Vecinos de los barrios Virgen de Fátima y Tablada Nueva de Asunción presentaron una acción de amparo constitucional ante el Poder Judicial, contra frigoríficos de la zona, por el faenamiento de ganado bovino y operaciones conexas, alegando contaminación ambiental y riesgos a la salud. Se sumaron al pedido, algunas empresas.

Según explicación de los afectados, el amparo busca proteger los derechos constitucionales a un ambiente sano, a la salud, a la calidad de vida y a la integridad de las personas que viven, trabajan o estudian en estos barrios densamente poblados.

Los vecinos aseguran sufrir, desde hace años, olores nauseabundos, contaminación de arroyos, especialmente el Mburicao. Asimismo, la invasión de moscas y otros insectos, generando malestares como dolores de cabeza, náuseas, irritación de ojos y problemas respiratorios.

Aseguran que estos problemas están vinculados al faenamiento de ganado y a las actividades relacionadas con procesamiento de vísceras, graserías, curtiembres y quema de huesos, que se realizan en plena zona residencial, cerca de viviendas, escuelas y centros de salud.

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“La acción está basada en que estas actividades generan un daño ambiental continuo, acumulativo y de difícil reparación, que afecta a miles de personas y resulta incompatible con el carácter residencial de la zona y con los derechos constitucionales vigentes”, señala el documento. A esto se suma el peligro de incendios y fugas de gases tóxicos, como los ocurridos en 2021 y 2023.

A pesar de la prohibición vigente de circulación de camiones de ganado en pie en la zona (Ordenanza N° 197/25), las actividades continúan. Según el amparo, esto ocurre en un área donde el Estado está invirtiendo en proyectos de “corredor verde” y mejoras urbanas.

Los vecinos y organizaciones presentaron reiteradas denuncias y reclamos ante la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Ministerio Público. También se realizaron audiencias públicas en el Congreso Nacional (Cámara de Diputados) y en la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, hasta la fecha no se logró una solución efectiva ni un control técnico integral, continuo e independiente que detenga la contaminación y proteja a la población. Por eso recurrieron a la vía judicial.

Ante dicha situación, piden el cese de la faena de ganado y de todas las actividades conexas de los frigoríficos demandados. Suspender la circulación de camiones de transporte de ganado en pie por la zona. La mudanza definitiva de las instalaciones, con un plazo máximo de seis meses y el cierre de los establecimientos conexos que procesan subproductos animales (vísceras, huesos, grasas, etc.).

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Este lunes, dos jóvenes de 18 y 22 años fueron rescatadas en la ciudad de Arequipa, Perú, tras el pedido de auxilio secreto realizado por una de las víctimas a su madre que activó una investigación de cinco meses. En el mismo sitio encontraron a otras ocho compatriotas que fueron captadas bajo falsas ofertas de empleo.

La puesta a salvo de estas mujeres se logró ​en un operativo que se desarrolló entre el Ministerio Público de Paraguay y la Policía Nacional del Perú, quienes finalmente llegaron hasta una vivienda donde estaban las 10 mujeres que fueron retenidas en contra de su voluntad y fueron explotadas sexualmente.

Según consta en la denuncia recibida por las autoridades paraguayas, las compatriotas fueron captadas bajo la promesa de que viajarían a Perú para trabajar. La supuestas ofertas laborales son promocionadas en redes sociales, pero al llegar al país ajeno los criminales las despojaban de sus documentos de identidad y las privaban de su libertad.

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Una de estas mujeres pudo contactar secretamente a su madre, en Paraguay, y le comentó por la situación que estaban pasando. Tras ser contactada, de inmediato realizó la denuncia ante la agente fiscal Susana González, de la Unidad n.° 1 Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas, quien inició la investigación.

Luego de cinco meses de trabajo pudieron dar con las posibles viviendas donde se podrían encontrar la joven y coordinó el allanamiento con las autoridades peruanas, quienes realizaron un procedimiento simultaneo en inmuebles de los distritos de Yanahuara, Cercado y Cerro Colorado.

En una de las propiedades lograron la liberación de las compatriotas y la desactivación del punto de explotación. Las paraguayas serán repatriadas de manera segura en coordinación con la Cancillería y siguen con las investigaciones para identificar a las personas que reclutaron a las jóvenes en territorio paraguayo.

