Durante un control operativo las autoridades incautaron 85 máquinas tragamonedas en la ciudad de San Lorenzo. Se constató que los aparatos eran utilizados de manera irregular.
La intervención derivó en la clausura provisoria de un total de 7 locales, al comprobarse que no contaban con la patente comercial para la explotación de esta actividad.
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La fiscalización estuvo encabezada por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a través de sus unidades de anticontrabando y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), lo que permitió descubrir que los comercios estaban operando de manera ilegal.
Carlos Liseras, titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), calificó de exitoso el procedimiento de control concretado el día de ayer jueves y destacó los resultados del primer operativo.
“Como Dirección Nacional de Ingresos Tributarios he dispuesto la verificación de locales en donde se está desarrollando la actividad de explotación de juegos de azar en la modalidad de tragamonedas. Como así también la explotación clandestina en lugares públicos que está prohibido terminantemente por ley”, señaló a la 1020 AM.
Liseras ensalzó la labor de la DNIT a través de su oficina Jeroviaha y la oficina anticontrabando que junto con la Conajzar se han constituido en el distrito de San Lorenzo, departamento Central, para llevar adelante dichos operativos.
“Es un operativo realmente exitoso teniendo en cuenta que hemos incautado una gran cantidad de máquinas tragamonedas que estaban siendo explotadas clandestinamente. Y además hemos ordenado la clausura provisoria de siete locales por el hecho de que no tenían la patente comercial que los habilite a desarrollar esa actividad en la modalidad de salas de juegos-máquinas tragamonedas”, afirmó.
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“Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear”, dice abogado esteño
“Nosotros descubrimos que Prieto introdujo en la municipalidad una gavilla para saquear“, dijo el abogado Víctor Enríquez, quien integra la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, organización sin fines de lucro que impulsó 15 de las 49 denuncias por corrupción que pesan contra el intendente Miguel Prieto, quien insiste en obstaculizar la labor del interventor Ramón Ramírez y ayer le envió una escribana pública para amedrentarlo.
“Él nos engañó a todos con shows mediáticos, ya que es un corrupto, un egocéntrico que necesita salir en los medios de prensa, ya sea bien o mal”, sostuvo Enríquez, este viernes, en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones del abogado, quien fue apoderado de Prieto en su primera elección para completar el mandato de Sandra McLeod en 2019, surgen tras el desesperado intento del líder del movimiento Yo Creo en interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, que denunció la dificultad de acceder a documentos públicos debido a maniobras de los directores prietistas de las dependencias municipales.
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Confianza en el interventor
“Los integrantes de la Contraloría Ciudadana le llenamos la canasta de denuncias. Si él se sintió ofendido (por las denuncias de Ramírez), ¿por qué no se anima a establecer una querella en nuestra contra? Seguro porque no tendrá el mediatismo que tiene el hecho de ir a patotear al interventor de la municipalidad”, comentó Enríquez.
Prieto envió ayer jueves a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus afirmaciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en la gestión del intendente. “El interventor es una persona muy segura, que llegó para hacer un trabajo técnico, no es mediático”, indicó el integrante de la Contraloría Ciudadana de CDE.
“Es un simple farsante mediático”
“Las denuncias que presentamos contra Prieto no son chismes, son investigaciones claras, fehacientes de todos los actos de corrupción de Prieto. Es un simple farsante mediático. Cómo creer a un tipo que tiene como asesor en la municipalidad a un exdiputado (Carlos Portillo) que perdió su investidura por corrupto, por ser grabado extorsionando en casos judiciales; y después Prieto quiere hablar de honestidad y honorabilidad", refirió.
Señaló que, como organización, ya mantuvieron un encuentro con Ramírez para presentarle las investigaciones y denuncias sobre irregularidades que detectaron en la gestión del opositor. “Está todo en sus manos y tenemos la plena certeza que está haciendo bien su trabajo”, dijo.
El abogado denunció que los concejales aliados a Prieto pretenden obstaculizar el trabajo de intervención. “Ellos no quieren que se investigue. En todas las denuncias que redacté para la Contraloría Ciudadana se tipifica lesión de confianza, asociación criminal, se tiene una organización jerárquicamente organizada para provocar hechos punibles. Acá hay una organización criminal, Prieto y sus concejales armaron una gavilla para saquear“, sentenció Víctor Enríquez a Nación Media.
