El Congreso de Honduras reformó el lunes el Código Penal y aumentó hasta 60 años de cárcel las penas por femicidio en este país que cuenta con la tasa más alta de muertes violentas de mujeres en América Latina. Honduras reporta la tasa más elevada de femicidios en 17 países latinoamericanos evaluados, con 4,3 casos por cada 100.000 habitantes, según un informe de la Cepal publicado a finales del año pasado.

El país centroamericano registró 262 femicidios en 2025, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Organizaciones feministas señalan que en lo que va del año, 116 mujeres han sido asesinadas. En la reforma aprobada por el Congreso, controlado por el oficialismo de derecha, la condena seguirá siendo de 25 a 30 años de prisión, pero “cuando existan circunstancias agravantes”, la “pena podrá oscilar entre 30 y 40 años”, señaló el Parlamento en una nota de prensa.

Además, en “contextos de violencia de género o secuestros que culminen con la muerte de la víctima”, la sentencia “podrá alcanzar hasta 60 años de prisión”, agregó. “El delincuente que ejerce violencia contra la mujer tiene que estar claro que si le quita la vida le va a caer todo el peso de la ley (...). Este es un instrumento para que se haga justicia”, dijo durante la sesión plenaria el presidente del Congreso, el oficialista Tomás Zambrano.

La ley también ordena crear órganos judiciales especializados en prevenir el femicidio que estarán compuestos solo por mujeres. Sin embargo, la directora del Centro de Derechos de Mujeres, Regina Fonseca, dijo a la AFP que “el problema no se resuelve cuando se aumentan las penas”, sino cuando “se evita que sucedan los femicidios”. “No nos sirve una ley que aumenta los años de cárcel a los casos que rara vez van a tener acceso a la justicia”, lamentó la activista, al denunciar que un 90 % de los femicidios quedan en la impunidad.

Fuente: AFP.

Se encuentran abiertas las inscripciones para el segundo webinario “Financiamiento de los Sistemas de Cuidados en el Mercosur”, previsto el martes 9 de junio, en horario de 10:00 a 12:30. Este encuentro regional permitirá compartir experiencias, identificar buenas prácticas y reflexionar sobre los desafíos y oportunidades vinculados al financiamiento de los sistemas de cuidados entre los Estados Partes y Asociados del Mercosur.

Esta instancia busca generar un espacio de información e intercambio regional para analizar los desafíos y oportunidades vinculados al sustento de los sistemas de cuidados, promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados.

Se trata de una iniciativa del Instituto Social del Mercosur (ISM), en coordinación con los ministerios de la Mujer (MM) y de Desarrollo Social (MDS) de Paraguay, cuenta a su vez con el apoyo de la Secretaría del Mercosur a través de la Plataforma Mercosur de Formación y de la Unidad de Comunicación e Información del Mercosur en particular, en el marco de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay (PPTP).

La actividad está destinada a funcionarios públicos, técnicos y especialistas de organismos de los Estados Partes del Mercosur con competencia en sistemas y políticas de cuidados y, de corresponder, de los Estados Asociados, investigadores, agencias de cooperación y público interesado. Los panelistas serán expertos en financiamiento de sistemas y políticas de cuidados de los Estados Partes. La ponencia central estará a cargo de la economista Verónica Serafini, experta regional en la temática.

El rol del financiamiento para el desarrollo de los sistemas de cuidados, las experiencias y buenas prácticas de financiamiento de políticas de cuidado, los presupuestos públicos con un enfoque integral y su relación con las políticas de cuidados, así como los desafíos y oportunidades para la sostenibilidad financiera de los sistemas de cuidados en la región, serán los principales puntos abordados durante el seminario.

El financiamiento de los sistemas de cuidados emerge como un elemento clave para garantizar su sostenibilidad, ampliación de cobertura y calidad de los servicios. La disponibilidad de recursos públicos, la planificación presupuestaria y la identificación de mecanismos innovadores de financiamiento resultan fundamentales para consolidar políticas integrales de cuidados.

