La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó este jueves, ante una comisión especial de investigación del Senado, que a nivel nacional existen 290 prestadoras que ofrecen el servicio de internet y 5 grandes operadoras de telefonía e internet. Al término de la reunión, el senador Dionisio Amarilla admitió que no dimensionaba la magnitud de las denuncias de los consumidores hasta que recibió este informe.

Mencionó que en la primera sesión se dio a conocer una de las denuncias recibidas por los legisladores, con copia del contrato de adhesión de la empresa proveedora. Amarilla preside la comisión para el control de los supuestos abusos a los derechos de los consumidores en los servicios proveídos por las empresas de telefonía celular, internet y servicios de transferencias de dinero en efectivo realizadas por las mismas.

El legislador, quien preside dicha comisión, expuso como ejemplo de las denuncias que ya comenzaron a recibir, el caso de un usuario de internet en Itapúa que dejó de tener el servicio en marzo pasado por no pagar su cuota ese mes. Indicó que ahora, en agosto quiso recuperar el servicio, pero la prestadora le exige el abono de los cinco meses siguientes a la cancelación.

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“Nos enteramos de que es la Conatel la que aprueba estos contratos. No dimensionaba la magnitud del problema hasta que recibí el informe de la Conatel. Entonces, estamos comenzando recién los trabajos en la comisión”, expresó.

Informó que ya tienen aprobado el formulario para recibir las denuncias que estará disponible en la página web del Senado, en la sección de la Comisión de Abusos de las Telefónicas. Instó a las personas a presentar sus denuncias sobre situación de abusos por parte de las prestadoras de servicio de internet o telefonía.

“Ahí podrán señalar el tipo de abuso que han pasado, además de proveer algunas informaciones básicas, creo que con el correr de los días la gente va a encontrar que es amigable. Así que les aliento a animarse a presentar sus denuncias”, acotó.

El senador Amarilla indicó que comenzará a trabajar con Conatel sobre estos casos, aclaró que la intensión no es juzgarle a las operadoras; sino que la intensión es resolver de manera amigable los problemas de la gente.

“Que los contratos de adhesión sean revisados por Conatel, sean corregidos y se eviten el origen de estos abusos y que por sobre todo se garantice la calidad del servicio que prestan las operadoras.

Finalmente, señaló que los trabajos están comenzando y que podría llevar al menos 6 meses, para ir revisando todos los casos que se presenten, así como las informaciones que ya proveyó y seguirán proveyendo la Conatel.

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El papa Francisco disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana (SCV), una congregación ultraconservadora de laicos y sacerdotes de origen peruano implicada en agresiones sexuales a menores. En un comunicado, el grupo religioso, que se extendió a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia o Estados Unidos, aludió a la noticia sobre su disolución publicada el 18 de enero por el portal informativo infovaticana.

El SCV señaló que “la información central sobre el hecho era cierta” y reiteró su confianza y voto de obediencia a Francisco. Fundada en Perú en 1971, la congregación fue reconocida por el papa Juan Pablo II en 1997. Sus miembros viven en comunidad y principalmente se dedican a evangelizar a jóvenes y pobres bajo “los compromisos de obediencia y de celibato apostólico”, según se lee en su página web.

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En 2018, Francisco ordenó intervenir el SCV, tras una serie denuncias sobre abusos sexuales cometidos por cuatro líderes de la organización durante casi tres décadas. El escándalo salió a la luz gracias a la publicación del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, que reúne los testimonios de varias de las víctimas.

El texto fue escrito por los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes se entrevistaron con Francisco el 9 de diciembre. El SCV llevó a cabo una investigación interna que concluyó que entre los agresores estaba su fundador, el laico peruano Luis Fernando Figari.

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Según reconoció públicamente la organización, él y demás miembros de la cúpula “abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores” entre 1975 y 2002. En agosto último la Santa Sede expulsó a Figari de la organización. A sus 77 años, el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, quien siempre negó los señalamientos, vive en Roma y tiene prohibido regresar a su país, según una resolución del Vaticano.