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CDE: difícil acceso a documentos evidencia directriz para obstruir trabajo del interventor, señalan
La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, dio su parecer respecto a los detalles que está brindando el interventor de la municipalidad de Ciudad del Este. Al respecto, indicó que es evidente que hay una instrucción a los directores de la municipalidad para no facilitar el trabajo del interventor.
En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que es la impresión que está teniendo al escuchar al interventor Ramón Ramírez señalar que no está accediendo a muchos documentos. Indicó que es lo mismo que ellos han sufrido estando ahí con los funcionarios de la municipalidad.
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“Es evidente que hay directrices para que los funcionarios y los directivos no colaboren con la intervención. Es lo mismo que manifestó el interventor”. comentó Montiel.
Asimismo, señaló que existen hallazgos referidos por el interventor, como el uso de combustible y caja chica. Ellos, como Contraloría Ciudadana, no tenían información al respecto, por lo que son hallazgos de irregularidades nuevas.
“En el tema del uso irregular de combustible, indicó que en un solo día se le cargó al minibus una cantidad excesiva de combustible para uso de 50 km. Lo otro, el uso de la caja chica que, así como mencionó el interventor, unos 200 millones de guaraníes mensuales en efectivo, para uso de gastos menores, realmente es una cuestión bastante irregular”, comentó.
No obstante, Montiel señaló que entienden que el interventor Ramírez está llevando adelante un trabajo técnico que por lo general lleva tiempo, pero al tener en cuenta que el plazo de la intervención es solo de 60 días, entonces el interventor está optimizando su tiempo para corroborar aquellos puntos que fueron objetados por la Contraloría y que dieron origen a la intervención.
“Creemos que está haciendo bien su trabajo, a pesar de todas las dificultades que enfrenta, ya que por un lado está administrando la institución a la par de llevar adelante el trabajo de control”, precisó.
Montiel, explicó que los datos que está brindando el interventor ahora, son informaciones puntales que ellos como Contraloría Ciudadana, no estaban manejando.
“Nuestras denuncias se basaron en obras, con empresas de maletín o empresas fantasma. Así como el tema de transferencia de capital que daba a comisiones vecinales, ninguna de las denuncias que hicimos nosotros guarda relación con el informe que brindó el interventor durante la conferencia de prensa sobre las irregularidades halladas, que son aspectos absolutamente nuevos para nosotros”, mencionó.
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Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto para embolsillarse fondos en pandemia
La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.
Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.
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“Recordatorio”, de comisión en anverso de cheque
A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.
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Algunos “beneficiarios”, ni siquiera están en el país
El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
Compraban cantidades de combustible imposibles de consumir
Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.
En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,
Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.
No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.
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Destacan apoyo de la Dinac a operativo desplegado en el Silvio Pettirossi
El subdirector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Sandoval, destacó la cooperación brindada al operativo fiscal-policial realizado este martes en las oficinas aduaneras del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Afirmó que “prácticamente” se hizo una entrega vigilada que posibilitó la detención de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) vinculados al presunto esquema de coimas.
“Nosotros estamos cooperando con el Ministerio Público y toda la información referente a este operativo está a cargo justamente de la gente fiscal. Estamos cooperando en la investigación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, dijo a los medios de prensa.
Al ser requerido si efectivamente se concretó una entrega vigilada, el funcionario de la Dinac respondió: “Y prácticamente. Hay una denuncia, el Ministerio Público se constituye aquí y nosotros estamos colaborando con esta investigación, de manera a facilitar todos los elementos para que puedan tener una visión holística sobre este tema”, manifestó.
Detalló que todas las evidencias colectadas en la intervención fueron lacradas. “Tres personas están demoradas“, confirmó al aludir a los funcionarios Juan Arroyo, Robert Fernández y Javier Acosta.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el operativo se concretó tras denuncias recibidas por parte de un importador.
“Nosotros recibimos una denuncia hace unos días de una persona, entonces derivamos a la Fiscalía. La Dirección Anticorrupción recibió esa denuncia y se comunicó con el Ministerio Público. La persona denunciante proporcionó datos y la Fiscalía actuó en consecuencia", dijo a la 1020 AM.
Ratificó la postura del gobierno de combatir la corrupción en las administraciones aduaneras.
“Estos son casos que queremos que se eliminen en todas las administraciones aduaneras. Para nosotros es importante que se pueda dilucidar el caso y que se pueda encontrar a los responsables, en caso de que haya pruebas”, subrayó.
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