La Asociación Paraguaya de Directores Técnicos de Industrias Alimentarias (Apadi) y la Asociación Paraguaya de Ingenieros Químicos (Apiq) dieron su respaldo a las medidas aplicadas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) contra dos cadenas de minimercado, luego de los hechos que tomaron estado público.

A través de un comunicado, ambas organizaciones sostienen que las acciones de Dinavisa están sustentadas en la ley y en criterios técnicos que buscan salvaguardar la salud de la población. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la salud pública y el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria vigente”, expresan.

El documento recuerda que la Ley 836, el Código Sanitario y las normas que regulan la manipulación, conservación y comercialización de alimentos son de cumplimiento irrestricto, ya que garantizan la inocuidad y reducen los riesgos sanitarios.

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Señalan, además, que cualquier incumplimiento compromete directamente la seguridad de los consumidores y genera responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Los gremios hacen énfasis en que toda transgresión a la normativa no solo expone a la ciudadanía, sino que también erosiona la confianza en el sistema de control del país.

Por ello, destacaron la importancia de que Dinavisa ejerza su labor de fiscalización con objetividad, rigor técnico y transparencia, aplicando sanciones y medidas correctivas cuando sea necesario. El texto también subraya tres puntos claves:

La obligación de garantizar la seguridad alimentaria mediante el estricto cumplimiento de la normativa; la necesidad de asegurar transparencia y trazabilidad en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización; y el rol esencial de los profesionales responsables de la dirección técnica en los establecimientos, como garantes del cumplimiento técnico-legal y de la salud pública.

Así también, instan a mantener y reforzar las inspecciones en todos los puntos de expendio para verificar el estricto cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y demás estándares nacionales.

A la vez, solicitaron a las empresas involucradas implementar de forma inmediata y sostenida las medidas correctivas necesarias, a fin de acatar la normativa vigente y reanudar sus operaciones con total transparencia y responsabilidad frente a la sociedad.

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La empresa fracciona­dora de la cadena Big­gie se encuentra bajo investigaciones tanto por la Dirección Nacional de Vigi­lancia Sanitaria (Dinavisa) y por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), quienes abordan el caso desde las perspectivas sanitaria y de defensa al con­sumidor, respectivamente. Aclaran que Dinavisa tiene la facultad exclusiva de rea­brir los locales.

Dinavisa abrió un sumario por cuestiones sanitarias y Sedeco se aboca a un procedi­miento ante posibles infrac­ciones de la Ley de Defensa del Consumidor, explicó Gus­tavo Benítez, asesor jurídico de la Sedeco, ayer viernes, en comunicación con el pro­grama “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Benítez recordó que la resolu­ción del 12 de agosto dispuso la suspensión temporal de actividades y la prohibición de comercialización de pro­ductos regulados es exclusiva competencia de Dinavisa.

“Cuando hablamos de defensa del consumidor siempre nos referimos a la relación con el consumidor final. En este caso, se trata de un eslabón anterior de la cadena, por lo que no entra en nuestra com­petencia directa”, aclaró.

No obstante, la institución realizó fiscalizaciones previas en el marco de una denuncia ciudadana y, posteriormente, inspecciones aleatorias que detectaron irregularida­des en el 100 % de los locales visitados. Señaló que estos hallazgos fueron remitidos a Dinavisa y derivaron en una fiscalización conjunta.

“Son dos sumarios paralelos porque estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la vigilancia sanitaria y otra cosa que tiene que ver con la ley de defensa del con­sumidor. Cuando hablamos de derecho al consumidor está garantizado y se reconoce el derecho a la protección a la salud y la seguridad frente al riesgo provocado. Entonces son dos normativas distin­tas que pudieran haber sido infringidas”, dijo.

En cuanto a versiones que hablaban de un “cierre” defi­nitivo, Benítez remarcó que la medida es una suspensión temporal respaldada por un acto administrativo, cuyo alcance está claramente esta­blecido en la resolución.

La empresa fraccionadora de la cadena Biggie se encuentra bajo investigaciones tanto por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), quienes abordan el caso desde las perspectivas sanitaria y de defensa al consumidor, respectivamente. Aclaran que Dinavisa tiene la facultad exclusiva de reabrir los locales.

Dinavisa abrió un sumario por cuestiones sanitarias y Sedeco se aboca a un procedimiento ante posibles infracciones de la Ley de Defensa del Consumidor, explicó Gustavo Benítez, asesor jurídico de la Sedeco, este viernes, en comunicación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Benítez recordó que la resolución del 12 de agosto dispuso la suspensión temporal de actividades y la prohibición de comercialización de productos regulados, es exclusiva competencia de Dinavisa.

