Luego de una reunión llevada a cabo este martes, los gremios del sector judicial decidieron realizar un paro simbólico este miércoles a las 10:00 frente al Palacio de Justicia de Asunción. El objetivo es solicitar la suspensión del inminente estudio del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal.

La medida también será replicada en distintas circunscripciones del interior del país, según indicaron los representantes sindicales. Asimismo, advirtieron que, en caso de no suspenderse la sesión de la Cámara de Diputados prevista para el jueves, los funcionarios y servidores del sistema de Justicia se trasladarán hasta el Congreso para dialogar con los parlamentarios y solicitar formalmente la postergación del tratamiento del proyecto.

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Días atrás, el camarista del fuero laboral, Jorge Barboza, indicó que con la posible sanción del proyecto presentado por el Ejecutivo, la situación de los magistrados empeorará e, incluso, muchos podrían renunciar a sus cargos.

Sostuvo que la “sangría” en el ámbito judicial aumentará considerablemente; explicó que existen actualmente 200 magistrados con resolución firmada por la Dirección de Jubilaciones y estiman que aproximadamente otros 200 se jubilarían de forma anticipada ante la sanción de la ley.

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La plataforma de Datos Abiertos informó que de enero a diciembre del 2025, el Ministerio Público atendió un total de 21.831 niños, niñas y adolescentes víctimas de diferentes hechos punibles, 60 por día, es decir, en promedio 2,5 chicos por hora. También se registraron 6 víctimas de feminicidio.

El informe también de cuenta que en el 2025 fueron atendidas 3.386 víctimas de casos de abuso sexual en niños, es decir 9 víctimas por día.

En los casos de abuso sexual en niños, los datos reflejan:

• en enero 316
• en febrero 282
• en marzo 287
• en abril 253
• en mayo 255
• en junio 274
• en julio 302
• en agosto 305
• en setiembre 306
• en octubre 306
• en noviembre 288
• y diciembre 212

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En cuanto a los departamentos con más denuncias de Abuso Sexual en niños, los que presentan más caosos son:

• Central con 1.233
• Alto Paraná 414
• Asunción 309
• Itapúa 249
• Caaguazú 185
• San Pedro 130
• Cordillera 110
• Presidente Hayes 79
• Amambay 96
• Paraguarí 98
• Guairá 87
• Canindeyú 86
• Concepción 98
• Misiones 55
• Caazapá 73
• Boquerón 53
• Ñeembucú 26
• y Alto Paraguay 5

• El 74 % de las víctimas de abuso sexual en niños fueron menores de 14 años de edad.
• El 71 % de las víctimas fueron del sexo femenino.
• En el 87 % de los casos, el hecho fue cometido por un familiar o conocido de la víctima.

Además de los datos visibilizados en el informe, también aparecen:

• Coacción sexual (victimas menores de edad), 519
• Maltrato de Niños y Adolescentes bajo tutela, 1.623
• Estupro, 990
• Pornografía relativa a niños, 2.462
• Abuso por medios tecnológicos, 11
• Abuso en personas bajo tutela, 17
• Actos Homosexuales con personas menores, 14
• Violación del Deber de cuidado, 2.06
• Violencia Familiar (menores de 18 años), 2.943
• Incumplimiento del Deber Legal Alimentario, 7.160
• Abuso Sexual en niños y adolescentes, 3.386

Escenario de extrema violencia: 6

• 1 niña de 11 años
• 1 de 12 años
• 1 de 15 años
• 1 víctima de 16
• 2 víctimas de 17 años de edad.

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Un alud dejó al menos ocho muertos y más de 80 desaparecidos este sábado en la isla de Java en Indonesia, informó la agencia local de gestión de desastres BNPB. La emergencia, provocada por las fuertes lluvias, afectó en la madrugada a una aldea de la región de Bandung Occidental, al sureste de Yakarta, donde el lodo provocó además daños en varias viviendas.

“Un deslizamiento de tierra se produjo en la regencia de Bandung Occidental, provincia de Java Occidental, en la madrugada del sábado, lo que causó la muerte de al menos ocho personas”, aseguró Abdul Muhari, portavoz de la BNPB.

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En la mañana del sábado, se informó de que decenas de residentes estaban a salvo y que aún se buscaba a 82 personas. Los servicios locales de rescate informaron que estaban realizando excavaciones manuales y utilizando drones para buscar a las víctimas.

El responsable de la zona de Banjung Occidental, Jeje Ritchie Ismail, declaró a la prensa que el ejército, la policía y voluntarios participaban en las labores de búsqueda, pero advirtió que el terreno era extremadamente difícil y que el suelo seguía inestable.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra son habituales en Indonesia durante la temporada de lluvias, que suele durar de octubre a marzo.

Las tormentas tropicales y las intensas precipitaciones monzónicas azotaron partes del sur y el sudeste asiático a finales del año pasado, y generaron mortíferos deslizamientos de tierra e inundaciones desde las selvas tropicales de la isla indonesia de Sumatra hasta las plantaciones de las tierras altas de Sri Lanka.

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Según la BNPB, alrededor de 1.200 personas murieron en Sumatra y más de 240.000 quedaron desplazadas. Los ambientalistas y expertos han señalado el papel que desempeñó la pérdida de bosques en las crecidas y los deslizamientos de tierra, que arrastraron torrentes de lodo a las aldeas.

