Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

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El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

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La agente fiscal Cinthia Torres, de la Unidad Zonal de Mariano Roque Alonso, dispuso la activación de los protocolos de búsqueda y localización para dar con el paradero de Liz Camila Fariña Báez, de 15 años, y su hija Vannia Xiomara Fariña Báez, de 7 meses, quienes se encuentran desaparecidas desde el pasado 13 de agosto.

La denuncia fue presentada por la hermana de la adolescente ante la comisaría jurisdiccional, y posteriormente comunicada al Ministerio Público.

En su requerimiento, la Fiscalía solicitó a la unidad policial interviniente un informe detallado de todas las diligencias realizadas, así como la confirmación de si se había dispuesto formalmente la búsqueda. De no haberse hecho, ordenó su inmediata implementación.

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La fiscal Torres recordó que el procedimiento debe ajustarse a lo establecido en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, aplicando además los protocolos vigentes para casos de personas desaparecidas. El informe correspondiente debe remitirse en un plazo de 24 horas desde la recepción del oficio.

La investigación se mantiene abierta con carácter prioritario. El Ministerio Público insta a la ciudadanía a colaborar con cualquier dato que pueda aportar para la localización de la madre y su hija.

Las informaciones pueden ser remitidas a la comisaría más cercana o directamente a la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso, al teléfono (021) 752 201.

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Tres hombres fueron detenidos por efectivos de la Comisaría 10 de Mariano Roque Alonso tras ser sorprendidos ingresando al predio del Ministerio Público de dicha ciudad.

Los detenidos fueron identificados como Andrés Aníbal Martínez Núñez, de 32 años, quien cuenta con antecedentes por estafa; Junior Ariel Martínez Núñez, de 28 años, y Sergio Gabriel Guadalupe Delgado Servín, de 27 años.

Los mismos habrían forzado el portón de acceso al predio y posteriormente se dirigieron hasta el vehículo que horas antes habría sido incautado a uno de ellos durante un operativo por una denuncia de polución sonora. Tras forzar la cerradura de un automóvil Volkswagen, los sujetos intentaban desmontar un equipo de sonido.

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“Los equipos se encontraban incautados y lograron alzar a otro vehículo. Cuando se disponían a salir del lugar, fueron divisados por funcionarios, quienes los retuvieron. Ellos no podían explicar lo que estaban haciendo y el personal policial del lugar procedió a la aprehensión de los tres”, indicó el comisario Rodolfo Sánchez en conversación con canal Trece.

Debido al actuar de los mismos, el agente fiscal de turno dispuso la detención y apertura de otra causa en contra de los tres sujetos, quienes ahora se encuentran a disposición del Ministerio Público en la comisaría de la ciudad.

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Los ayoreos constituyen uno de los grupos indígenas que habitan la región Occidental o Chaco del país, describe el informe del Observatorio del Ministerio Público en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto). Dicha etnia se divide en grupos denominados totobiegosode, guidaygosode, garaygosode, etcétera; siendo del pueblo zamucos, habitantes originarios de las Américas.

De estos grupos ayoreos, algunos aún permanecen en estado silvícolas en la selva chaqueña sin contacto alguno con las poblaciones. Sus apariciones que datan del 1998 al 2004 (último avistamiento), indican que se encuentran en una extensa zona entre los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón.

Las características de estos pueblos los definen como altamente integrados con el medio ambiente en el que desarrollan sus vidas y su cultura, viviendo de manera auto suficiente generación tras generación. No conocen el funcionamiento de la sociedad mayoritaria. Son pueblos altamente vulnerables que en la mayoría de los casos se encuentran en grave peligro de extinción, agravándose ante las amenazas y agresiones que sufren sus territorios poniendo en peligro su cultura y formas de vida.

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- Ninguna medida debe adoptarse, en caso de avistamiento lejano o a distancia.

- Guardar distancia o retirarse en silencio, en caso de un acercamiento intencional por parte de los silvícolas, con intenciones de satisfacer sus necesidades coyunturales con el lugar (beber agua de tajamares, o colección de raíces, objetos, etcétera).

- Un acercamiento de este tipo no debe ser entendido como un intento de salir del monte.

- Guardar la calma, evitar movimientos bruscos, retirarse lentamente del lugar favorece el desenlace adecuado y pacífico.

- En caso de portar armas, omitir su utilización.

- Si los silvícolas, demuestran intenciones que se les entregue o pidan algún objeto, es conveniente que le sea proporcionado, excepto armas de cualquier tipo, o prendas de vestir, alimentos, considerando la alta vulnerabilidad de los mismos ante virus, gérmenes, bacterias o agentes que nuestro organismo ya tolera con naturalidad.

- Evitar en todos los casos, el contacto físico (no tocarlos).

- Apagar aparatos electrónicos de sonido (autoradios, parlantes, etcétera) que puedan producir confusión en ellos sobre la presencia de más personas.

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El Ministerio Público identifica como medidas a tener presente, a fin de no incurrir en hechos punibles y considerando los derechos de los pueblos indígenas, las siguientes medidas preventivas:

- No incursionar en las tierras habitadas o frecuentadas por los grupos.

- No incursionar en la zona indicada con fines de cacería.

- No proceder a la búsqueda de contactos con fines de carácter religioso o científico.

- Evitar inducir al contacto por medio de regalos u otros medios que llamen la atención de estos grupos

Para fortalecer el tercer eje del Plan Estratégico Institucional, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la creación de un equipo técnico, que busca asistir desde su rol constitucional los asuntos relacionados a las diferentes comunidades distribuidas en varios puntos del país.

Esta medida permitirá consolidar el tercer eje del Plan Operativo Institucional, que consiste en el fortalecimiento institucional para la defensa de los intereses difusos y pueblos originarios. Para el efecto, el equipo está conformado por las direcciones de Derechos Humanos, Derechos Étnicos, Planificación, Dirección de ejecución de proyecto y el Observatorio del Ministerio Público.