El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) Francisco Ruiz Díaz, anunció esta tarde que el Gobierno presentó el proyecto de ley que plantea la eliminación del pago del 3 % por trámites de titulación de tierras para las familias campesinas. La propuesta apunta a lograr alcanzar la entrega de 50.000 títulos de propiedad durante este periodo.

A través de una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el titular del ente agrario destacó como día histórico la firma del documento por parte del presidente de la República, Santiago Peña, el cual fue entregado en propias manos al titular del Congreso nacional y senador Basilio Núñez, quien estuvo acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Mencionó que por parte del Poder Ejecutivo, además del Indert, estuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, al igual que algunos líderes campesinos.

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Ruiz Díaz explicó que lo que se busca con esta iniciativa es impulsar el acceso a los títulos de propiedad en favor de las familias rurales, que por muchos años fue considerado como “la tranca” en el aspecto jurídico, que impedía que el campesinado pudiera acceder a su título de propiedad.

Señaló que en la regulación vigente se le exige al campesino pagar primeramente ese monto, antes de acceder al título, que en algunos casos llegaba a ser sumas importantes.

Mencionó que cuando comenzaron a realizar el levantamiento de datos a través del sistema de Barrido Predial Masivo, notaron que muchos campesinos no podían acceder a ese título de propiedad porque la ley exigía que primeramente debía pagar montos muy elevados.

“Este proyecto de ley toma medidas, en primer lugar entregar el título de propiedad al campesino, en lugar que haga el pago previo de 8 o 9 millones de guaraníes, y ahora se establece que ese pago lo realice a los 12 meses después de recibir el título de propiedad, dándoles tiempo que puedan acceder a algún tipo de préstamo, invertir en su finca y al obtener mejores rendimientos comenzar a pagar”, explicó Ruiz Díaz.

Otro de los aspectos que plantea el proyecto de ley, es alargar los plazos de financiación. Indicó que actualmente rige 10 años de plazo para los hombres y la modificación plantea extender a 20 años de plazo. Mientras que en el caso de las mujeres campesinas, la ley actual contempla 15 años de plazo, y se propone extender ahora a 30 años de financiación.

“Esto teniendo en cuenta que la Constitución habla de que se tiene que dar facilidades a las mujeres campesinas para acceder a su título de propiedad. Entonces estamos cumpliendo con el artículo 115 de la Constitución Nacional y del Estatuto Agrario”, remarcó.

A su turno, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez remarcó que la firma de este proyecto de ley por parte del jefe de Estado marca una fecha histórica para lo que es la revolución del sector agrario del Paraguay.

“Esta legislación será una herramienta fundamental para el desarrollo del sector agrario. Es imporntante destacar que esto se logró gracias al diálogo que hemos mantenido con el campesino que trabaja su tierra sea propietario de la misma. A la vez le permita acceder a créditos bancarios y de esa forma salir adelante”, expresó el ministro.

Agregó que este es un componente muy necesario para el desarrollo que viene pregonando desde el Gobierno, con asistencia técnia y la orientación para una agricultura que necesita el país. Indicó que se logra solamente buscando aspectos que forman parte del “cuello de botella” para el desarrollo.

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Este martes, padres y docentes de la escuela n.° 526 “Las Residentas” de la localidad de Coronel Bogado, departamento de Itapúa, reportaron una invasión de murciélagos dentro de la sala de clases del nivel inicial y pidieron ayuda a las autoridades para controlar la plaga. Los pequeñosa alumnos desean volver a su sala, para desarrollar las clases en forma.

Según la denuncia realizada, este mismo problema se reportó el año pasado y tuvieron que juntar dinero para mandar fumigar la sala de clases, pensaron que la situación ya había sido subsanada, sin embargo, a inicios de este año se constató nuevamente la presencia de los murciélagos.

“Realizamos pequeñas fumigaciones y limpieza, pero la sala ya está muy afectada. Tuvimos que improvisar una sala de clases, pero es muy difícil para los niños y la docente poder desarrollar las clases. Es una sala donde asisten diez niños de entre 4 a 5 años”, expresó el profesor Ever González, en entrevista con Telefuturo.

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Confirmó que tras la primera fumigación, se logró eliminar a 300 de estos animales voladores, pero como no se trata de la primera vez, los expertos advierten que se necesita sacar todo el techo de la sala para eliminar de raíz esta problemática. Ya que una segunda fumigación solo será superficial.