Este lunes la agrupación religiosa también anunció, en el mismo comunicado, que expulsó a dos de sus miembros de una asamblea que lleva a cabo en la ciudad brasileña de Aparecida. Según el SCV, “los sodálites” filtraron la noticia sobre la decisión del papa que era “absolutamente de carácter reservado”.

Fuente: AFP.

Un centenar de familiares de los 160 niños que fueron rescatados de una secta judía ultraortodoxa en Guatemala acudieron ayer domingo a un refugio en la capital donde fueron llevados sus hijos y exigieron a las autoridades que se los devuelvan. Los familiares, pertenecientes a la secta, se apostaron en una calle frente a la sede del Centro de Atención Especial para Niños Alida España, a donde fueron llevados los menores.

“Queremos que los dejen salir de aquí” a los niños, dijo a la AFP un representante de los familiares, Uriel Goldman, mientras observaba a varios policías que vigilaban cerca del lugar. Según la Procuraduría General de la Nación (PGN) los miembros de la secta “irrumpieron” en el centro donde se encuentran los menores, “sustrayendo” a varios de ellos, pero con ayuda de la policía se “logró localizar y resguardar nuevamente a todos”.

No obstante, personas que se encontraban cerca del resguardo apoyaron a miembros de la secta, y trataron en vano de impedir que los menores fueran resguardados, lo que generó unos forcejeos, según un fotógrafo de AFP. La noche de este domingo, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia a cargo del lugar de resguardo, en un comunicado indicó, sin precisar un número, que habría niños que “abandonaron las instalaciones” cuando ocurrió la irrupción y ahora son buscados.

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“Con ello, evadieron el proceso de abrigo temporal y excepcional con el que estaban siendo beneficiarios”, dijo esa secretaría que añadió que se activó una “alerta” utilizada en la búsqueda de menores desaparecidos. Las autoridades de Guatemala rescataron el viernes a los 160 niños en una finca de la secta Lev Tahor, que era investigada por presuntos abusos sexuales de menores.

La propiedad de la secta, que fue allanada, se ubica en el municipio de Oratorio, a unos 60 km al suroeste de la capital. Según la Fiscalía, el allanamiento durante el cual fueron rescatados los niños se efectuó por la “sospecha” de delitos de trata de personas “en la modalidad de embarazo forzado, maltrato contra personas menores de edad y violación”.

En el allanamiento se encontró la presunta osamenta de un menor, según la fiscalía. Goldman calificó de “mentiras” los señalamientos en contra de la secta judía ultraortodoxa. “Las autoridades cumplieron una investigación muy grande aquí en Guatemala, con reportes, dicen mentiras con denuncias falsas”, señaló Goldman.

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La secta Lev Tahor estaba en la mira de las autoridades por denuncias de abusos de niños, matrimonios forzados y embarazos de adolescentes. La secta, que se instaló en Oratorio en 2016 tras ser expulsada de un pueblo maya en 2014 por conflictos con los lugareños, ha calificado las investigaciones como “persecución religiosa”.

“Hay presión de afuera (para) destruir a la comunidad, pedimos apoyo del mundo”, sostuvo el representante de las familias. Lev Tahor fue formada en los años 1980 y sus miembros, que visten túnicas oscuras y practican una versión ultraortodoxa del judaísmo, se establecieron en Guatemala en 2013. Las autoridades estiman que el grupo está conformado por 50 familias, principalmente, de Guatemala, Estados Unidos y Canadá.

Fuente: AFP.

Hasta ahora, la industria de la música se había librado de un ajuste de cuentas como el que vivió Hollywood o los medios de comunicación con el movimiento #MeToo, pero las graves acusaciones contra el magnate del hip hop Sean Combs, que será juzgado en Nueva York desde el 5 de mayo de 2025, podrían suponer un cambio.

