Este viernes, la Policía Nacional logró frustrar un intento de robo domiciliario en la ciudad de Asunción, dos personas desconocidas ingresaron a una vivienda y una logró huir saltando la muralla, sin embargo, tras una larga persecución los efectivos policiales lograron su detención.

Según el reporte de los intervinientes de la comisaría 10° metropolitana, recibieron el llamado de vecinos cerca de las 15:30 de hoy viernes. Estos alertaron que dos desconocidos ingresaron a la vivienda ubicada sobre la avenida Santa Teresa y avenida Madame Lynch.

Tras la llamada, hasta el lugar llegaron efectivos de la citada comisaría y constataron la denuncia, por lo que solicitaron apoyo de otras comisarías para activar el “Operativo Cerrojo” con la intención de capturar a los maleantes, que seguían en el interior de la residencia.

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“Fueron aprehendidas dos personas. Una de ellos fue capturada en el interior de la vivienda y otra logró darse a la fuga tras salir del domicilio, pero fue detenida a escasos metros. Estos sujetos fueron detenidos por intento de hurto domiciliario”, detalló el comisario Pedro Bavera, jefe de la Comisaría 10, en entrevista con la 1020 AM.

Refirió que los detenidos fueron identificados como Carlos Javier González, de 42 años, con antecedente por reducción (2010), y Porfirio Rubén Mendoza Sánchez, de 33 años, con antecedentes por incumplimiento del deber legal alimentario (2021) y hurto agravado (2023).

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El Ejecutivo decidió utilizar las fuerzas públicas de manera con­junta y coordinada para hacer frente a algunos casos de secues­tro y otros tipos de violencia que se dieron en sitios ubicados entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. La intervención unificada de las fuerzas militares y poli­ciales ayudará a dar más fuerza al opera­tivo y aumentará la seguridad pública en las zonas con problemas.

El propósito es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y eliminar cualquier tipo de delincuencia que intente romper el bien­estar de la gente que trabaja y quiere pro­gresar mediante su esfuerzo cotidiano.

Se habló de que el que secuestró al ciuda­dano Almir de Brun da Silva sería el grupo armado que en años pasados realizó varios secuestros y crímenes con el fin de ame­drentar al Gobierno y proponer otra con­ducción política. Luego de más de un lustro vuelve a aparecer con la misma siniestra intención de secuestrar, matar y hacer daño a la ciudadanía sin importarles nada más que sus tétricos propósitos criminales con supuesta intención política.

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) decidió que intervengan las fuerzas públi­cas para eliminar los problemas de seguri­dad existentes a fin de que vuelva todo a la normalidad.

El titular del Codena, Cibar Benítez, explicó que es necesario que los elemen­tos de las fuerzas militares actúen en forma coordinada con sectores de otras insti­tuciones estatales en las zonas geográfi­cas que están fuera de los departamen­tos en que se estableció anteriormente la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Porque la intención es que las Fuer­zas Armadas hagan su tarea de seguridad donde exista la amenaza. “No podríamos quedarnos como institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria. Ahí donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas por supuesto y por algo específico”, anunció el directivo de Codena.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que se trata de hacer una flexibili­zación del poder de fuego del Estado ante la amenaza que puede existir en el territo­rio nacional. Explicó que la determinación que se ha tomado obedece a una orden del presidente de la República, Santiago Peña, que decidió hacerlo para concretar mayores medidas de seguridad. Por ello se decidió establecer lugares de control de documen­tos de vehículos y de personas, los retenes, para que se pueda sentir la presencia del Estado.

Que el Gobierno se ocupe de poner el máximo de cuidado militar y policial para combatir a los delincuentes que preten­den socavar la tranquilidad de la gente con secuestros y otros delitos es una buena señal. Y una decisión muy oportuna, por­que como país en plena tarea por el creci­miento económico y el bienestar de su gente no debe tolerar a la locura criminal de los que con el secuestro y otros comportamien­tos de gran violencia quieren ir contra el derecho a la vida, la tranquilidad de la ciu­dadanía y la seguridad de las personas.

Nadie, ninguna agrupación, partido político o nucleación cívica puede utilizar la violen­cia para imponer sus puntos de vista o hacer valer sus intenciones. Son actitudes crimi­nales que solo adoptan los delincuentes que, usando algunas ideas poco razonables, quie­ren imponer posiciones cuestionables y pos­turas políticas que ya no funcionan ni para engañar a los más ingenuos.

