Desde el Ministerio Público informaron que esta tarde el Juzgado Penal Adolescente de Caazapá, a cargo de la magistrada María Roxana Ramírez, decretó la prisión preventiva del adolescente imputado por la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso, en calidad de coautor en el caso de la niña Melania.
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La medida fue solicitada por los agentes fiscales Laury Rossana Vázquez y Carlos Germán Ramírez, quienes impulsan la investigación del caso.
A continuación indicaron que la jueza resolvió hacer lugar a la solicitud del Ministerio Público tras evaluar los elementos presentados, la etapa incipiente de la investigación y la gravedad del hecho investigado.
“La prisión preventiva resulta idónea para resguardar el proceso, evitar obstrucciones y proteger tanto al adolescente como a su entorno”, explicó la magistrada .
Un detalle revela que en la misma resolución fue rechazado el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa, por no reunir las condiciones establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
La causa continúa bajo investigación por parte de la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía Regional de Caazapá.
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Disponen prisión preventiva para funcionaria de Ueno Casa de Bolsa que destruyó evidencias
El juez penal de garantías, Marcelo Saldívar, decretó este miércoles la prisión preventiva por 10 días en el Departamento Judicial femenino de la Policía Nacional de Andrea María José Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, imputada por frustración de la persecución penal.
La funcionaria es investigada por destruir evidencias durante un allanamiento realizado por el Ministerio Público en la sede de la entidad en la marco del caso Ueno Bank.
La mujer acudió esta mañana para su audiencia de imposición de medidas tras ser imputada por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, luego de romper documentación que la Fiscalía debía incautar durante un allanamiento.
El incidente ocurrió el lunes 9 de noviembre, cuando una comitiva fiscal llegó a las oficinas de Ueno Casa de Bolsa para realizar una intervención. Según los registros de circuito cerrado, minutos antes del ingreso de los investigadores, la funcionaria habría rasgado varios documentos impresos y los habría arrojado a un basurero.
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No obstante, la intervención permitió recuperar los papeles y reconstruir parte de la documentación. Entre los materiales encontrados había correos electrónicos, comunicaciones internas, informes de operaciones, resoluciones y contratos. Algunos documentos contenían referencias al expresidente Santiago Peña.
La acción judicial forma parte de las pesquisas sobre el colapso de Ueno Bank y la caída de su matriz empresarial, el Grupo Vázquez.
Durante la audiencia, realizada a las 7:30, el abogado defensor Andrés Álvarez cuestionó la hipótesis fiscal y presentó registros de circuito cerrado. En ese sentido, aseguró que los documentos fueron rotos a las 10:30, aproximadamente dos horas y media antes de la llegada de la comitiva fiscal, prevista alrededor de las 13:00.
“No es como cuenta fantasiosamente la historia del Ministerio Público”, dijo Álvarez al referirse a la hipótesis de destrucción de evidencias.
La defensa argumentó que la diferencia horaria contradice la posibilidad de que su representada haya actuado para reaccionar ante el procedimiento fiscal. Asimismo, señaló que Benítez colaboró con los investigadores y entregó previamente los documentos que le fueron requeridos.
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Ratifican prisión preventiva de tres exdirectivos de Ueno Bank
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado confirmó la prisión preventiva de Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, exdirectivos de Ueno Bank. Los tres habían apelado la decisión del juez Rodrigo Estigarribia, quien el pasado 5 de noviembre ordenó que permanezcan recluidos mientras avanza la investigación.
La defensa había solicitado sustituir la prisión por arresto domiciliario con tobillera electrónica, además de otras medidas de control. Sin embargo, los camaristas consideraron que las garantías inmobiliarias ofrecidas no reunían las condiciones necesarias para respaldar una medida menos gravosa, debido a la falta de certificados que acreditaran la titularidad, las condiciones de dominio y la disponibilidad de los bienes presentados como caución.
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Elementos analizados
Entre los elementos analizados por el Tribunal figuran las presuntas irregularidades en operaciones crediticias realizadas durante 2025 y 2026 con empresas vinculadas al grupo empresarial, así como la venta de una cartera de créditos por USD 74,4 millones a la firma Vinanzas SA. Según la hipótesis fiscal examinada, esta operación habría utilizado recursos provenientes del propio banco para aparentar una compra al contado.
La resolución también estableció una calificación jurídica provisoria de los hechos investigados, que incluye:
- presunto lavado de activos
- estafa
- conducta indebida en situaciones de crisis
- lesión de confianza
- violación del deber de llevar libros de comercio
- y asociación criminal.
No obstante, el Tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la prisión preventiva si las defensas presentan nuevos documentos que demuestren la suficiencia de las garantías ofrecidas.
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La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
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Fiscalía imputa a Santiago Peña y requiere su prisión preventiva
La Fiscalía requiere la prisión preventiva del expresidente de la República, Santiago Peña, al ser imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor. Además, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, en el marco de la causa judicial ueno bank.
También solicita la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
La imputación contra Peña quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
El proceso de investigación apunta a establecer si existieron decisiones o gestiones desde el Ejecutivo que incidieron en la canalización de recursos estatales hacia el banco, cuyos directivos Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada se encuentran imputados por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Se busca a la vez determinar si esas actuaciones habrían generado beneficios indebidos para intereses particulares. El otro eje de la investigación se centra en los créditos que la entidad bancaria habría concedido a sociedades vinculadas a su propio grupo económico, mientras recibía y administraba fondos de entes públicos y previsionales.
La Fiscalía busca determinar si existió un manejo irregular de esos recursos y si las operaciones crediticias se realizaron en condiciones que pudieron comprometer los intereses patrimoniales involucrados.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
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El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
La imputación también menciona que al 30 de septiembre de 2026, el patrimonio de ueno bank ascendía a G. 2.525.148 millones, de acuerdo con el balance publicado por la entidad.
El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a ueno bank dentro del mismo grupo empresarial”.
La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.
“De esta manera, pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades en las operaciones crediticias, posibles excesos regulatorios y riesgos para la situación patrimonial de ueno bank S.A., Santiago Peña habría continuado respaldando públicamente la situación financiera de dicha entidad, sin que se haya tomado medidas precautorias con relación a los fondos públicos allí colocados”, expresa.
Los hechos investigados se sustentan en denuncias presentadas el 5 de noviembre de 2026 por parlamentarios de la oposición, entre ellos Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Lucía Mendoza, Esperanza Martínez, Rubén Velázquez, Ignacio Iramain, Johanna Ortega y Ever Villalba.
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