El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) comunicó este domingo que debido al paro de docentes, anunciado para el lunes 18 y martes 19 de agosto, se suspende la provisión de alimentación escolar en las instituciones educativas a su cargo. Los maestros decidieron mantener la medida de fuerza tras no llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
“Debido a la huelga anunciada por gremios docentes, se determinó suspender la provisión de almuerzo escolar en Central, Presidente Hayes y Asunción los días 18 y 19 de agosto”, señala el comunicado publicado por el MDS en sus redes sociales.
El comunicado se dirige a las instituciones educativas y proveedores adjudicados en el marco del llamado a contratación de alimentación escolar correspondiente a los departamentos de Central, Presidente Hayes y capital (Asunción) – Programa Hambre Cero que, en atención a la circular n° 12/2025 del Conae.
“Debido al paro nacional de docentes, a los efectos de proteger los recursos públicos destinados al programa y evitar desperdicios, se suspenden las provisiones de los servicios de alimentación escolar los días 18 y 19 de agosto del 2025”, menciona el texto.
Los educadores exigen un aumento salarial del 8,6 %, entre otros pedidos, mientras que el reajuste ofrecido por el Ejecutivo es del 3,6 %, sin embargo, no se dieron avances en las negociaciones entre el MEC y los gremios irán al paro.
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Presidente del Congreso pide respeto y sensibilidad a Lula hacia “nuestra memoria histórica”
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, pidió “respeto” y “sensibilidad” a Luiz Inácio Lula da Silva hacia la historia de la nación paraguaya, en respuesta a sus controvertidas declaraciones del viernes pasado cuando, en una visita a una fábrica de municiones de São Paulo, el mandatario brasileño defendió la inversión militar afirmando que “un hermoso día, Paraguay decidió invadir Brasil” y “al mismo tiempo invadió Uruguay y Argentina”, en alusión a la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).
“Los paraguayos conocemos profundamente lo que significó aquella guerra y el enorme costo humano, político y social que representó para nuestro país. Por ello, cuando este episodio es evocado por la máxima autoridad de un Estado hermano, esperamos que se lo haga con respeto y la sensibilidad que merece una tragedia que marcó para siempre la historia del Paraguay”, refiere el legislador en el comunicado difundido este lunes a través de redes sociales.
En conversación con el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el titular legislativo indicó: “Yo creo que corresponde como presidente del Congreso y estoy seguro que este tema va a ser debatido el miércoles. Estoy convencido de que los paraguayos no necesitamos que nadie nos explique lo que significó la Guerra contra la Triple Alianza, que fue muy dolorosa, forma parte de nuestra memoria histórica, forma parte de lo que somos como nación”.
Fortalecer relaciones bilaterales
El legislador agregó: “Estoy convencido de que la soberanía de un país es importante, es importante fortalecer a nuestras instituciones y respetar la historia de un pueblo es una condición para respetar al propio pueblo”.
En tanto, en su comunicado expresó que, pese a la desafortunada expresión del presidente del Brasil, las relaciones diplomáticas entre ambos países deben continuar firmes. “Como presidente del Congreso Nacional reafirmo el compromiso de este Poder del Estado con la defensa de nuestra memoria histórica, patrimonio permanente de todos los paraguayos y expresión irrenunciable de nuestra soberanía”, expuso.
“Esta posición no está dirigida contra ningún pueblo hermano, ni pretende reabrir heridas del pasado, por el contrario, las relaciones entre el Paraguay y el Brasil deben continuar fortaleciéndose sobre la base del respeto mutuo, el diálogo franco y el reconocimiento responsable de la historia que compartimos”, señaló el senador en su manifiesto público.
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Tres procesados en causa penal de Prieto admiten los hechos y se solicitó salida alternativa
El Ministerio Público solicitó la suspensión condicional del procedimiento para tres integrantes del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, en el marco de la causa que investiga un presunto perjuicio patrimonial durante la administración del exintendente Miguel Prieto. Con estas salidas procesales se desmitifica la persecución judicial o política alegada por el exjefe comunal de CDE.
Los procesados reconocieron los hechos atribuidos y brindaron una colaboración efectiva con la investigación fiscal, circunstancia que fue valorada positivamente por la Fiscalía al requerir la aplicación de esta salida procesal alternativa. La solicitud se enmarca en la causa abierta por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Prieto.
Con este requerimiento, suman cuatro los integrantes del Consejo Local de Salud que accedieron o fueron propuestos para salidas alternativas al proceso tras colaborar con el Ministerio Público. Anteriormente, el extesorero del organismo, Salem Esgaib Zugaib, ya había sido beneficiado con una medida similar.
El pedido del Ministerio Público comprende a Hugo Benítez Vázquez, entonces vicepresidente de la comisión directiva del Consejo Local de Salud; Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, quien se desempeñaba como secretaria; y Karen Elizabeth González Vergara, miembro suplente de la comisión directiva del mismo organismo.
De acuerdo con la investigación fiscal, el perjuicio patrimonial asciende a G. 757.166.276, monto que corresponde a la diferencia entre los pagos efectuados por el Consejo Local de Salud y el valor de las obras efectivamente ejecutadas por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M. Los trabajos fueron realizados en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Cámara de Apelación ratificó suspensión de fusión entre bancos Atlas y Familiar
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de Asunción, integrada por Linneo Ynsfrán, Esteban Kriskovich y Antonia López, ratificó la medida cautelar que mantiene suspendida la fusión entre los bancos Atlas S.A. y Familiar S.A.E.C.A.
La resolución también ratifica la orden dirigida al Banco Central del Paraguay (BCP) para que se abstenga de aprobar la puesta en producción de la fusión hasta que se descarte la existencia de probables violaciones a los derechos de propiedad intelectual de ITTI sobre el software ITGF, utilizado por Banco Atlas.
El colegiado sostuvo que la medida cautelar tiene un alcance material, funcional y temporal definido, ya que busca proteger exclusivamente la eventual utilización no autorizada del software.
Agregó que permanecerá vigente mientras subsista el riesgo que motivó su dictado y cesará una vez que se compruebe técnicamente que dicho riesgo ya no existe.
“La verosimilitud del derecho no se sustenta solamente en la titularidad del software, sino también en los límites de la licencia, la intervención de un tercero no licenciatario, la fusión y la migración tecnológica reconocida; el peligro en la demora deriva de la posibilidad de consolidación de una utilización no autorizada antes de la comprobación técnica; y la contracautela aceptada resulta, en el estado actual de las actuaciones, suficiente dentro del margen prudencial conferido al juzgador”, señala el voto de los camaristas.
Fallo de primera instancia
En el mes de octubre de 2025, el juez en lo civil y comercial de Asunción, Juan Francisco Blanco, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la firma ITTI SAECA e ITTI USA, LLC y ordenó la paralización de la fusión entre los bancos Atlas y Familiar hasta que se determine, mediante pericias, que no se afectan los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de licenciante del software ITGF.
Al hacer lugar la Justicia a la medida cautelar, se ordenó al Banco Central del Paraguay (BCP) que “se abstenga de pronunciarse respecto del proceso de fusión por consolidación entre Banco Atlas S.A. y Banco Familiar, que involucra la puesta en producción del nuevo core bancario de las entidades fusionadas, hasta tanto se determine, a través de pericias técnicas, que este no afecta los derechos de propiedad intelectual de ITTI en su calidad de autor y licenciante”.
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Pindó solicita profundizar investigación sobre posible nexo entre atentado y grupos armados
La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.
En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.
Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.
Consolidación de grupos armados
Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.
“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.
No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.
“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.
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