El Ministerio Público investiga el caso de una niña de 12 años embarazada y cuyo principal sospechoso es el hermano de la víctima. El joven ya está imputado y se expone a una expectativa de pena de entre 15 y 25 años, según el fiscal Jorge Escobar.
El hecho fue reportado por el médico pediatra del Hospital General de Luque que atendió a la niña, quien acudió en compañía de su madre para consultar por una molestia ginecológica.
Tras la denuncia se activó el protocolo de seguimiento similar al aplicado en el sonado caso de la niña “Mainumby” y la paciente está siendo asistida médica y psicológicamente. De momento no se hallaron indicios de complicidad de la madre con el investigado y la niña seguirá viviendo en el mismo hogar.
“El joven está imputado y con pedido de prisión preventiva. Y hay algunos agravantes ahí que hace que hayamos solicitado la prisión. Tenemos preliminarmente un test de embarazo de sangre positivo”, señaló el fiscal Escobar a la 1020 AM.
Confirmó que la víctima ya ingresó a un programa de atención integral a víctimas de abuso sexual que está a cargo de la Secretaría de la Niñez. “Es más o menos un seguimiento parecido al que tuvo la niña Mainumby. Entonces, todo ese ropaje de cuidados ya está a cargo de la Secretaría de la Niñez”, expresó.
Desde la Fiscalía se está pidiendo evaluaciones psicológicas y una revisión de una médica forense.
“Todo el protocolo se ha activado a través de la llamada de alerta que hizo el médico pediatra del Hospital General de Luque donde ella fue con la madre para una consulta de molestia en sus zonas íntimas. Y ella le había sindicado a esa persona en su test psicológico y había comentado pormenorizadamente cómo venía padeciendo actos sexuales en su persona”, afirmó.
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Juicio a Tania Irún: ratifican acusación por presunta violación a ley de seguridad fronteriza
Se inició el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial de Asunción, Tania Irún, quien está sentada en el banquillo de los acusados por el hecho punible de prevaricato.
Se la acusa de presuntamente violar la ley de seguridad fronteriza al dictar un fallo que otorgó a supuestas empresas de maletín, unas 310.000 hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a la exmagistrada está integrado por los jueces penales Lourdes Garcete, Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado.
Ellos tendrán que analizar los elementos probatorios que sostienen la acusación formulada por el Ministerio Público y la querella adhesiva.
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Al presentar sus alegatos iniciales, el fiscal Cristian Benítez fue tajante y contundente en señalar que, durante el debate del juicio oral, se demostrará que la acusada abusó de su cargo de jueza al dictar una resolución manifiestamente injusta y contraria al derecho. Según la acusación, este acto vulneró la seguridad nacional y la integridad territorial de la República del Paraguay.
Asimismo, el representante del Ministerio Público sostuvo que llamó la atención que la hoy exjueza Tania Irún interrumpió su permiso de maternidad para regresar a su despacho y firmar la resolución haciendo lugar a una demanda. Tal situación podría hacerlo el interino de la hoy acusada, indico el fiscal.
Acusación
La acusación contra Irún menciona que, cuando ella se desempeñaba como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15.º Turno de la Capital, dictó de forma irregular la Sentencia Definitiva N.º 494 del 23 de noviembre de 2018.
Mediante esta resolución, ordenó transferir a favor de cuatro empresas extranjeras unas 310.000 hectáreas de inmuebles ubicados en Alto Paraguay, una zona de seguridad fronteriza protegida por ley.
La fiscalía sostiene que la entonces magistrada no verificó la identidad ni la nacionalidad de los representantes de las empresas demandantes, ni comprobó la naturaleza de sus acciones o títulos, incumpliendo las exigencias previstas en la Ley N.º 2532/05 de Zona de Seguridad Fronteriza.
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El megaviaducto de Luque suma 40 pilares construidos y avanza con carga de dinteles
El megaviaducto de Luque tendrá una extensión de más de 3,7 kilómetros, pasando por el centro de la ciudad, convirtiéndose en el paso a desnivel más importante del país. La obra se encuentra en pleno avance y suma 40 pilares construidos, sobre los cuales se asentará la estructura que permitirá la circulación de vehículos.
El Ing. Agustín Cabrera, fiscal de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), conversó con el programa “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970/Nación Media y explicó que actualmente se está trabajando en la construcción de los pilares que permitirán sostener las vigas para montar sobre ellas la vía en sí.
