El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, confirmó que efectivamente existen privilegios en la penitenciaría Padre de la Vega, conocida actualmente como Emboscada Antigua, donde se comprobó que hay celdas VIP.
Los beneficiarios de estos tratos preferenciales serían los presos vinculados al caso A Ultranza, y el servicio cinco estrellas tendría un costo de 15 mil dólares cada celda VIP. Se descubrió tras una visita al reclusorio por parte de jueces de ejecución.
“Se dispusieron las medidas a partir del día de hoy: verificación, inspección, etc. No leí el informe, pero lo que nos señalan es la existencia de celdas con una serie de privilegios que estarían de manera irregular”, señaló Maciel a la 1020 AM.
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En cuatro celdas del pabellón habrían comodidades, tales como jacuzzi, PlayStation, chef privado, comunicación satelital, entre otros lujos, según el informe de la jueza Sandra Kirchhofer.
“El director nos informó de la presencia de la jueza, se le dio indicaciones a que permita el ingreso irrestricto y que pueda verificar todo. Y presentar el informe”, manifestó.
El director alegó que esas celdas ya estaban al momento en que él asumió el cargo, hace aproximadamente tres meses, conforme expresó.
“Lo que ahora queremos ver es que si efectivamente todo eso que transcendió del informe es tal cual y para eso va a estar la Dirección de Inspectoría, la Dirección de Obras y la Unidad de Inteligencia”, afirmó.
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Penitenciaría de Minga Guazú: incautan estoques y celulares en módulos de máxima seguridad
Personal de agrupaciones de acciones tácticas de la Policía Nacional llevó a cabo ayer una requisa en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú. Durante la intervención fueron incautados varios elementos prohibidos, entre los que se destaca estoques y teléfonos celulares.
La inspección se centró en los módulos 7 y 8 (planta baja y alta), destinados a reclusos considerados de alta peligrosidad. La misma se realizó con personal del establecimiento penitenciaría y la Jefatura de Seguridad, con el apoyo de agentes del Grupo de Operaciones Tácticas (GEO), efectivos de la Comisaría 8.ª de Minga Guazú y personal de apoyo táctico de la Penitenciaría Regional de Villarrica, informó este jueves el Ministerio de Justicia.
Entre lo requisado se hallaron seis estoques, cinco aparatos celulares, un cargador portátil y cables de conexión, una bombilla, cajas de cigarrillos y dos encendedores; además de una bolsa de polietileno que contenía una sustancia en polvo de color marrón claro que arrojó 43,7 gramos.
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La institución detalló que la sustancia decomisada fue analizada por el Departamento de Antinarcóticos de la Policía Nacional, arrojando resultado negativo a supuesta cocaína.
La intervención fue liderada por el comisario principal Dario Núñez. El procedimiento fue comunicado al fiscal Especializado en la Lucha contra el Narcotráfico, Manuel Rojas, quien dispuso la entrega de la sustancia analizada a la Policía Nacional para su remisión e inspección en el Laboratorio Forense de la Fiscalía.
El Ministerio de Justicia afirmó que “continuará ejecutando estos operativos de forma periódica, sosteniendo una postura firme de tolerancia cero ante cualquier irregularidad”.
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Condenan a 40 años de cárcel a sicarios que asesinaron a hija de exgobernador de Amambay
Un Tribunal de Sentencia condenó a 30 años de cárcel más 10 años de medidas de seguridad, totalizando así 40 años de pena privativa de libertad, a Julio César Centurión Cantaluppi y Diego Alexi Vázquez Martínez, por el cuádruple homicidio ocurrido en octubre de 2021 en Pedro Juan Caballero, donde también fue asesinada Haylee Acevedo, hija del exgobernador de Amambay, Ronald Acevedo.
Asimismo, fue sentenciado a 23 años de cárcel más 6 de medidas de seguridad, sumando un total de 29 años, Derlis Javier López Arce. Los dos primeros fueron encontrados culpables de ejecutar, junto con Edson Vargas (actualmente prófugo), el ataque en el que murieron Haylee Acevedo, su pareja -el presunto narcotraficante Osmar Vicente Álvarez, alias “Bebeto”- y las estudiantes de Medicina Rhannye Jamilly Borges de Oliveira y Kaline Reinoso de Oliveira.
El terrible suceso se registró el 9 de octubre de 2021 y, según el fallo de primera instancia, estuvo relacionado con una disputa de territorio para el tráfico de drogas entre el grupo de Marcio Ariel Sánchez, alias “Aguacate” y “Bebeto”. El colegiado encontró culpables a los procesados por homicidio doloso, asociación criminal, detentación ilegal de armas y lesión grave, esta última respecto a tres víctimas colaterales.