El Paraguay, en toda su historia, ya ha sufrido bastante por la incursión de crimi­nales disfrazados de gente pacífica que han querido imponer posiciones políticas que solo sirvieron para el fracaso. No se puede soportar el secuestro, el robo, la agresión de cualquier tipo, o la muerte de seres huma­nos para aceptar ciertas posiciones ideoló­gicas o políticas.

El que mata, aunque use la ropa o la ban­dera que se le ocurra, es un asesino. Como el que roba, con el pretexto o la explica­ción que fuere, es un simple ladrón. Ambos merecen el rechazo y el castigo que les corresponde de acuerdo con las disposi­ciones legales. Lo que está mal no se puede aceptar y debe ser rechazado y combatido con energía.

Por ello la ciudadanía tiene que acompañar la postura asumida por el Gobierno nacio­nal contra la delincuencia y la criminali­dad. Lo importante es que se persiga a los que quieren hacer daño y se apoye a quienes procuran el bienestar de las personas.

Este martes, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la Policía Nacional decidieron retirarse de la zona donde se registró el secuestro de Almir Brum, a pedido de la familia de la víctima. El departamento de Investigaciones aclaró que los captores aún no se comunicaron con la familia y no hicieron pedido de rescate.

El jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, informó que decidieron retirarse de la zona por pedido de familiares para que ellos puedan seguir con las negociaciones o para que los captores puedan contactar.

“La familia pidió que nos retiremos y nosotros respetamos el pedido, en este momento tan crítico por la que están pasando, pero vamos a seguir trabajando”, manifestó Cardozo, en entrevista con el programa “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Afirmó que como autoridades seguirán de cerca el caso y están realizando las investigaciones para poder dar con el paradero del joven, como de los captores. “Puedo confirmar que no hay ningún pedido de rescate. No hay llamadas, cartas o pendrive que hayan dejado para poder seguir con las negociaciones”, refirió.

Ante la consulta sobre la posible autoría de este caso, acotó que todos los elementos reunidos hasta el momento conducen a que habría sido cometido por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). “Hasta ahora todas las sospechas y elementos no hacen conducir a que serían ellos”, puntualizó.

Almir fue secuestrado durante la tarde del sábado 21 de febrero, la denuncia fue realizada por su padre Vladimir Brum, quien llamó por teléfono a su hijo y tras varios intentos fallidos, acudió al lugar donde estaba trabajando y solo encontró una máquina cosechadora y un panfleto que se presume fue escrito por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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La Policía Nacional informó que en una serie de procedimientos lograron detener a dos personas y dos se fugaron en el marco de la investigación del secuestro de un peón en la localidad de Capitán Bado, departamento de Amambay. El tractorista fue secuestrado el 18 de febrero y liberado dos días después en medio de un enfrentamiento.

Según el comisario Nimio Cardozo, jefe del departamento de Investigaciones, tras la liberación de Ever Francisco Silguero Silva, de 29 años, se continuó con los procedimientos y se logró la detención de dos personas.

El primer detenido fue un joven de una parcialidad indígena identificado como Junior González, alias Bobi, de 28 años. Este hombre dio los nombres del resto de la banda criminal que ingresó al establecimiento San Fernando durante la noche del 18 de febrero y redujo a 10 trabajadores, finalmente tomó de rehén al tractorista para pedir un rescate de USD 150.000.

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“Dos días después se logró la detención de un ciudadano paraguayo de pueblo originario que llegó hasta una de las estancias y los trabajadores informaron sobre su presencia. Esta persona no tenía documentos y fue identificado mediante el sistema AFIS. Alias Bobi fue reconocido por las víctimas”, apuntó Cardozo, en conferencia de prensa.

Afirmó que al día siguiente detuvieron a René Guzmán Cardozo Martínez alías Cerro’i, de 28 años. En tanto que, dos personas se lograron fugar, pero ya fueron plenamente identificadas, por lo que no se descarta la captura de los mismos en los próximos días.

“También saltó el nombre de Saturnino Peña, quien se encuentra recluido en Pedro Juan Caballero e investigado por tres secuestros. Ayer se realizó una requisa administrativa y se encontraron dos dispositivos telefónicos. Tenemos sospechas de que ellos realizaron el trabajo de inteligencia y vendido a los implicados”, apuntó.

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