuentas que en la administración del municipio se han manejado bajo la cuenta única; que por una confusión ha permitido que se haya mezclado de diferentes fuentes y orígenes los recursos financieros”, explicó.

Pereira indicó que esta situación llevó a que el 97 % de esos recursos se usaran en gastos corrientes y solamente el 3 % se destinó a obras de infraestructura. Esto fue lo que la CGR observó como una transgresión al artículo 197 de la Ley N° 3.966 Orgánica Municipal, que ha sido confirmado por la intervención que le tocó encabezar.

“Ese endeudamiento ha permitido llevar a una situación de infracapitalización financiera al municipio. Lo que significa que todos los recursos que hoy cuenta la comuna, son absolutamente insuficiente", explicó.

Añadiendo que la recaudación que obtiene a diario por el cobro de los tributos resulta insuficiente ante el enorme caudal de obligaciones en el corto plazo que hace que las exigencias, vencimientos recurrentes y sucesivos hoy el municipio de Asunción esté en constante reprogramación de los pagos”, comentó.

El interventor Pereira mencionó que el informe también contempla otros hallazgos y otras debilidades halladas en distintas direcciones de la comuna. Pero también se plantean distintas soluciones a los problemas. Además, indicó que dejan plasmado un programa de proyectos de cómo el municipio podría comenzar a salir adelante de esta situación difícil financieramente hablando.

“Creo que hoy inicia otra etapa, y deberíamos ayudar a nuestro municipio; necesitamos restaurar la municipalidad, organizar reestructurar esta administración después de toda esta situación complicada. Se debe cambiar la forma de administrar, que se achiquen los gastos, que se reestructure todo el aparato administrativo que hoy está excesivo para lo que debería ser el municipio de Asunción”, acotó.

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El intendente de la ciudad de Asunción, Óscar Rodríguez, presentó su renuncia al cargo este viernes, a través de una conferencia de prensa en la sede municipal, en la misma jornada en que se entrega el informe final de la intervención de la Municipalidad de Asunción. Ocupó la intendencia en diciembre de 2019, al interinar por la renuncia de Mario Ferreiro, y luego fue electo el 10 de octubre de 2021, en elecciones ordinarias.

Las autoridades de seguridad se encuentran ultimando los detalles para el despliegue de efectivos policiales en el marco del Campeonato Mundial de Rally a realizarse en el departamento de Itapúa, del 28 al 31 de agosto próximo. El viceministro de Seguridad Interna, Óscar Pereira, destacó que el plan de seguridad en el cual se está trabajando desde hace tres meses está siendo ejecutado con total normalidad.

“Ayer el ministro del Interior, acompañado de toda la cúpula policial, realizó trabajos de verificación sobre el despliegue policial que ya se está ejecutando en el marco del rally. Puedo confirmar que serán desplegados 5.000 policías para dar una cobertura completa al evento”, dijo en conversación con el programa “Así son las cosas”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Corte Suprema de Justicia resolvió destrabar la causa penal contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza y asociación criminal, tras un año de dilaciones procesales impulsadas por su defensa.

En entrevista con Universo 970/Nación Media, el fiscal Silvio Corbeta explicó que la investigación estuvo prácticamente paralizada por una serie de “chicanas sistemáticas” que incluyeron recusaciones, apelaciones cruzadas y acciones de inconstitucionalidad.

Más de 100 agentes ingresaron a la Chacarita a fin de realizar varios allanamientos en busca de delincuentes con órdenes de captura. Se investiga el asesinato de una mujer que resultó víctima colateral de un enfrentamiento a tiros entre pandillas.

El comisario Marcelino Espinoza, director de Investigación de Hechos Punibles, informó que se prevé allanar siete domicilios en busca de sujetos con órdenes de captura por varios hechos punibles y que habrían participado de enfrentamientos entre grupos.

La Policía Nacional reforzó la dotación de personal en el Alto Paraná para garantizar la seguridad tras amenazas de asaltos a entidades bancarias y transportadoras de caudales en la zona.

Miembros de facciones criminales brasileñas estarían articulando los atracos, por lo que las fuerzas del orden están en alerta, confirmó el comisario Feliciano Martínez, director de Policía del Alto Paraná.

El gobernador de Guairá, César Sosa, destacó la unidad que prima dentro del Consejo de Gobernadores tras la renovación de la mesa directiva para el periodo 2025-2026. Señaló que el principal desafío es mantener el diálogo entre los miembros y trabajar de manera conjunta para garantizar beneficios en todos los departamentos del país.

“Tuve el privilegio de contar con la confianza de mis colegas para estar nuevamente al frente de un consejo unido, que trabaje incansablemente en beneficio de todos los departamentos”, expresó Sosa, quien resaltó que la conformación de la mesa fue fruto de consensos.