Resulta relevante analizar las distintas estrategias de financiamiento que los países implementan, tales como la asignación presupuestaria específica para políticas de cuidados, la incorporación de servicios de cuidado en los sistemas de protección social, los esquemas de cofinanciamiento interinstitucional, los incentivos fiscales para el desarrollo de servicios de cuidado y las alianzas público-privadas.

Abordar esta temática a nivel regional permite reflexionar sobre los principales desafíos que enfrentan los Estados para garantizar la sostenibilidad de sus políticas de cuidados, contribuyendo así al fortalecimiento de las estrategias nacionales y regionales en la materia. Las inscripciones se realizan a través del formulario digital: https://zoom.us/webinar/register/WN_xhj9_Rf0QfqGxlSUS8KmPw#/registration.

En la 40.ª Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, Paraguay fue electo para ocupar la vicepresidencia del organismo durante el periodo 2026-2029. La elección fue hecha en Washington, Estados Unidos, y contó con la presencia de autoridades y representantes de la sociedad civil.

Desde el Ministerio de la Mujer, encabezado por Alicia Pomata, indicaron que esta designación reconoce el compromiso del país con los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de las políticas públicas inclusivas.

Refiere que esta posición permitirá a Paraguay asumir una participación más activa en los espacios regionales de diálogo y toma de decisiones, promoviendo el intercambio de experiencias, la cooperación entre países y la construcción de iniciativas conjuntas que contribuyan a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres.

El tema principal de este encuentro fue “Los derechos económicos de las mujeres de las Américas: políticas y estrategias para la garantía de la autonomía y el poder de negociación”, donde se analizaron las estrategias para superar las desigualdades mediante marcos normativos y cooperación regional.

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Desde la cartera detallaron que durante las jornadas de trabajo se abordaron los desafíos y oportunidades para avanzar desde el reconocimiento de las desigualdades hacia políticas públicas, marcos normativos y mecanismos de cooperación regional que fortalezcan la autonomía económica y el poder de negociación de las mujeres en las Américas.

La Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es el principal foro hemisférico dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y a la igualdad de género.

Fundada en el año 1928, fue el primer organismo intergubernamental del mundo creado con el mandato específico de promover los derechos de las mujeres, desempeñando desde entonces un rol pionero en la identificación de las barreras sociales, económicas, jurídicas y políticas que limitan el ejercicio pleno de esos derechos.

Se informó también que a lo largo de su historia, el organismo internacional ha impulsado estándares interamericanos, acuerdos políticos, cooperación técnica, herramientas normativas, políticas públicas y programas regionales destinados a apoyar a los Estados Miembros de la OEA en el avance de la igualdad de género. Su labor se desarrolla en articulación con mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, la academia y otros actores estratégicos de la región.

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El principal sospechoso del feminicidio de María Fernanda Benítez, ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo, podría recuperar su libertad antes de que se inicie el juicio oral y público en su contra. El Tribunal de Sentencia a cargo del proceso penal aún no fijó una fecha para el inicio de la audiencia.

El acusado es B.S., quien actualmente tiene 18 años de edad. El próximo mes de julio cumplirá seis meses en prisión preventiva, por lo que podría ser excarcelado. El fiscal Fermín Segovia explicó al canal C9N que, en el caso de los adolescentes, se establece una revisión de la prisión preventiva a los seis meses para cualquier tipo de hecho punible. “La defensa podría solicitar medidas menos gravosas”, indicó.

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Ante este escenario, el joven podría abandonar la cárcel antes del arranque del juicio, el cual se postergó para inicios del mes de junio, según la información que maneja el Ministerio Público. Segovia recordó que la Fiscalía formuló la acusación contra el adolescente el pasado mes de noviembre. Desde ese momento se aguarda el debate público, trámite que sigue pendiente.

Independientemente de la gravedad del crimen, B.S. no podrá ser condenado a más de ocho años de prisión. El agente fiscal reiteró que el procesado será juzgado bajo la responsabilidad penal de la adolescencia, debido a que era menor al momento del hecho.

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