En prosecución de la investigación en torno al caso de homicidio del que fue víctima Melania Montserrat, continúan las tareas de recolección de datos y posibles evidencias, esta vez con la incautación del teléfono celular que la niña compartía con su mejor amiga.
Entre las diligencias que se están realizando continúan los allanamientos y la toma de declaración de testigos, familiares y allegados tanto a la menor como a los sindicados como autores, con el fin de dilucidar cómo se habrían dado los hechos.
“Ayer procedimos a allanar una serie de viviendas, entre las cuales logramos dar con una nena que sería compañerita de la víctima y, luego de conversar con la madre y la entrevista con la psicóloga, pudimos obtener la información de que la misma compartía su teléfono celular con la menor fallecida, por lo que creímos conveniente incautar el teléfono celular para someterlo a pericia”, indicó el fiscal Carlos Ramírez en conversación con la 1080 AM.
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El mismo resaltó que los datos que puedan ser recuperados de este dispositivo serían clave a la hora de conocer con quiénes y en qué contexto tenía contacto la menor fallecida.
“Tenemos una importante cantidad de indicios y pruebas que esperamos ir robusteciendo más con los resultados científicos que estamos aguardando también; de igual manera, vamos a continuar con las diligencias”, comentó el agente fiscal.
Explicó demás que, con base en los datos con los que se cuenta, se presume que el crimen se habría dado entre las 13:30 y 14:00 horas, obteniendo también así una línea de tiempo que debe ser sustentada conforme se cuente con mayor evidencia e información.
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Fiscalía ratifica a fiscales que investigan a Wiens por el caso metrobús
El fiscal adjunto Augusto Salas Coronel, firmó la resolución 329 por la cual rechaza la recusación planteada por la defensa del exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens y ratificó la intervención de los fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimi Adle para investigar el proceso penal caratulado “Ramón Jiménez Gaona y otros sobre lesión de confianza y otros”, más conocido como caso Metrobús.
La defensa técnica del exministro, abogados Alfredo Kronawetter y Federico Huttemann, presentaron ayer jueves ante la Fiscalía Adjunta Área I de Asunción, un petitorio para que sean apartados del caso los citados investigadores fiscales, por considerar comprometida la objetividad de los mismos.
Cuestionaron que los fiscales Grisetti, Silva y Adle convocaron nuevamente a Wiens a declaración indagatoria por dos hechos: lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Según la defensa, el juzgado penal de Garantías había admitido la imputación únicamente por lesión de confianza, y esa delimitación ya está firme por no haber sido recurrida.
Cabe recordar que Wiens fue imputado en febrero de este año por presunto perjuicio patrimonial de G. 14.955 millones relacionado con el proyecto metrobús. Según el Ministerio Público, el exministro tendría responsabilidad penal por las decisiones adoptadas durante la ejecución de la obra.
La imputación sostiene que Wiens no cumplió con la recomendación de la Procuraduría General de la República de realizar un informe técnico antes de la demolición de obras que habían costado al Estado G. 6.924.624.006. Además, señala que autorizó el pago de G. 8.030.693.029 para rehabilitar el tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto en el proyecto original.
El presente caso está paralizado desde marzo de este año, cuando el juez Otazú decidió admitir la imputación pero debido a las chicanas presentadas por la defensa del imputado hasta el momento no se pudo desarrollar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Estafa a menonitas: piden a juez fijar fecha para extracción de datos de teléfono de acusado
La abogada Gessy Ruiz Díaz, quien ejerce la querella adhesiva en representación de los ciudadanos menonitas de Río Verde (San Pedro) —víctimas de una millonaria estafa—, solicitó al juez Penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, que fije la fecha para la extracción de datos del teléfono celular del acusado William Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados.
El pedido obedece a que el Departamento Antisecuestro y Antiextorsión ya comunicó al juzgado la disponibilidad para realizar dicha diligencia judicial, por lo que el magistrado solo debe determinar el día y la hora.
El escrito de la querella menciona que, al no haber impedimentos para proseguir con la extracción —la cual fue suspendida el 26 de noviembre de 2025 debido a la falta de licencia del software—, y al estar superada dicha situación fáctica, se solicita fijar a la brevedad posible la audiencia de extracción de datos y la toma de juramento de los peritos. Esto en cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaron el procedimiento en el año 2025.
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Por otra parte, el próximo 21 de agosto a las 08:45 se llevará a cabo la audiencia preliminar para Bogarín y los demás acusados por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. Además del exfuncionario, están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de nuevos actores en el caso.