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Vecinos de Fernando de la Mora denunciaron que están siendo víctimas de amedrentamiento de parte de la Municipalidad por haber colocado algunos carteles relacionados con el pésimo estado de las calles. En tanto, el equipo periodístico de Nación Media (GEN y Universo 970AM) también fue víctima de censura de parte de algunos funcionarios.

El camarógrafo Rodrigo Benítez fue agredido cuando intentaba realizar algunas filmaciones en la oficina de la Secretaría General. “Nos amedrentaron, específicamente a mi compañero Rodrigo Benítez. Vino una persona y agarró nuestra cámara, quiso obligar a mi compañero a que abandone el edificio”, relató el cronista Joel Corvalán.

En tanto, la candidata a intendente por la Alianza Despertar Ciudadana, María Stela Invernizzi, llegó hoy hasta la comuna local, en representación de los afectados, acompañada de una delegación, a pedir explicaciones al respecto.

“Venimos a conversar con el intendente, y lastimosamente, no está en su oficina. Hemos solicitado audiencia con la secretaria general Nilza Sánchez, y tampoco se encuentra”, comentó Invernizzi en declaraciones al programa Arriba hoy de canal GEN y Universo 970AM.

Ante la ausencia de ambas autoridades, solicitaron audiencia con el director jurídico. “Para que nos den alguna explicación, qué normativa estamos quebrantando con los carteles que hemos puesto a media cuadra, en vista de que están recibiendo las propietarias amenazas, hostigamiento, desde la Municipalidad para que retiremos los carteles”, indicó.

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Por su parte, Alejandro Fernández, responsable de la cartelería y candidato a concejal, confirmó el amedrentamiento. “Los dueños nos expresaron que desde el mismo día que amanecieron los carteles de “Bienvenidos a Fernando de la Mora, la capital del bache”, estuvieron siendo hostigados, tanto por la secretaria general Nilza Sánchez como por el asesor jurídico de la Municipalidad”, refirió.

Asimismo, las amenazas fueron varias. “Estuvieron recibiendo amenazas todos los días con que iban a ser notificados, multados, se les iba a poner trabas en cuanto a su patente comercial, se les iba a hacer problemas con el pago de impuestos también”, añadió.

En ese contexto, cuestionó la actitud de las autoridades municipales. “A nosotros nos parece ridículo tener que estar discutiendo sobre dos carteles que no hacen daño a nadie, siendo que en vez de poner tanto esfuerzo en tapar los carteles, deberían tapar los baches”, expresó.

“Nos amedrentaron, específicamente a mi compañero Rodrigo Benítez. Vino una persona y agarró nuestra cámara, quiso obligar a mi compañero a que abandone el edificio”, relató el cronista Joel Corvalán.

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El programa apunta a familias de escasos recursos que acceden de forma completamente gratuita a matrimonios e incluso atuendos.

Con la última celebra­ción comunitaria en Capiatá, donde 95 parejas se dieron el “sí, quiero”, el programa Sagrada Familia de la Fundación Santa Librada alcanzó más de 7.100 uniones. Son familias de escasos recursos de todo el territorio nacional que han accedido de forma comple­tamente gratuita a matrimo­nios civiles y religiosos.

Las bodas fueron tanto por el civil como por la iglesia y se realizaron junto con la parro­quia Inmaculada Concepción de la compañía Posta Ybycuá, donde estas parejas se prepa­raron para luego dar el “sí” en la ceremonia comunitaria. Tras la celebración, las pare­jas festejaron este importante acontecimiento en la sede de la Cooperativa Capiatá.

La iniciativa es impul­sada dentro del programa “Sagrada familia”, que desde el año 2017 busca regulari­zar la situación de las pare­jas que desean estar unidas ante la ley y Dios, pero cuyos recursos no les permiten. Este emblemático proyecto de impacto social y espiritual ya hizo realidad la unión en 7.162 hogares.

Además de la asistencia legal y religiosa, las parejas reciben vestuarios completo para la novia y el novio, y el banquete totalmente gratuito. Dentro del programa se incluye un plan de contención emocio­nal, talleres enfocados en for­talecer la salud espiritual, la comunicación y el núcleo familiar, para que la unión sea duradera.

Los organizadores resaltaron que esta semana se tiene pre­vista otra boda comunitaria en la ciudad de Santa Rosa, en el departamento de Misiones, donde 29 parejas unirán sus vidas ante Dios y la sociedad civil. En este lugar los con­trayentes tendrán los mis­mos beneficios que los que se unieron en Capiatá.