Desde el Ministerio Público informaron que esta tarde el Juzgado Penal Adolescente de Caazapá, a cargo de la magistrada María Roxana Ramírez, decretó la prisión preventiva del adolescente imputado por la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso, en calidad de coautor en el caso de la niña Melania.
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La medida fue solicitada por los agentes fiscales Laury Rossana Vázquez y Carlos Germán Ramírez, quienes impulsan la investigación del caso.
A continuación indicaron que la jueza resolvió hacer lugar a la solicitud del Ministerio Público tras evaluar los elementos presentados, la etapa incipiente de la investigación y la gravedad del hecho investigado.
“La prisión preventiva resulta idónea para resguardar el proceso, evitar obstrucciones y proteger tanto al adolescente como a su entorno”, explicó la magistrada .
Un detalle revela que en la misma resolución fue rechazado el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa, por no reunir las condiciones establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
La causa continúa bajo investigación por parte de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Regional de Caazapá.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.
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Accidente sobre Sacramento: adolescente sale de UTI, pero precisa de varias terapias al día
A un mes del grave accidente que sufrió el adolescente de 15 años sobre la avenida Sacramento de la ciudad de Asunción, este lunes, logró dejar la terapia intensiva y respirar por sus propios medios. Sin embargo, su proceso de recuperación será lento y necesitará al menos seis terapias al día porque quedó con secuelas severas, informaron este jueves.
El grave accidente se reportó el pasado 24 de agosto, sobre la avenida Sacramento, cuando el alumno Iván Marcelo, del Colegio Técnico Javier, salió de la institución, cruzó sobre la franja peatonal y fue arrollado por un conductor de plataforma. En el percance sufrió un traumatismo craneoencefálico, por lo que fue ingresado de urgencia a la terapia en el Hospital Central del IPS.
El padre de Iván expresó que están muy esperanzados con la evolución de su hijo que hoy salió de terapia intensiva, pero permanece en estado comatoso con respuesta a estímulos. Para recuperar sus funciones vitales requiere de seis tipos de tratamientos especializados al día.
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“En este tiempo se pudo descomplejizar un 90 % de los aparatos y en todo este tiempo no necesitó un monitor o respirador, lo que ayudó a que le den el alta y pase a sala. Ahora necesita un mínimo de oxigeno por cánula nasal y complementar con ciertos tratamientos para su recuperación casi total”, expresó el padre, en entrevista con C9N.
Confirmó que atiendo a que los tratamientos son muchos y sus costos elevados los familiares impulsan la campaña “Todos por Iván”, con la que buscan recaudar G. 1.000 millones para poder cubrir un año de rehabilitación obligatoria para ser ingresado a una clínica privada. La idea es que para el 15 de noviembre puedan recaudar ese dinero.
“Son seis terapias las que necesita diariamente, no puede permitirse faltar un día. Eso tiene un plazo, si en un año no se logra revertir quedará con secuelas. En IPS ahora le están haciendo las fisioterapias que están al alcance, pero él no puede ser un paciente ambulatorio porque tiene medio cráneo y en Paraguay hay solo una clínica que lo interna y le hace las terapias”, puntualizó.
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Paraguay logra histórico cumplimiento ante la CIDH en el caso “Feliciano Vera González”
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, titular de la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CICSI), celebró la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declaró cumplido un acuerdo relacionado con el caso Feliciano Vera González.
El caso guarda relación con la muerte de un adolescente de 15 años, reclutado de manera ilegal para prestar el servicio militar obligatorio en 1990.
Alliana destacó el trabajo eficiente y coordinado de las instituciones públicas que permitió el cumplimiento pleno del acuerdo ante la CIDH.
Esta decisión llegó con el informe N.º 181/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual señala que se decidió cesar el seguimiento y declarar plenamente cumplido en todos sus términos el Acuerdo de Solución Amistosa de la Petición 1221-07 “Feliciano Vera González”.
Ante esta declaración la CICSI, reafirmó su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad para honrar las obligaciones internacionales del Paraguay y fortalecer la protección de los derechos humanos.
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“Celebro este importante avance para el Paraguay y felicito a las instituciones que hicieron posible este cumplimiento. Como presidente de la CICSI, seguiré trabajando con responsabilidad para honrar nuestros compromisos y fortalecer la protección de los Derechos Humanos”, remarcó el segundo del Ejecutivo a través de sus redes sociales.
Menor en custodia del Ejército
En comunicación con La Nación/Nación Media, la directora general de DD. HH de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, explicó que el caso guarda relación con la muerte de un adolescente de 15 años, quien fue reclutado de manera ilegal, para prestar el servicio militar obligatorio en 1990.
Indicó que mientras se encontraba bajo la custodia del Ejército, fue asignado a prestar servicios domésticos en una casa particular en donde falleció electrocutado.
Señaló que estos hechos que constituyen violaciones a los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a las medidas especiales de protección de la niñez y la adolescencia, y a la protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Destacó que bajo la administración del vicepresidente Alliana, se han cumplido con todas y cada una de las reparaciones en todos sus términos contemplados en el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA).
“La Comisión IDH decidió cerrar el caso saludando los esfuerzos del Estado paraguayo para implementar cabalmente esta solución amistosa. Destaca además que el ASA cuenta además con un nivel de cumplimiento total”, remarcó.
Agregó que las medidas de reparación fueron establecidas en beneficio de los familiares de la víctima, en este caso, su madre y sus hermanos. Explicó que estas medidas fueron acordadas en octubre de 2024, mediante la firma del Acuerdo de Solución Amistosa, que contempla acciones de satisfacción, asistencia primaria e integral a la salud y compensación. El documento fue firmado por el vicepresidente Pedro Alliana, en su carácter de presidente de la CICSI.
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El 30 de setiembre se inaugurará el nuevo y moderno Juzgado de Fernando de la Mora
El ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez, informó al pleno de la máxima instancia judicial así como a toda la ciudadanía que el próximo 30 de setiembre se inaugurará el nuevo y moderno edificio de los juzgados de Fernando de la Mora. La nueva infraestructura permitirá poner a disposición de los profesionales del derecho, litigantes y la ciudadanía en general instalaciones acorde a sus necesidades.
Jiménez Rolón, superintendente de Central, destacó que la nueva sede representa “un antes y un después” respecto a las instalaciones actuales y calificó la inauguración como un logro para la Corte Suprema de Justicia. Indicó que los funcionarios judiciales que prestan servicios en el lugar también serán beneficiarios directos del mejoramiento de las instalaciones.
El proyecto contempla una superficie total construida de 15.210 m², en un terreno de 6.364 m², y está compuesto por dos bloques principales. Uno de los bloques albergará los Juzgados de Primera Instancia y las salas de juicios orales. El otro, con acceso independiente, estará destinado al Juzgado de Paz y contará con espacios complementarios como una cafetería y un salón de usos múltiples.
La distribución del edificio se desarrolla en diez niveles, desde el segundo subsuelo hasta la azotea. El complejo incluye estacionamientos, oficinas técnicas y juzgados especializados en materia Penal, Civil y Comercial, Laboral y de la Niñez y Adolescencia.
La sede también cuenta con áreas administrativas y de servicios, además de zonas exteriores destinadas al público, con áreas verdes, juegos infantiles, camineros y estacionamientos diferenciados para funcionarios y usuarios.
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