El cuestionado contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo que conforman otras empresas en diversos ramos incluidos medios de comunicación) vuelve al centro del debate luego de que el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, confirmara que la deuda por los hospitales Hemato-Oncológico y Buongermini asciende a G. 126.000 millones, pese a que la previsional otorgó al banco Atlas SA G. 828.800 millones para terminar estos y otros dos hospitales.

El caso es investigado por parte del Ministerio Público, por presunto daño patrimonial con el citado contrato; teniendo en cuenta que el acuerdo, presentado originalmente como una herramienta para financiar infraestructura sanitaria, terminó generando fuertes cuestionamientos por el manejo de los fondos provenientes de los aportes de trabajadores y empleadores.

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Si bien el Banco Atlas realizó recientemente la devolución de un millonario monto a la previsional, en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millones devueltos a la previsional, que significan el reconocimiento de irregularidades por parte de la entidad bancaria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fiduciarios.

Este fideicomiso comprometió G. 828.800 millones del IPS para la construcción y terminación de establecimientos de salud. El objetivo principal del fideicomiso era mejorar la capacidad hospitalaria de la previsional mediante obras estratégicas como el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día/Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico.

A casi una década de la firma del contrato en el 2017, a la fecha, las obras no se concretaron e incluso permanecen obligaciones pendientes por aproximadamente G. 126.000 millones. De ese monto, unos G. 98.000 millones corresponden al Hospital Hemato-Oncológico y otros G. 28.000 millones al Hospital Buongermini, según manifestó el propio presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, en una reciente entrevista.

Este caso es investigado por el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económi­cos y Anticorrupción, Nés­tor Coronel, quien en su momento había señalado que están avanzando con la investigación sobre la eje­cución del contrato de fidei­comiso por valor de G. 828 mil millones entre el banco Atlas y el IPS, que debía ser utilizado para la cons­trucción de cuatro hospi­tales.

Confirmando que el contrato establecía que el banco Atlas actuara como fiduciario, administrando los recursos del IPS para ejecutar los pagos vinculados a las obras. La figura del fideicomiso buscaba, justamente, garantizar transparencia, control y una administración eficiente del dinero. Pero las auditorías y cuestionamientos posteriores apuntaron a presuntas irregularidades en la utilización de los fondos.

Uno de los puntos más controvertidos fue la incorporación del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una modificación que, según informes mencionados públicamente, habría permitido desviar recursos hacia destinos distintos a los cuatro proyectos originalmente previstos. Las auditorías citadas en el caso señalan que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a otros usos diferentes al objetivo inicial del fideicomiso.

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Además, el titular del Ministerio Público destacó la voluntad de regularizar la deuda con el IPS.

El titular del Minis­terio Público, Emi­liano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención de los avances en investigaciones de relevan­cia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detec­ción de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clo­nados.

En ese sentido, el titular del Ministerio Público mencionó que hasta el momento la Fis­calía no recibió oficialmente los antecedentes correspon­dientes.

Sin embargo, garantizó que, una vez remitida la documen­tación pertinente, se anali­zará la conformación de equipos fiscales especializa­dos para el análisis e inves­tigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta com­plejidad.

Con relación a la deuda con el IPS, comentó que la Fiscalía avanzó en las ges­tiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsio­nal, respecto al inmueble donde funcionan impor­tantes dependencias fis­cales en Asunción.

Detalló que la deuda se ori­ginó a raíz de diferencias contractuales manteni­das con administraciones anteriores del IPS, relacio­nadas con obligaciones adi­cionales que, según argu­mentó, no corresponderían al arrendatario.

No obstante, destacó la voluntad institucional de cumplir con los compro­misos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades pre­visionales para alcanzar un acuerdo que permita des­trabar el proceso de pago y formalizar un nuevo con­trato.

Abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garanti­zar condiciones adecuadas de funcionamiento, consi­derando que aproximada­mente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmue­bles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las con­diciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.

Destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encar­nación, infraestructura que permitirá centralizar servi­cios en gran parte de la región sur y este del país.

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) informó que junto con el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) detecta­ron más de 550 títulos falsos y más de la mitad son de la carrera de Ciencias de la Educación. De comprobarse la falsedad ante la Justicia estos documentos serán anulados.

Según el ministro Luis Ramírez, tras una serie de investigaciones se pudo detectar un total de 550 títulos universitarios presunta­mente falsos, que fueron registrados por la institución. De este número 250 corresponden a la carrera de Ciencias de la Educa­ción.