Según la acusación, el artista, también conocido como “Diddy”, de 54 años, dirigía una red criminal sexual que se aprovechaba de mujeres y las chantajeaba para que guardaran silencio, lo que invita a pensar que podría haber llegado el momento de que el mundo de la música empiece a rendir cuentas. Hace cinco años, cuando se hicieron públicas las explosivas acusaciones contra el cantante Robert Sylvester Kelly, conocido por su nombre artístico R. Kelly, algunos medios se preguntaron si era el principio de un cambio radical en la música.

Kelly fue condenado a más de 30 años de cárcel por delitos sexuales contra menores, tráfico sexual y asociación ilícita. Fue sin duda un hito para el movimiento #MeToo, ya que fue el primer juicio importante por abusos sexuales en el que la mayoría de las acusadoras eran mujeres negras.

A lo largo de los años, las mujeres han acusado a personajes como el rockero Marilyn Manson, el magnate de la música Russell Simmons, el DJ Diplo o el productor Dr. Luke y otros muchos hombres poderosos de la industria sin apenas repercusiones. El último, ha sido la estrella del country Garth Brooks.

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“Las estrellas del rock gozan de un trato de favor debido a su estatus de estrella”, explica a la AFP Caroline Heldman, profesora del Occidental College y cofundadora de la coalición Sound Off, dedicada a la violencia sexual en la industria musical. Considerada durante mucho tiempo bastión del sexo, las drogas y el rock and roll, en esta industria las mujeres “son vistas como mucho más desechables (...) que los hombres”, dice por su parte la investigadora Kate Grover.

A ello se suma la raza. Las víctimas de las demandas de Kelly eran jóvenes negras y mujeres que “no tenían el poder de estrella que tenían muchas de las actrices que denunciaron a Harvey Weinstein”, el otrora todopoderoso productor de cine de Hollywood, condenado por violación y abuso sexual, dice Grover.

Desde que le denunció su expareja, la también cantante Cassie Ventura, el año pasado, una docena de personas han demandado a Combs, que está encarcelado mientras aguarda juicio en Nueva York. Ahora, más de un centenar de víctimas se prepara para presentar una nueva demanda contra el rapero.

A la demanda de Ventura siguió una oleada de denuncias contra otros hombres poderosos de la música, desde artistas a directores ejecutivos. El rosario de acusaciones pone de relieve “la gravedad de la situación”, escribió la cantautora y activista Tiffany Red, que ha trabajado con Ventura, en una carta abierta a Combs el pasado diciembre.

“Los problemas sistémicos de la cultura de la violación y la misoginia profundamente arraigados en la industria de la música suponen una amenaza real para la seguridad de tantas personas cada día en este negocio”, escribió Red. “¿Cómo podemos esperar un cambio significativo cuando los altos cargos y las superestrellas se enfrentan a acusaciones de estos delitos?”, se preguntaba.

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Heldman también señala comportamientos de mercado “perversos”. Las ventas de Kelly se dispararon más de un 500 % tras su condena por chantaje, con un aumento del 22 % en las reproducciones durante la semana siguiente. Las escuchas de la música de Diddy también crecieron de media un 18,3 % durante la semana posterior a su detención, en comparación con la anterior, según la empresa de datos del sector Luminate.

Puede que parte de este aumento se deba a la curiosidad que despierta un nombre cuando aparece en las noticias, pero Heldman también habla de la indulgencia que disfrutan los músicos. “En los años que llevo trabajando con supervivientes de distintos sectores, nunca he visto nada igual a la devoción de los fans por sus artistas”, afirma.

Pese a ello, dice Heldman, “parece que estamos en la cresta de algo”. “Me atrevería a anticipar que cualquier artista violador que haya estado operando con la idea de que puede silenciar a las supervivientes sabe ahora que eso se ha acabado”. Combs se enfrenta también a un proceso civil interpuesto por más de 120 víctimas, entre ellas 25 menores en el momento de los hechos.

Fuente: AFP.