Durante el ataque se realizaron más de 100 disparos con armas largas que también alcanzaron a Bruno Elías Pereira Sánchez, Iris Esiely Molinari Villasboa y a la brasileña Rhafaelli Alves do Nascimento, quienes resultaron heridos.
Los jueces de sentencia Federico Rojas, María Luz Martínez y Dina Marchuck tuvieron en cuenta imágenes de circuito cerrado y declaraciones de agentes policiales. Las grabaciones muestran a las víctimas dentro del vehículo en el momento en que fueron atacadas. El Tribunal concluyó que los condenados formaban parte de la estructura criminal de “Aguacate”, cuyo objetivo incluía la ejecución de personas por encargo (sicariato).
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La hija de Bill Gates queda bajo fuego por un supuesto fraude que podría terminar en prisión
La hija de uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo quedó en el centro de un escándalo que amenaza con convertirse en un serio problema judicial, informó este jueves la agencia RT. Phoebe Gates, hija de Bill Gates, enfrenta cuestionamientos por el funcionamiento de Phia, la startup de compras digitales que cofundó y que habría utilizado mecanismos para atribuirse ventas que, según las acusaciones, no había generado.
El caso cobró una nueva dimensión después de que una investigación de Bloomberg señalara que Gates y su socia, Sophia Kianni, aparentemente conocían desde hacía varios meses determinadas funciones del software que permitían colocar automáticamente cookies de seguimiento y reclamar comisiones por operaciones realizadas en internet.
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Phia funciona como un asistente digital de compras y dispone de una extensión para navegadores que ayuda a los usuarios a encontrar descuentos y cupones. Su modelo de negocios contempla recibir una comisión cuando una compra es atribuida a la plataforma. El problema surge cuando esa atribución se produce aunque Phia no haya generado realmente la venta.
La práctica cuestionada es conocida como “cookie stuffing”, una técnica mediante la cual se introducen cookies de afiliación en el navegador para hacer aparecer a una determinada plataforma como responsable de una compra. De esta manera, puede terminar cobrando una comisión correspondiente a una venta que en realidad fue impulsada por otro canal.
“El problema”
Lo que inicialmente fue presentado por la empresa como un problema detectado recientemente tomó otro cariz con las nuevas revelaciones. De acuerdo con los reportes citados, comunicaciones internas y elementos del código de Phia indicarían que determinadas funciones destinadas a colocar automáticamente esas cookies estaban en discusión desde diciembre de 2025.
El escándalo también golpeó las cifras del negocio. Tras desactivar las funciones cuestionadas en julio, los ingresos diarios promedio de Phia habrían caído desde aproximadamente USD 80.000 hasta un rango de entre USD 10.000 y USD 28.000, aunque la compañía sostiene que la caída también obedeció a la suspensión de otras herramientas de monetización y cuestiona parte de las conclusiones sobre el impacto del mecanismo.
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La dimensión legal es la que ahora genera mayor preocupación. El abogado Ariel Givner advirtió que una conducta de este tipo puede ser considerada en Estados Unidos como fraude electrónico federal, delito cuya legislación contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión, además de posibles multas y restituciones.
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Fiscalía pide 3 años de cárcel y la querella solicita 6 para la exjueza Tania Irún por prevaricato
Los fiscales Silvia González y Christian Benítez solicitaron una condena de 3 años de cárcel para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, acusada del supuesto hecho punible de prevaricato. Se la señala por entregar 310.000 hectáreas de tierra, ubicadas en la franja de seguridad fronteriza en Alto Paraguay, a presuntas empresas de maletín. Por su parte, la querella adhesiva, representada por el abogado Francisco de Vargas, solicitó una pena de 6 años de prisión.
En los alegatos finales, el Ministerio Público sostuvo que la exmagistrada utilizó su cargo para dictar una resolución arbitraria y contraria a derecho. Esto tuvo el objetivo de beneficiar a una de las partes en perjuicio de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. Los fiscales afirmaron que Irún dictó la sentencia sin contar con los documentos indispensables para resolver el caso.
Asimismo, el fiscal Christian Benítez manifestó que la actuación de la acusada no puede considerarse un simple error de interpretación. Recordó que, en un fallo de 2015, la propia exjueza reconoció que no disponía de toda la información necesaria sobre las empresas beneficiadas. Indicó además que, durante el proceso, fue advertida sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Fronteriza y que contaba con informes que acreditaban que las tierras estaban en dicha zona restringida.
El representante del Ministerio Público también cuestionó la decisión de Tania Irún de interrumpir su reposo por maternidad para dictar la sentencia. Sostuvo que, durante el juicio oral, se comprobó que los estatutos de las empresas permitían transferir acciones por simple endoso, situación que vulneraba abiertamente la normativa vigente. Finalmente, afirmó que la resolución judicial favoreció indebidamente a una de las partes y provocó el despojo de 310.000 hectáreas de tierras soberanas.