Agentes de la Senad en coordinación con el Ministerio Público abrieron una nueva línea investigativa tras detectar un punto de acopio de drogas en la localidad de Ñandu Rokai, distrito de Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú. En el lugar se hallaron casi 200 kilos de marihuana y armas de fuego, elementos que refuerzan la hipótesis de que el sitio era utilizado como centro logístico del narcotráfico.

La operación fue realizada por los agentes especiales de Saltos del Guairá, bajo la dirección del fiscal Juan Benegas, luego de tareas de vigilancia y recolección de datos que permitieron el ingreso al inmueble.

En el interior del recinto, los intervinientes hallaron aproximadamente 196 kilogramos de marihuana, entre droga prensada y picada, lista presumiblemente para su distribución.

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También fueron incautadas dos pistolas y un rifle, los cuales se encuentran bajo análisis técnico para determinar su procedencia y si fueron utilizados en otros hechos criminales.

Según la Senad, ya se manejan datos relevantes sobre las personas vinculadas al lugar, cuyas identidades están en proceso de verificación como parte del seguimiento investigativo.

La institución antidrogas mantiene activa la línea de trabajo con el fin de identificar y detener a los responsables, en un operativo que marca un nuevo paso en la lucha contra las redes de tráfico en el norte del país.

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- Casi 200 kilos de marihuana fueron incautados por la Senad en un inmueble de Villa Ygatimí.

- La droga estaba distribuida entre prensada y picada, lo que sugiere que ya se encontraba lista para su comercialización.

- También se encontraron dos pistolas y un rifle, elementos que están siendo analizados por peritos.

Tras un trabajo de investigación y seguimiento, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), allanaron un inmueble rural ubicado en la zona de Ka’aguy Kupe – Ita Corá, distrito de Mayor Martínez, departamento de Ñeembucú, logrando la incautación de una importante cantidad de droga.

En el predio fue detectado un centro de acopio de marihuana que, a su vez, funcionaba como punto logístico para el traslado de la droga al mercado argentino. Las autoridades lograron incautar un total de 1.233 kilogramos de marihuana prensada lista para su envío al país vecino.

Desde la Senad precisaron que este tipo de cargas, una vez ingresadas al territorio argentino, alcanzan un valor promedio de 150 dólares por kilogramo, lo que implica un lucro cesante de aproximadamente 185.000 dólares para la estructura criminal tras esta intervención.

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Con este tipo de acciones en conjunto, la Senad busca reforzar su presencia operativa en zonas rurales de frontera, con el objetivo de cortar las rutas de tráfico, afectando directamente las finanzas de organizaciones dedicadas al comercio ilícito de drogas.

Si bien en este caso no se dio con la detención de ninguna persona en el lugar, se maneja la información de que los centros de acopio, al igual que los campamentos de producción, cuentan con el respaldo de un equipo de personas que coordina el envío de la droga.

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Las autoridades uruguayas incautaron más de dos toneladas de cocaína destinadas al exterior, donde podrían alcanzar un valor superior a los 50 millones de dólares, según estimaciones oficiales.

La cocaína incautada el domingo, unos 2.200 kilos según una estimación preliminar, estaba parte bajo tierra y parte lista para ser trasladada, dentro de un predio cercano a la costa del Río de la Plata y de difícil acceso en Punta Espinillo, a unos 23 kilómetros del centro de Montevideo. Un circuito de cámaras vigilaba la carga.

La incautación se produjo el domingo tras “un trabajo de investigación que (...) empieza a finales del mes de abril”, dijo Julio Sena, director de investigaciones de la Policía, en rueda de prensa este lunes. El objetivo del “grupo criminal” que pretendía trasladar la droga por “vía fluvial”, era enviarla “al exterior”, explicó.

La Fiscalía señaló Europa como posible destino final de la droga. Seis uruguayos, cuatro hombres y dos mujeres, fueron detenidos durante el operativo dirigido por la Policía y la Prefectura (policía costera) y enviados a juicio.

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Con la incautación se propinó “un duro golpe al narcotráfico”, consideró el ministro del Interior, Carlos Negro, en conferencia de prensa. El jerarca estimó el valor de la sustancia en 15 millones de dólares en el mercado local y más de 50 millones en el exterior.

Las autoridades no identificaron el origen de la droga. La mayor incautación de cocaína en Uruguay se dio en diciembre de 2019 en el puerto de Montevideo, cuando se detectó un cargamento de 4,4 toneladas acondicionadas para partir rumbo a África en contenedores con soja.

Asimismo, en los últimos años se detectaron en puertos europeos cargamentos de droga que pasaron por el principal puerto de Uruguay.

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Fuente: AFP

En la mañana de este jueves, un equipo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el acompañamiento de una comitiva fiscal, llevó a cabo la operación Tridente, donde, a través de incursiones simultáneas en el barrio Anahí de la ciudad de San Lorenzo, se logró desarticular una red de microtráfico que operaba en la zona.

Esta red de distribución y venta de drogas se extendía hasta tres viviendas en donde se distribuían drogas a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, constituyendo una amenaza directa para la seguridad barrial y el entorno social.

Según los datos investigativos, en estos lugares se reunían los jóvenes adictos de la zona que se dedicarían a perpetrar asaltos y robos de vivienda, generando gran temor en los vecinos, ya que la delincuencia aumentaba de manera exponencial.

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De estas viviendas se pudieron incautar 36 gramos de crack, equivalentes a unas 250 dosis, 135 gramos de cocaína, aproximadamente 300 dosis, 1 arma de fuego y una importante cantidad de dinero en billetes de baja denominación.

Así también, fueron detenidas cuatro personas que formarían parte de este esquema de venta y distribución; las mismas fueron identificadas como Rocío Fretes, de 39 años; Carlos Santos Acuña, de 42 años; Ramona Dominga Rojas, de 61 años, y Pablo Sebastián Jara, de 20 años. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Desde la Senad destacaron el uso de tecnología por parte de estas estructuras, ya que, si bien las viviendas allanadas eran precarias, contaban con sistema de monitoreo en el barrio para controlar los movimientos de la zona y poder mantenerse alerta.

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