“Ante el temor, los niños del nivel inicial van a baño en grupos y acompañados por su maestra. Recordemos que por cuestión de seguridad en este nivel la sala de clases cuenta con su propio baño, para evitar que los niños pequeños vayan solos a los sanitarios”, puntualizó.

Pidió ayuda a las autoridades del departamento de Itapúa o del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) porque temen que estos animales ataquen a unos de los estudiantes, pese a que es una situación poco común.

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El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, sostuvo que el análisis del recorte de las bonificaciones por representatividad ya se viene analizando desde la semana pasada. Indicó además que el propio presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, realizó esta propuesta y presentó el proyecto de ley este lunes.

“Es una iniciativa que estuvimos hablando la semana pasada con el presidente, una iniciativa impulsada por el presidente mismo, yo creo que en una economía de guerra tenemos que comenzar por ajustar de esa forma los cinturones. Nosotros escuchamos su propuesta y vamos a acompañar también”, dijo a los medios de comunicación.

Agregó que la iniciativa “comenzó cuando el ministro declaró economía de guerra y vieron dónde se podía aplicar. Hay todavía muchos ajustes por hacerse, vamos a ver si el ministro de Economía los presenta”.

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Por otra parte, aclaró que el cobro de bonificación por responsabilidad en el cargo, que tienen todos los funcionarios que son ordenadores de gastos, está establecido en el Presupuesto General de Gastos (PGN).

“Es un cobro que corresponde a la responsabilidad, ahora bien, cuando hay un ajuste general del Estado, como en este caso, para poder salvar los compromisos financieros que tiene el Estado, se puede analizar puntualmente, no en general”, detalló Chase.

La aclaración del senador se da en el contexto de los cuestionamientos hacia el senador Basilio Núñez. “Dentro de la ley del presupuesto, no es que el presidente se auto aumentó su salario, sino que eso estaba previsto. El ordenador de gasto del Congreso tiene una bonificación por responsabilidad, como tienen todos los ministros y todos los funcionarios públicos”, apuntó.

El diputado Jorge Ávalos Mariño aseveró que los gastos de representación hacen al cargo y que en este caso se debe analizar la eliminación, no solo del Congreso sino también de los tres poderes del Estado.

“Yo creo que la situación amerita un estudio, pero bien profundo de muchos beneficios, no solamente en el Congreso, sino en los tres poderes del Estado. Hay beneficios excesivos, que dada la realidad del país no se justifican. Se tienen que hacer los ajustes en todas las instituciones por igual”, expresó.

Señaló además que está de acuerdo con abrir este debate. “Yo celebro esta posibilidad de revisar y por supuesto hacer todos los ajustes que ameriten por la realidad que estamos viviendo”, sentenció.

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El titular de la Comisión Permanente del Congreso de la Nación, Senador Colym Soroka, aseguró que el tema de la reforma de la Caja Fiscal será tratado en la Cámara Alta una vez que se reinicien las actividades legislativas desde el próximo 2 de marzo. Señaló que sería una falta total de coraje y valentía permitir su sanción ficta.

El legislador conversó con varios medios de prensa tras la culminación de la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente, donde ratificó que no se puede pedir sacrificio al funcionario público desde una posición de privilegio. Por ello, insistió en la necesidad de eliminar la caja parlamentaria antes de aprobar modificaciones a la caja fiscal.

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Indicó que ahora le corresponde al Senado analizar si introduce modificaciones al proyecto, destacando que se trata de un tema que ha sido ampliamente socializado mediante mesas de trabajo y diálogos, lo que permitió que la iniciativa cuente con suficiente visibilidad.

A su criterio, sostuvo que no se puede calificar de inconstitucional la propuesta de eliminación de la Caja Parlamentaria, argumentando que su origen fue irregular desde el inicio. En ese sentido, remarcó que no puede haber derecho adquirido cuando el proceso de creación fue incorrecto.

“Nosotros no podemos cargar sobre las personas que no se pueden defender de otros impuestos para cubrir la problemática de la caja fiscal. No podemos legislar desde el privilegio ni desde la comodidad, exigiendo sacrificios a otros sectores. En vano se pretende llevar en silencio esta comparsa, porque es algo que irrita a la ciudadanía y resta autoridad moral para opinar sobre la otra caja”, expresó.

Finalmente, el legislador explicó que, si se demuestra que la Caja Parlamentaria fue mal constituida desde un inicio, corresponde eliminar el derecho adquirido, realizar un balance de los aportes, verificar los pagos realizados y saldar lo pendiente, para así cerrar definitivamente una caja que ha sido históricamente cuestionada.

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