“Tenemos 40 pilares construidos; el primer dintel, que es la base para las vigas longitudinales, está en la pila 34, que se cargó, y ahora estamos en la pila 37”, precisó y posteriormente amplió: “El dintel tiene una longitud más o menos de 15 metros, es la base para las vigas longitudinales; encima de las vigas van a ir las losas donde van a transitar los vehículos”.
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Elevación
En cuanto a la elevación de la estructura, dijo que superará los 12 metros, aproximadamente, considerando que los pilares tienen más de 8 metros, a lo que se debe sumar un metro y medio de los dinteles, sobre los cuales nuevamente se montarán las vigas para servir de base a la losa del pavimento. “Entre cada pila tenemos 35 metros y esas vigas prefabricadas van a venir encima del dintel”, precisó el funcionario. Además de los 40 pilares construidos, están dispuestas 70 fundaciones más.
De acuerdo al proyecto aprobado, el paso a desnivel tendrá 3.740 metros, es decir, casi 4 kilómetros, si no se efectúan modificaciones. Se extenderá desde la zona de la autopista Ñu Guasu, pasando sobre el centro de Luque, hasta llegar a un punto de la ruta que une la ciudad Azul y Oro con San Bernardino. Le dará gran fluidez al tránsito que viene del interior desde la ruta PY02 para ingresar a la capital y al revés.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py
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IPS denuncia presunto daño patrimonial y avanza en otras 30 investigaciones
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó denuncia ante el Ministerio Público y prepara otras 30 más, como resultado de una serie de auditorías que ordenó el actual presidente doctor Isaías Fretes.
Esta primera denuncia formal presentada tiene que ver con una licitación que se realizó en el 2019 y tuvo problemas para su ejecución respecto a la interconexión entre la subestación del Jardín Botánico y el Hospital Central de IPS.
En conversación con el programa “Arriba Hoy”, que se emite por canal GEN y Universo 970AM/ Nación Media, Walter Laguardia, director de Auditoría Interna de la previsional, explicó que, junto con el responsable de la Asesoría Jurídica del IPS, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.
Mencionó que esta primera denuncia tiene que ver con la sustracción de cables y materiales eléctricos, cuyo daño patrimonial en este caso estaría rondando los USD 15.000; cerca de los 90 millones de guaraníes, por lo que no se puede subestimar.
Explicó que el proyecto se retrasó debido a la falta de autorización del Banco Central del Paraguay, cuya infraestructura no permitía el paso de cables subterráneos por razones de seguridad en la bóveda, lo que exigía una planificación compleja. No obstante, señaló que los materiales adquiridos mediante dicha licitación —principalmente cables e insumos eléctricos— fueron resguardados en el Hospital Central.
Señaló que al hacer el control del inventario se encontró que había un faltante de cables importante. Recordó que en la administración pública todo faltante ya constituye la posibilidad de un daño patrimonial.
“Hemos presentado la denuncia en la fiscalía barrial, junto con la asesoría jurídica el día de ayer. Es la primera denuncia formal que realiza la gestión del actual presidente del IPS el Dr. Isaías Fretes. Pero finalmente, el doctor Fretes cuando realiza sus recorridas o recibe mucha información sobre las irregularidades que existen y sobre eso ya ha encargado unas 30 auditorías desde que asumió la presidencia del IPS”, precisó.
Mencionó que mediante estas auditorías que se está llevando adelante están en el proceso de juntar las evidencias de las denuncias que se está recibiendo. Aunque reconoció que varias de esas denuncias no tienen sustento.
Señaló además que, justamente por eso, es que se somete primeramente a un proceso de auditoría y si dentro de ese proceso se encuentras las evidencias suficientes del hecho y que amerita una denuncia penal pasan a la siguiente etapa que es presentar la denuncia formal ante el Ministerio Público.
“Lastimosamente vinimos a encontrarnos en esta situación y ante estas irregularidades que verdaderamente me sorprende, porque estos quirófanos, modulares, que el presidente fue descubriendo en sus recorridos realmente representa una situación muy grave en relación con la misión que tiene el IPS que es de salvar vidas”, acotó.
Mencionó que estuvo analizando auditorías anteriores, donde ya se mencionaban una muy mala planificación de la dirección de este instituto, porque se preveía la instalación de quirófanos y modulares en el edificio en zonas donde no iba a poder soportar el peso de esos equipos, luego se decidió llevar a otros lugares donde tampoco el terreno era adecuado y finalmente quedaron abandonados esos equipos.