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Presumen que muerte de embarazada en Curuguaty no se habría dado por un rayo
Este miércoles, familiares de una mujer que habría fallecido tras la caída de un rayo en Curuguaty, departamento de Canindeyú, denunciaron que no creen que esta fuera la causa de muerte. Piden a las autoridades que investiguen el caso porque presumen que tuvo una discusión con su pareja y que a raíz de esto falleció.
El fin de semana pasado falleció Jorgelina Ruiz Díaz, de 37 años, quien estaba embarazada de siete meses y que tenía cuatro hijos pequeños. El reporte del médico forense del Hospital de Curuguaty determinó como causa de muerte una arritmia cardiaca severa por causa de un golpe o descarga eléctrica.
“Sus familiares llegaron hasta la casa ubicada en la colonia San Óscar Romero, donde revisaron el sitio y tienen ciertas dudas de que la mujer hubiera muerto por una descarga eléctrica, porque en la casa no hay ninguna secuela de algún choque eléctrico o que haya saturado las instalaciones”, expresó Juan Alcaraz, corresponsal de “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
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Apuntó que la hermana de la mujer resaltó que las instalaciones están intactas y que en ese momento estaba teniendo una acalorada discusión con su expareja, que la abandonó tras dos embarazos. “No lo acusan de que la haya matado, pero que esa discusión puedo ser lo que haya provocado alguna crisis y hubiera caído muerta”, resaltó.
La familia adelantó que van a solicitar la investigación para determinar qué fue lo que ocurrió realmente. “Aseguran de que no hay rastro de que el rayo que cayó haya causado la muerte de su hermana. Además, que los niños estaban durmiendo en la otra pieza y no escucharon ninguna explosión mientras ocurrió el hecho”, resaltó.
Piden a las autoridades que visiten la casa de Jorgelina para levantar evidencias y pueda corroborar que todo el cableado así como también el celular de la víctima que estaba conectado funcionan correctamente y que en el caso de la caída de un rayo estarían quemados.
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Policía de Brasil investiga plan de atentados contra poderes públicos en las elecciones
La Policía de Brasil informó el martes que realizó una operación contra ocho hombres sospechosos de planear en Telegram atentados contra los poderes públicos en Brasilia durante las elecciones de octubre, en las que el presidente Lula busca un cuarto obligatorio.
Autoridades informaron que se incautaron celulares y computadoras de los investigados en cinco estados, pero no se hallaron armas ni explosivos ni hubo detenciones.
Los sospechosos integraban “dos grupos públicos en la plataforma Telegram que compartían información sobre planificación de atentados en Brasilia” en el período electoral, detalló en una rueda de prensa el secretario de Derechos Digitales del Ministerio de Justicia, Victor Fernandes.
“Lo que se investiga no se refiere meramente a opiniones, sino (...) a la planificación de actos graves de violencia”, precisó.
Los sospechosos, de entre 19 y 31 años, no se conocen personalmente ni tienen antecedentes delictivos. Trabajan en empleos diversos. Uno de ellos es seminarista de un monasterio de Pernambuco (noreste).
Según un comunicado de la Policía Civil, en Telegram compartieron “manuales para la fabricación de artefactos explosivos” y discutieron la “invasión de edificios, selección de objetivos, formación táctica, reclutamiento interestatal, análisis de mapas y (...) modelos tridimensionales de edificios”.
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La investigación busca “aclarar el grado de organización y el nivel de desarrollo de las acciones” bajo la hipótesis de asociación criminal y apología del crimen, entre otros posibles delitos, sin que los hechos se encuadren “por ahora” como terrorismo, agregó el texto.
Fernandes indicó que se solicitó a la Agencia Nacional de Protección de Datos, un órgano público independiente, que investigue si Telegram incumplió su deber de “impedir la circulación masiva de contenidos delictivos”.
Brasil aprobó en abril una ley que endureció las reglas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y redes sociales sobre los contenidos divulgados por sus usuarios.
Los investigados conspiraban contra “el sistema político en su conjunto, sin determinar izquierda o derecha” y sin barajar nombres de autoridades, dijo el jefe de inteligencia de la Policía Civil de Brasilia, Maurílio Coelho.
En sus conversaciones mencionaron como posibles objetivos “todos los ministerios, el Congreso, el Supremo Tribunal Federal (...) y la planta baja de Planalto”, el palacio presidencial.
El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentará en octubre al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022).
El exmandatario está condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones contra Lula en 2022.
El 8 de enero de 2023, días después de la asunción de Lula, simpatizantes bolsonaristas invadieron y destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, un episodio considerado por la corte suprema como parte de la misma trama golpista que llevó a Bolsonaro a la cárcel.
- Fuente: AFP
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