“Nosotros recibimos esa carpeta fiscal, y se ha determinado que algunas personas fueron embaucadas y sorprendidas, otras, sin embargo, no pudieron explicar el origen y la dinámica de cómo accedieron a su título”, expresó Ramírez, en entrevista con “Cuenta final” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Un docente que llegó de Misiones al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) en Asunción para el tratamiento de su hija sufrió el robo de su automóvil y la suma de G. 3.000.000 destinada a los gastos hospitalarios.

La víctima, Arístides Verdún Morínigo, pide la colaboración de la ciudadanía para recuperar su rodado atendiendo que es el único transporte que tiene para trasladarse a la escuela donde enseña, indicó al canal NPY.

El denunciante llegó a la capital desde Santa Rosa, Misiones, en busca de atención médica para su hija. En medio de las gestiones, delincuentes aprovecharon para llevarse el vehículo del estacionamiento.

Dejó su automóvil estacionado cerca de las 11:30 del sábado y al regresar, alrededor de 40 minutos después, ya no halló su rodado. Además, dentro del auto había dejado una mochila con el dinero. Los ladrones se llevaron el automóvil, sus demás pertenencias y además la plata que había logrado reunir para los gastos de internación.

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La víctima realizó la denuncia correspondiente y pidió la ayuda de la ciudadanía para recuperar su vehículo, un Toyota Corolla color dorado año 2002 que fue robado.

El maestro explicó que el automóvil es su único medio de transporte en Misiones y lo utiliza para recorrer todos los días varios kilómetros para llegar a la escuela donde trabaja. “Lastimosamente vivimos en una inseguridad tremenda y en estos casos, que nos pase algo así es jetu’u, encima es peor por la situación que pasamos”, manifestó el afectado.

Pese al momento que le toca vivir, le fortalece la buena noticia que recibió sobre la salud de su hija. “La fortaleza que tengo es que gracias a Dios a mi hija le salió todo bien su cirugía y está bien”, destacó el padre de familia.

Por otro lado, expresó su indignación como ciudadano y asegurado de la previsional. “No puede ser que sigamos con tanta inseguridad en nuestro país. No puede ser que pase esto en el patio del IPS”, lamentó.

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• Víctor Pavón (*)

El sistema jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS) está basado en el modelo de reparto –mal llamado solidario– por el cual los aportes se depositan en una caja común y cuya solvencia y sostenibilidad en el tiempo dependen de nuevos aportantes.

Los jóvenes ingresan al sistema para solventar a los que ya están jubilados y pensionados. A la fecha se dispone del dinero depositado en el fondo de reserva sin la previa contribución por parte de los jubilados.

El empleador aporta el 16,5 por ciento y no tiene derecho ni a una pastilla para dolor de cabeza. Solo el hecho de no recibir cobertura de salud ni jubilación convierte a este sistema en el más desinteresado por el empresario, paradójicamente el que invierte y crea trabajo es un sujeto de segunda categoría.

Y no solo contra del empresario, sino también en contra del trabajador cuyo aporte es del 9 por ciento sobre el salario. El costo laboral del 25,5%, además, afecta al salario neto del trabajador, sobre su capacidad de consumo y compra.

Una carga del 25,5 por ciento del total, esto es, sobre el salario (9 %) y sobre el empleador (16,5 %) ocasiona consecuencias: las normativas, leyes o decretos, tienen costo económico. El 25,5 por ciento del costo laboral incide sobre los que menos preparación tienen, los muy jóvenes y los de mediana edad. Aquí está el 80 por ciento de la fuerza laboral del país. La informalidad se eleva cuanto más alto es el costo de acceso a la formalidad.

Una economía en crecimiento, es cierto, tiende a aumentar la contratación en el mercado laboral, pero, como los costos de acceso a la formalidad se van elevando anualmente, sus efectos no son tan visibles. Se contrata a 3 pudiendo contratarse a 7 o a 10 personas.

El IPS en cuanto a la jubilación se refiere, en lugar de ser parte de la solución para sus cotizantes, se convirtió en un problema para el país. La solución está en una reforma de su sistema de reparto, ineficiente e injusto, hacia el de capitalización, donde sus verdaderos dueños (trabajadores y empleadores) sabrán mejor que nadie sobre cómo disponer de su dinero.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la libertad y la República”.