Esta semana, el gobierno retiró más de dos docenas de permisos a empresas forestales, mineras e hidroeléctricas de esa turística isla.

Fuente: AFP

En el marco del debate sobre la reforma de la Caja Fiscal, impul­sada por el gobierno del man­datario Santiago Peña, el titular de la Comisión Per­manente del Congreso Nacional, Colym Soroka, instó a los gremios que rechazan el pro­yecto a presentar propues­tas alternativas ante un emi­nente colapso.

“Tienen que entender que debemos buscar una solu­ción al problema, las cajas fiscales ya no aguantan más, tiene un agujero muy grande y rechazar el proyecto no nos ayudará a solucionarlo, eso sería demasiado senci­llo”, sostuvo a los medios de comunicación.

El senador acotó: “Todas las propuestas que hagan serán remitidas a la Cámara de Dipu­tados en donde será tratada previamente. Les decimos a los gremios que hagan sus pro­puestas porque algunos solo vienen agresivos diciendo que no comenzarán por ejemplo las clases, este es un momento de debates, no de discusiones, donde las propuestas deben prevalecer ante las amenazas”.

Las afirmaciones de Soroka surgen ante el rechazo al pro­yecto ejecutivo por parte de algunos sectores, como el de los docentes, donde uno de sus principales representan­tes, el sindicalista Silvio Piris, amenazó con la aplicación del voto castigo en las elec­ciones municipales del pre­sente año, en caso de pros­perar la reforma.

Entre los puntos destacados del proyecto figuran la jubi­lación gradual que irá desde los 57 hasta los 62 años, con incentivos para quienes deci­dan trabajar más tiempo, aumentando la tasa de sus­titución. El aporte subirá del 16 al 19 %. Asimismo, en el proyecto se menciona que el Estado comenzará a aportar de forma proporcional, ini­cialmente con un 3 %.

En la propuesta se cita que se promediarán los aportes de los últimos 5 años para la jubilación. Se establece que no se modifican las edades de jubilación para los médicos y funcionarios administra­tivos del servicio civil. Deta­lla que tampoco se incluye la jubilación parlamentaria.

Desde el Ministerio de Econo­mía y Finanzas, encabezado por Carlos Fernández Valdo­vinos, se informó que en los últimos cinco años, la Caja Fiscal acumuló un déficit de aproximadamente USD 1.380 millones. Mientras que, al cierre de 2025, el balance anual de la Caja Fiscal alcanzó los USD 380 millones. “El minis­tro de Economía se mues­tra muy abierto a escuchar las propuestas de los secto­res, entonces por qué entrar antes de tiempo a los araña­zos, debemos debatir con pro­fundidad esta cuestión porque no hay forma de sostener este modelo”, dijo Soroka.

Tanto policías como militares jubilados plantearon la necesidad de un aporte estatal del 14 %, mientras que el proyecto de reforma contempla únicamente un 3 %.

Los representantes de gre­mios de militares y policías manifestaron su rechazo a la iniciativa, considerando que propone establecer una edad mínima de 57 años para la jubilación de los agentes de las fuerzas públicas. Asimismo, plantean elevar de 15 a 20 años el aporte mínimo requerido para la jubilación del sector militar, y de 10 a 20 años para los agentes policiales.

Tanto policías como militares jubilados plantearon la nece­sidad de un aporte estatal del 14 %, mientras que el proyecto de reforma contempla única­mente un 3 %. En esencia, la propuesta establece una tasa de aporte total del 22 % sobre la remuneración imponible: 19 % a cargo del trabajador y 3 % a cargo del Estado como empleador, figura que hasta ahora no estaba contemplada.

Tras la reunión, el diputado colorado Néstor Castellano señaló que esta propuesta genera preocupación en los sectores afectados, pero que la Comisión Permanente mantendrá sus puertas abier­tas para escuchar sus plan­teamientos. El legislador indicó que buscarán contri­buir al análisis del proyecto, recordando que ya recibieron al sector docente y al de poli­cías y militares.

“Corresponde tomar nota y analizar con los senadores y diputados la pertinencia de las sugerencias realizadas por los sectores afectados con esta reforma de la Caja Fiscal”, manifestó.

Por su parte, la diputada Bet­tina Aguilera expresó que mediante un diálogo respe­tuoso se podrá llegar a un acuerdo con los gremios invo­lucrados, evitando así medi­das de fuerza como el atraso del inicio de clases.

“Es natural que tengan este temor. Lo que queremos garantizar desde la Comi­sión Permanente es que habrá tiempo para seguir anali­zando esta propuesta”, indicó.

Hoy, a partir de las 9:30, está prevista la primera sesión ordinaria de la Comisión Per­manente del Congreso en la sala de sesiones de la Cámara de Senadores.

Participará como invitado especial el ministro de Eco­nomía y Finanzas, Dr. Car­los Fernández Valdovinos, quien continuará el proceso de socialización del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

Durante la jornada, el titu­lar de la cartera realizará una exposición técnica sobre la iniciativa legislativa, brin­dando detalles sobre sus alcances, fundamentos y objetivos.

También fue invitado el sena­dor Rafael Filizzola, en su carácter de presidente de la Comisión Especial de Inves­tigación de carácter transito­rio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “Mafia de los pagarés”.