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“Cuando hablamos de defensa del consumidor siempre nos referimos a la relación con el consumidor final. En este caso, se trata de un eslabón anterior de la cadena, por lo que no entra en nuestra competencia directa”, aclaró.

No obstante, la institución realizó fiscalizaciones previas en el marco de una denuncia ciudadana y, posteriormente, inspecciones aleatorias que detectaron irregularidades en el 100 % de los locales visitados. Señaló que estos hallazgos fueron remitidos a Dinavisa y derivaron en una fiscalización conjunta.

“Son dos sumarios paralelos porque estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la vigilancia sanitaria y otra cosa que tiene que ver con la ley de defensa del consumidor. Cuando hablamos de derecho al consumidor está garantizado y se reconoce el derecho a la protección a la salud y la seguridad frente al riesgo provocado. Entonces son dos normativas distintas que pudieran haber sido infringidas”, dijo.

En cuanto a versiones que hablaban de un “cierre” definitivo, Benítez remarcó que la medida es una suspensión temporal respaldada por un acto administrativo, cuyo alcance está claramente establecido en la resolución.

Igualmente, señaló que las reinspecciones para la reapertura de locales estarán a cargo exclusivamente de Dinavisa, aunque Sedeco reiteró su disposición a colaborar en caso de ser requerido.

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La Dirección Nacional de Vigilancia Sanita­ria(Dinavisa) habilitó unos 77 locales de la cadena Biggie que fueron abiertos nuevamente, tras la suspen­sión de actividades por contar con productos en situación irregular en sus góndolas, de acuerdo a lo indicado por el director de Dinavisa, Jorge Iliou. Sin embargo aclaró que se detectaron incumpli­mientos graves a las norma­tivas sanitarias vigentes, por lo cual su apertura seguirá pendiente.

En tanto, se continuará la reinspección de los locales de la cadena de minimer­cados y hasta el corte de las 18:00 horas se contabilizó que un total de 77 locales cumplieron con la orden de retiro de productos obser­vados, por lo cual están en condiciones para reanudar sus operaciones.

Entre los hallazgos más rele­vantes se constató la existen­cia de productos fraccionados sin registro sanitario, el uso de etiquetas que no cumplían con las disposiciones legales, y la extensión del plazo de vida útil de productos. “Un punto muy importante es que se comprobó que la empresa presumiblemente asigna a estos productos un plazo de vida útil superior desde su fraccionamiento y enva­sado, superando el periodo establecido en la etiqueta ori­ginal”, sostuvo. Agregó que ello constituye una práctica irregular y riesgosa para el consumidor.

En el marco del sumario administrativo correspon­diente, Dinavisa dispuso como medida cautelar la puesta en cuarentena de los productos involucrados prohibiendo su uso, comercialización, y dis­tribución, y la prohibición de la comercialización de productos fraccionados.

“Asimismo, se ordenó el retiro inmediato del mer­cado de todos los quesos y embutidos fraccionados en todas las cadenas de distribu­ción”, dijo. Todo esto seguirá hasta la finalización del pro­ceso sumarial y la reinspec­ción por parte de Dinavisa, que deberá ser solicitada por la empresa.

Illou añadió que fue necesa­rio aplicar la suspensión tem­poral de la cadena al operar con un único distribuidor, ya que cualquier irregularidad en este punto afectaba direc­tamente a todos los locales. Mencionó que se enfrentaron diversas dificultades con el operativo ya que en varios puntos no permitían dejar ingresar a los inspecto­res, generando contratiem­pos para realizar un trabajo mucho más efectivo.

Por último, aclaró que desde la reforma institucional de Dinavisa, la acción de sus­pensión temporal de activi­dades ya se realizó de forma similar en panaderías, agua­teras, pizzerías, entre otros del rubro de alimentos, así como en el rubro de medi­camentos.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) dispuso la clausura temporal de la fracciona­dora de productos que abastecía a los más de 200 locales de la cadena de minimercados que fue sus­pendida esta semana. Esto, tras constatarse que desde la misma se alteraban los etiquetados de ven­cimiento de los alimentos como embutidos y quesos.

El operativo de inspección se centró en el sector de fraccionamiento de quesos y embutidos cárni­cos. Al respecto, el director de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Dr. Jorge Illou, mencionó en conferencia de prensa que se detectaron incumplimientos graves a las normativas sani­tarias vigentes.